TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS
TRIBUNAL TERCERO DE CONTROL
EN SU NOMBRE
Macuto, 19 de Enero de 2012
201º 152º

ASUNTO PRINCIPAL: WP01-P-2012-00112

Corresponde a este Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, fundamentar la decisión dictada en la audiencia para oír a los imputados celebrada el día de hoy, en la que el Fiscal Octavo del Ministerio Público DR. JHONNY RAMIREZ, solicitó la imposición de la medida Judicial Preventiva de Libertad por estar llenos los extremos del articulo 250, 251 y 252 del Código Orgánico Procesal Penal en contra del ciudadano LEONARDO RAFAEL OROPEZA PEDRON, quien dijo ser de Nacionalidad Venezolana, lugar de nacimiento La Guaira, nacido en fecha 18-03-1972, de 39 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio Mecánico Automotriz, hijo de Flor Pedrón (f) y de padre desconocido, titular de la cédula de identidad N° V-11.643.635, residenciado en La Virgencita, calle la oficina, casa N° 1, Parroquia Carayaca, Edo. Vargas, debidamente asistido en este acto por la Defensa Pública ABG. BELKIS VILLEGAS.

De igual forma, solicitó la aplicación del procedimiento ordinario, precalificando los hechos imputados como TRATO CRUEL previsto y sancionado, en el artículo, 254, 259 segundo aparte en relación al delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE AGRAVADO concatenado con el 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¬ En tal sentido, este Juzgado con fundamento en los elementos aportados por la representación fiscal así como los argumentos esgrimidos por la Defensa y en atención a las actas procesales cursante a los autos, hace las siguientes consideraciones.

DE LOS HECHOS IMPUTADOS

La Representante del Ministerio Publico en la audiencia para oír al imputado, indicó lo siguiente: ““Presento en este acto al ciudadano LEANDRO RAFAEL OROPEZA PEDRON, aprendido por funcionarios adscritos a la Policía del estado Vargas, en fecha 17 de enero de 2012, por cuanto de las actuaciones policiales, cursante a las actas de la presente causa, señalan que en fecha 17 de los corrientes, siendo aproximadamente las 9:30 horas de la noche, encontrándose los adolescentes MILBER ALEXANDRA OROPEZA RODRIGUEZ, LEANMARY OROPEZA y JESUS LEANDRO OROPEZA RODRIGUEZ, de 17, 14 y 16 años de edad respectivamente, en el sector de la virgencita, parroquia Carayaca, se suscito una discusión familiar en donde el ciudadano hoy imputado sometió a maltrato físico a su adolescente hijo JESUS LEANDRO OROPEZA RODRIGUEZ, y en el desarrollo del evento familiar las adolescentes antes mencionadas manifestaron que su padre hoy imputado, les tocaba las partes íntimas lascivamente, razón por la cual se lo manifestaron a su señora madre. Visto estos hechos, considero que la conducta desplegada en los mismos, por parte del ciudadano antes mencionado, con respecto a las dos adolescentes: MILBER ALEXANDRA OROPEZA RODRIGUEZ y LEANMARY OROPEZA encuadra su conducta en el delito de: ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el artículo 260 en relación con el artículo 259 encabezamiento de la Ley Orgánica para la protección de Niños, niñas y Adolescentes, y con relación al adolescente JESUS LEANDRO OROPEZA RODRIGUEZ, así como para las adolescentes MILBER ALEXANDRA OROPEZA RODRIGUEZ y LEANMARY OROPEZA, encuadra la conducta del hoy imputado en el tipo penal, de TRATO CRUEL previsto y sancionado, en el artículo, 254, 259 segundo aparte en relación al delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE AGRAVADO concatenado con el 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo cual solicito muy respetuosamente a este tribunal, le sean aplicadas a dicho ciudadano las medidas cautelares sustitutivas de libertad, previstas en el artículo 256 numerales 3, 8 y 9, sugiriendo en relación a este ultimo numeral, se imponga la obligación, a dicho ciudadano a no incurrir en mas hechos violentos y vejatorios en contra de sus hijos, solicito la continuación del presente procedimiento, por la vía ordinaria, a los fines de llevar una investigación, que me permita dictar el acto conclusivo que haya a lugar, de acuerdo con los criterios de objetividad e imparcialidad. Pido al tribunal que al momento de emitir su decisión tome a consideración el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual es referido, al interés superior del niño, el cual es de obligatorio cumplimiento, de las decisiones que le concierne y mas aún en el presente caso, donde por la acción dolosa del imputado vulneró la integridad física y el derecho al buen trato que debe recibir todo niño, niña y adolescente, así como también vulneró la integridad física y sexual de sus adolescentes hijas, dichos derechos consagrados en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por último solicito copias simples de la presente acta. Es todo”

Concedido como fue el derecho de palabra al imputado, previamente impuestos del precepto constitucional establecido en el artículo 49, numeral quinto de la República Bolivariana de Venezuela, manifestó su deseo de declarar, quien expuso “ No deseo declarar” Es todo.

