TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio
Maiquetía, trece (13) de Noviembre de 2013
203º y 154º

ASUNTO: WP21-V-2012-000389
PARTE ACTORA: DENYS ALFREDO BRACHO SANCHEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 14.314.528, debidamente asistido por el abogado ROOMER A. ROJAS LA SALVIA, inscrito en el Inpreabogado con el N° 51.438.

PARTE DEMANDADA: VANESCA JOSEFINA RADA UGUETO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad y titular de la Cédula de Identidad N° 15.780.920, quien no designó defensa técnica.

NIÑOS: JOHALFRED y DEVANYS BRACHO RADA.

VISTOS
Por recibido el presente expediente, proveniente del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de este Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Vargas, contentivo de la demanda de acción mero declarativa de establecimiento de unión estable de hecho, intentada por el ciudadano DENYS ALFREDO BRACHO SANCHEZ en contra de la ciudadana VANESCA JOSEFINA RADA UGUETO, siendo la oportunidad para que este Tribunal fije la fecha para la celebración de la Audiencia de Juicio, y una vez realizado un análisis exhaustivo de las actas procesales que conforman la presente causa, considera imprescindible este Juzgador realizar el siguiente pronunciamiento, a los fines de asegurar el debido proceso a las partes involucradas en el mismo:
- I -
En fecha 23 de octubre de 2012, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de este Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes admitió la presente demanda, de conformidad con lo previsto en los artículos 457 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que se ordenó notificar a la demandada, ciudadana VANESCA JOSEFINA RADA UGUETO. Sin embargo, por tratarse de una demanda cuyo pronunciamiento está relacionado con el estado civil, específicamente con el de una unión estable de hecho, no se ordenó en el auto de admisión, la publicación del Edicto al que se refiere el artículo 507 del Código Civil, que textualmente dispone lo siguiente:
“Las sentencias definitivamente firmes recaídas en los juicios sobre estado civil y capacidad de las personas y los decretos de adopción una vez insertados en los registros respectivos, producirán los efectos siguientes:
1°. Las sentencias constitutivas de un nuevo estado y las de supresión de estado o capacidad, como disolución o nulidad del matrimonio, separación de cuerpos, interdicción, inhabilitación, extinción de la patria potestad, los decretos de adopción, etc., producen inmediatamente efectos absolutos para las partes y para los terceros o extraños al procedimiento.
2°. Las sentencias declarativas, en que se reconozca o se niegue la filiación o sobre reclamación o negación de estado y cualquiera otra que no sea de las mencionadas en el numero anterior, producirán inmediatamente los mismos efectos absolutos que aquellas; pero dentro del año siguiente a su publicación podrán los interesados que no intervinieron en el Juicio, demandar a todos los que fueron parte en él, sin excepción alguna, para que se declare la falsedad del estado o de la filiación reconocidos en el fallo impugnado. No tendrán este recurso los herederos ni los causahabientes de las partes en el primer juicio ni los que no intervinieron en él a pesar de haber tenido conocimiento oportuno de la instauración del procedimiento.
La sentencia que se dicte en el segundo juicio será obligatoria para todos, así para las partes como para los terceros. Contra ella no se admitirá recurso alguno.
A los efectos del cómputo del año fijado para la caducidad del recurso concedido en este Artículo, un extracto de toda sentencia que declare o niegue el estado o la filiación, se publicará en un periódico de la localidad sede del Tribunal que la dictó. Si no hubiere periódico en la localidad sede del Tribunal, la publicación se hará por un medio idóneo.
Asimismo, siempre que se promueva una acción sobre la cual haya de recaer un fallo comprendido en este Artículo, el Tribunal hará publicar un edicto en el cual, en forma resumida, se haga saber que determinada persona ha propuesto una acción relativa a filiación o al estado civil; y llamando a hacerse parte en el juicio a todo el que tenga interés directo y manifiesto en el asunto”. (subrayado y negrillas nuestras)

Así, pues, observamos en la causa que nos ocupa que se trata de una acción mero declarativa de unión estable de hecho, tratándose evidentemente de una acción relativa al estado civil, la cual se encuentra dentro del elenco de causas previstas en el ordinal 1°) del artículo anteriormente transcrito. Sin embargo, fue con posterioridad al auto de admisión, incluso finalizada la fase de sustanciación, cuando el Tribunal de la causa ordenó la publicación del Edicto en referencia, y en el cual se advirtió a quienes tuvieran interés, que debían comparecer por ante el Tribunal al décimo (10°) día siguiente a la publicación y consignación del mismo, con el objeto de que expusieran lo que estimaran pertinente en relación al presente asunto, pero sin embargo, no se ordenó en el acto de admisión, ni tampoco se dejó constancia en autos de que esos diez días a los que hace referencia el cartel se cumplieron efectivamente, por lo que no hubo manera de conocer si existía algún interesado que pudiera hacerse parte, o que transcurrió el lapso íntegro dado por el tribunal, todo lo cual debió también advertirse en la audiencia de sustanciación, pero ésta ya se había celebrado, por lo que no pudo evidenciarse ninguna de estas circunstancias.
En efecto, el artículo anteriormente transcrito expresa que debe publicarse en dos oportunidades un Edicto para que las personas que tengan interés en el pronunciamiento que haya de recaer, puedan enterarse y hacerse parte del mismo. Esos momentos son: En la oportunidad de admitir la demanda, con la finalidad de que de forma resumida, se haga saber que determinada persona ha propuesto una acción relativa a filiación o al estado civil, donde se encuentran comprendidas las acciones por reconocimiento de unión concubinaria, como es el caso. Y la otra oportunidad cuando el Tribunal debe hacer publicidad, es una vez publicada la sentencia, cuando el juez debe ordenar la publicación de un extracto de la misma en un periódico de la localidad, para que dentro del año siguiente a su publicación, los terceros que no intervinieron en juicio puedan demandar a todos los que fueron parte en él, para que se declare la falsedad del estado o de la filiación reconocidos en el fallo impugnado.
Por tanto, en el auto de admisión debió publicarse el Edicto, lo cual no se efectuó, causando de esta manera indefensión y violación al debido proceso.
- II -
Ahora bien, el artículo 49 en su encabezamiento y ordinal 1°, expresamente establece que:
“El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia:
1. La defensa y asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa …
2. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente por un tribunal competente, independiente e imparcial ...”

