REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira San Cristóbal, 20 de diciembre de dos mil trece 203º y 154º ASUNTO: SC01-X-2013-000020. PARTE DEMANDANTE: BANCO SOFITASA, BANCO UNIVERSAL, C.A. APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado, LUÍS EDUARDO MENDOZA PÉREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 44.275. ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Certificación médico ocupacional Nº CMO 0026-2013, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure del Instituto Nacional del Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en fecha 22 de febrero de 2013. Motivo: Amparo cautelar. Medida cautelar de suspensión de efectos del Acto Administrativo y amparo cautelar. Sentencia: Interlocutoria. I Se aperturó por esta alzada el presente cuaderno, en virtud de las medidas de amparo cautelar, e innominada de suspensión de efectos, contenidas en la demanda de nulidad contra el acto administrativo previsto en la certificación médico ocupacional Nº CMO 0026-2013, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en fecha 22 de febrero de 2013. Por auto de fecha 18 de octubre de 2013, se admitió la referida demanda de nulidad, señalándose que la medida solicitada se decidiría por cuaderno separado. Siendo la oportunidad para decidir, este Sentenciador procede a hacerlo con base en los siguientes fundamentos: II FUNDAMENTACIÓN PARA DEDICIR De la acción de amparo cautelar propuesta Solicita la parte accionante cautela constitucional por cuanto en su decir, el Banco Sofitasa puede ser sujeto de sanciones de carácter pecuniario, así como sanciones de carácter penal por intermedio de las Fiscalías Laborales del Ministerio público y de demandas por los Tribunales laborales para exigir las indemnizaciones que pudieren corresponderle a la trabajadora y por cuanto de lograrse una decisión anulatoria del acto impugnado, no habría garantía para la accionante de la restitución de la situación de libertad una vez se imponga una pena restrictiva de libertad. Sin embargo, no especifica cuál derecho humano de los catalogados en la Carta Magna estaría siendo vulnerado por el acto administrativo impugnado. Aunado a esto, la accionante solicita en el mismo escrito libelar, medida cautelar innominada de suspensión de efectos, la cual conforme al artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es la vía ordinaria para evitar que la ejecución de un eventual fallo favorable quede ilusorio, en caso de no atenderse en sede jurisdiccional a la urgencia de la cuestión planteada en la demanda. En este punto debe observarse, que la Constitución diseñó un sistema garantizador de las situaciones jurídicas constitucionales, en el cual el Poder Judicial cumple un rol fundamental, por cuanto le corresponde hacer efectivo el derecho que tienen todas las personas de acceder a los órganos de administración de justicia, para hacer valer sus derechos e intereses, de conformidad con el artículo 26 Constitucional. Así, todos los órganos judiciales son tutores de los derechos fundamentales y están obligados a garantizar su goce efectivo. Sin embargo, se aprecia que el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece las causales de inadmisibilidad de toda acción de amparo, entre las cuales se encuentra en su numeral 5°, que el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. Resulta evidente para este sentenciador, que al haber solicitado medida cautelar innominada de suspensión de efectos, el accionante ejerció la vía ordinaria y expedita prevista en la ley especial de la materia contencioso administrativa, y con ello ha hecho nugatoria la posibilidad de que este sentenciador conozca y decida sobre la procedencia de dicha acción constitucional. De allí que debe procederse a declarar in limine litis la improcedencia de la acción de amparo cautelar propuesta. Y así se decide. De la medida cautelar innominada. Respecto a la vía ordinaria utilizada por el accionante, solicitando la previsión de cautela, se tiene que las medidas cautelares constituyen una providencia que resulta provisoria, ya que depende la medida de su existencia de un acto judicial posterior; por ello Couture, señala que la finalidad de las medidas cautelares es la de restablecer la significación económica del litigio con el objeto de asegurar la eficacia de la sentencia y cumplir con un orden preventivo. De modo pues, que resulta claro que las medidas cautelares, en el proceso contencioso administrativo, son otorgadas por el juez sobre la base de un juicio probabilístico, y no de certeza, mediante el análisis de los requisitos exigidos para su decreto, los cuales son: en primer término, el fumus boni iuris, es decir, la apariencia del buen derecho que debe derivar de la narrativa libelar y de las pruebas aportadas, las cuales deben ser apreciadas por el Tribunal; en segundo lugar, el periculum in mora que procede en la forma antes señalada; en tercer término, el periculum in damni, que consiste en que el daño sea irreparable o de difícil reparación por la definitiva; y finalmente, la Ponderación de los Intereses Particulares y Colectivos, porque de privar éstos últimos, no podrá decretarse ninguna medida cautelar a favor de un particular, por ello el Juez goza de los más amplios poderes cautelares. Es así, que sobre estos particulares, Devis Echandía señala “... el proceso cautelar no tiene como fin declarar un hecho o una responsabilidad, ni la de constitución de una relación jurídica, ni de ejecutar un mandato y satisfacer el derecho que se tiene sin ser discutido, ni de dirimir un litigio, sino de prevenir los daños que el litigio pueda acarrear o puedan derivarse de una situación anormal”. (Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del Proceso, Tomo I, pag. 145 y ss). Así las cosas, aprecia este Juzgado que el presente caso versa sobre una solicitud de amparo cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo, medida posible de materializar a través de las