Seguidamente se le concede la palabra a la Defensa Publica “Oída la exposición Fiscal y revisadas las actas que conforman el presente expediente, esta defensa considera que no se encuentran llenos los extremos del artículo 250 ordinal 2 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que no hay suficientes elementos de convicción para estimar que mi representado sea autor o participe de tal hecho punible, motivo por el cual esta defensa, no comparte la precalificación jurídica hecha por el Ministerio Publico, en virtud que no existe testigo alguno que avale el dicho de los funcionarios aprehensores, en cuanto a la solicitud que ha realizado la representación fiscal, la defensa solicita al tribunal tome en consideración la situación económica de mi asistido, quien es una persona de escasos recursos, siendo que la defensa esta de acuerdo con que se le imponga una medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva a la libertad, de las establecidas en el artículo 256, específicamente la establecida en el ordinal 3 de dicho artículo, considerándola suficiente para garantizar las resultas del proceso, por último solicito copias,

¬DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

Esta juzgadora, oídas las argumentaciones esgrimidas por las partes y analizados todos y cada uno de los elementos de convicción que cursan en la causa, se evidencia que el ciudadano LEANDRO RAFAEL OROPEZA PEDRON, aprendido por funcionarios adscritos a la Policía del estado Vargas, en fecha 17 de enero de 2012, por cuanto de las actuaciones policiales, cursante a las actas de la presente causa, señalan que en fecha 17 de los corrientes, siendo aproximadamente las 9:30 horas de la noche, encontrándose los adolescentes MILBER ALEXANDRA OROPEZA RODRIGUEZ, LEANMARY OROPEZA y JESUS LEANDRO OROPEZA RODRIGUEZ, de 17, 14 y 16 años de edad respectivamente, en el sector de la virgencita, parroquia Carayaca, se suscito una discusión familiar en donde el ciudadano hoy imputado sometió a maltrato físico a su adolescente hijo JESUS LEANDRO OROPEZA RODRIGUEZ, y en el desarrollo del evento familiar las adolescentes antes mencionadas manifestaron que su padre hoy imputado, les tocaba las partes íntimas lascivamente, razón por la cual se lo manifestaron a su señora madre. Visto estos hechos, considero que la conducta desplegada en los mismos, por parte del ciudadano antes mencionado, con respecto a las dos adolescentes: MILBER ALEXANDRA OROPEZA RODRIGUEZ y LEANMARY OROPEZA encuadra su conducta en el delito de: ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE, previsto y sancionado en el artículo 260 en relación con el artículo 259 encabezamiento de la Ley Orgánica para la protección de Niños, niñas y Adolescentes, y con relación al adolescente JESUS LEANDRO OROPEZA RODRIGUEZ, así como para las adolescentes MILBER ALEXANDRA OROPEZA RODRIGUEZ y LEANMARY OROPEZA.

En consecuencia, del examen de las actuaciones que conforman la presente causa, y en las que se establecen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, considera quien aquí decide que existen fundados elementos de convicción para estimar que se encuentra preliminarmente comprometida su participación como autor del delito de TRATO CRUEL previsto y sancionado, en el artículo, 254, 259 segundo aparte en relación al delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE AGRAVADO concatenado con el 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Toda vez que esta por ser una ley especial y su premisa fundamental es la protección integral del interés superior del niño, interpretando su aplicación de acuerdo a las líneas de acción, para todas sus instancias, tomando en consideración la Prioridad Absoluta, que implica atender prioritariamente antes que nada, las necesidades y derechos básicos debido a su valor intrínsico, puesto que es una persona humana, en condiciones particulares de desarrollo

