REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
Maiquetía, 18 de junio de 2012
Años 202º y 153º
PARTE DEMANDADA: EDUVIN DE JESÚS GONZALEZ PARES, venezolano, y titular de la cédula de identidad N° 4.119.091, quien actúa en su propio nombre e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 79.668,
PARTE DEMANDADA: RAFAEL BENITO VEGAS, venezolano, y titular de la cedula de identidad N° 2.986.523.
MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
-.I.-
Subió a esta Alzada el expediente procedente del Juzgado Primero de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, signado en ese despacho con el N° 10.189, en virtud de la apelación interpuesta por la parte actora contra la sentencia dictada por ese Tribunal en fecha 29 de marzo de 2012, que declaró Inadmisible la demanda incoada por el ciudadano EDUVIN DE JESÚS GONZALEZ PARES.
En fecha 16 de abril de 2012, este Tribunal fijó el Décimo (10°) día de despacho siguiente para que las partes presenten sus respectivos Informes.
Estando dentro de la oportunidad procesal para dictar sentencia en la presente causa, esta Superioridad considera pertinente esgrimir las siguientes consideraciones:
Con la entrada en vigencia de la Resolución N° 2009-0006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha dieciocho (18) de marzo de 2.009, y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152, se modificó la competencia de los Tribunales de Municipio y de Primera Instancia. Para ello uno de los aspectos que consideró esa máxima Superioridad, fue el exceso de trabajo de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito, en virtud de la falta de revisión y ajuste de la competencia por la cuantía desde hace muchos años, por el conocimiento de los asuntos de Familia en los que no intervengan niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de la eliminación de los Juzgados de Parroquia, lo que incrementó su actuación como Juzgado de Alzada, y especialmente como consecuencia del gran número de asuntos de jurisdicción voluntaria, lo que a criterio de la Sala y el cual compartimos; atenta contra la eficacia judicial, privando a los justiciables de la obtención de una verdadera tutela judicial efectiva que impone un Estado social de derecho y de justicia.
Así las cosas, el artículo 3 de la mencionada Resolución, establece lo siguiente
“Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida” Subrayado nuestro.
En la parte final de la norma supra transcrita, se dejan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales, dentro de los cuales se encuentra la competencia atribuida en el articulo 69, literal B, numeral 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, a los Tribunales de Primera Instancia para conocer en segunda y última instancia de las causas e incidencias decididas en primera instancia por los Juzgados de Municipio, por cuanto el espíritu propósito y razón de la Sala al dictar dicha resolución, fue aligerar el exceso de trabajo existente en los Tribunales de Primera Instancia.
Igualmente Nuestro máximo Tribunal Supremo de Justicia en su Sala de Casación Civil, Exp.: N° AA20-C-2008-000283, caso; María Concepción Santana Machado, contra Edinver José Bolívar Santana, en fecha diez (10) de diciembre de dos mil nueve (2.009), con ocasión a un Juicio de Desalojo, intentado ante el Juzgado Primero de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, estableció que las decisiones dictadas por los Juzgados de Municipio, cuando actúen como jueces de primera instancia, deben ser conocidas por los mismos tribunales que conocerían las decisiones proferidas por los jueces de primera instancia, esto es, los Juzgados Superiores con competencia en lo Civil en la Circunscripción Judicial a la que pertenece el Juzgado de Municipio.
Así las cosas, quien de este recurso conoce, con apego estricto a la Resolución N° 2009-0006, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 18-03-2.009, y a la decisión de fecha 10/12/2.009, dictada por la Sala de Casación Civil, de nuestro máximo Tribunal, considera que son los Tribunales Superiores los competentes para conocer y decidir como alzada, aquellas causas que se tramitan en primera instancia en los Tribunales de Municipio, esto a partir y en virtud de la entrada en vigencia de la pre nombrada Resolución. Y ASI SE ESTABLECE.
