REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA CORTE DE APELACIONES SEDE CONSTITUCIONAL JUEZA PONENTE: LADYSABEL PÉREZ RON I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES ACCIONANTE Abogado Fernando Santana Peñaranda, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.204.064, abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 153.791, defensor del ciudadano ORLANDO JOSE MARTINEZ FLORES. ACCIONADA Abogada Karelis Farias, Jueza de Primera Instancia en función de Control N° 9 del Circuito Judicial Penal del estado Táchira. II ANTECEDENTES Mediante escrito consignado ante la Oficina del Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 04 de diciembre de 2012, fue recibido en la misma fecha en esta Corte de Apelaciones, solicitud de amparo constitucional, interpuesta por el abogado Fernando Santana Peñaranda, con el carácter de defensor del ciudadano ORLANDO JOSE MARTINEZ FLORES. La acción de amparo fue interpuesta, según lo señalado por el accionante, en virtud de la decisión de fecha 03 de diciembre de 2012, dictada por la Jueza de Primera Instancia en función de Control N° 9 de este Circuito Judicial Penal, que decretó la privación judicial preventiva de libertad en contra del ciudadano Orlando José Martínez Flores, ordenando su reclusión en el Centro Penitenciario de Occidente, con sede en Santa Ana del Táchira. Por auto de fecha 04 de diciembre de 2012, se dio cuenta en Sala y se designó ponente a la Jueza Ladysabel Pérez Ron, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. III DE LA ACCIÓN PROPUESTA El accionante en su escrito presentado en fecha 04 de diciembre de 2012, alega lo siguiente: “(Omissis) Ciudadano Presidente, esta Defensa le solicita con carácter de urgencia y basándome en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en donde todos tenemos derecho a la vida, a su integridad física, moral y en donde nadie puede transgredir nuestros derechos, es por lo que solicito un AMPARO (sic) CONSTITUCIONAL (sic) A (sic) LA (sic) VIDA (sic), basado en estos derechos, para que mi defendido ya citado sea trasladado bien sea a la Comandancia de Policía del Estado (sic) Táchira o al Centro Penitenciario de Occidente 2 (sic), como su Centro (sic) de reclusión, ya que el mismo es procesado por el delito de HOMICIDIO (sic) INTENCIONAL (sic). La presente solicitud de AMPARO (sic) CONSTITUCIONAL (sic) A (sic) LA (sic) VIDA (sic), ciudadano Presidente la hago contra la decisión del (sic) Juez Noveno de Control de fecha 03 de diciembre de 2012 en ocasión a la Privación (sic) de Libertad (sic) solicitada por la Fiscal Cuarto del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial; en vista de (sic) que mi representado a (sic) recibido amenazas en contra de su integridad física, lo cual conlleva a que su vida corre peligro, si es ingresado al Centro Penitenciario de Occidente 1 (sic) (C.P.O 1) (sic), Mi defendido tiene orden de ser trasladado hoy (04-12-2012) a las 5:30 a.m al Centro Penitenciario de Occidente 1 (sic), pero en vista de los disturbios y de la toma militar del penal fue devuelto a la sede de POLITACHIRA, lo cual nos da tiempo para que esta petición sea tomada en cuenta y se realicen las medidas pertinentes para evitar un hecho lamentable. Es por lo que le ruego ciudadano Presidente de La (sic) Corte, decrete una Medida (sic) Cautelar (sic) Innominada (sic) dirigida a que permanezca el mencionado ciudadano en la sede de POLITACHIRA (sic) y se garantice su vida hasta tanto se resuelve (sic) el Amparo (sic) solicitado. Ciudadano Presidente, que este sistema no deje sin vida a otro ser humano que si bien es culpable o inocente tendrá su proceso o su castigo, pero que no deje un remordimiento de conciencia que estando recluido en el mencionado penal, ya mi defendido reciba amenazas de muerte por parte de los internos del Centro Penitenciario de Occidente 1, y que estando ahora en este lugar es evidente que van a llevar a cabo sus amenazas. Por las razones antes expuestas esta Defensa ratifica la solicitud de AMPARO (sic) CONSTITUCIONAL (sic) A (sic) LA (sic) VIDA (sic), de acuerdo a los artículos 43, 49, 26, 27 