REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO PRIMERO DE CONTROL
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN
PRIMERO DE CONTROL
Macuto, 05 de enero de 2012
201° y 152°
ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2012-000013
ASUNTO : WP01-P-2012-000013
Vista el acta correspondiente a la audiencia realizada en la guardia del día de hoy en el presente asunto, y a los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, el tribunal observa:
PRIMERO: Se realizó el acto de audiencia para considerar la solicitud del Ministerio Público, representado por la Fiscal Auxiliar 11ª de esta Circunscripción Judicial, Dra. Yoneski Mudarra, de decretar la privación judicial preventiva de libertad y aplicación del procedimiento ordinario, en contra del los ciudadanos FRANCISCO RAFAEL ALVARADO GARCIA, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, nacido en fecha 04/01/1988, de 24 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de María García (f) y Francisco Alvarado (v), portador de la cédula de identidad Nº V- 20.191.311, residenciado en Carayaca, casa s/n, de color verde, cerca de la cancha, calle Tirima, parroquia Carayaca, estado Vargas, y DARWIN JEFERSON BURGUILLO LADERA, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, nacido en fecha 03/12/1988, de 24 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de Yaseny Ladera (v) y Juan Burguillo (f), portador de la cédula de identidad Nº V- 20.782.029, residenciado en el barrio Ezequiel Zamora, sector Los Hornitos, Valle La Cruz, casa s/n, de color blanca, cerca del abasto, parroquia Urimare, estado Vargas, debidamente asistidos por la Defensora Pública Penal de esta Circunscripción Judicial, Dra. Yurima Vásquez;
SEGUNDO: La representante fiscal presentó ante este despacho al mencionado e identificado ciudadano, imputándole la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto en el artículo 149 segundo aparte de la Ley Orgánica de Drogas. Al efecto, expuso: “Presento en este a los ciudadanos BURGUILLO LADERA DARWIN JEFERSON y ALVARADO GARCIA FRANCISCO RAFAEL, quienes fueron aprehendidos por funcionarios adscritos a la Policía del estado Vargas, el día de ayer siendo aproximadamente las 11:30 horas de la noche, cuando se encontraban realizando un recorrido por el sector de Mare Abajo, cuando avistaron a dos sujetos a bordo de una moto por lo que le dieron la voz de alto, solicitando la colaboración de un ciudadano a fin de que sirviera como testigo del procedimiento, y al realizarles la inspección corporales fue localizado al ciudadano BURGUILLO LADERA DARWIN una bolsa pequeño de material sintético, contentivo de diez envoltorios, elaborados en material metálico, de una presunta sustancia ilícita denominada marihuana, con un peso bruto de 80 gramos, y al ciudadano ALVARADO GARCIA FRANCISCO le incautaron un bolso pequeño de material sintético, contentivo de un trozo grande en forma de panela de una presunta sustancia ilícita denominada marihuana, con un peso bruto de 400 gramos. Por todo lo antes expuesto, precalifico los hechos en el delito de TRÁFICO EN LA MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICÓTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, para ambos ciudadanos; ello en virtud de la cantidad de sustancia ilícita incautada a los mismos, solicito por la pena que pudiera llegar a imponerse, además de que existen fundados elementos de convicción que hacen presumir que los mismos son autores o partícipes del hecho imputado, aunado a que se presume el peligro de fuga y el de obstaculización la aplicación de una MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA PRIVATIVA DE LIBERTAD de conformidad con los artículos 250 y 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal...”;
TERCERO: La defensa, expuso: “Revisadas como han sido las actas que conforman la presente causa, solicito la desestimación de la precalificación Jurídica así como la medida Judicial privativa dada a los hechos, toda vez que se desprende del acta de investigación que el testigo de dicho procedimiento fue retenido igualmente que a mis defendido y por cuanto es decisión reiterada de la Corte de Apelaciones que las personas que han sido objeto de retención y requisa por parte de los funcionarios actuantes no pueden fungir como testigos. Solicito la libertad sin restricciones por no encontrarse llenos los extremos del articulo 250 y 251, así mismo los ciudadanos tienen arraigo en el país, así como su residencia ubicable, por cuanto no existen suficientes elementos de convicción que determinen la comisión del hecho punible ni la participación de mis representados en los hechos que se les atribuye...”;