En el mismo orden de ideas y a tenor de lo que establece el articulo 4, de la Resolución bajo análisis, estas modificaciones comenzarán a surtir sus efectos, a partir de su entrada en vigencia, no afectando el conocimiento y el trámite de los asuntos en curso, sino únicamente los asuntos nuevos que se presenten con posterioridad a su entrada en vigencia.
Por lo antes expuesto, y en virtud que la causa fue recibida posterior a la entrada en vigencia de la mencionada Resolución, se considera esta Juzgadora competente para conocer y decidir la presente causa. Y ASI SE ESTABLECE.
Así, la Resolución N° 2009-0006, arriba mencionada, en su articulo 2 establece: “Se tramitarán por el procedimiento breve las causas a que se refiere el artículo 881 del Código de Procedimiento Civil, y cualquier otra que se someta a este procedimiento, cuya cuantía no exceda de mil quinientas unidades tributarias (U.Tx.); asimismo, las cuantías que aparecen en los artículos 882 y 891 del mismo Código de Procedimiento Civil, respecto al procedimiento breve, expresadas en bolívares, se fijan en quinientas unidades tributarias (500 U.T.).”( Subrayado y negrita nuestra).
Ahora bien, la parte actora en el escrito libelar estimó la cuantía en los siguientes términos: “…estimo la presente acción en la cantidad de VEINTINCINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES FUERTES (Bs.25.541) equivalente a Trescientas Treinta y Seis Unidades Tributarias (U.T. 336) …” Negritas nuestras.
Establece el articulo 891 de nuestra norma adjetiva civil: “De la sentencia se oirá apelación en ambos efectos si ésta se propone dentro de los tres días siguientes y la cuantía del asunto fuere mayor de cinco mil bolívares.” (Negritas y subrayado nuestros).
Sin embargo y de conformidad con la parte final del artículo 2, de la Resolución N° 2009-0006, en el caso del artículo 891, la cuantía quedó establecida en quinientas unidades tributarias (500 U.T.), En consecuencia, como quiera que la parte actora en su libelo estimó la demanda exactamente demanda en la suma de
VEINTINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVAR FUERTES (Bs. F. 25.541), lo que equivale a Trescientas Treinta y Seis Unidades Tributarias (U.T 336), y a tenor de lo establecido también en el artículo 891 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que la apelación será oída en ambos efectos, si la cuantía fuere “mayor” de cinco mil bolívares, de forma análoga se colige que para que la apelación fuera oída la cuantía debía ser “mayor” de quinientas (500) unidades tributarias, es por lo que se estima que el Tribunal de la causa, desaplicó la referida Resolución al oír el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada, en virtud que el valor de la demanda no excede de las quinientas unidades tributarias (500 U.T.), fijadas en la mencionada Resolución como la cuantía que debía aparecer en los artículos 882 y 891 del Código de Procedimiento Civil, constituyéndose INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVO
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: Inadmisible el Recurso de apelación interpuesto por la parte actora, contra la decisión dictada en fecha 29 de marzo de 2012, por el Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en el juicio de Resolución de Contrato de Arrendamiento, incoado por el ciudadano EDUVIN DE JESÚS GONZALEZ PARES contra el ciudadano RAFAEL BENITO VEGAS, suficientemente identificadas en el encabezado del presente fallo.
No se hace pronunciamiento sobre costas procesales por no existir prejuzgamiento sobre el derecho material, ya que se trata de una decisión ordenatoria del procedimiento para preservar el “debido proceso”.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE.
Dictada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a dieciocho (18) días del mes de junio de dos mil doce (2.012).
LA JUEZA SUPERIOR
DRA. MARIA CAROLINA MARIOTTO ORTIZ
LA SECRETARIA
MARYSABEL BOCARANDA
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las once y quince (11:15 a.m.), horas de la mañana.
LA SECRETARIA
MARYSABEL BOCARANDA
MCMO/denice
Exp N° 2269
|
