TSJ Regiones - Decisión

SEDE ADMINISTRATIVA
LAS PARTES
PARTE RECURRENTE: Sociedad mercantil “PEPSI COLA DE VENEZUELA, C.A”. inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 26 de Septiembre del año 2000, anotada bajo el Nº 35; Tomo: 223-A Segundo.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: MARIA DANIELA VALENTE, Abogado inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: 162.511.
PARTE RRECURRIDA: INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS.
ACTO RECURRIDO: Actos administrativos de efectos particulares, continente en la Providencia Administrativa Nro 00209-2011, de fecha 30 de septiembre de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas.
MOTIVO: MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS

ANTECEDENTES:

Se evidencia de las actas procesales, que el presente asunto se inicia mediante el recurso de nulidad incoado en fecha dieciocho (18) de junio de dos mil doce (2012), por la profesional del derecho María Daniela Valente, inscrita en el Inpreabogado bajo el número: 162.511, quien actúa en su carácter de apoderado judicial de PEPSI COLA DE VENEZUELA, C.A, (anteriormente denominada productora de refrescos y sabores , SORPRESA, C.A), domiciliada en Caracas y constituida por documento inscrito en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, en fecha 26 de Septiembre del año 2000, anotada bajo el Nº 35; Tomo: 223-A Segundo. En contra del acto administrativo de efectos particulares continente en la Providencia Administrativa Nro 209-2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas.

Ahora bien, en el escrito de nulidad interpuesto por la parte recurrente, se hace mención en su Capitulo I, de la Competencia de los Tribunales Laborales para conocer del presente recurso, en su Capitulo II, sobre las Condiciones de Admisibilidad cumplidas, en su Capitulo III, se hace referencia al Origen y Contenido del Acto que se impugna, donde establecen que en fecha 14 de abril de 2010, el Funcionario de Inspección o Supervisión del Trabajo y la Seguridad Social e Industrial de la Inspectoría en el estado Vargas, se traslado a la sede de la empresa con la finalidad de realizar la correspondiente Inspección, donde se le indico a dicha empresa una serie de supuestos incumplimientos, posteriormente en fecha cuatro (04) de junio de dos mil diez (2010) es realizada una reinspección en la sede de la recurrente, donde se señala que dos (02) de los incumplimientos advertidos en la primera inspección, persistían, ahora bien, debido a la inspección y reinspección realizada, la persona encargada de realizar la Supervisión, propuso la imposición de sanciones a la empresa, por supuestos incumplimientos en el suministro de equipos de protección personal de manera adecuada, de acuerdo a las condiciones del sitio de trabajo ; y por no notificar a la Inspectoría del Trabajo de la Jurisdicción del Estado Vargas, dentro de los 4 días continuos después de haber ocurrido el accidente de trabajo, específicamente de los ciudadanos Jhonny Vicente González, Hugo Efraín Gracias, y Castillo Wilmer Uzcategui.

Igualmente, en el Capitulo IV del escrito del Recurso de Nulidad se establecen los Vicios del Acto que se Impugna donde establece la empresa recurrente que con relación a la multa establecida pro la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas debe ser declara nula, debido a que la misma no es el Organismo Competente por Ley para imponer sanciones en materia relativa a la normativa de Seguridad y Salud Laboral, correspondiéndole al Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en virtud de lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley Orgánica de Prevencion, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Asimismo, manifiesta el recurrente, que solicita la Suspensión de Efectos de la Providencia Administrativa Nº 00209-2011, de fecha 30 de septiembre de 2011, emanada de la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas, de conformidad con lo establecido en el aparte 2 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, debido a que la ejecución de dicha providencia, implica cancelación de multa, y que así pueda ser entregada Solvencia Laboral, la cual es fundamental para el desenvolvimiento operacional, puesto que la empresa necesita de Divisas otorgadas por la Comisión de Administración de Divisas, quien se ha negado a entregarlas, por no contar de manera claramente injusta, con dicha Solvencia Laboral, y que se no ser declarada la Nulidad de la Providencia Administrativa, afectaría de forma negativa y directa los derechos e intereses de la empresa recurrente, causándole de esa forma un daño irreparable, dado que la Inspectoría del Trabajo se fundamenta en hechos falsos y descansa, además, en normas cuya interpretación es errónea al caso concreto, por todo lo anterior es que se solicita Suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado.