CUARTO: En dicha audiencia de presentación, fue decretada la privación preventiva de libertad de los ciudadanos FRANCISCO RAFAEL ALVARADO GARCIA y DARWIN JEFERSON BURGUILLO LADERA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que este operador encontró llenos los requisitos exigidos en el referido artículo, esto es, la circunstancia de que fueran aprehendidos por funcionarios de Polivargas alrededor de las 11:30 de la noche del día 05-01-2012 en el sector Mare Abajo, y al realizarles la inspección corporal les fue localizado: al ciudadano BURGUILLO LADERA DARWIN una bolsa pequeño de material sintético, contentivo de diez envoltorios, elaborados en material metálico, de una presunta sustancia ilícita denominada marihuana, con un peso bruto de 80 gramos, y al ciudadano ALVARADO GARCIA FRANCISCO le incautaron un bolso pequeño de material sintético, contentivo de un trozo grande en forma de panela de una presunta sustancia ilícita denominada marihuana, con un peso bruto de 400 gramos, según se evidencia de las actas policiales, de aseguramiento de sustancia, de entrevista y de registro de cadena de custodia de evidencias físicas que corren a los folios 3 al 5 y 8 y 9 del presente expediente. Por lo que respecta a la existencia de fundados elementos de convicción que permitan estimar razonablemente que el procesado ha sido autor en la comisión del hecho delictivo atribuido por la fiscal, este administrador judicial considera suficiente para satisfacer este requisito material, las referidas actas que cursan a los folios 3 al 5 y 8 y 9 del presente asunto, en virtud de que el procedimiento en cuestión fue presenciado por un testigo instrumental, quien dio fe de lo que observó al suscribirlas. Por otra parte, la pena que pudiera llegar a imponerse en el presente caso, podría ser de considerable severidad, circunstancia que hace presumir su incomparecencia a los subsiguientes actos del proceso, en caso de imponérsele una medida menos gravosa, es decir, se encuentran satisfechos los extremos del artículo 251, numeral 2 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal;
QUINTO: En este orden de ideas, considera pertinente este administrador de justicia traer a colación al compartirlo, el criterio sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1.712 (caso Rita Coy y otras), cuando consideró como de lesa humanidad el delito de narcotráfico, excluyéndolos a su vez de beneficios que puedan llevar a su impunidad. A tal efecto la Sala expresó:
(Omissis…)
El artículo 29 constitucional, para determinados delitos, niega los beneficios que puedan llevar a su impunidad; por lo que con relación a dichos delitos, el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal no es apreciable ante el mandato expreso de la Constitución de 1999.
En efecto, el artículo 29 constitucional, reza:
«El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía».
Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.
Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara.
Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron:
“...Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad...”.
Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia:
“...Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal,
Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes...”.
En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.
A título de ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no suscrito por Venezuela, en su artículo 7 se enumeran los crímenes de lesa humanidad; y en el literal K de dicha norma, se tipificaron las conductas que a juicio de esta Sala engloban el tráfico ilícito de estupefacientes. Dicho artículo reza:
Artículo 7
Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
(Omissis…)
Se observa en la citada decisión de la Sala Constitucional, -no obstante no expresar carácter vinculante-, que el Supremo Tribunal de la República considera como de lesa humanidad, los delitos de narcotráfico, incluyéndolos en el literal “K” del Estatuto de Roma, y a su vez excluye este tipo de delitos de los beneficios que puedan llevar a su impunidad, como lo sería en este caso la imposición de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad.
Sobre la base de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, considerando que en el presente caso se encuentran llenos los extremos de los artículos 250, numerales 1º, 2º y 3º y 251, numeral 2º y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, con las actas policiales y de entrevista se encuentra acreditada la presunta participación de los ciudadanos imputados en el hecho punible precalificado por el Ministerio Publico como lo es el delito de DISTRIBUCIÓN ILICÍTA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el segundo aparte del articulo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, en consecuencia se decreta LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de los ciudadanos FRANCISCO RAFAEL ALVARADO GARCIA y DARWIN JEFERSON BURGUILLO LADERA y se declara sin lugar la libertad sin restricciones solicitada por la defensa.
Publíquese, regístrese y diarícese el presente auto fundado.
El Juez,
Juan Fernando Contreras
La Secretaria,
Abg. Odalis Marín Maitán
En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.
La secretaria,
Abg. Odalis Marín Maitán