TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION
PRIMERO DE CONTROL

Macuto, 15 de febrero de 2011
200° y 151°

ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2011-0000669

Vista el acta correspondiente a la audiencia realizada en la guardia del día de hoy en el presente asunto, y a los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, el tribunal observa:
PRIMERO: Se realizó el acto de audiencia para considerar la solicitud del Ministerio Público, representado por la Fiscal 6º de esta Circunscripción Judicial, Dr. Gustavo González de decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra del ciudadano JORMAN RAFAEL BAEZ COA, de nacionalidad venezolana, nacido en valencia, estado Carabobo, en fecha 27/06/1984, de 26 años de edad, titular de la cédula de Identidad N° 17.065.485, de estado civil soltero, de profesión taxista, hijo de Yeni Josefina Coa Carvajal (v) y Rafael Cañizales (v), residenciado: en la calle farrear, cruce con vargas, edificio farrear, piso 1, apartamento 6, Parroquia Catedral, Valencia, estado Carabobo (0424-491.46.45), asistido por los profesionales del derecho NAHIR DEL VALLE ALVAREZ, DIONIXIA GRANADOS y ALI ANTONIO CASTILLO ECHENIQUE;
SEGUNDO: La representante fiscal presentó ante este despacho al mencionado e identificado imputado, atribuyéndole la perpetración de un hecho que inicialmente calificó como TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Al efecto alegó que “Presento en este acto al ciudadano JORMAN RAFAEL BAEZ COA, por cuanto fue aprehendido el día 10 de febrero del presente año, por funcionarios adscritos a la División contra el Tráfico Aéreo y Portuario del CICPC del Aeropuerto Internacional “Simón Bolívar” Maiquetía, cuando se encontraban realizando labores de investigaciones inherentes al trafico de drogas, en el pasillo central del área de chequeo, adyacente a las escaleras mecánicas del mencionado aeropuerto, cuando observaron a un ciudadano a quien abordaron a fin de realizar una entrevista de rutina, relacionadas a sus labores diarias, por lo que le solicitaron su documentación personal y el mismo les hizo entrega de su pasaporte y de un ticket electrónico perteneciente a la aerolínea Santa Bárbara, toda vez que el mismo pretendía abordar el vuelo signado con el numero 1334 perteneciente a la aerolínea Santa Bárbara, con ruta Caracas-Tenerife, posteriormente localizaron a 2 ciudadanos a fin de que sirvieran como testigos del procedimiento y fueron conjuntamente trasladados con el ciudadano a la oficina ubicada en el sótano uno del mismo aeropuerto y al realizarle la inspección del equipaje no fue ubicado ningún objeto de interés criminalístico, posteriormente el ciudadano fue trasladado hacia el hospital Periférico de Pariata a fin de realizarle una radiografía abdominal en donde se evidencio la presencia de cuerpos extraños en la cavidad abdominal, por lo que el mismo quedo recluido en el Hospital José María Vargas a fin de realizar el proceso de expulsión, siendo la cantidad expulsada de sesenta y nueve (69) dediles, a tal efecto consigno actuaciones complementarias. Por todo lo anteriormente expuesto precalifico los hechos en el delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el articulo 149, primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas, solicito la imposición de la MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD, por cuanto se encuentran llenos los extremos de los artículos 250 y 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, solicito la aplicación del procedimiento abreviado de conformidad con lo establecido en el articulo 373 ejusdem y por último solicito la incautación preventiva del dinero descrito en el acta policial, de los celulares y del boleto aéreo de conformidad con lo establecido en el articulo 183 de la Ley Orgánica de Drogas, es todo” contentivos de una sustancia ilícita denominada cocaína, arrojando un peso bruto aproximado total de (1.134 Grs.).
TERCERO: Por su parte, la defensa expuso: “Revisadas las actuaciones que constan en el expediente procesal y oída la imputación que hace el Ministerio Público, y visto que ha solicitado se decrete la flagrancia en el caso que nos ocupa, esta defensa considera que esta establecida la fundamentación en los argumentos que ha explanado el Ministerio Público y lo mas justo sería decretar el procedimiento abreviado establecido en el titulo II del Libro Tercero en concordancia con el artículo 49, ambos de la Norma Penal Adjetiva, y en esta audiencia solicito me sean acordadas copias simples tanto de la realización de la audiencia de calificación de flagrancia y de aprehensión de mi patrocinado como del auto que motiva su privativa de libertad, es todo.”;
CUARTO: En la referida audiencia oral, fue decretada la privación preventiva de libertad del ciudadano JORMAN RAFAEL BAEZ COA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que este operador encontró llenos los requisitos exigidos en el referido artículo, esto es, la circunstancia de que cuando se disponía a abordar el vuelo N° AZ687, de la aerolínea ALITALIA, con ruta Caracas-Roma-Madrid, detectándole la presencia de cuerpos extraños en la cavidad abdominal, contentivos de la presunta droga denominada cocaína, expulsando vía rectal posteriormente, hasta el momento de la realización de la audiencia para oír al imputado, noventa y siente (97) envoltorios tipo dedil, en presencia de testigos en el hospital naval “Dr. José María Vargas de La Guaira”, es suficiente en esta fase del proceso para considerar como probable su responsabilidad, aunado al modo de operar la delincuencia organizada, cuyo combate se ha hecho rutinario en dicho terminal aéreo, coincide perfectamente con los hechos que originaron el presente asunto, según se evidencia de las actas policiales, constancia médica, actas de expulsión, de entrevista, boletos aéreos, y pasaporte que corren al presente expediente. Por lo que respecta a la existencia de fundados elementos de convicción que permitan estimar razonablemente que el procesado ha sido autor en la comisión del hecho delictivo atribuido por el fiscal, este administrador judicial considera suficiente para satisfacer este requisito material, las referidas actas que cursan en el presente asunto, en virtud de que el procedimiento en cuestión fue presenciado por testigos instrumentales, quienes dieron fe de lo que observaron al suscribirlas. Por otra parte, la falta de arraigo del imputado en el país y la pena que pudiera llegar a imponerse en el presente asunto, podría ser de considerable severidad, es decir, se encuentran satisfechos los extremos del artículo 251 numerales 1, 2 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal:
QUINTO: En este orden de ideas, considera pertinente este administrador de justicia, traer a colación el criterio esgrimido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1.712 (caso Rita Coy y otras), cuando consideró como de lesa humanidad el delito de narcotráfico, excluyéndolos a su vez de beneficios que puedan llevar a su impunidad. A tal efecto la Sala expresó:
(Omissis…)
El artículo 29 constitucional, para determinados delitos, niega los beneficios que puedan llevar a su impunidad; por lo que con relación a dichos delitos, el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal no es apreciable ante el mandato expreso de la Constitución de 1999.

