REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS 201° y 152° DEMANDANTE: INVERSIONES PUNTA DE MULATOS C. A., registrada ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, de fecha 26-08-1974, bajo el N° 38, tomo 141-A. APODERADO: MARIBEL HERNANDEZ MARIÑO, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 38.346. DEMANDADO: PEDRO RAFAEL GUERRERO HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. 171.632. MOTIVO: RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO (APELACION) JUZGADO TERCERO DE PARROQUIA DE ESTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL. SENTENCIA: INTERLOCUTORIA EXPEDIENTE: 7375 I ANTECEDENTES Vistas las actas que conforman la presente causa se observa: Se da inicio al presente juicio, mediante demanda de resolución de contrato de arrendamiento, interpuesta por la sociedad mercantil INVERSIONES PUNTA DE MULATOS C. A., representada por la profesional del derecho MARIBEL HERNANDEZ MARIÑO, en contra del ciudadano PEDRO RAFAEL GUERRERO HERNANDEZ, la cual fue recibida por este Juzgado en fecha 16 de febrero de 2000, en virtud de la apelación formulada por la ciudadana MARIBEL HERNANDEZ MARIÑO, contra la sentencia dictada en fecha 01 de febrero de 2000, dictada por el Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. En fecha 23 de febrero de 2000, el Secretario le dio cuenta a la ciudadana Juez Dra. EVELYNA D´APOLLO ABRAHAN, del presente expediente y se fijó oportunidad para dictar sentencia. En fecha 20 de junio de 2000, compareció la apoderada judicial de la parte actora, y solicitó el avocamiento de la ciudadana Juez en la presente causa. En fecha 13 de julio de 2000, la ciudadana Juez Abg. CARIBAY GAUNA, se abocó al conocimiento de la causa y ordenó la notificación de la parte demandada. En fecha 5 de noviembre de 2001, compareció la apoderada judicial de la parte actora, se dio por notificada del abocamiento del juez y solicitó la notificación de la Defensora Judicial Ad-Litem de la parte demandada. Quién se dio notificada mediante diligencia de fecha 12 de marzo de 2001. En fecha 19 de noviembre de 2001, la ciudadana Juez Dra. EVELYNA D´APOLLO ABRAHAM, se abocó al conocimiento de la causa. En fecha 27 de octubre de 2011, el ciudadano Juez Abg. Carlos E. Ortiz F., se abocó al conocimiento de la presente causa.- A los efectos de decidir el Tribunal observa: La Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2002, expediente Nro. 01-1783, señaló lo siguiente: “…(omissis) Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. De cara al segundo supuesto, la Sala consideró que el deber fallido del Estado en decidir la causa en forma oportuna y expedita, tiene correctivos que pueden ser empleados por las partes interesadas, con el propósito de lograr que el juez sentencie, demostrando con ello que su interés en el proceso persiste, lo cual debe hacerse constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. En tal sentido, sin pretender justificar la tardanza de los jueces y, menos aún, perjudicar a los usuarios del sistema judicial, la Sala concluyó que la inacción de las partes, especialmente la del accionante, denota una renuncia a la justicia oportuna, la producirá la decadencia y extinción de la acción. En virtud del fallo en comento, la Sala determinó que a partir de ese momento, como interpretación del artículo 26 de la Constitución, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada rebasaba el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conociere podía de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. Se dispuso, igualmente, que la falta de comparecencia de los notificados en el término que se fijara, o las explicaciones poco convincentes que expresare el actor que compareciere, sobre los motivos de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella haya producido, serían ponderados por el juez para declarar extinguida la acción...” Ahora bien extendiendo la aplicación del criterio antes expuesto, a la falta de interés en la decisión del recurso de apelación, se tiene que en el caso de autos no compete a este sentenciador decidir la extinción de la causa, sino el decaimiento del recurso por falta de interés. En el caso que nos ocupa, se observa que la presente demanda por resolución de contrato de arrendamiento, fue presentada en fecha 14 de enero de 1999, ante el Juzgado Primero de Parroquia de ésta Circunscripción Judicial y admitida en fecha 19 de enero de 1999. Transcurrido el proceso, el referido Juzgado dictó sentencia en fecha 01 de febrero de 2000, de la cual apeló la Abg. MARIBEL HERNANDEZ MARIÑO, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que integran el expediente se desprende que han transcurrido más de diez (10) años, sin que las partes hayan realizado actuación alguna a los efectos de impulsar la notificación de las mismas. En razón de lo anterior este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en atención a lo establecido en la sentencia parcialmente transcrita anteriormente, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, ordena la notificación de las partes, a los efectos que comparezcan dentro de los diez (10) días de despacho siguientes, a la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones, a fin que manifiesten su interés en que se dicte sentencia en la presente causa. Asimismo, hágaseles saber que una vez conste en autos que ha sido practicada la última de las notificaciones, y la expresa constancia dejada por la Secretaria del Tribunal de haber dado cumplimiento conforme lo previsto en los artículos antes citados, se declarara el decaimiento del recurso. Líbrense boletas. Cúmplase.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los ( 27 ) días del mes de octubre del año Dos Mil Once (2011). A los 201° años de la Independencia y a los 152° años de La Federación.- EL JUEZ, Abg. CARLOS E. ORTIZ F. LA SECRETARIA Abg. MERLY VILLARROEL En la misma fecha de hoy, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 1:20 de la tarde. LA SECRETARIA Abg. MERLY VILLARROEL CEOF/mv/Carla.- Exp. No. 7375