REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA CORTE DE APELACIONES Jueza Ponente: Ladysabel Pérez Ron IDENTIFICACION DEL INHIBIDO Abogado HECTOR EMIRO CASTILLO GONZALEZ, Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira. HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA INHIBICION Por acta de fecha 18 de mayo de 2012, el abogado Héctor Emiro Castillo González, Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, se inhibió de conocer la causa N° 3C-SP21-P-2011-11139, alegando lo siguiente: “(Omissis) …conforme a lo establecido en el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, manifiesto mi voluntad de inhibirme del conocimiento de la causa signada con la nomenclatura 3C-SP21-P-2011-1139, la cual versa sobre solicitud de sobreseimiento presentada por la Fiscalía 20° del Ministerio Público, en virtud de los hechos denunciados por los ciudadanos HENRY IVAN PASOS PEÑA y EDITH YASMIN BOHORQUES SANCHEZ, en la audiencia de presentación y calificación de flagrancia, realizada por ante este mismo Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en fecha 11 de diciembre de 2011, causa de la cual tuve conocimiento desde su inicio hasta la fecha de la audiencia preliminar, en la cual se aperturó a juicio, por lo cual considero que he emitido opinión en la misma, tal como consta en el íntegro de la causa, por lo que m considero incurso en la causal establecida en el numeral 7 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, observando que la disposición referida no específica el modo o manera de la opinión emitida y en resguardo de la incolumidad del debido proceso y en garantía de los derechos de los denunciantes…” FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO Antes de decidir, esta Corte hace las siguientes consideraciones: Primera: La autonomía e independencia de los jueces está consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 253 y siguientes. Allí se establece que el Poder Judicial es independiente y goza de autonomía funcional, financiera y administrativa. Que con la finalidad de garantizar la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones, a los jueces se les prohíbe llevar a cabo activismo político partidista, gremial, sindical o de índole semejante. Dichos principios constitucionales están igualmente desarrollados en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual se refiere a la autonomía e independencia de los jueces en los términos siguientes: “En el ejercicio de sus funciones los jueces son autónomos e independientes de los órganos del Poder Público y sólo deben obediencia a la ley y al derecho. En caso de interferencia en el ejercicio de sus funciones los jueces deberán informar al Tribunal Supremo de Justicia sobre los hechos que afecten su independencia, a los fines de que la haga cesar.” La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido en reiteradas oportunidades lo siguiente: “…que la inhibición al igual que la recusación son instituciones concebidas para preservar la imparcialidad del Juez, mediante el cual el funcionario o las partes proponen o solicitan la separación del conocimiento de una determinada causa, por cualquiera de las razones legalmente establecidas. De allí, que el Juez en su función de administrar justicia debe ser imparcial y no estar sujeto a ninguna vinculación subjetiva, bien entre el Juzgador y los sujetos de la causa sometida a su conocimiento o bien con el objeto de la misma, ya que la existencia de estos dos vínculos ocasionan irremediablemente su inhabilidad para conocer y decidir”. Igualmente, el maestro Arminio Borjas, en su Obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil”, enseña que: “La justicia ha de ser siempre obra de un criterio imparcial cuando el funcionario encargado de administrarla en un negocio dado, se hace sospechoso de parcialidad por concurrir en su persona algún motivo capaz de inclinar su voluntad a favor o en contra de algunas de las partes, pierde el atributo especial de los dispensadores de justicia, en consecuencia es natural que de motu proprio declare el motivo de su inhabilidad y se separe de intervenir en el asunto, y de no hacerlo, es justo que a la parte a quien interese se le acuerde un recurso legal que obligue a aquél a la abstención. Este recurso es la recusación y la voluntaria abstención es la inhibición”. El artículo 87 del Código Orgánico Procesal Penal (04 de septiembre de 2009), dispone: “Inhibición obligatoria. Los funcionarios a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse. Igualmente lo harán si son recusados y estimen procedente la causal invocada. Contra la inhibición no habrá recurso alguno.” Segunda: El abogado Héctor Emiro Castillo González, Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, expresa en el informe que se inhibe en el expediente signado con el N° 3C-SP21-P-2011-11139, la cual versa sobre la solicitud de sobreseimiento presentada por la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en virtud de los hechos denunciados por los ciudadanos Henry Iván Pasos Peña y Edith Yasmin Bohorques Sánchez, en la audiencia de calificación de flagrancia, realizada en fecha 11 de diciembre de 2011, por ante el mismo Tribunal Tercero de Control. Lo alegado por el Juez inhibido, se subsume en el numeral 7 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal (04 de septiembre de 2009), que establece: “Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor, experto, intérprete o testigo, siempre que en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez.” Ahora bien, de la revisión hecha a las actuaciones, se observa, que en fecha 11 de diciembre de 2011, el juez inhibido realizó la audiencia de calificación de flagrancia e imposición de medida de coerción personal, por la presunta comisión de los delitos de distribución agravada y resistencia a la autoridad; siendo el caso, que en dicha audiencia la imputada Edith Jasmín Bohórques Sánchez, manifestó haber sido agredida físicamente por los funcionarios del Instituto Autónomo de la Policía del estado Táchira al momento de su aprehensión, por lo cual se aperturó investigación por la presunta comisión del delito de lesiones personales intencionales, previsto y sancionado en el artículo 413 del Código Penal, y en fecha 02 de mayo de 2012, la representación fiscal solicitó el sobreseimiento de la causa, correspondiéndole tal conocimiento al Juez inhibido. Al respecto, considera esta Corte de Apelaciones, que efectivamente, el juez inhibido conoció de la causa seguida contra la imputada Edith Jasmín Bohórquez Sánchez y el imputado Henry Iván Pasos Peña, decidiendo sobre el fondo de la misma, por lo que en aras de la debida objetividad y seguridad jurídica hacia las partes, se hace procedente la inhibición propuesta en relación con el sobreseimiento decretado por la representación fiscal, por la presunta comisión del delito de lesiones personales intencionales en perjuicio de la mencionada imputada. Así se decide. DECISION Por las razones de hecho y de derecho expuestas, esta Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: Primero: Declara con lugar la inhibición propuesta por el abogado Héctor Emiro Castillo González, Juez de Primera Instancia en Funciones de Control N° 3 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la causa signada con el N° 3C-SP21-P-2011-11139. Segundo: Ordena que la causa sea pasada a otro Juez de igual categoría y competencia del mismo Circuito, a los fines de la prosecución de la causa, conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Publíquese, regístrese, déjese copia y bájense las actuaciones. Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los quince (15) días del mes de agosto de 2012. Años 202° de la Independencia y 153° de la Federación. Los Jueces y la Jueza de la Corte, Abogada Ladysabel Pérez Ron Presidenta-Ponente Abogado Rhonald David Jaime Ramírez Abogado Luis Hernández Contreras Juez Juez Abogada María Nélida Arias Sánchez Secretaria En la misma fecha se cumplió lo ordenado. Abogada María Nélida Arias Sánchez Secretaria Exp. N° Inh-4723/2012/LPR/Neyda.-