En efecto, el artículo 29 constitucional, reza:

«El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía».

Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara.

Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron:

“...Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad...”.

Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia:

“...Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal,
Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes...”.

En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.

A título de ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no suscrito por Venezuela, en su artículo 7 se enumeran los crímenes de lesa humanidad; y en el literal K de dicha norma, se tipificaron las conductas que a juicio de esta Sala engloban el tráfico ilícito de estupefacientes. Dicho artículo reza:

Artículo 7
Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
(Omissis…)
Se observa en la citada decisión de la Sala Constitucional, -no obstante no expresar carácter vinculante- que el Supremo Tribunal de la República considera como de lesa humanidad, los delitos de narcotráfico, incluyéndolos en el literal “K” del Estatuto de Roma, y a su vez excluye este tipo de delitos de los beneficios que puedan llevar a su impunidad, como lo sería en este caso la imposición de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad.
Sobre la base los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Decreta la Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano JORMAN RAFAEL BAEZ COA, por encontrarse llenos los requisitos exigidos en los artículos 250, numerales 1°, 2° y 3° y 251, numeral 2° y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, al encontrarse presuntamente incurso en la comisión del delito de TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. En consecuencia, se declara sin lugar la imposición de medidas menos gravosas solicitada por la defensa.
Publíquese, regístrese y diarícese el presente auto fundado.
El Juez,

Juan Fernando Contreras La Secretaria,

Abg. Odalis Marín Maitán
En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.

La Secretaria,

Abg. Odalis Marín Maitán