REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL Nº VIII
San Cristóbal, 16 de mayo de 2012.
202° y 153°
Celebrada la audiencia preliminar, en esta misma fecha, este Juzgado pasa a dictar decisión en los siguientes términos:
LOS HECHOS:
Relata el Ministerio Público que en fecha 09 de septiembre de 2008, fue aprehendido el ciudadano WILMER GUSTAVO ALVAREZ BLANCO, por cuanto a la altura del mercados Las Pulgas, funcionario de la policía del estado Táchira, al hacerle un registro corporal le hallaron en el bolsillo trasero izquierdo del pantalón 01 envoltorio contentivo de un polvo color beige, y dos envoltorios contentivo de una sustancia compacta color beige. A este material incautado se le practicó la experticia 9700-134-LCT- 5050-08, de fecha 17-09-2008, lo cual resultó ser muestra “A” cocaína con un peso neto de cuatrocientos veinte (420) miligramos; y muestra “B” bazuko, con un peso neto de quinientos (0500) miligramos.
LA AUDIENCIA PRELIMINAR
Por este hecho la Representante Fiscal, formuló acusación en contra del imputado WILMER GUSTAVO ALVAREZ BLANCO, Venezolano, nacido el 04/10/1979, titular de la cédula de identidad V- 15.512.662, domiciliado en el Corozo, Hospedaje Casa Blanca, habitación 37, del estado Táchira; por la presunta comisión del delito de POSESION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente para la fecha del hecho); asimismo solicitó sea admitida la acusación y los medios de prueba ofrecidos por considerarlos lícitos, legales y pertinentes para el esclarecimiento del hecho; solicitó la apertura a juicio oral y público y se remitan las actuaciones al Tribunal de Juicio correspondiente.
Seguidamente se le concede el derecho de palabra a la defensa pública abogada, NELIDA TERAN quien expone: Solicito al Tribunal desestime la acusación fiscal por cuanto la acción penal está prescrita, por tanto pido se decrete el sobreseimiento de la causa, es todo”. A continuación el Tribunal hace el control judicial del acto conclusivo fiscal, el cual fue presentado en fecha 23/04/2012 (folio 35).
LA ACUSACIÓN FISCAL Y LA ACREDITACIÓN DEL HECHO
Los elementos de convicción señalados por el Ministerio Público para fundar su acusación fueron:
1.- Acta policial de fecha 09 de septiembre de 2008, donde se indica que fue aprehendido el ciudadano WILMER GUSTAVO ALVAREZ BLANCO, por cuanto a la altura del mercados Las Pulgas, funcionario de la policía del estado Táchira, al hacerle un registro corporal le hallaron en el bolsillo trasero izquierdo del pantalón 01 envoltorio contentivo de un polvo color beige, y dos envoltorios contentivo de una sustancia compacta color beige.
2.- Experticia 9700-134-LCT- 5050-08, de fecha 17-09-2008, lo cual concluyó que el material incautado resultó ser muestra “A” cocaína con un peso neto de cuatrocientos veinte (420) miligramos; y muestra “B” bazuko, con un peso neto de quinientos (0500) miligramos.
Con los anteriores elementos, se acredita que en fecha 09 de septiembre de 2008, fue aprehendido el ciudadano WILMER GUSTAVO ALVAREZ BLANCO, por cuanto a la altura del mercados Las Pulgas, funcionario de la policía del estado Táchira, al hacerle un registro corporal le hallaron en el bolsillo trasero izquierdo del pantalón 01 envoltorio contentivo de un polvo color beige, y dos envoltorios contentivo de una sustancia compacta color beige. A este material incautado se le practicó la experticia 9700-134-LCT- 5050-08, de fecha 17-09-2008, lo cual resultó ser muestra “A” cocaína con un peso neto de cuatrocientos veinte (420) miligramos; y muestra “B” bazuko, con un peso neto de quinientos (0500) miligramos.
DE LA DESESTIMACIÓN DE LA ACUSACIÓN
El Tribunal, de conformidad con las atribuciones contenidas en el artículo 330 del Código Orgánico Procesal Penal, al revisar las actuaciones y el acto conclusivo acusatorio, encontrándose la presente causa en la fase intermedia, y siendo la prescripción una institución de orden publico, el cual debe el Tribunal determinar si ha transcurrido el tiempo señalado en la ley para que opere la misma, se procede a verificar si efectivamente procede en el caso de marras, siendo necesario abordar previamente lo que es la institución de la prescripción; a tal efecto tenemos:
La prescripción, es entendido como el instituto que mediante el transcurso del tiempo y del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley, se adquiere o se extingue un derecho, de allí que se distinga entre prescripción adquisitiva y extintiva. Esta última, tiende a confundirse con la caducidad, y con el decaimiento de la acción, habida cuenta de sus efectos jurídicos comunes, siempre de carácter extintivo.
Cabe destacar que la prescripción en materia penal, es de orden público, y obra de pleno derecho por haber sido establecida en interés social, y para ello, basta observar las diversas disposiciones que prevé el Código Orgánico Procesal Penal, sobre el particular.