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Quien aquí decide, observa que se verifica en el expediente la solicitud de suspensión de los efectos del acto administrativo de efectos particulares, continentes en la Providencia Administrativa Nº 00209-2011, de fecha veintiocho 30 de septiembre de dos mil once (2011), emanado de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas, efectuada por la empresa recurrente en el citado recurso de nulidad, en virtud del cual, este Juzgador pasa a realizar las siguientes consideraciones pertinentes al caso en comento:

En atención a la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo, este Tribunal, en el presente asunto actúa de conformidad con lo establecido en los artículos 104 y 105 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, siendo necesario acotar lo establecido en el artículo 21 aparte 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, norma que se aplica de manera supletoria según lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que al referirse a la suspensión de los efectos establece:

“…El Tribunal Supremo de Justicia, podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada a instancia de parte, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta circunstancias del caso. A tal efecto, se deberá exigir al solicitante presente caución suficiente para garantizar las resultas del juicio…”

La indicada norma, determina la posibilidad en cuanto a la procedencia de la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo de efectos particulares, es decir, se hace referencia al poder cautelar que según autoriza la doctrina, debe entenderse como “… la potestad otorgada a los jueces y demandantes derivada de la voluntad del legislador para dictar las decisiones cautelares que sean adecuadas y pertinentes en el marco de un proceso jurisdiccional y con la finalidad de evitar el acatamiento de un daño o una lesión irreparable a los derechos de las partes y a la majestad de la justicia”. Siendo esto, una excepción al principio de ejecutoriedad y ejecutividad, que rigen a los actos administrativos cuya nulidad haya sido demandada, indicando que esta suspensión será procedente cuando se cumplan los requisitos señalados por la Ley, es decir, cuando lo permita la Ley (fumus boni iuris) o cuando se busque evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva se le pueda causar al demandante (periculum in mora), siempre que no se emita criterio alguno sobre el fondo de lo controvertido. Entonces se debe mencionar, que no basta sólo un ejercicio argumentativo general por parte del solicitante basado en presunciones, sino que se deben aportar elementos suficientes de convicción que justifiquen la necesidad y urgencia de la medida, debiendo traer a la causa medios probatorios suficientes que demuestren la gravedad del daño o perjuicio que se quiere evitar o quede puedan hacer que quede ilusoria la ejecución del fallo. En este sentido, ha sido reiterada la Jurisprudencia al examinar las condiciones de procedencia de la referida excepción a los principios puntualizados.

Del mismo modo, se observa que el acto administrativo recurrido de nulidad, es un acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas, en uso de las atribuciones y facultades que le permite la Ley, que inicialmente por gozar de características de actos administrativos se presume que son legítimos y se encuentran dotados de cualidades de ejecutividad y ejecutoriedad, esto según lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nro 3569 de fecha 06-12-2005, por lo que, deviene la necesidad para este Juzgador, de valorar las pruebas que sean presentadas e incorporadas por las partes, para justificar la solicitud de suspensión, siempre con el propósito de emitir un pronunciamiento objetivo de conformidad con lo solicitado y que permitan crear de manera fehaciente la plena convicción de que los daños o perjuicios causados o que se puedan causar con el acto, no se extiendan hasta la Sentencia definitiva que al efecto se dicte, y que su suspensión no debe ser un acto arbitrario, cuando es sabido que por su naturaleza, estos actos producen efectos que son consecuencia y derivan de los pronunciamientos inmediatos de la administración, en el pleno ejercicio de hacer efectivo el cumplimiento de los mismos.

Consecuentemente, para que se proceda a la suspensión de los efectos del acto administrativo recurrido de nulidad, se debe tener en cuenta lo que ha establecido la Sala Político Administrativa en las Sentencias (Vid) Nº 0032 Exp 20020320 de fecha 14-01-2003 y la Sentencia Nº 00404, expediente 0692 de fecha 20-03-2001, criterios que se deben considerar con referencia al cumplimiento de los extremos de Ley, que permiten la procedencia de la suspensión de efectos de los actos administrativos.

