TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 27 de Septiembre de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2011-002221
ASUNTO : SP11-P-2011-002221

RESOLUCION

Celebrada como fue la Audiencia de Calificación de Flagrancia en el presente asunto, en virtud de la solicitud realizada por la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público, en contra de la ciudadana MARILUZ RAMIREZ OSORIO, quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Pereira, República de Colombia, nacida en fecha 13/01/1981, de 30 años de edad, hija de Luis Evelio Ramírez (f) y de María Donelia Osorio (v), titular de la cédula de ciudadanía N° CC-24.693.832, soltera, de profesión u oficio anfitriona de restaurante, teléfono: 0414-2266026, residenciada en Parque Carabobo N° 95, Caracas, Distrito Capital y Parque Las Américas Restaurant Dadino, Caracas, Distrito Capital (lugar de trabajo), a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previstos y sancionados en los artículos 45 de la Ley Orgánica de Identificación, procede el Tribunal a dictar la Resolución en los siguientes términos:

IDENTIFICACION DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. JERSON QUIROZ RAMÍREZ
FISCAL: ABG. CARLOS ZAMBRANO
SECRETARIA: ABG. NEYDA TUBIÑEZ CONTRERAS
IMPUTADA: MARILUZ RAMIREZ OSORIO
DEFENSOR: ABG. SANDRO MARQUEZ
DELITO: USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación.

DE LOS HECHOS

Se desprende del acta de investigación penal N° 906, de fecha 21 de Septiembre de 2011, suscrita por los funcionarios VIVAS RUJANO FERNANDO, quienes dejan constancia de la siguiente diligencia policial: siendo las 15:45 horas de la tarde encontrándome de servicio específicamente en el canal 3, que se encuentra en la vía san Antonio san Cristóbal rubio, logre observar un vehículo de transporte adscrito a la línea Cocofront, en que se desplazaba en condición de pasajera con destino a la ciudad de san Cristóbal una ciudadana a quien le solicite que se identificara, presentando un ejemplar de cedula de la república de Bolivariana de Venezuela, para extranjeros con una fotografía cuyos rasgos concuerdan con la ciudadana que la presenta y donde se indica como titular de la misma a MARILUZ RAMIREZ OSORIO, la misma presento una actitud sospechosa y evasiva, procediendo de inmediato a verificar referido documento ante el SAIME, con sede en peracal, donde se informo que la misma registra en el sistema pero presenta características no acordes y discrepantes a los de este tipo de documentos emitidos por el SAIME, motivado el nerviosismo de la ciudadana, se le indico que se le iba a realizar una inspección a sus pertenencias, logrando encontrar una cedula de ciudadanía de la república de Colombia a nombre de MARILUZ RAMIREZ OSORIO, manifestando la ciudadana de manera libre y voluntaria que la cedula la había obtenido por medio de un gestor y había cancelado la cantidad de 2.000,00 bolívares, se procedió a notificarle a la ciudadana el motivo de su detención y se le leyeron sus derechos como imputada, además de notificar vía telefónica al fiscal vigésimo quinto del ministerio público.

DE LA AUDIENCIA

Por tales hechos, este Tribunal fijó Audiencia, en la que la representante del Ministerio Público, hizo una exposición sucinta de las circunstancias de tiempo modo y lugar en la que ocurrieron los hechos y señala los fundamentos de hecho y de derecho en los cuales basa la solicitud de calificación de flagrancia en la aprehensión de la imputada MARILUZ RAMIREZ OSORIO, quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Pereira, República de Colombia, nacida en fecha 13/01/1981, de 30 años de edad, hija de Luis Evelio Ramírez (f) y de María Donelia Osorio (v), titular de la cédula de ciudadanía N° CC-24.693.832, soltera, de profesión u oficio anfitriona de restaurante, teléfono: 0414-2266026, residenciada en Parque Carabobo N° 95, Caracas, Distrito Capital y Parque Las Américas Restaurant Dadino, Caracas, Distrito Capital (lugar de trabajo), a quien le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO previsto y sancionado en los artículos 45 de la Ley Orgánica de Identificación, por consiguiente solicita se informe al imputado, el hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem se califique la aprehensión como flagrante conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, ordene la prosecución de la presente causa por los tramites del procedimiento ordinario, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete medida cautelar sustitutiva de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por su parte, la imputada MARILUZ RAMIREZ OSORIO, impuesto del precepto constitucional del artículo 49 ordinal 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, del artículo 131 del Código Orgánico Procesal Penal, de las alternativas a la prosecución del proceso, consistentes en el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso, previstas en los artículos 37 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal, así como del procedimiento especial por admisión de hechos, establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, manifestando la imputada NO querer declarar y al efecto de manera libre y voluntaria expuso: “no deseo declarar”.

