TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 10 de Junio de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2010-002573
ASUNTO : SP11-P-2010-002573

Visto el escrito, presentado por el abogado SANDRO JOSE MARQUEZ MONSALVE, en su carácter de defensor privado del imputado LUIS ALBERTO GARCIA ROA, quien dice ser de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de Coro, Estado Falcón, nacido en fecha 17/03/1981, de 29 años de edad, hijo de Luis García (v) y Edilia Roa (v), titular de la cedula de identidad N° V-15.565.093, soltero, de profesión u oficio administrador de empresa y chofer, teléfono: 0414-7195686 y 0276-3533920, residenciado en Pirineos Norte Calle 3 Casa 4, San Cristóbal, estado Táchira San Antonio, estado Táchira; a quien el Ministerio Público presume responsable en la comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en perjuicio de la cosa pública, mediante el cual solicita sea ampliado el régimen de presentaciones impuesto a sus defendido, a tales efectos el Tribunal para decidir previamente observa:

En fecha 30 de octubre de 2010, se celebró por ante este Tribunal, Audiencia de Calificación de Flagrancia, en contra del referido imputado en la que se dictaron los siguientes pronunciamientos:

“PRIMERO: DESESTIMA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano: LUIS ALBERTO GARCIA ROA, quien dice ser de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de Coro, Estado Falcón, nacido en fecha 17/03/1981, de 29 años de edad, hijo de Luis García (v) y Edilia Roa (v), titular de la cedula de identidad N° V-15.565.093, soltero, de profesión u oficio administrador de empresa y chofer, teléfono: 0414-7195686 y 0276-3533920, residenciado en Pirineos Norte Calle 3 Casa 4, San Cristóbal, estado Táchira San Antonio, Estado Táchira, por la comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en perjuicio de la cosa pública, por NO encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en favor del ciudadano: LUIS ALBERTO GARCIA ROA, plenamente identificado en autos, en la presunta comisión de la delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en perjuicio de la cosa pública, de conformidad a lo establecido en el articulo 256 numerales 3 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: a.-Obligación de Presentarse una vez cada TREINTA (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial, b.-No incurrir en hechos similares y c.-Respetar a las autoridades.”

A los fines de garantizar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y la debida estabilidad en la tramitación del proceso mediante el sometimiento del justiciable a la investigación, y el esclarecimiento debido de los hechos para la aplicación del derecho y por ende la realización de la Justicia, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.” (negrillas de este Tribunal)

De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada disminuye el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la medida cautelar extrema –Privación Judicial Preventiva de Libertad-, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44.1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer:

“…La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” (negrillas y subrayado de este tribunal).
A su vez el Código Orgánico Procesal Penal en el Artículo 264 establece:
EXAMEN Y REVISIÓN:
“El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación”. (negrillas de este tribunal).

De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, en primer lugar, el carácter de cosa juzgada formal y no material que causa el auto que decrete la medida de coerción, y en segundo el derecho irrestricto del imputado en solicitar el examen y revisión de la medida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, revocación o su sustitución, pues permitirse lo contrario, sería dejarlo al capricho judicial, lo cual es enteramente inaceptable desde todo punto de vista.

Consecuente con lo expuesto ut supra, debe establecerse que la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si han sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso.
Ahora bien, una vez revisado el presente asunto a través del sistema Juris2000, examinado como ha sido el contenido de las actuaciones remitidas a este despacho por la Oficina de Alguacilazgo de esta extensión del Circuito Judicial Penal, este Órgano Jurisdiccional, una vez analizado la solicitud de examen y revisión de la medida cautelar que pesa sobre el imputado de autos, considera que en el caso in comento, a fines de no desnaturalizar la intención del Legislador Venezolano al implantar un mecanismo distinto a la detención preventiva de la libertad, como lo es que jurídicamente una persona pueda ser Juzgada en libertad, claro teniendo en cuenta que al momento del otorgamiento una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Preventiva de la Libertad, el imputado debe cumplir con los requisitos que le imponga el Tribunal a fines de que se le garantice a la Justicia Venezolana, que el mismo no evadirá el proceso que se le sigue en su contra, tomando en consideración que en fecha 30 de octubre de 2010, le fue acordada Medida Cautelar a los imputados de autos de conformidad con el artículo de 256 numerales 3 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo el imputado cumplir con las siguientes condiciones:
1.- Presentaciones una vez cada treinta (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de éste Circuito Judicial Penal.
2.- No incurrir en hechos similares y
3.-Respetar a las autoridades.

En aras del cumplimiento del Principio de Presunción de Inocencia, y al Principio de Juzgamiento en Libertad, tal como lo ilustra nuestro legislador en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente y por cuanto los imputados de autos ha venido dado estricto cumplimiento al régimen de presentaciones que le fue impuesto por este Tribunal, tal y como se evidencia de la constancia de las mismas, registradas en el sistema Juris2000, quien decide, considera que es necesario para que el imputado continúen sometidos al proceso y no se sustraiga de la causa que se les sigue en su contra, modificar la medida cautelar dictada en el presente caso en el que se estableció el régimen de presentaciones, en virtud que el imputado, no tiene residencia fija en el país, y el imputado LUIS ALBERTO GARCIA ROA, se encuentra residenciado en Pirineos Norte Calle 3 Casa 4, San Cristóbal, estado Táchira San Antonio, Estado Táchira.

Con relación a lo expuesto, este Tribunal considera procedente la declarar con lugar la solicitud de ampliación del régimen de presentaciones para el imputado LUIS ALBERTO GARCIA ROA, solicitado por su defensor privado, abogado SANDRO JOSE MARQUEZ MONSALVE, por lo que se le amplían sus presentaciones ante la Oficina de alguacilazgo de este Tribunal, de una (01) vez cada treinta (30) días, a una (01) vez cada sesenta (60) días, lo cual se hace de conformidad con lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

Por los razonamientos antes expuestos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NO 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, IMPARTIENDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: CON LUGAR, la solicitud de ampliación de las presentaciones interpuesta por el abogado SANDRO JOSE MARQUEZ MONSALVE, en su carácter de defensor privado del imputado LUIS ALBERTO GARCIA ROA, a quien se le sigue causa en su contra por ante este Juzgado por la presunta comisión del delito de RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, previsto y sancionado en el artículo 218 del Código Penal, en perjuicio de la cosa pública, por lo que se le amplían sus presentaciones ante la Oficina de alguacilazgo de este Tribunal, de una (01) vez cada treinta (30) días, a una (01) vez cada sesenta (60) días, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Líbrese las Boletas de Notificación al Fiscal del Ministerio Público al imputado y la Defensa.

ABG. JERSON QUIROZ RAMIREZ
JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. NEYDA A. TUBIÑEZ CONTRERAS
SECRETARIA

Asunto SP11-P-2010-002573. JQR.