TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Ejecución del Estado Vargas
Macuto, 8 de Febrero de 2011
200º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2008-001549
ASUNTO : WP01-P-2008-001549

Compete a este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, emitir pronunciamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 479, ordinal 1°, del Código Orgánico Procesal Penal, con ocasión al cumplimiento total de la pena que le fue impuesta al ciudadano PARRA DÍAZ LUIS ALBERTO, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad N° V- 11.947.596, natural de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, nacido en fecha 17 de julio de 1972, de 35 años de edad, casado, de profesión u oficio no conocida, hijo de: IRIS JUDITH DÍAZ ESCARAY (v) Y LUIS ALBERTO PARRA (v), residenciado en Maracaibo, Urbanización El Naranjal, calle 47, 15L, calle 42, estado Zulia, Pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela N° C1599270.

En tal sentido, a los fines de decidir, previamente se observa lo siguiente:

En fecha 13-05-2008, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, condenó al ciudadano PARRA DÍAZ LUIS ALBERTO, a cumplir la pena de a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES, DE PRISION, por ser autor responsable del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el penúltimo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El Tráfico Ilícito y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, se procedió a la ejecución de la misma, y a la práctica del cómputo correspondiente.

Definitivamente firme como quedó la anterior sentencia, se procedió a la ejecución de la misma en fecha 18 de Junio del año 2008, donde se estableció que el ciudadano PARRA DÍAZ LUIS ALBERTO, cumple la totalidad de la pena impuesta en fecha 05-11-2010.

En fecha 29 de Septiembre del año 2008, se dicto decisión en la cual este Tribunal decretó al ciudadano PARRA DÍAZ LUIS ALBERTO, la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, como BENEFICIO DE SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para esa fecha.

En fecha 27-01-2011, se recibe de la Dirección Nacional de Servicios Penitenciarios Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario Maracaibo estado Zulia, emitido por la Dra. NELCIDA Briceño Delegada de Pruebas de la antes mencionada unidad, en virtud del cumplimiento definitivo del régimen de prueba en fecha 05-11-2010.

En relación a la pena accesoria, referida a la sujeción a la vigilancia de la autoridad, contenida en el artículo 16 del Código Penal a la que también fue condenado el ciudadano PARRA DÍAZ LUIS ALBERTO, la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 21-05-2007, dictada en la causa llevada por es Sala signada con el N° 03-2352, estableció:

“…..la Sala observa que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad es excesiva de la pena que causa el delito. La sujeción de la autoridad, a pesar de que no es una pena principal, restringe la libertad plena a la que tiene derecho el penado luego de cumplida la pena principal, por lo que la misma, a juicio de esta Sala, se convierte en excesiva…. La consecuencia natural del cumplimiento de la pena corporal es que se acuerde la libertad plena. Sin embargo, esta plenitud no es alcanzada por el ciudadano que cumplió su pena principal, por cuanto debe sujetarse a una pena accesoria que, en fin, se trata de una extensión de hecho de la condena privativa de libertad, pudiendo exceder con creces la privativa de libertad de la pena máxima establecida constitucionalmente en el artículo 44.3 in fine de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en efecto, con la sujeción a la vigilancia de la autoridad, se subordina a un ciudadano, que ya ha cumplido su pena privativa de libertad, a una libertad condicionada, que es una especie de restricción de la libertad, contraria a la libertad plena a la cual tiene derecho el penado una vez cumplida la pena de presidio o prisión… Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional introduce un cambio de criterio, en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de… la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil….”

En tal sentido, acatando la decisión antes referida, se desaplica la referida pena accesoria.

Ahora bien, el artículo 105 de la Norma Sustantiva Penal Vigente, establece:
“...El cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad criminal....” (Negrillas del Tribunal)

De igual forma el artículo 479 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, establece como una de las atribuciones que le competen al Juez de Ejecución, la siguiente:

“...Todo lo concerniente a la libertad del penado, las Fórmulas Alternativas de Cumplimiento de Pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena....” (Negrillas del Tribunal).

En ese orden de ideas, si analizamos las normas que anteceden, resulta claro comprender, que al cumplirse satisfactoriamente la pena definitivamente firme, impuesta al reo o rea, se extingue por ende la misma; lo cual no debe interpretarse de forma tácita; por el contrario, ineludiblemente requiere el pronunciamiento expreso del órgano jurisdiccional competente; siendo así, resulta evidente del contenido de las actuaciones que conforman el presente asunto, que el ciudadano PARRA DÍAZ LUIS ALBERTO, cumplió no sólo la pena principal impuesta por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas; sino también, las penas accesorias; en virtud de lo expuesto, considera éste Tribunal que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA, así como la RESPONSABILIDAD PENAL del ciudadano PARRA DÍAZ LUIS ALBERTO, por el delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el penúltimo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El Tráfico Ilícito y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y se acuerda consecuencialmente su LIBERTAD PLENA; de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Penal, en relación con lo dispuesto en el artículo 479 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Por todos los razonamiento antes; este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA, así como la RESPONSABILIDAD PENAL del ciudadano PARRA DÍAZ LUIS ALBERTO, de nacionalidad venezolana, con cédula de identidad N° V- 11.947.596, natural de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, nacido en fecha 17 de julio de 1972, de 35 años de edad, casado, de profesión u oficio no conocida, hijo de: IRIS JUDITH DÍAZ ESCARAY (v) Y LUIS ALBERTO PARRA (v), residenciado en Maracaibo, Urbanización El Naranjal, calle 47, 15L, calle 42, estado Zulia, Pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela N° C1599270, por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el penúltimo aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra El Tráfico Ilícito y El Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por cumplimiento de la pena y se acuerda su LIBERTAD PLENA; de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Penal, en relación con lo dispuesto en el artículo 479 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, notifíquese, líbrese oficio al Jefe de la Dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a la Consultoría Jurídica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al Sistema de Información Policial (SIPOL), a la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario N° 02, Región Capital, Caracas y déjese copia de la presente decisión.
EL JUEZ,

ABG. JESÚS ERNESTO DURÁN RAGA.

LA SECRETARIA,

ABG. YASNALDY CASTRO CASTILLO.