REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES EN PENAL ORDINARIO RESPONSABILIDAD DE ADOLESCENTES Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CIRCUITO JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS Macuto, 25 de julio de 2012 202º y 153º Corresponde a esta Corte resolver sobre la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la abogada CARMEN EMPERATRIZ RODRIGUEZ, en su carácter de Defensora Pública Décima Primera Penal Ordinaria del ciudadano MIGUEL ALBERTO ORTEGA FONSECA, en contra de la decisión dictada en fecha 8 de junio de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual se decreto MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD al mencionado imputado, por la comisión del delito de TRAFICO ILÌCITO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS, previsto y sancionado en el encabezamiento artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN EL DELITO DE TRÁFICO, previsto y sancionado en el articulo 6 en relación con el articulo 16 numeral 1 ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. En fecha 19 de julio de 2012 se recibió en este Órgano Colegiado, por vía de distribución la presente causa, la cual se identificó con el Nº WP01-R-2012-000286 y se designó ponente al Juez Erickson Laurens. Siendo la oportunidad para resolver sobre la admisibilidad del recurso, esta Alzada observa y decide lo siguiente: DE LA ADMISIBILIDAD El Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, dictó la decisión impugnada el 8 de junio de 2012, donde dictaminó lo siguiente: “…PRIMERO: Considerando que en el presente asunto se encuentran llenos los extremos exigidos en los artículos 250, numerales 1, 2 y 3 en relación con el 251, numerales 2, 3 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, esto es, de las actas que conforman el expediente se observa que ha sido acreditada la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad y cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, precalificado en los delitos de TRÁFICO ILÍCITO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN EL DELITO DE TRÁFICO, previsto y sancionado en el articulo 6 en relación con el articulo 16.1 (sic) ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, igualmente existen suficientes elementos de convicción para estimar la participación del ciudadano MIGUEL ALBERTO ORTEGA FONSECA en la perpetración del mismo, lo cual se desprende de las actuaciones complementarias aportadas por la representación fiscal, donde se reflejan las circunstancias de modo, tiempo y lugar; tomando en cuenta a su vez la magnitud del daño causado y la pena que pudiera llegar a imponerse, considerada de gran severidad, elementos que hacen presumir el peligro de fuga, en caso de acordársele una medida menos gravosa, SE MANTIENE LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD del imputado MIGUEL ALBERTO ORTEGA FONSECA, plenamente identificado al inicio de la presente acta, ordenada por este Despacho Judicial mediante decisión de fecha 18/05/2012. En consecuencia, se declara sin lugar la libertad sin restricciones e imposición de medidas cautelares menos gravosas interpuesta por la defensa. SEGUNDO: Se ordena seguir la presente causa mediante las reglas del procedimiento ordinario, de conformidad con lo establecido en el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal; TERCERO: Se designa como centro de reclusión el Internado Judicial Los Teques del Estado Miranda, por lo que se acuerda librar la correspondiente boleta de encarcelación y oficio; CUARTO: Se deja sin efecto la orden de aprehensión Nº 010-12 de fecha 18/05/2012, al haberse ejecutado la misma. QUINTO: Decreta de conformidad con lo establecido en el artículo 183 de la Ley Orgánica de Drogas, y 22 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, medida de aseguramiento los Bienes Muebles e Inmuebles, que se encuentren a nombre del ciudadano MIGUEL ALBERTO ORTEGA FONSECA. SEXTO: Decreta, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley contra la Delincuencia Organizada, el bloqueo e inmovilización preventiva de cuentas bancarias y demás instrumentos financieros, en los cuales sea titular como persona natural así como persona jurídica, para lo cual se ordena oficiar lo conducente a la Superintendencia de Bancos…” (Folio 41 al 48 de la incidencia) El recurso de apelación fue interpuesto por la abogada CARMEN EMPERATRIZ RODRIGUEZ, en su carácter de Defensora Pública Décima Primera Penal Ordinaria del ciudadano MIGUEL ALBERTO ORTEGA FONSECA, tal como consta en el acta de aceptación y juramentación de Defensor Público, que consta en folios 74 de la incidencia y por ende se encuentran legitimada para ejercer tal impugnación. Asimismo, el 04 de julio de 2012 la recurrente consigna el escrito de apelación; es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles luego de la publicación de la decisión recurrida, conforme al cómputo practicado por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control (folio 114 de la incidencia), por lo que considera esta Alzada que el medio de impugnación fue ejercido oportunamente. Igualmente del mismo se desprende, que la Defensora Publica sustentó el medio recursivo, en el contenido del artículo 447 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, tal y como consta a los folios 76 al 86 de la incidencia. En este sentido, el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, reza: “...Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: (…) 4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva…” Lo que evidencia que la decisión dictada se refiere a las mencionadas en el precitado escrito apelativo, ya que se impuso una Medida de Coerción Personal al imputado de auto. Por lo que, atendiendo al contenido del artículo 450 ejusdem, que en su encabezamiento contempla: “...recibidas las actuaciones, la corte de apelaciones, decidirá sobre su admisibilidad...”, y atendiendo igualmente a la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21/11/2006, sentencia Nº 1966, en la que se estableció: “…la naturaleza de la resolución sobre la admisión de la apelación no comporta un mero trámite o impulso procesal, ya que implica la decisión de una cuestión controvertida entre las partes, sin embargo, la misma no causa gravamen irreparable…”, y no encontrándose incurso el presente recurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 437 ibidem, considera esta Corte que es procedente ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la abogada CARMEN EMPERATRIZ RODRIGUEZ, en su carácter de Defensora Pública Décima Primera Penal Ordinaria del ciudadano MIGUEL ALBERTO ORTEGA FONSECA. Y así se decide. En este mismo orden de ideas, consta a los folios 93 al 112 de la presente incidencia, escrito interpuesto por la abogada YONESKI MUDARRA ROMERO, en su carácter de Fiscal Auxiliar de la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público en Materia de Drogas de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en la cual contesta el recurso de apelación interpuesto dentro del lapso establecido en el artículo 449 del texto adjetivo penal, en consecuencia, se ADMITE el referido escrito Y así se decide. DISPOSITIVA En razón de lo expuesto, la Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad de Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, con sede en Macuto, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la abogada CARMEN EMPERATRIZ RODRIGUEZ, en su carácter de Defensora Pública Décima Primera Penal Ordinaria del ciudadano MIGUEL ALBERTO ORTEGA FONSECA, en contra de la decisión dictada en fecha 8 de junio de 2012, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual se decreto MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD al mencionado imputado, por la comisión de los delitos de TRAFICO ILÌCITO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR EN EL DELITO DE TRÁFICO, previsto y sancionado en el articulo 6 en relación con el articulo 16 numeral 1 ambos de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. SEGUNDO: Se ADMITE el escrito de Contestación por parte del Ministerio Publico del Estado Vargas. Regístrese y déjese copia. LA JUEZ PRESIDENTE, RORAIMA MEDINA GARCIA EL JUEZ PONENTE, LA JUEZ, ERICKSON LAURENS ZAPATA NORMA ELISA SANDOVAL LA SECRETARIA, BELITZA MARCANO MARTINEZ En la misma fecha, se registró la decisión y se dejó copia LA SECRETARIA, BELITZA MARCANO MARTINEZ Asunto: WP01-R-2012-000286 RM/NS/EL/bm.-