y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con carácter de urgencia que mi defendido se mantenga recluido en la Comandancia de Policía del Estado (sic) Táchira, hasta que se lleve a cabo el juicio para decidir la situación legal del mismo…” IV DE LA COMPETENCIA En primer lugar, corresponde a esta Corte de Apelaciones, examinar su competencia para conocer y decidir la acción de amparo incoada y al respecto observa, que en el numeral 5 de la “consideración previa” de la sentencia dictada el 20-01-2000 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO (Caso E. MATA MILLAN), las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los Jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente a quien sentenció y ordenó el acto que contiene la violación o la infracción constitucional. Observa esta Corte del escrito contentivo de la presente acción de amparo, que la presunta violación de derechos constitucionales le es atribuida a la Jueza de Primera Instancia en Función de Control N° 9 de este Circuito Judicial Penal, al decretar la privación judicial preventiva de libertad, en contra del ciudadano Orlando José Martínez Flores, ordenando su reclusión en el Centro Penitenciario de Occidente con sede en Santa Ana del Táchira. Siendo esto así, resulta competente esta Corte para conocer de la presente acción. Y así se decide. V DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES Establecida la competencia de esta Corte de Apelaciones para la cognición y decisión de la acción de amparo constitucional interpuesta por el accionante, debe verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, conforme a los artículos 17 y 19 eiusdem. Si bien es cierto, los artículos citados ut supra no establecen como carga del accionante la presentación de la copia de la decisión impugnada, tal requisito fue establecido por vía jurisprudencial, por cuanto en el denominado amparo contra sentencia o decisiones judiciales, el juez constitucional necesariamente requiere disponer de la decisión objeto del mismo, a fin de constatar la veracidad de las violaciones constitucionales denunciadas, lo contrario comporta que el accionante no le otorga las herramientas necesarias al juez constitucional para que éste pueda impartir justicia, ello debe interpretarse de igual forma, como que éste no tiene interés en que se conozca la verdad en cuanto a las presuntas violaciones de derechos constitucionales denunciados, y consecuencialmente se propenda a su solución. En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 10 de febrero de 2009, dictada en el expediente Exp.- 08-1334, con ponencia de la magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, reiteró el criterio establecido en sentencia N° 7/2000, recaída en el caso (José Amando Mejía Betancourt y otro) en el que se sostuvo: “Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia. Así como el criterio establecido en sentencia N° 3270/2003 del 24 de noviembre, recaída en el caso: Silvina Alida Camejo de Bartolini, sostuvo lo siguiente: “Con respecto a lo decidido por el a quo, es menester aclarar que, ciertamente, esta Sala en sentencia nº 7/2000 del 1º de febrero, caso: José Amando Mejía Betancourt y otro, precisó que las acciones de amparo contra decisiones judiciales deben ser interpuestas anexando al escrito copia certificada de la decisión o, al menos, copia simple de la misma, pero con la carga procesal de consignar la copia certificada al momento de celebrarse la audiencia pública prevista en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ello, con la intención de corroborar, en primer término, la admisibilidad de la acción propuesta y, en segundo, la procedencia de la tutela solicitada. De no consignarse la copia certificada de la sentencia cuestionada al momento de celebrarse la referida audiencia, tal circunstancia acarrearía la inadmisibilidad de la acción. También ha sido doctrina reiterada de esta Sala (vid. sentencia nº 1720/2001 del 20 de septiembre, caso: TRINALTA, C.A.), que en caso que el accionante no acompañe a su escrito copia simple ni certificada del fallo que señala como lesivo de sus derechos