TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DEL ESTADO VARGAS
Maiquetía, diecinueve (19) de diciembre del año dos mil trece (2013)
203º y 154º

ASUNTO PRINCIPAL: WP11-L-2011-000082

I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES

PARTE ACTORA: RAMON MARQUEZ ZAMBRANO, titular de la cédula de identidad N° V- 3.311.615.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: ROGER ANTONIO AGUEY ALFONSO, RICHARD ZARATE RODRIGUEZ, PEDRO ANTONIO BARRIOS PEREZ y CARLOS ALBERTO MORANTES GONZALEZ, abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 23.001, 41.946 y 44.016, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: TRANSPORTE LOS DELFINES A.R., C.A.
MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y DEMAS ACREENCIAS E INDEMNIZACIONES.
II

SÍNTESIS

Quien suscribe se ABOCA al conocimiento de la causa de conformidad con lo previsto con los artículos 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en virtud que fui designada Juez Provisoria del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, mediante oficio Nº CJ-13-3970, emanado de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha diecisiete (17) de octubre del año dos mil trece (2013) y considerando que tome posesión de este Tribunal, previa Juramentación; paso a conocer la presente causa, toda vez que, desde el 01 de marzo del año 2012, no existe impulso procesal por la parte accionante en el presente juicio, en este sentido, consideró pertinente emitir el presente pronunciamiento considerando las actuaciones procesales que acontinuación se describen:
Se inició el presente asunto en fecha 28 de febrero del año 2011, mediante la demanda por cobro de prestaciones sociales y demás acreencias e indemnizaciones interpuesta por el profesional del derecho ROGER ANTONIO AGUEY ALFONZO en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAMON MARQUEZ ZAMBRANO, en contra de la entidad de trabajo TRANSPORTE LOS DELFINES A.R., C.A.

En fecha 01 de marzo del año 2011, fue recibida la presente demanda por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del estado Vargas, asimismo, en fecha 03 de marzo del año 2011, este Tribunal admitió la presente demanda y ordenó la notificación de la parte demandada.
En fecha 04 de marzo del año 2011, el apoderado judicial de la parte demandante diligenció solicitando copias certificadas del expediente a los fines de registrar la demanda para interrumpir la prescripción; diligencia que fue acordada por este Tribunal en fecha 09 de marzo del año 2011, en fecha 14 de marzo del año 2011, la parte actora dejo constancia que retiro las referidas copias certificadas; en fecha 15 de marzo del año 2011, consigna las referidas copias certificadas; ya inscritas ante el Registro Público del Primer Circuito del estado Vargas, bajo el Nº 3, Protocolo 1, Tomo 9.
En fecha 17 de marzo del año 2011, el ciudadano alguacil Rigoberto Montilla consignó las boletas de notificaciones libradas a la parte demandada, dejando constancia que se entrevistó con la ciudadana Aracelis delgado en su carácter de secretaria del estacionamiento de Playa Grande quien le informó que dicha empresa cerró sus puertas hace un año y que la misma fue la expropiada por el Gobierno Nacional, por lo que no pudo notificar; este Juzgado en fecha 23 de marzo del año 2011, insta a la parte actora para que indicará una nueva dirección a los fines de llevar a cabo la notificación de la parte demandada, y es en fecha 2 de mayo del año 2011, que comparece el actor solicitando al Tribunal se sirva notificar a la parte demandada mediante cartel de notificación conforme a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; el Tribunal en fecha 12 de mayo del año 2011, da respuesta a dicha solicitud e insta nuevamente a que consigne una nueva dirección para notificar a la demandada.
No obstante, en fecha 23 de marzo del año 2011, comparece la parte actora solicitando al Tribunal que oficie al Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), a los fines de que informe el domicilio que posee la entidad de trabajo demandada, este Juzgado acuerda la solicitado en fecha 25 de mayo del año 2011, ordena oficiar a dicho organismo mediante oficio Nº 827/2011, llegando las resultas del mismo en fecha 27 de junio del año 2011, informando un nuevo domicilio, nuevamente diligencia la parte accionante en fecha 05 de agosto del año 2011, y solicita que se libre la notificación al demandado en el domicilio indicado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT); la cual es librada por este Tribunal en fecha 09 de agosto del año 2011, llegando las resultas del mismo en fecha 09 de enero del año 2012; de las resultas se desprendió que en fecha 19 de octubre del año 2011, el ciudadano alguacil del Circuito Judicial del Trabajo del estado Carabobo Ender Maneiro, se traslado a los fines de notificar a la entidad de trabajo demandada, e informó que no hizo entrega del cartel toda vez que se entrevisto con una señora domestica que reside en ese edificio y le indicó que desconocía a esa empresa y que en ese lugar quien residía era la familia Bernal, tal información fue corroborada por el alguacil con el conserje del edificio en consecuencia, dejó constancia que no se pudo practicar la notificación a la parte demandada.
Posteriormente, el apoderado judicial de la parte actora diligenció en fecha 30 de enero del año 2011, solicitando copias certificadas del expediente, siendo estas acordadas por el Tribunal.