Así mismo, con base a las diversas disposiciones normativas que regulan la prescripción de la acción penal, indican que la misma puede oponerse en cualquier estado y grado de la causa, y estando el Juez obligado a verificar, aun de oficio, si ha operado tal instituto, con mayor razón debe pronunciarse si ha sido solicitado a instancia de parte.
En este mismo contexto, de la prescripción de la acción penal, la doctrina distingue entre la ordinaria y la especial o judicial, también conocida extraordinaria. La primera, esto es, la ordinaria, se consuma por el transcurso del tiempo previsto en la ley y calculado de acuerdo con la pena, conforme a lo establecido en el artículo 108 del Código Penal, pudiendo ser interrumpido el plazo de prescripción transcurrido, por los motivos establecidos en el artículo 110 del Código Penal, en cuyo caso, comenzará a correr nuevamente la prescripción desde el día de su interrupción.
Por otra parte, la prescripción extraordinaria o judicial, es aquella que se encuentra enmarcada en el artículo 110 del Código Penal, la cual consiste en que si el proceso se prolongarse por un tiempo igual al de la prescripción de la acción, más la mitad del mismo, y siempre que la dilación judicial ocurra sin culpa del reo, traerá como consecuencia la prescripción de la acción penal. Igualmente la fórmula se aplica si el término de prescripción que determina la ley es menor de un año, quedará ella interrumpida por cualquier acto de procedimiento, pero si en el término de un año, contado desde el día en que comenzó a correr la prescripción no se dictare la sentencia condenatoria, se tendrá por prescrita la acción penal.
En cuanto a esta última prescripción, el artículo 69 de la Ley Orgánica Contra Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente para la fecha del hecho y la presentación del acto conclusivo), prohíbe expresamente la aplicación de la prescripción procesal, especial o judicial, de modo que hay que determinar si en el presente caso operó la prescripción ordinaria anteriormente explicada, teniendo en cuenta que el delito de POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, es un delito común, del cual si puede aplicársele el lapso de prescripción ordinaria señalado en el Código Penal; además que debe tomarse en consideración para la prescripción, la pena del delito de POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, tipificado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que era la ley vigente para el momento de la comisión del delito y de la presentación del acto conclusivo acusatorio.
En este sentido, encontramos que el delito fue cometido en fecha 09-09-2008, presentándose diferentes actos interruptivos de la prescripción, siendo el último acta de inspección realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en fecha 09-10-2008. Ahora bien, constituyendo el último acto interruptivo de la prescripción la mencionada inspección, transcurrió hasta el día 21-12-2011, fecha de la solicitud por parte del Ministerio Público del examen psiquiátrico, tres (03) años, dos (02) meses y doce (12) días.
Ahora bien, el delito de POSESIÓN ILICITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (vigente para el momento del hecho y de la presentación del acto conclusivo); prevé una pena de uno (01) a dos (02) años de prisión; de manera que el lapso de prescripción es el señalado en el numeral 5 del artículo 108 del Código Penal; es decir, tres (03) años. En consecuencia, habiendo transcurrido desde el último acto interruptivo de la prescripción, hasta la fecha en que se realizó la inspección realizada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en fecha 09-10-2008, tres (03) años, dos (02) meses y doce (12) días; la acción penal se encuentra evidentemente prescrita para el momento de la presentación del acto conclusivo en fecha 23-04-2012, procediendo en consecuencia la extinción de la acción penal conforme al numeral 8 del artículo 48 del Código Orgánico Procesal Penal y el sobreseimiento de la causa de conformidad con los artículos 330 numeral 3 y 318 numeral 3 eiusdem; así se decide.
DISPOSITIVO
En consecuencia por los razonamientos antes expuestos este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO OCHO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:
PRIMERO: Inadmite la acusación presentada por el Ministerio Público en contra del imputado WILMER GUSTAVO ALVAREZ BLANCO, Venezolano, nacido el 04/10/1979, titular de la cédula de identidad V- 15.512.662, domiciliado en el Corozo, Hospedaje Casa Blanca, habitación 37, del estado Táchira, por la presunta comisión del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la derogada Ley Orgánica contra el Tráfico y el Consumo Ilícito de sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano.
SEGUNDO: Se decreta la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de la causa seguida a WILMER GUSTAVO ALVAREZ BLANCO, por la presunta comisión del delito de POSESIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la derogada Ley Orgánica contra el Tráfico y el Consumo Ilícito de sustancias Estupefacientes y psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano; de conformidad con los artículos 48 numeral 8; 318 numeral 3 y 330 numeral 3, todos del Código Orgánico Procesal Penal. Se decreta el cese de la medida cautelar sustitutiva a la privación judicial preventiva de libertad, dictada en fecha 11-09-2008. Notifíquese al imputado.
Déjese copia para el Tribunal. Firme la presente decisión, remítase al archivo judicial.
ABG. ELISEO JOSE PADRON HIDALGO
JUEZ OCTAVO DE CONTROL
ABG. DARCY ORTIZ MACEA
SECRETARIA
SJ-P-2008-000413 (8C-9494-08)
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