REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORTE DE APELACIONES CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS Macuto, 30 de marzo de 2012 201° y 152° PONENTE: NORMA SANDOVAL ASUNTO: WP01-R-2012-000097 Corresponde a esta Alzada, conforme a lo previsto en el artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal, decidir sobre la admisibilidad o inadmisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la Abogada ADRIANA ARREAZA GIL, en su carácter de Defensora Pública Séptima Penal de los ciudadanos JESUS ALBERTO MEDINA GOMEZ Y AQUILES ADOLFO CANELON, contra la decisión de fecha 3 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, en la cual DECRETÓ PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a los ciudadanos mencionados, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionados en el artículo 174 en su primer aparte del Código Penal, por estar llenos los extremos exigidos en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal. A tal fin se observa: En fecha 28 de marzo de 2012, se recibió en este Órgano Colegiado, la causa identificada con el N° WP01-R-2012-000097 y su ponente es la Juez Norma Sandoval. Siendo la oportunidad para resolver sobre la admisibilidad ó no del recurso, esta Alzada observa y decide lo siguiente: DE LA ADMISIBILIDAD La Abogada ADRIANA ARREAZA GIL, en su carácter de Defensora Pública Séptima Penal de los ciudadanos JESUS ALBERTO MEDINA GOMEZ Y AQUILES ADOLFO CANELON, ejerció recurso de apelación contra la decisión de fecha 3 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, en la cual DECRETÓ PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a los ciudadanos mencionados, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionados en el artículo 174 en su primer aparte del Código Penal, por estar llenos los extremos exigidos en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal. Verificadas las actas que integran la presente causa, se observa que la recurrente de autos posee legitimación para recurrir en Alzada. Asimismo, en fecha 9 de marzo de 2012, la defensa del imputado de autos consignó el escrito de apelación; es decir, dentro de los cinco (5) días hábiles luego de la publicación de la decisión recurrida, conforme al cómputo practicado por el Juzgado de la Causa, tal y como corre inserto al folio 46 de la incidencia recursiva; es por lo que, considera esta Corte que el medio de impugnación fue ejercido oportunamente. Ahora bien, el artículo 447 del Código Orgánico Procesal Penal, reza: “...Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones…4. Las que declaren la procedencia de una medida cautelar privativa de libertad o sustitutiva…” Del referido artículo, se evidencia que el fallo hoy recurrido por la Defensa de los imputados JESUS ALBERTO MEDINA GOMEZ Y AQUILES ADOLFO CANELON, se refiere a la medida de coerción personal que pesa en contra del imputado mencionado, se concluye que la Ley autoriza su impugnación. Por lo que, atendiendo al contenido del artículo 450 ejusdem, que en su encabezamiento contempla: “...recibidas las actuaciones, la corte de apelaciones, decidirá sobre su admisibilidad...” y, atendiendo igualmente a la jurisprudencia emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21/11/2006, sentencia N° 1966, en la que se estableció: “…la naturaleza de la resolución sobre la admisión de la apelación no comporta un mero trámite o impulso procesal, ya que implica la decisión de una cuestión controvertida entre las partes, sin embargo, la misma no causa gravamen irreparable…”, y no encontrándose incurso el presente recurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad establecidas en el artículo 437 ibídem, considera esta Corte que es procedente ADMITIR el recurso de apelación interpuesto por la recurrente de autos. Y ASÍ SE DECIDE.- Por último, se observa que en el lapso previsto en el artículo 449 del Código Orgánico Procesal Penal, el Representante de la Vindicta Pública no contestó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de autos. D I S P O S I T I V A En razón de lo expuesto, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada ADRIANA ARREAZA GIL, en su carácter de Defensora Pública Séptima Penal de los ciudadanos JESUS ALBERTO MEDINA GOMEZ Y AQUILES ADOLFO CANELON, contra la decisión de fecha 3 de marzo de 2012, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, en la cual DECRETÓ PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD a los ciudadanos mencionados, por la comisión de los delitos de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD, previsto y sancionados en el artículo 174 en su primer aparte del Código Penal, por estar llenos los extremos exigidos en el artículo 250 del Texto Adjetivo Penal. Regístrese y déjese copia. LA JUEZ PRESIDENTE, RORAIMA MEDINA GARCIA EL JUEZ INTEGRANTE LA JUEZ PONENTE ERICKSON LAURENS NORMA SANDOVAL LA SECRETARIA, BELITZA MARCANO En la misma fecha, se registró la decisión y se dejó copia. LA SECRETARIA, BELITZA MARCANO ASUNTO: WP01-R-2012-000097 RM/NS/RC/joi