TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Ejecución del Estado Vargas
Macuto, 14 de Octubre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : WK01-P-2002-000059
ASUNTO : WK01-P-2002-000059

Compete a este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, emitir pronunciamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 479, ordinal 1°, del Código Orgánico Procesal Penal, con ocasión al cumplimiento total de la pena que le fue impuesta a la ciudadana MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ, portadora del Pasaporte Nro.0919184242, quien es de nacionalidad Ecuatoriana, natural de Guayaquil Ecuador, con fecha de nacimiento el día 18-07-1983, de estado civil casada, domiciliada en Pedro Caron, casa s/n, Guayaquil Ecuador.

En tal sentido, a los fines de decidir, previamente se observa lo siguiente:

La ciudadana MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ, fue condenada por el Juzgado Cuarto Unipersonal de Juicio de este Circuito Judicial Penal, del estado Vargas, en fecha 26-05-2003, a cumplir la pena de Diez (10) Años de Prisión, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionad en el artículo 34 de la derogada Ley de Drogas, Definitivamente firme como quedó la anterior sentencia, se procedió a la ejecución de la misma en fecha.

Visto el Recurso interpuesto por la defensa de la ciudadana MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ, la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, en fecha 08-12-2005, acordó revisar la sentencia y en su lugar rebajar la misma a Ocho (08) Años de Prisión, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

Posteriormente en fecha 07-08-2007, se dictó decisión mediante el cual se acumula las penas impuestas a la penada ciudadana MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ, por el tiempo de NUEVE (09) AÑOS Y OCHO (08) MESES DE PRISION, por la comisión de los delitos de Transporte Agravado de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previstos y sancionados en los artículos 31 cuarto aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y artículo 34 ejusdem, así como al cumplimiento de la pena accesoria contemplada en el artículo 61 ordinal 1° de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que implica la expulsión del Territorio de la Republica de Venezuela una vez cumplida su pena.

En fecha 08 de enero de 2010, este Juzgado acordó Convertir en Confinamiento el Resto de la Pena impuesta a favor de la ciudadana MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ.

En fecha 04-10-2011, se recibe oficio N° PMJGR/0/R: 00158, de fecha 12 de septiembre del presente año, emanado de la Prefectura del Municipio Juan Germán Roscio, San Juan de Los Morros estado Guarico, suscrito por el Prefecto de dicho Despacho donde se deja constar que la ciudadana MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ, cumplió satisfactoriamente y correctamente con las presentaciones que le fueren impuestas.

En relación a la pena accesoria, referida a la sujeción a la vigilancia de la autoridad, contenida en el artículo 16 del Código Penal a la que también fue condenado la ciudadana MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ, la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 21-05-2007, dictada en la causa llevada por es Sala signada con el N° 03-2352, estableció:

“…..la Sala observa que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad es excesiva de la pena que causa el delito. La sujeción de la autoridad, a pesar de que no es una pena principal, restringe la libertad plena a la que tiene derecho el penado luego de cumplida la pena principal, por lo que la misma, a juicio de esta Sala, se convierte en excesiva…. La consecuencia natural del cumplimiento de la pena corporal es que se acuerde la libertad plena. Sin embargo, esta plenitud no es alcanzada por el ciudadano que cumplió su pena principal, por cuanto debe sujetarse a una pena accesoria que, en fin, se trata de una extensión de hecho de la condena privativa de libertad, pudiendo exceder con creces la privativa de libertad de la pena máxima establecida constitucionalmente en el artículo 44.3 in fine de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en efecto, con la sujeción a la vigilancia de la autoridad, se subordina a un ciudadano, que ya ha cumplido su pena privativa de libertad, a una libertad condicionada, que es una especie de restricción de la libertad, contraria a la libertad plena a la cual tiene derecho el penado una vez cumplida la pena de presidio o prisión… Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional introduce un cambio de criterio, en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de… la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil….”

En tal sentido, acatando la decisión antes referida, se desaplica la referida pena accesoria.

Ahora bien, el artículo 105 de la Norma Sustantiva Penal Vigente, establece:

“...El cumplimiento de la condena extingue la responsabilidad criminal....” (Negrillas del Tribunal)

De igual forma el artículo 479 numeral 1 del Código Orgánico Procesal Penal, establece como una de las atribuciones que le competen al Juez de Ejecución, la siguiente:

“...Todo lo concerniente a la libertad del penado, las Fórmulas Alternativas de Cumplimiento de Pena, redención de la pena por el trabajo y el estudio, conversión, conmutación y extinción de la pena....” (Negrillas del Tribunal).

En ese orden de ideas, si analizamos las normas que anteceden, resulta claro comprender, que al cumplirse satisfactoriamente la pena definitivamente firme, impuesta al reo o rea, se extingue por ende la misma; lo cual no debe interpretarse de forma tácita; por el contrario, ineludiblemente requiere el pronunciamiento expreso del órgano jurisdiccional competente; siendo así, resulta evidente del contenido de las actuaciones que conforman el presente asunto, que la ciudadana MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ, cumplió no sólo la pena principal impuesta, sino también, las penas accesorias; en virtud de lo expuesto, considera éste Tribunal que lo procedente y ajustado a derecho es DECLARAR LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA, así como la RESPONSABILIDAD PENAL de la condenada MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ y se acuerda consecuencialmente su LIBERTAD PLENA; de conformidad con lo establecido en el artículo 105 del Código Penal, en relación con lo dispuesto en el artículo 479 numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA.

Por todos los razonamiento antes expuesto; este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA EXTINCION DE LA PENA IMPUESTA, así como la RESPONSABILIDAD PENAL de la penada MARIA ZOILA ULLOA MARQUEZ, portadora del Pasaporte Nro.0919184242; por la comisión de los delitos de Transporte Agravado de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previstos y sancionados en los artículos 31 cuarto aparte de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y artículo 34 ejusdem, por cumplimiento de la pena y se acuerda su LIBERTAD PLENA.

Publíquese, notifíquese, líbrese los correspondientes oficios al Jefe de la Dirección Nacional de Los Servicios Penitenciarios del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, a la Consultoría Jurídica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al Sistema Policial (SIPOL), para excluir de pantalla a la penada de marras. Líbrese oficio al Servicio Administrativo Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) a los fines de dar cumplimiento a la pena accesoria contenida en el articulo 60 ordinal 1º de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y al Consejo Nacional Electoral (CNE) y déjese copia de la presente decisión.

EL JUEZ DE EJECUCION,

DR. JESUS ERNESTO DURAN RAGA.

LA SECRETARIA,

ABG. LOLYMAR PULIDO.