REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira
San Cristóbal, tres de mayo de dos mil trece
203º y 154º
ASUNTO: SP01-L-2013-000277
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE RECURRENTE: INVERSIONES P&I Y3K, C.A,
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE RECURRENTE: TRINO ANDRÉS MURILLO BUSTAMANTE, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad n° 8.186.510, inscrito en el I.P.S.A bajo el n° 60.244
ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIDO: Providencia Administrativa n° 57-01 de fecha 30 de octubre de 2001, dictada por la Inspectoría del Trabajo de San Cristóbal, Estado Táchira, que declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, interpuesta por el ciudadano JOSÉ GREGORIO BAUTISTA, con cédula de identidad n° 13.184.805
MOTIVO: Recurso de nulidad contra Providencia Administrativa
-II-
Se inician las presentes actuaciones por recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por ante la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en fecha 13 de febrero de 2002, por la empresa INVERSIONES P&I Y3K, C.A, representada por el abogado TRINO ANDRÉS MURILLO BUSTAMANTE, inscrito en el I.P.S.A bajo el n° 60.244, en contra de la Providencia Administrativa n° 57-01 de fecha 30 de octubre de 2001, dictada por la Inspectoría del Trabajo de San Cristóbal, Estado Táchira.
En fecha 27 de junio de 2002, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, se declaró incompetente para conocer el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el accionante y ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior Distribuidor en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región de los Andes.
El 05 de agosto de 2002 el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes se declaró competente para el conocimiento de la causa y se avocó al su conocimiento, ordenando la notificación de las partes y el 19 de febrero de 2003, declinó la competencia del recurso de nulidad, en la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo.
En fecha 10 de abril de 2003 la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se declaró competente para conocer del recurso contencioso administrativo de anulación y admitió el referido recurso.
El 05 de agosto de 2003, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ordenó la notificación de las partes.
El 09 de agosto de 2005 el Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo se abocó al conocimiento de la causa y ordenó remitir el expediente a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo para que sea revisada la competencia.
El 27 de septiembre de 2005 la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo declara su incompetencia para conocer en primer grado de jurisdicción del recurso contencioso administrativo de nulidad y ordenó la remisión del expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia con el fin de que decida cuál es el órgano jurisdiccional competente.
El 25 de mayo de 2010 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró que corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, la competencia para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad.
El 27 de septiembre de 2010 el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes se aboca al conocimiento de la causa y en fecha 05 de octubre de 2010 ordena la notificación de las partes.
En fecha 18 de marzo de 2013, la Jueza del Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira declaró su incompetencia para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por la parte actora y declinó la competencia en los Tribunales del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, fundamentada en las sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia n° 955 del 23 de septiembre de 2010; n° 108 del 25 de febrero de 2011; n° 311 del 18 de marzo de 2011 y la n° 168 de fecha 28 de febrero de 2012.
-III-
En primer lugar, corresponde a este Tribunal determinar cuál es el órgano judicial competente para conocer y decidir el presente recurso contencioso administrativo de nulidad; en este sentido, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión Nro.137, publicada en fecha 01 de marzo de 2012, y acogiendo el criterio sostenido por la Sala Constitucional, estableció:
“Finalmente, para determinar cual órgano judicial debe conocer de la presente causa, debe atenderse al criterio que con carácter vinculante sentó la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nº 311 del 18 de marzo de 2011, según el cual, la competencia para conocer de cualquier acción o recurso que se ejerza contra actos dictados por las Inspectorías del Trabajo o a propósito del incumplimiento de una providencia emanada de dichos órganos con ocasión a asuntos laborales, corresponde a los tribunales laborales (como lo había establecido esa Sala en el fallo N° 955 del 23 de septiembre de 2010); pero distinguiendo sus efectos temporales en dos supuestos, a saber:
a) Las causas en las cuales la competencia “ya haya sido asumida o regulada de conformidad con el principio perpetuatio fori”, en cuyo caso seguirán conociendo los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo al criterio anterior a la Sentencia del 23 de septiembre de 2010, es decir, el contenido en la sentencia de la Sala Constitucional Nº 3.517 de fecha 14 de noviembre de 2005, según el cual todos los Tribunales de la República tenían el deber de remitir este tipo de recursos a los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, correspondiéndole el conocimiento de la apelación de sus decisiones a las Cortes de lo Contencioso Administrativo, mientras que en los casos que ya hubieren sido decididos por las Cortes de lo Contencioso Administrativo en primera instancia, corresponde el conocimiento como alzada a esta Sala Político Administrativa.
b) Las demás causas (aquellas en las que no se haya asumido la competencia, ni efectuado previamente una regulación de competencia), es decir, donde la competencia aun no se ha determinado, independientemente del momento de su interposición, supuestos en los cuales se debe aplicar el criterio establecido en la Sentencia Nº 955 del 23 de septiembre de 2010 y por ende, declarar la competencia de los juzgados laborales.
En consecuencia, para determinar la competencia para conocer de las causas de nulidad contra las providencias administrativas dictadas por las Inspectorías de Trabajo, se debe tomar en cuenta, si el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, ha asumido la competencia, o regulada de conformidad con el principio perpetuatio for. En el caso de marras se observa que el 10 de abril de 2003 la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, admitió el recurso de nulidad interpuesto y el 05 de agosto de 2003, el Juzgado de Sustanciación de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ordenó la notificación de las partes involucradas en el proceso, es decir, que en virtud de estos actos procesales, asumió la competencia, por lo que en aplicación del criterio antes transcrito, referido a los principios de estabilidad de los procesos y de economía y celeridad procesal, es al Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, a quien corresponde la competencia para conocer del recurso de nulidad.
En virtud de las consideraciones expuestas, este Tribunal estima que la competencia para el conocimiento del recurso de nulidad interpuesto por la empresa INVERSIONES P&I Y3K, C.A, representada por el abogado TRINO ANDRÉS MURILLO BUSTAMANTE, en contra de la Providencia Administrativa n° 57-01 de fecha 30 de octubre de 2001, dictada por la Inspectoría del Trabajo de San Cristóbal, Estado Táchira, le corresponde al Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira.
Ahora bien, por cuanto el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira se declaró incompetente para conocer la presente causa, y este Juzgado igualmente se declara incompetente para el conocimiento de la misma, se plantea un CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA entre el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y este Tribunal para el conocimiento del referido recurso de nulidad.
PARTE DISPOSITIVA
PRIMERO: Su incompetencia para conocer y decidir del Recurso de Nulidad interpuesto por la empresa INVERSIONES P&I Y3K, C.A, representada por el abogado TRINO ANDRÉS MURILLO BUSTAMANTE, en contra de la Providencia Administrativa n° 57-01 de fecha 30 de octubre de 2001, dictada por la Inspectoría del Trabajo de San Cristóbal, Estado Táchira.
SEGUNDO: Se plantea un CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA entre el Tribunal Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira y este Tribunal para el conocimiento del referido recurso de nulidad.
TERCERO: Se ordena la remisión inmediata del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a quien se solicita de oficio la regulación de competencia.
CUARTO: No hay condenatoria en costa dada la índole de la decisión.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, a los tres (03) días del mes de mayo de dos mil trece (2013). Publíquese y regístrese. Años 203° y 154°
La Jueza,
La Secretaria,
Abog. Liliana Duque Rosales
En la misma fecha, siendo las 3:00 p.m se publicó conforme a lo ordenado.
La Secretaria,
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