Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito,
Bancario y Protección del Niño y del Adolescente
Circunscripción Judicial del Estado Táchira
Jueza inhibida: Abogada Milagros de Valle Rojas de Durán, Juez Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la circunscripción judicial del Estado Táchira.
Motivo: Inhibición fundamentada en el numeral 20° del artículo 82° del Código de Procedimiento Civil.
RESUMEN FÁCTICO
En fecha 04 de marzo de 2011, son recibidas en este Tribunal Superior las presentes actuaciones en copias fotostáticas, correspondientes al expediente N° 3586, procedentes del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en virtud de la inhibición propuesta por la abogada Milagros del Valle Rojas, contenida en acta de fecha 24 de enero de 2011, para continuar conociendo la demanda incoada por la ciudadana Mayra Alejandra Contreras Páez, contra la Sociedad Mercacantil Expresos San Cristóbal C.A.
De la revisión de las actas procesales consta:
.- A los folios (1 al 17), corre inserto libelo de demanda incoado por la abogada Mayra Alejandra Contreras, apoderada judicial de la ciudadana: Yadira Kenit Contreras de Pérez.
.- A los folios (18 al 20), acta de inhibición de fecha 21 de febrero de 2011, suscrita por la abogada Milagros del Valle Rojas, Juez del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
.- A los folios (21 y 22), escrito incoado por el abogado José Lucio González, en el cual le pide a la abogada Milagros del valle Rojas, Juez Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, que se inhiba de la presente causa.
.- A los Folios (23 y 24), acta de inhibición de fecha 16 de noviembre de 2005, suscrita por la abogada Milagros del Valle Rojas, Juez Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
.- A los folios (25 al 28), corre decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente, Agrario y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 12 de enero del 2006, en la que declara con lugar la inhibición propuesta por la abogada Milagros del Valle Rojas, Juez Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA
El caso sometido al conocimiento de esta alzada, se trata sobre la inhibición propuesta por la abogada Milagros del Valle Rojas Araque, Juez Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la circunscripción judicial del Estado Táchira, fundamentada en la causal 20° del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que el abogado José Lucio González, apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Expresos San Cristóbal, en fecha 09 de noviembre de 2005, en diligencia agregada al expediente N° 35782, causa de la cual tuvo conocimiento, hizo una serie de afirmaciones, las cuales pueden afectar la imparcialidad de la mencionada juez inhibida.
En primer orden, esta Juzgadora, realizar pronunciamiento respectivo, en cuanto a la competencia para conocer de la presente incidencia de inhibición.
En este sentido, el artículo 89 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:
“Artículo 89: En los casos de inhibición, corresponderá la decisión de la incidencia de los funcionarios que indica la Ley Orgánica del Poder Judicial, los cuales dictarán la resolución dentro de los tres días siguientes al recibo de las actuaciones.”
Por su parte, el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dispone lo siguiente:
“Artículo 48: La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decididas por el tribunal de la Alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de la alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición.”
Planteadas las consideraciones anteriores, corresponde a esta alzada, determinar sí la declaración contenida en el acta de inhibición de la abogada Milagros del Valle Rojas, Juez del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, constituye o nó motivo de inhibición.
A tal efecto, el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, establece las causales taxativas de inhibición o recusación, entre las que se encuentran las siguientes:
“Artículo 82: Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:
(…)
20. Por injurias o amenazas hechas por el recusado o alguno de los litigantes, aun después de principiado el pleito.”
Por lo que, el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la procedibilidad de la inhibición, señala lo siguiente:
“Artículo 88: El Juez a quien corresponde conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales establecida por la ley.
En caso contrario, la declarará sin lugar y el Juez inhibido continuará conociendo.
Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación de que pueden usar las partes.”
Así las cosas, en el presente caso la abogada Milagros de Valle Rojas de Durán, Juez Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la circunscripción judicial del Estado Táchira, presenta acta de inhibición en fecha 24 de enero de 2011, expresando: “Considera quien suscribe, que po cuanto en fecha 16 de noviembre del año 2005,el referido abogado en diligencia agregada al Expediente 35.782 en la cual él era parte demandada y el conocimiento de la referida causa me había correspondido, hizo una serie de afirmaciones en mi contra totalmente injuriosas por lo que decide inhibirme en dicha causa fundamentando la misma en la causal N° 20 del Código de Procedimiento Civil, es decir entre el Abogado José Lucio González Florez y mi persona existe una enemistad manifiesta, por lo que es mi deber desprenderme del conocimiento de esta causa.”
