TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS. Maiquetía, 11 de Julio de 2011.
201° y 152°
Visto el auto de fecha 06 de los corrientes, este Tribunal a los fines de proveer sobre la medida de secuestro observa:
La parte actora, identificada en autos, en su libelo de demanda solicita sea decretada medida de secuestro del local comercial dado en arrendamiento, ubicado en Av. Boulevard Naiguatá, Quinta Yudymar, Parcela Numero 13, Bloque 39, local número 4, Urbanización Caribe, Parroquia Caraballeda, Estado Vargas.
ESTE TRIBUNAL PARA PROVEER OBSERVA:
En el escrito de demanda, la parte actora solicita medida de secuestro, en los siguientes términos:
“A fin de garantizar las resultas de este juicio, Y LA VIDA DE LOS OCUPANTES DEL INMUEBLE, y amparados en los artículos 585, 588 y 599, todos del Código de Procedimiento Civil; solicito a este despacho decrete MEDIDA DE SECUESTRO del local comercial dado en arrendamiento al ciudadano JOSE ANTONIO FERREIRA MATOS, ubicado en Av. Boulevard Naiguatá, Quinta Yudymar, Parcela Numero 13, Bloque 39, local número 4, Urbanización Caribe, Parroquia Caraballeda, Estado Vargas”.

A los fines de determinar la procedencia de la medida cautelar solicitada, debemos analizar a tenor de lo previsto en el del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 588 eiusdem, los requisitos de procedencia de la misma.
El primero de estos requisitos se refiere al periculum in mora, que se circunscribe a la expectativa cierta de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que, no obstante, el transcurso del tiempo imponga una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la sentencia definitiva, de manera que se trata de una razón justificante de la protección cautelar que encuentra su fundamento en la dilación que impone el cumplimiento de las fases del procedimiento. En segundo lugar, hay que verificar la existencia del requisito conocido como fumus boni iuris, que se constituye por una apreciación apriorística sobre la procedencia de la pretensión que se formula de manera principal, de modo que el Juez debe valorar los elementos de convicción que se hayan aportados al juicio, que lo hagan creer bajo criterios razonables, que el derecho que se invoca aunque sea en apariencia, asiste al solicitante de la medida cautelar y así pueda llegar a la conclusión de que existe apariencia de buen derecho.
En este sentido, se impone señalar que la parte solicitante, tiene la carga procesal de probar todos los requisitos para llenar los extremos exigidos en la ley, para lo cual no son suficientes simples alegatos genéricos, sino que es necesaria la presencia de pruebas sumarias o de argumentación consistente por parte del solicitante. Así lo ha establecido nuestro Máximo Tribunal, en sentencia de fecha 27 de Julio del año 2004. Sala de Casación Civil en la que textualmente señaló:
“Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión conjuntamente con las pruebas que sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil…”.

En el presente caso, resulta evidente que la parte actora se limitó a solicitar de conformidad con las normas antes citada, absteniéndose de argumentar lo pedido; todo lo cual en apreciación de este Tribunal hace imposible determinar la coexistencia de los elementos exigidos por el legislador procesal para el decreto de la medida de secuestro solicitada, además no hay medios probatorios de los que surja –a lo menos-, presunción grave que de no acordarse la medida se le ocasionaría el daño, por lo tanto, se niega la medida solicitada y así se decide.
LA JUEZ TEMPORAL,

ELIA GONZALEZ
LA SECRETARIA,

ODIXIS VÉLIZ SUÁREZ