REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE CONTROL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN
PRIMERO DE CONTROL


Macuto, 28 de marzo de 2011
200° y 151°

ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2011-0001242

Vista el acta correspondiente a la audiencia realizada en la guardia del día de hoy en el presente asunto, y a los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, el tribunal observa:
PRIMERO: Se realizó el acto de audiencia para considerar la solicitud del Ministerio Público, representado por el Fiscal 6º de esta Circunscripción Judicial, Dr. Gustavo González de decretar la Privación Judicial Preventiva de Libertad, en contra alguacilazgo los ciudadanos LUIS GUSTAVO LEON PERDOMO, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de Maracaibo, estado Zulia, nacido en fecha 12/06/1990, de 20 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio estudiante, hijo de GUSTAVO LEON (v) y de CAROLA PERDOMO (v), residenciado en el barrio La Limpia, sector Hato Viejo, casa s/n, cerca de la Peña Hípica, Maracaibo, estado Zulia, teléfono N° 0261-814-02-70, identificado con la cédula de identidad N° 19.906.869 y SEYLOR BACUCHE CRESPO ALVARADO, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural de Barquisimeto, estado Lara, nacido en fecha 25/02/1970, de 41 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio comerciante, hijo de JESUS CRESPO (F) y de MONSERRAT ALVARADO (V), residenciado en: urbanización Don Jesús, casa 13-46, Barquisimeto, teléfono N° 0251-266-3994 identificado con la cédula de identidad N° 11.262.940, debidamente asistidos por el Defensor Pública Penal de esta Circunscripción Judicial, Dr. Fray Guerrero;
SEGUNDO: El representante fiscal presentó ante este despacho al mencionado e identificado imputado, atribuyéndole la perpetración de un hecho que inicialmente calificó como TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Al efecto alegó que “le solicito en esta audiencia de presentación en flagrancia, medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad de conformidad con los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, contra de los ciudadanos LUIS GUSTAVO LEON PERDOMO y SEYLOR BACUCHE CRESPO ALVARADO, plenamente identificados, por cuanto fueron aprehendidos en fecha 22-03-11, como a las 8:00 de la noche, en el aeropuerto internacional de Maiquetía por funcionarios del Destacamento 53 de la Guardia Nacional del estado Vargas, con una ingesta de cuerpos extraños en su interior, siendo que el ciudadano LUIS GUSTAVO LEON PERDOMO, expulsó en el Hospital Naval de Catia La Mar, la cantidad de ochenta y siete (87) dediles, mientras que el ciudadano SEYLOR BACUCHE CRESPO, expulsó en ese mismo hospital la cantidad de setenta y cinco (75) cuerpos extraños de la misma sustancia que la del ciudadano anteriormente identificado, que al practicarle la prueba orientadora por parte de los funcionarios actuantes a toda esta sustancia incautada, resultó ser presumiblemente la sustancia denominada cocaína. Ahora bien, en razón que el presente procedimiento fue presentado en forma extemporánea por el cuerpo policial actuante, dicho retraso no le corresponde al Ministerio Publico ni éste tribunal competente, razón por la cual y visto que ese es un delito de lesa humanidad y existiendo retiradas jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido que en este tipo de delitos no existen ningún tipo de beneficios y en vistas que también existe jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal de Justicia, que señala en forma clara, que una vez presentado el procedimiento en cuestión o dependiendo del caso que sea, cesan las irregularidades del cuerpo policial actuante, razón por la cual al ser presentados estos ciudadanos por ante éste Tribunal de Control, se subsanó el error si se quiere involuntario por parte de los funcionarios actuantes, razón por la cual precalifico la conducta de estos ciudadanos en el delito de TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto en el articulo 149 encabezamiento de la Ley Orgánica de Drogas y solicito la continuación del presente procedimiento por la vía Abreviada por Flagrancia de conformidad con el artículo 372 ordinal 1ª del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el animo de los imputados de autos, no era que pretender trasportar la sustancia incautada en fecha 22-03-11, en forma intraorgánica a la ciudad de MADRID a través del vuelo 072 de AIR EUROPA. Asimismo y de conformidad con el artículo 183 de la Ley Orgánica de Drogas, el aseguramiento preventivo del dinero incautado a cada uno de ellos de conformidad como se señala en el acta policial y sus respectivos boletos aéreos, por ultimo consigno actuaciones complementarias constante de treinta y tres (33) folios útiles…”.
TERCERO: Por su parte, la defensa expuso: “…esta defensa refiere que no cursa en el expediente experticia química que establezca con certeza que lo incautado sea sustancia ilícita, razón por la cual solicito se realice la misma y se incorpore al expediente…”;
CUARTO: En la referida audiencia oral, fue decretada la privación preventiva de libertad del ciudadano ABRAHAN ALBERTO GUERRERO JIMENEZ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que este operador encontró llenos los requisitos exigidos en el referido artículo, esto es, la circunstancia de que cuando se disponía a abordar el vuelo N° UX072, de la aerolínea Air Europa con destino Caracas-Madrid, Madrid-Barcelona, detectándole la presencia de cuerpos extraños en la cavidad abdominal, contentivos de la presunta droga denominada cocaína, expulsando vía rectal posteriormente, hasta el momento de la realización de la audiencia para oír al imputado, sesenta (60) envoltorios tipo dedil, en presencia de testigos en el hospital “Dr. José María Vargas de La Guaira”, es suficiente en esta fase del proceso para considerar como probable su responsabilidad, aunado al modo de operar la delincuencia organizada, cuyo combate se ha hecho rutinario en dicho terminal aéreo, coincide perfectamente con los hechos que originaron el presente asunto, según se evidencia de las actas policiales, constancia médica, actas de expulsión, de entrevista, boletos aéreos, y pasaporte que corren al presente expediente. Por lo que respecta a la existencia de fundados elementos de convicción que permitan estimar razonablemente que el procesado ha sido autor en la comisión del hecho delictivo atribuido por el fiscal, este administrador judicial considera suficiente para satisfacer este requisito material, las referidas actas que cursan en el presente asunto, en virtud de que el procedimiento en cuestión fue presenciado por testigos instrumentales, quienes dieron fe de lo que observaron al suscribirlas. Por otra parte, la falta de arraigo del imputado en el país y la pena que pudiera llegar a imponerse en el presente asunto, podría ser de considerable severidad, es decir, se encuentran satisfechos los extremos del artículo 251 numerales 1, 2 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal:
QUINTO: En este orden de ideas, considera pertinente este administrador de justicia, traer a colación el criterio esgrimido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1.712 (caso Rita Coy y otras), cuando consideró como de lesa humanidad el delito de narcotráfico, excluyéndolos a su vez de beneficios que puedan llevar a su impunidad. A tal efecto la Sala expresó:
(Omissis…)
El artículo 29 constitucional, para determinados delitos, niega los beneficios que puedan llevar a su impunidad; por lo que con relación a dichos delitos, el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal no es apreciable ante el mandato expreso de la Constitución de 1999.