Cabe señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2140 de fecha 7 de agosto de 2003, dejó establecido en relación a las causales de inhibición, lo siguiente:
“En este sentido, debe señalarse que nuestro ordenamiento jurídico prevé dos instituciones, a saber, la inhibición y la recusación, destinadas a preservar la garantía del juez imparcial. La doctrina, tradicionalmente, ha señalado que las causales de recusación del juez previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, son taxativas y no pueden ser susceptibles de ampliación por vía de analogía o semejanza (cf. Humberto Cuenca. Derecho Procesal Civil. Tomo II. 6° edición. Caracas, Universidad Central de Venezuela, 1998, p. 154, y Juan Montero Aroca y otros. Derecho Jurisdiccional. Tomo I. 10° edición. Valencia, Tirant Lo blanch, 2000, p. 114). Sin embargo, la Sala ha reconocido que estas causales no abarcan todas las conductas que puede desplegar el juez a favor de una de las partes, lo cual resulta lógico, pues “los textos legales envejecen (...) y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas, y la reforma legislativa no se produce con la rapidez necesaria para brindar las soluciones adecuadas que la nueva sociedad exige” (enrique R. Aftalión. Introducción al Derechbo. 3° edición. Buenos Aires, abeledo Perrot, 1999, p. 616)...
...visto que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del juzgador, cuyas causales, aunque en principio taxativas para evitar el abuso en las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas sospechosas de parcialidad y, en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, la Sala considera que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial”.
Asimismo, la referida sala en sentencia N° 152 de fecha 24 de marzo de 2000, estableció con carácter vinculante, la noción del juez natural, a saber:
“…En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso, Editorial Tecnos. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir ordenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad objetiva de éste, no sólo se (sic) emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes; y así una recusación hubiese sido declarada sin lugar, ello no significa que la parte fue juzgada por un juez imparcial si los motivos de parcialidad existieron, y en consecuencia la parte así lesionada careció de juez natural; 3) tratarse de una persona identificada e identificable; 4) preexistir como juez, para ejercer la jurisdicción sobre el caso, con anterioridad al acaecimiento de los hechos que se van a juzgar, es decir, no ser un Tribunal de excepción; 5) ser un juez idóneo, como lo garantiza el artículo 26 de la Constitución de la Repúblicas Bolivariana de Venezuela, de manera que en la especialidad a que se refiere su competencia, el juez sea apto para juzgar; en otras palabras, sea un especialista en el área jurisdiccional donde vaya a obrar (Subrayado de la Sala)”.
En tal sentido, se tiene que la inhibición constituye un mecanismo procesal previsto en la ley para el beneficio de las partes, cuando exista algún hecho o circunstancia que pueda comprometer el principio de imparcialidad que rige a todos los funcionarios públicos, por lo que su objeto radica en separar del proceso al juez o funcionario que se encuentre impedido de conocer la causa por estar incurso en alguna de las causales contempladas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil o cualquier otra que pueda comprometer eventualmente la capacidad objetiva de decidir del juez.
Por consiguiente, a la luz de lo precedentemente expuesto, garantizando la tutela efectiva de los derechos de los justiciables que deben regir todas las actuaciones judiciales, y con base en el criterio jurisprudencial transcrito ut supra, observa esta juzgadora que lo manifestado por la jueza inhibida, impediría una decisión objetiva en el proceso en el cual se inhibe, por lo tanto, resulta forzoso para este juzgado declarar con lugar la inhibición propuesta por la abogada Milagros de Valle Rojas de Durán, Juez Cuarto de Primera Instancia de mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, para continuar conociendo la demanda incoada por Mayra Alejandra Contreras Páez, actuando en representación de Yadira Kenith Contreras, contra de la Sociedad Mercacantil Expresos San Cristóbal C.A., contenida en acta de fecha 21 de febrero de 2011 Así se resuelve.
En mérito de las consideraciones expuestas y con fundamento en las disposiciones legales y doctrinales, transcrita supra, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
DECLARA
PRIMERO: CON LUGAR la inhibición propuesta por la abogada Milagros de Valle Rojas de Durán, Juez Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la circunscripción judicial del Estado Táchira, para continuar conociendo la demanda incoada por Mayra Alejandra Contreras Páez, actuando en representación de Yadira Kenith Contreras, contra de la Sociedad Mercacantil Expresos San Cristóbal C.A., contenida en acta de fecha 21 de febrero de 2011.
SEGUNDO: REMÍTASE copia fotostática certificada de la presente decisión, a los todos Juzgados de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, y en su oportunidad legal, remítase el expediente al tribunal de la causa.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el Edificio Nacional de la Ciudad de San Cristóbal, a los 14 días del mes de marzo de 2011. Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación.
Jueza Titular,
Ana Yldikó Casanova Rosales
Secretario Titular,
Antonio Mazuera Arias
En la misma fecha siendo las once de la mañana (11:00 a.m.), se publicó la anterior decisión y se dejo copia fotostática certificada de la misma para el archivo del Tribunal.
Exp. Nº 6715
Iamp
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