En el mismo orden de ideas, este Juzgador acoge el criterio de la Sala Político Administrativa, que al respecto ha sido determinado en reiteradas oportunidades (Vid. sentencias Nº 1578 del 22 de septiembre de 2004, caso: Sanitas Venezuela, S.A.; y Nº 1876 del 20 de octubre de 2004, caso: C.N.A. de Seguros La Previsora), que establece;

“… la solicitud de suspensión de efectos del acto administrativo cuya nulidad se solicite, no sólo debe estar fundamentada en las razones de hecho y de derecho que la parte afectada considere pertinente exponer, sino que el solicitante está en el deber de explicar con claridad la magnitud del daño que le podría producir la ejecución del acto impugnado, acompañando al efecto algún medio probatorio que permita al órgano jurisdiccional tener la convicción de que la sentencia definitiva no va poder reparar el daño alegado…”

Por otra parte quien aquí decide, considera que la sola afirmación de la parte accionante no satisface los extremos de Ley, establecidos en el artículo 585 del Código de procedimiento Civil, para la procedencia del decreto de la medida sub examine, pues ha debido la parte acreditar en auto otros elementos de convicción que hagan presumir la existencia de los requisitos de procedencia que exige la norma adjetiva antes citada, cuales son: Periculum in mora y fumus bonis iuris. En efecto, abundante ha sido la Jurisprudencia suprema al señalar la estricta sujeción que debe existir entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para ello. En este sentido la Sala Civil en sentencia 18 de Abril de 2006 caso ashenoff & assciates, inc. Contra O. Castro y otro, dejó sentado lo siguiente:

“… Esta sala ha manifestado en múltiples oportunidades y aquí se reitera una vez más, que el otorgamiento de providencias cautelares sólo es posible una vez cumplidos los requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, los cuales son: 1) la presunción grave del derecho que se reclam (fumus boni iuris), 2) que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).

Asimismo, se ha señalado la estricta conexión que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y prueba que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para ello. Por lo tanto, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque sí necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia y , más aun aportar medio de prueba que constituyan al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro eminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro. Ahora bien, es menester para la Sala reiterar que la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que fundamenten la procedencia de las medidas cautelares recae sobre la parte solicitante, ya que el órgano Jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de explanar sus argumentos como sustento de la medida en cuestión…”

Seguidamente, atendiendo a la solicitud del recurrente, el cual señala que es evidente que de mantenerse el efecto de la Providencia Administrativa que se impugna, se afectaría de forma negativa y directa los derechos e intereses de la empresa, causándole un daño irreparable.
Por todo lo expuesto, observa quien aquí decide, que de analizar las actas en la que se fundamenta lo solicitado y fijado como ha sido el criterio, se constato que no son suficientes los medios probatorios que consigno el solicitante, por lo que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial no se constata la existencia o producción de los daños irreparables causados por parte de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas, al momento de dictar los actos administrativos de los cuales deriva el procedimiento, aquí recurrido. Así se decide.
DISPOSITIVO

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal, Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo, del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, actuando en sede Administrativa, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: Este Tribunal, declara IMPROCEDENTE, la Medida Cautelar de Suspensión de Efectos, solicitada por la parte recurrente PEPSI COLA DE VENEZUELA, C.A. En la demanda de nulidad incoada, en contra del acto administrativo de efectos particulares continente de la Providencia Administrativa, Nro 209-2011 de fecha 30 de Septiembre de 2011, emanados de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas.
SEGUNDO: Se ordena la notificación mediante Oficio la Procuradora General de la República, de la presente decisión conforme al artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Asimismo, se ordena la notificación del Ministerio Público.
TERCERO: No hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, en Maiquetía, a los diez (10) días del mes de agosto de dos mil doce (2012).
Año: 202° y 153
El JUEZ
Abog. CELSO RAFAEL MORENO CEDILLO

LA SECRETARIA
Abog. VIANNERYS VARGAS
En la fecha de hoy se publicó y registró la anterior decisión, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las una hora de la tarde (1:00 p.m.).

LA SECRETARIA
ABOG. VIANNERYS VARGAS

CRMC/VV
Exp. WH12-X-2012-000030