En efecto, el artículo 29 constitucional, reza:

«El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía».

Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara.

Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron:

“...Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad...”.


Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia:

“...Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal,
Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes...”.


En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.

A título de ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no suscrito por Venezuela, en su artículo 7 se enumeran los crímenes de lesa humanidad; y en el literal K de dicha norma, se tipificaron las conductas que a juicio de esta Sala engloban el tráfico ilícito de estupefacientes. Dicho artículo reza:

Artículo 7
Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
(Omissis…)
Se observa en la citada decisión de la Sala Constitucional, -no obstante no expresar carácter vinculante- que el Supremo Tribunal de la República considera como de lesa humanidad, los delitos de narcotráfico, incluyéndolos en el literal “K” del Estatuto de Roma, y a su vez excluye este tipo de delitos de los beneficios que puedan llevar a su impunidad, como lo sería en este caso la imposición de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad.
Sobre la base los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Decreta la Privación Judicial Preventiva de Libertad de los imputados LUIS GUSTAVO LEON PERDOMO Y SEYLOR BACUCHE CRESPO ALVARADO, por encontrarse llenos los requisitos exigidos en los artículos 250, numerales 1°, 2° y 3° y 251, numeral 2° y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, al encontrarse presuntamente incurso en la comisión del delito de TRAFICO ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE, previsto y sancionado en el articulo 149 primer aparte de la Ley Orgánica de Drogas. En consecuencia, se declara sin lugar la imposición de medidas menos gravosas solicitada por la defensa.
Publíquese, regístrese y diarícese el presente auto fundado.
El Juez,

Juan Fernando Contreras La Secretaria,

Abg. Maryselis Reina Malavé
En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.

La Secretaria,

Abg. Maryselis Reina Malavé