Ahora bien, el principio de la proporcionalidad, esta estrechamente vinculado con la materia de la libertad y de las medidas de coerción personal evidenciándose que en la misma en primer lugar, que se encuentran llenos los extremos de los artículos 250, del Código Orgánico Procesal Penal, para imponerles la las medidas establecidas en los numerales 3º, 8º y 9º, del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente la primera en la presentación periódica ante la Oficina de Presentaciones de este Circuito Judicial Penal, cada 08 días, la segunda en la presentación de dos fiadores, los cuales devenguen cada uno un salario igual o mayor a Treinta (30) Unidades Tributarias y referente a la medida contemplada en el numeral 9, se impone al ciudadano, a no seguir con la conducta agresiva que ha estado manteniendo en contra de sus hijos, ya que está incurriendo en un delito grave, el cual es de vital importancia y observancia para y por el Estado, apreciándose las circunstancias del caso particular que permitan establecer fundadamente la presunción de inocencia y el estado de libertad y en virtud que el imputado de autos tiene arraigo en el país, no se presume el peligro de fuga o de obstaculización de la investigación así como la evasión de la presente causa por parte del imputado de autos, aunado que el referido ciudadano es de profesión latonero, por lo que se considera que con la imposición de las medidas anteriormente impuesta se puede dar cumplimiento a las resultas del proceso, debiendo las medidas de coerción guardar relación con el hecho punible que se atribuye al imputado con las circunstancias de su pretendida comisión y con la sanción que corresponda de su autor de quedar comprobada su responsabilidad y se orientaran exclusivamente a los fines del proceso para que, en definitiva sus resultas se garanticen sin que se desnaturalizan en su finalidad y no sean de imposible cumplimiento, la proporcionalidad se explica por el grave daño inherente la aplicación de una medida provisional que afecta la libertad, esa por ello que el caso de marra la proporcionalidad emitida por este Tribunal se adecua a la perpetración del presunto ilícito penal, sin menoscabar al ser humano, por cuanto la misma pueden garantizar las resultas del proceso penal, aunado a que la representante fiscal debe continuar con las investigaciones y buscar la verdad conforme a las investigaciones previas actuando de buena fe dentro del proceso penal.

No obstante ello, considera este Juzgado, que la finalidad del proceso pueden ser satisfechas con la imposición de una medida menos gravosa, por lo que en consecuencia se les impone un régimen de presentaciones periódicas cada ocho (08) días por ante la sede de este Juzgado a firmar el libro de presentaciones, la presentación de dos (02) fiadores que devenguen una capacidad económica de ochenta (30) unidades Tributarias y la prohibición expresa de acercarse a las victimas. Y ASI SE DECIDE.

En relación al procedimiento que debe regir la presente causa, este Juzgado, luego de ser analizadas las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se produjeron los hechos y dada la solicitud por parte del Ministerio Público, considera que lo procedente es decretar la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 280 y 373, ambos del Código Orgánico Procesal Penal y ASÍ TAMBIÉN SE DECIDE.

DISPOSITIVA

En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO PRIMERO: Se declara CON LUGAR, la solicitud del Ministerio Público, en cuanto a que el presente procedimiento se ventile por la vía Ordinaria, de conformidad con los artículos 280 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se declara CON LUGAR, la precalificación del Ministerio Público, como lo son los delitos de TRATO CRUEL previsto y sancionado, en el artículo, 254, 259 segundo aparte en relación al delito de ABUSO SEXUAL A ADOLESCENTE AGRAVADO concatenado con el 260 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en consecuencia se declara sin lugar la solicitud de la defensa, en relación a los testigos, por cuanto los hechos ocurrieron en el hogar domestico, donde difícilmente pueda haber testigos, siendo este el hogar domestico familiar. TERCERO: Se DECLARA CON LUGAR, la solicitud del Representante Fiscal, en consecuencia, se impone al ciudadano de autos, las medidas cautelares establecidas en los numerales 3, 8 y 9, del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistente la primera en la presentación periódica ante la Oficina de Presentaciones de este Circuito Judicial Penal, cada 08 días, la segunda en la presentación de dos fiadores, los cuales devenguen cada uno un salario igual o mayor a Treinta (30) Unidades Tributarias y referente a la medida contemplada en el numeral 9, se impone al ciudadano, a no seguir con la conducta agresiva que ha estado manteniendo en contra de sus hijos, ya que está incurriendo en un delito grave, el cual es de vital importancia y observancia para y por el Estado, por lo cual se declara sin lugar la solicitud de la defensa en cuanto a la aplicación de una sola medida cautelar, expresamente la contemplada en el numeral 3 del artículo 256 de la Ley adjetiva penal. CUARTO: Se acuerdan las copias solicitadas por las partes. QUINTO: Se remite la presente causa, en su oportunidad legal, a la Fiscalía Octava del Ministerio Publico del Estado Vargas.
Publíquese, regístrese, diarícese y déjese copia de la presente decisión.
EL JUEZ 3RO DE CONTROL SUPLENTE

ABG. KARIN P. MENDEZ.
EL SECRETARIO,

ABG. NAIROBIS GUZMAN