TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal de Control, Audiencia y Medidas de Violencia contra la Mujer del estado Táchira
San Cristóbal, 09 de Enero de 2011
201º y 152º

ASUNTO PRINCIPAL : SP21-S-2010-00098
ASUNTO : SP21-S-2010-00098

JUEZA: ABG. DORELYS BARRERA
SECRETARIA: ABG. THAIS TARAZONA
IMPUTADO: CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MARQUEZ, titular de la cedula de identidad Nº 13.675.301, de 33 años de edad, grado de instrucción 6°, SOLTERO, de oficio Obrero, fecha de nacimiento 28-11-1976, natural de Guasdalito, Estado Apure, residenciado: La Pedrera, Barrio Brisas del Navay, Calle Principal, diagonal al aserradero, casa sin numero, casa fachada de cemento, puerta de color azul, Abejales, Municipio Libertador, Estado Táchira. Teléfonos: trabajo: 0277-375-0345.
DEFENSA PÚBLICA N° 1: ABG. YOLIMAR VERA.( solo para este acto, Abg. Gladys González )
Principio de la unidad de la defensa.
FISCAL 6° DEL MINISTERIO PÚBLICO: Dr. Jesús Alberto Sutherland
VICTIMA: Nilsa Contreras Vera. Cedula de ciudadanía: 27882515
DELITO: VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

AUTO MOTIVADO DE DECISIÓN DICTADA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 250 DEL CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL

Corresponde al Tribunal fundamentar la decisión tomada en audiencia celebrada de conformidad con el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal en los siguientes términos:

DE LOS HECHOS

Refiere el Ministerio Público los hechos objeto de investigación de la siguiente manera:
“…del detenido estudio y análisis de las presentes actuaciones, y muy particularmente del ACTA DE INVESTIGACIÓN PENAL Nro. 1-12-2-SO-0024/2009 de fecha 13 de febrero de 2009, emanada del Comando Regional Nro. 1 Destacamento de Frontera Nro. 12, Guardia Nacional, donde se señala la diligencia practicada por los funcionarios S/M1 HURTADO LUIS ANTONIO SM3 MONTILVA ZAMBRANO GEOVANNY Y S/2DO LEON DOMINGO, adscritos al mencionado organismo policial, y DENUNCIA de la misma fecha, formulada por la ciudadana NILSA CONTRERAS VERA, se desprende que el día 13 de febrero de 2009 aproximadamente a las 08:15 horas de la mañana, el ciudadano Cesar Augusto Hernández Márquez, se presento en el trabajo de su esposa Nilsa Contreras a pedirle el dinero que tenían guardado para comprar unos bloques para construir los cuartos de los niños, aprovechando la ciudadana para reclamarle que faltaba dinero, y el ciudadano Cesar Augusto Hernández se molestó y la insultó, por lo que ella accedió en ir a su casa, ubicada en la Pedrera Invasión sector (…) para darle la plata y al entregarle el dinero para que lo contara y se diera cuenta que no estaba completo…”