El defensor privado Abg. Sandro Márquez, quien expuso: “Visto lo solicitado por la representación fiscal dejo a criterio del Tribunal califique o no como flagrante la aprehensión de mi representada, me adhiero al procedimiento ordinario y solicito una medida cautelar sustitutiva de conformidad a lo establecido en el artículo 256 numeral 3°, ya que la pena que pudiera a llegar a imponérsele no excede de los tres años, mi defendida tiene residencia fija en el país, se tenga en consideración para las presentaciones la dirección de mi defendida, solicito copia certificada del acta que se levante de la presente audiencia, finalmente solicito el desglose de la cédula de ciudadanía de mi defendida, es todo”.

DE LA FLAGRANCIA

Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Conforme lo relatado en acta de investigación penal N° 906, de fecha 21 de Septiembre de 2011, referida ut supra, suscrita por los funcionarios VIVAS RUJANO FERNANDO, quienes dejan constancia de la siguiente diligencia policial: siendo las 15:45 horas de la tarde encontrándome de servicio específicamente en el canal 3, que se encuentra en la vía san Antonio san Cristóbal rubio, logre observar un vehículo de transporte adscrito a la línea Cocofront, en que se desplazaba en condición de pasajera con destino a la ciudad de san Cristóbal una ciudadana a quien le solicite que se identificara, presentando un ejemplar de cedula de la república de Bolivariana de Venezuela, para extranjeros con una fotografía cuyos rasgos concuerdan con la ciudadana que la presenta y donde se indica como titular de la misma a MARILUZ RAMIREZ OSORIO, la misma presento una actitud sospechosa y evasiva, procediendo de inmediato a verificar referido documento ante el SAIME, con sede en peracal, donde se informo que la misma registra en el sistema pero presenta características no acordes y discrepantes a los de este tipo de documentos emitidos por el SAIME, motivado el nerviosismo de la ciudadana, se le indico que se le iba a realizar una inspección a sus pertenencias, logrando encontrar una cedula de ciudadanía de la república de Colombia a nombre de MARILUZ RAMIREZ OSORIO, manifestando la ciudadana de manera libre y voluntaria que la cedula la había obtenido por medio de un gestor y había cancelado la cantidad de 2.000,00 bolívares, se procedió a notificarle a la ciudadana el motivo de su detención y se le leyeron sus derechos como imputada, además de notificar vía telefónica al fiscal vigésimo quinto del ministerio público..

Ahora bien, ante lo explicito de los elementos aportados en el acta policial, así como en la experticia de autenticidad o falsedad No 9700-062-501, de fecha 22 de septiembre de 2011 practicada al documento con apariencia de cédula de identidad, incautado a la imputada de autos, en la cual se concluye que dicho documento es falso y de uso ilegal en el país; y demás diligencias, y como quiera que la solicitud fiscal ha comprendido la presentación de la imputada y la petición de calificación de flagrancia, basta entonces contrastar los hechos con la norma prevista del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal para determinar que la detención de la ciudadana MARILUZ RAMIREZ OSORIO, se produjo en estricta flagrancia por lo que se concluye que estamos en presencia de un delito flagrante, toda vez que la conducta desplegada por la imputada de autos se tipifica como USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación; en consecuencia, la aprehensión de la ciudadana MARILUZ RAMIREZ OSORIO, es legal de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 44.1, en concordancia con lo establecido en el en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DEL PROCEDIMIENTO A SEGUIR