A la luz de los derechos-garantías consagradas en la precitada norma constitucional se desprende, que los justiciables resultan titulares de tales derechos, a fin de acceder a los órganos de administración de justicia para lograr que ésta se administre, a través de un proceso debido, es decir en cumplimiento y con apego a los plazos y procedimientos legalmente establecidos para tramitar la acción de que se trate, lo que genera como consecuencia que, para oír a las partes, incluso al investigado, ello debe cumplirse a través, no de cualquier proceso, sino de aquel previsto por el legislador para tal fin y no otro, en el cual accionante y accionado ejerzan cabal y oportunamente la defensa de sus propias posiciones, siendo el derecho a la defensa expresión de aquel.
Igualmente, establece en su artículo 26 ibídem, expresamente señala que:
“…El Estado garantizará una justicia gratuita. Accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.”

Y, en su artículo 257, ibídem, estableció el Constituyente de 1999, que:
“El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales.”

De las normas antes transcritas se desprende, indudablemente, que el Constituyen de 1999, ha prohibido el sacrificio de la justicia por formalidades no esenciales, las cuales en modo alguno impiden el ejercicio del derecho a la defensa y, menos aún, si el acto cumplió la finalidad perseguida, pues lo contrario sería continuar considerando que el proceso es un fin en si mismo, haciéndolo prevalecer por encima de la justicia, fin último perseguido por el justiciable.
Por su parte, el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, reza expresamente del tenor siguiente:
“Los Jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la Ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.
En ningún caso se declarará la nulidad si el acto ha alcanzado el fin al cual estaba destinado.”

Y, en el artículo 212 ejusdem, dispone que:
“No podrán decretarse ni la nulidad de un acto aislado del procedimiento, ni la de los actos consecutivos a un acto irrito, sino a instancia de parte, salvo que se trate de quebrantamiento de leyes de orden público, lo que no podrá subsanarse ni aun con el consentimiento expreso de las partes…”

De las citadas disposiciones legales se desprende, que la nulidad y consecuente reposición, si fuere el caso, tiene por objeto corregir vicios procesales en la tramitación de los juicios, pero no así los errores o desaciertos de las partes, sino faltas del Tribunal que constituyan lesión al orden público o perjuicio para los intereses de los justiciables, sin que éstos hayan dado causa a ello, por lo que, siempre que no pueda corregirse tal vicio de otra forma, deberá proceder la nulidad de lo actuado en violación al debido proceso y la renovación de tal acto.
En tal virtud, es criterio de este juzgador que, en el supuesto sometido a consideración de quien decide, ocurrió un vicio en la tramitación del asunto, que no puede ser corregido por ninguna otra vía distinta a la reposición, por involucrar lesión al debido proceso y a la defensa, dado que el Edicto al que se refiere el artículo 507 del Código Civil fue publicado y consignado con posterioridad a la Audiencia de Sustanciación, y por lo tanto, las personas que pudieron hacerse parte no tuvieron la oportunidad de hacerlo, toda vez que tampoco se dejó transcurrir el lapso otorgado en el cartel que se publicó en la prensa.
Sentado lo anterior, se desprende, sin duda alguna, que ocurrió un vicio en la tramitación del asunto que generó lesión grave al debido proceso y al derecho de defensa, al subvertirse el orden procesal con relación a la oportunidad para la publicación del cartel, el cumplimiento del lapso otorgado para quienes tuvieran interés en la acción propuesta, así como también en la oportunidad para la celebración de la audiencia de sustanciación, razón por la cual lo procedente y ajustado a derecho es REPONER LA PRESENTE CAUSA al estado de la celebración de una nueva Audiencia de Sustanciación en la audiencia preliminar, conforme a lo previsto en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 212 ejusdem, por lo que se anula la Audiencia de Sustanciación celebrada en fecha quince (15) de enero de 2013, quedando perfectamente válidas el resto de las actuaciones que conforman el presente expediente. Y ASI SE DECLARA EXPRESAMENTE
- III -
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECRETA LA REPOSICION DE LA PRESENTE CAUSA, a fin de que el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de este Circuito Judicial, dicte un auto complementario para que en primer lugar deje transcurrir el lapso establecido en el cartel que fue consignado por la parte y que cursa en autos, y en segundo lugar fije la oportunidad para que tenga lugar la Audiencia de Sustanciación, toda vez que para el momento ya habría transcurrido el lapso fijado en el Edicto publicado. Remítase el presente expediente al Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de este Circuito Judicial en la oportunidad legal correspondiente. Regístrese la presente decisión. Cúmplase. REGISTRESE, PUBLIQUESE, Y DEJESE COPIA CERTIFICADA. Cúmplase.-
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. En Maiquetía, a los trece (13) días del mes de noviembre del año dos mil trece (2013). Años 203° de la Independencia y 154° de la Federación.-
EL JUEZ

ABG. ANGEL PEREZ BARRIENTOS
LA SECRETARIA,

ABG. AIMARA RAMIREZ

En esta misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,

ABG. AIMARA RAMIREZ