DE LA CALIFICACIÓN JURIDICA

El hecho imputado al ciudadano CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MARQUEZ, titular de la cedula de identidad Nº 13.675.301, constituye los delitos de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
En virtud de ello, resulta necesario determinar que se entiende por VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, a los fines de verificar si los hechos que se consideran probados pueden ser considerados como Violencia de Género, y en este sentido conforme a lo dispuesto en la Convención sobre la Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su artículo 1 se entiende como “discriminación contra la mujer” “…toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer…sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera…”.
Por su parte y de manera más especifica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belén Do Pará), dispone en su artículo 1 relativo a la Definición y Ámbito de Aplicación de la misma textualmente lo siguiente: “Para los efectos de esta Convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.
Por su parte en la misma Convención, en el artículo 2 al momento de enumerar las conductas que se pueden considerar como violencia contra la mujer dispone en su literal “b”: “que tenga lugar en la comunidad y se perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar…”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), define la violencia como “el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastorno del desarrollo o privaciones”.
En este marco la Asamblea General de las de las Naciones Unidas, en el año 1993, definió la violencia de género como: “Cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres. Incluye las amenazas de dichos actos, la coerción o privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida pública o privada”.
Desde esta perspectiva, podemos afirmar que la violencia de género, a diferencia de otros tipos de violencia, se presenta como una agresión a los Derechos Humanos, cuya expresión practica y objetiva es el trato indigno y como cita LORENTE “una conducta que supone una doble acción: la continuidad propia del trato y el ataque a la dignidad como valor superior de la persona, lo cual conlleva que previamente se la restado significado a ese derecho fundamental”.
En nuestra legislación dichos Instrumentos Internacionales han sido desarrollados por la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual en su exposición de motivos expresa: “…Con esta Ley se pretende dar cumplimiento al mandato constitucional de garantizar, por parte del Estado, el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos de las mujeres, así como su derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad, sin ningún tipo de limitaciones…”; y en relación específicamente a la Violencia Física dispone la misma exposición de motivos: “Debe destacarse que el delito de lesiones constituye una de las conductas emblemáticas y de mayor recurrencia en materia de violencia de género, siendo éstas una de las razones fundamentales consideradas para tribuir a los tribunales con competencia especial en violencia contra la mujer que crea esta Ley, su enjuiciamiento y sanción, con nuevos rangos de pena que deberá graduar el intérprete conforme a criterios de proporcionalidad”.
Atendiendo a lo asentado en la exposición de motivos la Ley en su artículo 14 define la Violencia contra la Mujer, en los siguientes términos: “…comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el ámbito público como en el privado”.

RAZONES QUE EL TRIBUNAL ESTIMA PARA DECRETAR UNA MEDIDA DE PRIVACION PREVENTIVA DE LIBERTAD
Previa solicitud planteada por la Representación Fiscal, observa quien aquí decide que la referida solicitud de Privación Judicial de Libertad contra el ciudadano CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MARQUEZ, titular de la cedula de identidad Nº 13.675.301, se encuentra ajustada a derecho todo ello previa revisión de la causa y tratándose de hechos punibles que merecen penas privativas de Libertad, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, que surgen contundentes elementos de convicción de las actuaciones preliminares practicadas para estimar que el mencionado ciudadano aparece seriamente involucrado como autor de los hechos que le están siendo conculcados, tomando así mismo en consideración que en varias ocasiones se ha diferido la celebración de la audiencia preliminar, por la incomparecencia del imputado, quien en pleno conocimiento de la causa que se sigue en su, traduciéndose dicho acontecimiento en una actitud de desacato a la autoridad, de falta de compromiso, de desinterés en someterse al proceso, por lo que considera esta Juzgadora inoficioso seguir librando boletas de citación a dicho agresor, visto los resultados obtenidos, por lo que concluye este Tribunal que en el presente caso es procedente decretar Medida Judicial Privativa de Libertad al agresor CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MARQUEZ, titular de la cedula de identidad Nº 13.675.301, de profesión obrero, estado civil soltero, residenciado en Barrio El Río, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Especial, en perjuicio de NILSA CONTRERAS VERA de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se decide. ASI SE DECIDE.-

DISPOSITIVA
En consecuencia y en mérito de los argumentos anteriormente explanados este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL, AUDIENCIAS Y MEDIDAS NUMERO DOS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA, ADIMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE: PRIMERO: DECRETA MEDIDA JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD AL PRESUNTO AGRESOR CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MARQUEZ, titular de la cedula de identidad Nº 13.675.301, por la presunta comisión del delito de VIOLENCIA FISICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Especial, en perjuicio de NILSA CONTRERAS VERA de conformidad a lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: ORDENA LIBRAR LA CORRESPONDIENTE ORDEN DE APREHENSION Y LOS OFICIOS RESPECTIVOS A LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD respecto del PRESUNTO AGRESOR CESAR AUGUSTO HERNANDEZ MARQUEZ, titular de la cedula de identidad Nº 13.675.301.

Regístrese y déjese copia de la presente decisión a objeto de ser archivada en el copiador de decisiones llevado en el Tribunal. Ofíciese lo conducente.-

ABG. DORELYS BARRERA
JUEZA DE CONTROL AUDIENCIA Y MEDIDAS N°2
EL SECRETARIO
ABG. WILLY MEDINA MONTOYA