Calificada como ha sido la flagrancia en la presente causa, corresponde a quien aquí decide resolver sobre el procedimiento a seguir, en tal sentido se deben hacer las siguientes consideraciones: 1.- Ha sido Jurisprudencia reiterada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que si hay que verificar algunas circunstancias fuera del hecho flagrante la posibilidad de un procedimiento abreviado desaparece y es en este momento cuando el Fiscal debe solicitar el procedimiento ordinario a fin de salvaguardar los derechos procesales del imputado y averiguar mejor la conexión del delito o la existencia de una posible conspiración o cualquier otra causa que se necesite dilucidar mejor. 2.- De otro lado tenemos que el Ministerio Público ha solicitado la continuación de la causa por el procedimiento ordinario, entendiendo este Juzgador que es el Ministerio Público el titular de la acción y es quien sabe y mantiene la estrategia de su investigación, reconociéndose que el Ministerio Público en este caso ha considerado que hay circunstancias que clarificar en la búsqueda de la verdad, por cuanto las actuaciones consignadas como elementos de convicción ante este Tribunal no son suficientes para producir el acto conclusivo correspondiente, por tales razones acogiendo lo señalado por la jurisprudencia patria y la solicitud del Ministerio Público, se ordena la prosecución de la presente causa mediante el procedimiento ordinario debiéndose remitir las actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes. Así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL
PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Publico, considera este Juzgador, que si bien la ciudadana MARILUZ RAMIREZ OSORIO, está señalada por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO previsto y sancionado en los artículos 45 de la Ley Orgánica de Identificación, el cual merece pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, también es cierto que la pena que podría llegarse a imponer no excede en su límite máximo de tres (03) años, por lo que considera este Juzgador que de conformidad con lo establecido en el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo establecido en los artículos 8, 9 , 243 y 253, todos del Código Orgánico Procesal Penal, lo procedente en el caso in comento es decretar una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial de libertad, por las siguientes razones: No está evidenciado el peligro de fuga, toda vez que se trata de una ciudadana que si bien es cierto es de nacionalidad colombiana, es primaria en la comisión de delito, tiene acreditado su arraigo en el País, al estar residenciada en Parque Carabobo N° 95, Caracas, Distrito Capital y Parque Las Américas Restaurant Dadino, Caracas, Distrito Capital (lugar de trabajo); por lo que considera quien aquí decide que con una medida sustitutiva, se resuelve la situación de carácter procesal para la asistencia del imputado a los actos del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones:

1.-Obligación de Presentarse una vez cada TREINTA (30) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial.
2.-Prohibición de salida del país sin autorización expresa y escrita del Tribunal y
3.-Obligación de concurrir a todos los actos del proceso. Así se decide.

DISPOSITIVA

EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL No 1 DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión de la ciudadana MARILUZ RAMIREZ OSORIO, quien dice ser de nacionalidad colombiana, mayor de edad, natural de Pereira, República de Colombia, nacida en fecha 13/01/1981, de 30 años de edad, hija de Luis Evelio Ramírez (f) y de María Donelia Osorio (v), titular de la cédula de ciudadanía N° CC-24.693.832, soltera, de profesión u oficio anfitriona de restaurante, teléfono: 0414-2266026, residenciada en Parque Carabobo N° 95, Caracas, Distrito Capital y Parque Las Américas Restaurant Dadino, Caracas, Distrito Capital (lugar de trabajo), por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la fe pública, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.

TERCERO: DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD a la ciudadana MARILUZ RAMIREZ OSORIO, plenamente identificada a quien el Ministerio Público señala en la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, en perjuicio de la fe pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 256 numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.-Obligación de Presentarse una vez cada CUARENTA Y CINCO (45) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial, 2.-Prohibición de salida del país sin autorización expresa y escrita del Tribunal y 3.-Obligación de concurrir a todos los actos del proceso.

CUARTO: SE ACUERDAN expedir las copias certificadas solicitadas por la defensa.

QUINTO: SE ACUERDA el desglose de la cédula de ciudadanía de la imputada de autos, que riela al folio 16 de las actuaciones; y en su lugar déjese copia certificada de la misma.

La presente decisión fue pronunciada de manera oral, al término de la audiencia celebrada en fecha 23 de septiembre de 2011, con fundamento en lo establecido en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 177 eiusdem. Con la lectura del acta respectiva, quedaron debidamente notificadas las partes de los fundamentos de hecho y de derecho de la presente decisión.

Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía del Ministerio Público correspondiente, una vez vencido el lapso de ley, a los fines legales consiguientes.

ABG. JERSON QUIROZ RAMIREZ
JUEZ PRIMERO DE CONTROL

ABG. DEL VALLE GLORINETH MEDINA PAEZ
SECRETARIA

Asunto SP11-P-2011-002221. JQR.