constitucionales, la acción también deviene inadmisible. Precisado lo anterior, se advierte que en el presente caso el accionante no acompañó a su solicitud de amparo copia simple ni certificada de la decisión producida en el juicio que denunció como lesivo de sus derechos y garantías constitucionales, tal circunstancia, de acuerdo a la doctrina reiterada de esta Sala, es motivo para declarar inadmisible la acción de amparo ejercida. Ello así, esta Sala juzga que la presente acción fue debidamente declarada inadmisible, por lo cual, declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto y, en consecuencia, confirma el fallo apelado. Así se decide”. Y el sentado en sentencia N° 778/2004 del 3 de mayo, recaída en el caso: Keivis José Suárez, en el que dicha Sala consideró: “Se evidencia de autos que, el accionante, en el momento en el cual interpuso la acción de amparo constitucional, únicamente consignó el escrito libelar, sin aportar copia simple o certificada de la decisión que accionó ni ninguna otra prueba que considerara pertinente. Esta Sala señaló, en la sentencia del 1° de febrero de 2000 (Caso: José Amando Mejía), lo siguiente: ‘...Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intentarán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la sentencia. Como toda carga procesal, su incumplimiento acarrea una situación desfavorable para aquél sobre quien recae la misma, que en el presente caso es la declaratoria de inadmisibilidad de la acción. Igualmente debe señalar esta Sala, que al no haber consignado ningún tipo de copia de la sentencia accionada, la Corte de Apelaciones carecía de pruebas e indicios suficientes que dieran fe de la existencia de dicha decisión, por lo que resultaría inútil admitir una acción contra un fallo, cuya existencia se encuentra en duda, y que de existir desconoce su contenido. Igualmente estableció la misma Sala en sentencia N° 778/2004, que toda carga procesal, su incumplimiento acarrea una situación desfavorable para aquél sobre quien recae la misma, que en el presente caso es la declaratoria de inadmisibilidad de la acción. Aprecia la Sala que en el presente caso, el accionante se limitó a señalar la presunta actuación lesiva de los derechos constitucionales, por parte de la Jueza accionada, con motivo del proceso seguido a su representado Orlando José Martínez Flores, al haber violado flagrantemente según su entender, el derecho a la vida, pero en modo alguno consignó la copia, al menos simple, de la decisión judicial objeto del amparo, lo cual constituye un requisito indispensable para la admisión de la acción de amparo constitucional contra esta clase de actuaciones judiciales, tampoco expresó las razones que le impidieron obtener la copia al menos simple del fallo impugnado, para el caso de que se le hubiese imposibilitado obtener copia certificada, constituyendo ello una carga de su parte para que esta Sala procediera al análisis de la acción interpuesta. Precisado lo anterior, observa esta Corte, que la pretensión del accionante, deviene inadmisible conforme al criterio jurisprudencial referido ut supra. Y así se decide. DECISION Por lo anteriormente expuesto y analizado, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, actuando en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Fernando Santana Peñaranda, con el carácter de defensor del ciudadano ORLANDO JOSE MARTINEZ FLORES, mediante la cual denuncia la presunta violación al derecho a la vida, conforme al criterio jurisprudencial reiterado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 10 de febrero de 2009, dictada en el expediente Exp.- 08-1334, con ponencia de la Magistrada CARMEN ZULETA DE MERCHÁN. Publíquese, regístrese, notifíquese y cúmplase lo ordenado. Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los cinco (05) días del mes de diciembre del año 2012. Años: 202º de la Independencia y 153º de la Federación. Los Jueces y la Jueza de la Corte, Abogada Ladysabel Pérez Ron Presidenta-Ponente Abogado Rhonald David Jaime Ramírez Abogado Luis Hernández Contreras Juez Juez Abogada María Nélida Arias Sánchez Secretaria Amp-278/2012/LPR/Neyda.-