TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE EJECUCIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL
DEL ESTADO VARGAS
Macuto, 29 de agosto de 2013
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2000-000170
ASUNTO : WL01-P-2000-000170
: 2E-506-00

LIBERTAD PLENA POR CUMPLIMIENTO DE PENA

Compete a este tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 471, numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal y 105 del Código Penal, emitir pronunciamiento en la presente causa seguida en contra del ciudadano penado CARLOS ENRIQUE OVALLES APONTE, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, nacido en La Guaira, estado Vargas en fecha 24-10-1973, de estado civil soltero, de profesión u oficio pescador informal e identificado con cédula de identidad Nro. V.-13.827.653, a tal efecto se observa:

El ciudadano penado CARLOS ENRIQUE OVALLES APONTE, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, nacido en La Guaira, estado Vargas, e identificado con cédula de identidad Nro. V.- 13.827.653, fue condenado por el extinto Juzgado Accidental Primero del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Municipio Vargas del Distrito Federal, en fecha 27-11-1998, mediante la cual lo condenó a cumplir la pena de CUATRO (04) AÑOS Y CUATRO (04) MESES DE PRESIDIO, como autor responsable de la comisión de los delitos de ROBO GENERICO Y LESIONES PERSONALES GRAVES, previstos y sancionados en los artículos 457 y 417, ambos del Código Penal vigente para la fecha de los hechos que originaron el presente asunto.

Así las cosas, este tribunal en fecha 30/11/2004, procediendo de conformidad con el artículo de conformidad con lo establecido en los artículo 479, numeral 1º y 502, del Código Orgánico Procesal Penal derogado, acordó la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena al ciudadano penado CARLOS ENRIQUE OVALLES APONTE, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, nacido en La Guaira, estado Vargas, e identificado con cédula de identidad Nro. V.- 13.827.653. De seguidas en fecha 21/06/2006, le fue REVOCADA, el Beneficio otorgado por incumplimiento de las condiciones impuestas por este tribunal, siendo restituida en fecha 13/07/2010, ya que el mismo justificó el no cumplimiento de las obligaciones asignadas.

Ahora bien, de acuerdo a la decisión dictada donde se restituye la Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, se evidencia que le fue colocado un régimen de prueba de tres (03) años, a partir del 13/07/2010, por lo que se evidencia que la pena finalizó el 13/07/2013 y verificado el cabal cumplimiento de las condiciones impuestas en el beneficio acordado, fue presentado INFORME CONDUCTUAL FINAL, signado con el Nro MPPSP/ /UTSO/5705-2013, de fecha 25/07/2013, suscrito por Delegada de Prueba ABG. MARBELLE TERÁN y la ABG. OLIMPIA MULLER, Directora de la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación Distrito Capital.

Así mismo consta a los autos CONSTANCIA DE FINALIZACIÓN, por cumplimiento de pena a nombre del referido penado de fecha 17/07/2013, suscrita por la Abogada antes nombrada quien funge como Delegada de Prueba y la Abogada quien funge como Directora de la Unidad Técnica de Supervisión y Orientación del Distrito Capital, nombradas en el párrafo anterior.

Por otra parte, en relación a la pena accesoria impuesta, relativa a la sujeción de la vigilancia de la autoridad, la misma no se aplicará toda vez que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 21-05-2007, dictada en la causa llevada por es Sala con el N° 03-2352, estableció:

“…..la Sala observa que la pena accesoria de sujeción a la vigilancia de la autoridad es excesiva de la pena que causa el delito. La sujeción de la autoridad, a pesar de que no es una pena principal, restringe la libertad plena a la que tiene derecho el penado luego de cumplida la pena principal, por lo que la misma, a juicio de esta Sala, se convierte en excesiva…. La consecuencia natural del cumplimiento de la pena corporal es que se acuerde la libertad plena. Sin embargo, esta plenitud no es alcanzada por el ciudadano que cumplió su pena principal, por cuanto debe sujetarse a una pena accesoria que, en fin, se trata de una extensión de hecho de la condena privativa de libertad, pudiendo exceder con creces la privativa de libertad de la pena máxima establecida constitucionalmente en el artículo 44.3 in fine de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que en efecto, con la sujeción a la vigilancia de la autoridad, se subordina a un ciudadano, que ya ha cumplido su pena privativa de libertad, a una libertad condicionada, que es una especie de restricción de la libertad, contraria a la libertad plena a la cual tiene derecho el penado una vez cumplida la pena de presidio o prisión… Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional introduce un cambio de criterio, en relación a la doctrina asentada respecto a la desaplicación de… la sujeción a la vigilancia de la autoridad civil….”

En atención a los argumentos antes expuestos, este tribunal estima procedente y ajustada a derecho DECRETAR LA LIBERTAD PLENA del ciudadano penado CARLOS ENRIQUE OVALLES APONTE, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, nacido en La Guaira, estado Vargas, e identificado con cédula de identidad Nro. V.- 13.827.653, por haber cumplido a cabalidad con la pena impuesta. Y ASI SE DECLARA.

DISPOSITIVA

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD PLENA del ciudadano CARLOS ENRIQUE OVALLES APONTE, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, nacido en La Guaira, estado Vargas en fecha 24-10-1973, de estado civil soltero, de profesión u oficio pescador informal e identificado con cédula de identidad N° 13.827.653,, por cumplimiento de la pena OCHO (08) AÑOS DE PRISIÓN, por ser autora responsable del delito de TRANSPORTE ILÍCITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previsto y sancionado en artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como a las penas accesorias contempladas en el artículo 16 ejusdem.

Notifíquese a las partes. Ofíciese a la Dirección de Servicios Penitenciarios del i del Poder Popular para Asuntos Penitenciarios; al Asesor Jurídico Nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, a fin excluir de pantalla al prenombrado ciudadano por el presente asunto, al Servicio Administrativo de Inmigración, Migración y Extranjería a los fines de dejar sin efecto la prohibición de salida del país; al Consejo Nacional Electoral notificándole de la presente decisión para que se sirvan dejar sin efecto la inhabilitación política.

Regístrese, publíquese, notifíquese, diarícese, déjese copias y líbrense los oficios a correspondientes.
EL JUEZ (02) DE EJECUCION

DR. MAURO RODRIGUEZ BARBOZA.
LA SECRETARIA,

ABG. ROSA LILIANA CARRERA

En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.
LA SECRETARIA,

ABG. ROSA LILIANA CARRERA

ASUNTO: WL01-P-2000-000170