REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira San Cristóbal, martes diez de enero del dos mil diez. 201º y 152º Asunto n°.: SP01-L-2010-000699 I IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS PARTE RECURRENTE: Ejecutivo del Estado Táchira. APODERADO JUDICIAL: Abogado Miguel Ricardo Matute Rangel, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el núm. 76.121. PARTE ACCIONADA: Inspectoría del Trabajo “General Cipriano Castro” del Estado Táchira. II SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA Se recibió el presente recurso en fecha 9.12.2011, siendo admitido el 15.12.2011 y se ordenaron las notificaciones de conformidad con el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. III PARTE MOTIVA Vista la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos conjuntamente con recurso contencioso administrativo de nulidad, contra la providencia administrativa núm. 29-2010 de fecha 12 de enero del 2010 emitida por la Inspectoría del Trabajo “General Cipriano Castro” del Estado Táchira; procede este juzgador a pronunciarse sobre la admisibilidad de la medida cautelar solicitada, en los siguientes términos: En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en materia de medidas cautelares instauradas en el procedimiento de nulidad de un acto administrativo de efectos particulares, constituye un medio accesorio y de carácter previo para el logro de la justicia, de donde se deriva su naturaleza instrumental y provisional, puesto que no ata al juez a la hora de decidir sobre el fondo del asunto, existiendo la posibilidad de revertir la situación provisional creada. El Tribunal Supremo de Justicia en jurisprudencia de vieja data ha sostenido que las medidas cautelares son actos judiciales concebidos con el objeto de anticipar los efectos de un fallo mientras transcurre la tramitación del juicio principal, con el fin de salvaguardar el derecho que se atribuye el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable que coloque en peligro la satisfacción del derecho que se solicite, motivo por el cual, la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, puesto que en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces. En ese sentido, el artículo 69 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concede al Juez la facultad de realizar las actuaciones que estime pertinentes para verificar la situación denunciada y dictar medidas cautelares, bien sea de oficio o a instancia de parte. Por lo que, los artículos 585 y 586 del Código de Procedimiento Civil, establecen los requisitos de procedencia para decretar una medida cautelar, a saber: 1) Que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger (fumus boni iuris). 2) Que haya riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora). 3) Específicamente para este caso de las medidas cautelares innominadas (requisito previsto en el Código de Procedimiento Civil), se exige que esté presente el temor fundado de que una de las partes pudiera causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in damni). Aunado a ello, la parte solicitante de la medida cautelar tiene la carga de acreditar las presunciones que alega, haciendo uso de los medios de prueba que confiere el ordenamiento jurídico a tales efectos. En el caso bajo análisis, la parte recurrente solicita se suspendan temporalmente los efectos del acto contenido en la providencia administrativa núm. 10-2010, dictada el 12 de enero del 2010, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira; para lo cual denuncia la transgresión de sus derechos e intereses, aduciendo para ello que el fumus boni iuris deriva de la presunta vulneración de derechos fundamentales en el procedimiento administrativo de reenganche y pago de salarios dejados de percibir, sustanciado y decidido por la Inspectoría del Trabajo del Estado Táchira, por violentar el régimen de los contratados con funciones de empleados al servicio de la administración pública, al ordenar el reenganche y pago de salarios caídos del trabajador Alcibiades José Torrelles Buenaño, puesto que implica mantenerlo dentro del organismo durante todo el tiempo que duren las instancias del presente proceso, siendo difícil obtener del trabajador la repetición de lo pagado por salarios caídos. Siendo así, los alegatos esgrimidos por la parte recurrente en el escrito de nulidad, no crean la convicción ni la certeza necesaria, puesto que no se desprende prima facie que los hechos alegados se encuadren dentro de los tres requisitos señalados anteriormente, dado que para poder determinar si se configuran o no, es necesario entrar al análisis de normas legales, lo cual no corresponde a este Juzgador hacer en esta etapa del proceso, por cuanto el asunto principal pretende la nulidad del referido acto administrativo, y por ende se estaría resolviendo sobre el fondo del asunto en forma adelantada. Asimismo, de los recaudos consignados junto con el escrito de nulidad, no se desprende la presunción grave de lesión irreparable a sus derechos, ni prueba del riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria. Así se decide. En cuanto al periculum in mora y periculum in damni, señala que de ejecutarse la providencia administrativa y en consecuencia, materializarse el reenganche y pago de salarios caídos del trabajador ordenada en la misma, se causaría un perjuicio irreparable, pues, de resultar una sentencia favorable en el presente proceso, sería difícil obtener el reintegro del pago de los salarios caídos por cuanto no existe garantía alguna respecto a la solvencia de dicho trabajador en lo atinente a la repetición del pago; observando este juzgador, que la parte recurrente solo se limita a invocar como daño irreparable, las erogaciones económicas por concepto de reenganche y pago de salarios caídos que debe cubrir el Ejecutivo del Estado Táchira, como consecuencia del acto administrativo impugnado, lo que a juicio de este Tribunal no se configura como irreparable ni siquiera de difícil reparación. Así se decide. En definitiva, en el presente caso, no existen pruebas que sustenten la petición de la parte recurrente de donde puedan desprenderse al menos la existencia de uno de los requisitos necesarios para su procedencia, el cual constituye una carga de la parte recurrente que no puede ser suplida por este Órgano Jurisdiccional, resultando forzoso declarar IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos. Y así se decide.-