medidas cautelares innominadas, de conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Ahora bien, en el caso bajo estudio, con respecto a la solicitud de la medida cautelar de suspensión de efectos, aprecia este Juzgado que el citado artículo establece: “A petición de las partes, en cualquier estado y grado del procedimiento el tribunal podrá acordar medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva”. Por ello, pretendiéndose la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del acto administrativo impugnado, lo que debe observarse es el cumplimiento de los requisitos señalados por la Ley. Así pues, se tiene que el periculum in mora posee como causa constante y notoria, la tardanza del juicio de cognición, es decir, el retardo procesal que aleja la culminación del juicio. El fumus boni iuris supone un juicio de valor que haga presumir que la medida cautelar va a asegurar el resultado práctico de la ejecución o la eficacia del fallo. El periculum in damni, precisa analizar a priori las consecuencias de la decisión a dictar. Y la ponderación de los intereses públicos generales y colectivos concretizados, y ciertas gravedades en juego, relacionados con los derechos económicos del patrono. En relación con lo anterior, se colige la obligación de este Tribunal de constatar los requisitos para la procedencia de la medida cautelar innominada. Al respecto, se observa que se solicita la suspensión provisional de efectos de la Certificación médico ocupacional Nº CMO 0026-2013, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure del Instituto Nacional del Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en fecha 22 de febrero de 2013, mediante la cual se certificó que la enfermedad padecida por la trabajadora Fanny Lozada, diagnosticada como Hernia discal ventro-lateral izquierda L3-L4, hernia discal C6-C7, es una enfermedad ocupacional agravada con ocasión al trabajo, y le ocasiona una discapacidad parcial permanente. En atención a la doctrina y jurisprudencia citada supra, este Tribunal considera la necesidad de que el solicitante de la medida cautelar encuadre dicha petición en los requisitos mencionados anteriormente, máxime si el Código de Procedimiento Civil así lo dispone en su artículo 588, parágrafo primero, como lo son el peligro en la mora y la apariencia de buen derecho. Así pues, quien Juzga puede observar que el accionante en su pretensión cautelar ratificando los argumentos explanados para el amparo cautelar ya decidido, señala que el Banco Sofitasa puede ser sujeto de sanciones de carácter pecuniario, así como sanciones de carácter penal por intermedio de las Fiscalías Laborales del Ministerio Público, y de demandas por los Tribunales laborales para exigir las indemnizaciones que pudieren corresponderle a la trabajadora. Se aprecia de dichos razonamientos que la parte accionante se limita a peticionar dicha acción, haciendo alusión a posibles daños y perjuicios futuros, pero sin efectuar señalamiento expreso de los daños patrimoniales o morales que le está originando la ejecución del acto administrativo del cual se pretende suspender sus efectos, ni por qué serían de imposible y difícil resarcimiento, así como asume responsabilidades subjetivas y objetivas derivadas de la certificación médica, la cual en criterio de quien decide, no implica tal responsabilidad, entendiendo esta instancia que el hecho de que Inpsasel, luego de ejecutar las funciones que le permite la ley, haya arribado a la conclusión de que existe una enfermedad ocupacional, no conlleva por sí sola a atribuirle responsabilidades al patrono, dado que en todo caso, cualquier responsabilidad deberá ser dilucidada en la causa principal, en la misma demanda de nulidad, dado que es en ésta donde se podrán efectuar los alegatos de defensa que a bien tenga la parte presuntamente agraviada por el acto administrativo, por lo que se hace notoria la no demostración del requisito de periculum in mora alegado, razón por la cual, siendo un capítulo aparte y una medida accesoria, el solicitante debió indicar pormenorizadamente los perjuicios patrimoniales que por el acto administrativo en su decir se produjeron, o se podrían producir, dado que la imposición de cualquier multa posterior a la declaración resultará del hecho de demostrar responsabilidad de la demandante en la ocurrencia del hecho en el cual haya incurrido por el incumplimiento de lo ordenado por el acto administrativo, las cuales siempre podrá evitar con el simple acatamiento del mismo, mientras transcurre el juicio de nulidad. O en el peor de los casos, con la simple solicitud de medidas de suspensión de efectos ante los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, dado que el solicitante no cumplió con los requisitos establecidos en la norma, razón por la cual al no cumplir dicha previsión, debe declararse Improcedente la medida cautelar solicitada. Y así se decide. III DECISIÓN En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley, declara: PRIMERO: INADMISIBLE la medida de amparo cautelar de suspensión de efectos de la certificación médico ocupacional Nº CMO 0026-2013, dictada por la Dirección Estadal de Salud de los Trabajadores (DIRESAT) Táchira y Municipios Páez y Muñoz del Estado Apure del Instituto Nacional del Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL), en fecha 22 de febrero de 2013. SEGUNDO: IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada de suspensión de efectos del mencionado acto administrativo. Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa. Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al libro respectivo. Notifíquese a la parte accionante de la publicación del presente fallo. El Juez ABG. JOSÉ FÉLIX ESCALONA B. El Secretario ABG. JOSÉ GREGORIO GUERRERO S. Nota: En este mismo día, siendo las tres y veinte de la tarde 3:20 pm), se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión. ABG. JOSÉ GREGORIO GUERRERO SÁNCHEZ Secretario SP01-X-2013-020 JFE/eamm.