REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION LOS ANDES 202° Y 153º Vista la solicitud que corre inserta en el escrito recursivo al vuelto del folio cuatro (09), realizada por el ciudadano DOMINGO ANTONIO ESCALANTE RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.668.307, en su carácter de Director Gerente de la Sociedad Mercantil “DISTRIBUIDORA DAER, C.A.”, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nro. J-30879141-5, con domicilio fiscal en la Avenida Madre Juana, casa Nro. 26, Conjunto Residencial Villa Oeste, San Cristóbal, Estado Táchira, asistido por la abogada SANDRA YANETH RUIZ CONTRERAS, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 143.377. A LOS FINES DE DECIDIR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO ESTA JUZGADORA PARA DECIDIR OBSERVA: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 263 del Código Orgánico Tributario, las condiciones de procedencia de la medida de suspensión de efectos del acto recurrido son dos: 1° El peligro de daño, esto es que su ejecución pudiera causar graves perjuicios al interesado, y 2° El fomus bonis iuris, es decir que la impugnación se fundamentare en la apariencia de buen derecho. Así el mencionado artículo confiere al juez la facultad de suspender los efectos del acto administrativo, como excepción a las presunciones de legalidad, veracidad, ejecutoriedad y ejecutividad, de que esta se encuentra naturalmente revestido. Ahora bien, tal como ha explicado reiteradamente la Sala Político Administrativa para que proceda la suspensión de los efectos es preciso y fundamental alegar hechos o circunstancias concretas y aportar elementos suficientes y precisos que permitan al Órgano jurisdiccional concluir objetivamente sobre la irreparabilidad del daño por la definitiva, (sentencia N° 471 de fecha 02/03/2000, caso Seguros la Federación, C.A., ratificado este criterio en Sentencia N° 01536, de fecha 03 de Diciembre del 2008, ponente Yolanda Jaimes Guerrero). Así pues, ha sostenido igualmente la Sala que cuando no existe indicio alguno que permita deducir el peligro inminente e irreparable que pudiera sufrir la contribuyente con la ejecución del acto administrativo y que consiguiera colocar en peligro su estabilidad patrimonial. Por el contrario, se observa que la representación judicial del recurrente se limitó a definir el daño, sin aportar elementos que demostraran el potencial perjuicio o gravamen patrimonial real y efectivo en las finanzas de dicha empresa, no procede la suspensión de efectos, así lo ha interpretado la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N° 01320, de fecha 29 de octubre del año 2008, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa. Por consiguiente se refuerza la convicción de esta juzgadora de que no existe y no podría llegar a causarse un gravamen efectivamente irreparable para la recurrente, por lo tanto se niega la solicitud de la suspensión de los efectos. Y así se decide. ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY NIEGA LA SUSPENSIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO, interpuesto contra la Resolución de Imposición de Sanción N° 02077, de fecha 13/12/2011, notificada el 23/01/2012, emitida por la Jefe División de Fiscalización de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Los Andes del SENIAT, a nombre de la Sociedad Mercantil “DISTRIBUIDORA DAER, C.A.”, inscrita en el Registro de Información Fiscal bajo el Nro. J-30879141-5, con domicilio fiscal en la Avenida Madre Juana, casa Nro. 26, Conjunto Residencial Villa Oeste, San Cristóbal, Estado Táchira, representado por el ciudadano DOMINGO ANTONIO ESCALANTE RAMÍREZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-5.668.307, en su carácter de Director Gerente de la mencionada Sociedad Mercantil, asistido por la abogada SANDRA YANETH RUIZ CONTRERAS, inscrita en el IPSA bajo el Nro. 143.377. Notifíquese por correo certificado, agregando su respectivo acuse de recibo, de conformidad con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, a la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela de conformidad con lo establecido en el artículo 86 del Decreto con Fuerza de Ley de la Procuraduría General de la República. Cúmplase. Dada, sellada y refrendada en la sede del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes con sede en San Cristóbal Estado Táchira, a los once (11) días del mes de Mayo del año dos mil doce (2012). Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal. Año 202 de la Independencia y 153º de la Federación. ANA BEATRIZ CALDERÓN SÁNCHEZ JUEZ TITULAR MIGUEL JOEL ANTELIZ SALAS EL SECRETARIO SUPLENTE Exp. N° 2616 ABCS/YJMZ