Ahora bien, observa este Tribunal que la última actuación realizada en el expediente por parte del accionante fue en fecha 01 de marzo del año 2012, mediante diligencia en la cual consigna copias certificadas del libelo de demanda.

En este sentido, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en sus artículos 201 y 202, dispone que la instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un año sin que se hubiese ejecutado ningún acto del procedimiento; asimismo, en las causas en las cuales haya transcurrido más de un año sin que las partes hubieren realizado alguna actuación, el Juez del Trabajo debe declarar de oficio la perención.
En concordancia con las normas antes trascritas, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Elvigia Porras de Roa, en el juicio incoada por el ciudadano MANUEL RENATO DE SOUSA BARROS, en contra la Sociedad Mercantil C.A., CAFÉ FAMA DE AMÉRICA, sentencia Nº 825 de fecha 28/07/2005, estableció:
“… En efecto, el análisis del contenido del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo permite establecer que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, vale decir, que es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia, en los lapsos procesales establecidos; en consecuencia, el abandono del juicio por las partes procesales lleva a concluir que éstas, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio.
Sin embargo, al encontrarse el proceso en etapa de sentencia, corresponde también al juzgador dar el impulso procesal necesario para su continuación; en tal supuesto, no corresponde a las partes procesales (actor y demandado) realizar actuación alguna encaminada a impulsar el proceso -aunque puedan hacerlo-, puesto que su intervención en el mismo ha cesado…”
Asimismo, la Sala Constitucional con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Expediente Nº 05-2317 de fecha 16/02/2006, sentencia Nº 195, dejo sentado lo siguiente:
“… A partir de esa justificación, la especial regulación de la perención en materia laboral, de eficacia temporal se insiste, mantiene en esencia las notas distintivas de esta institución procesal, no obstante, en virtud de la adecuación del proceso laboral a los postulados constitucionales consagrados en los artículos 26 y 257 de la Constitución de 1999, la incorporación de la perención en fase de sentencia compele a las partes a ejecutar actos de impulso que provoquen la decisión oportuna sobre el asunto sometido a la cognición del órgano jurisdiccional, materializado a través de solicitudes o diligencias dirigidas al Juez que demuestren la actualidad de su interés procesal en la resolución de la controversia, puesto que la norma en su configuración gramatical, emplea la conjunción disyuntiva ‘o’, lo cual hace recaer la carga en uno u otro sujeto del proceso y no exclusivamente en el operador de justicia.

Tales actos de impulso, se insiste, deben ser lo suficiente idóneos para obtener una respuesta por parte del juez tendente a darle continuidad al proceso o, en el supuesto especial previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, luego de vista la causa, decidir el asunto sometido a la jurisdicción. En todo caso, la aplicación de la perención en los procedimientos laborales sustanciados y decididos durante el régimen de transitoriedad previsto en el Capítulo II del Título IX de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 201 al 204 de este texto legal, una vez que la causa se halle en estado de sentencia, debe atender a la actividad del juez o al examen de aquellos actos procesales que dan impulso al juicio laboral dimanados de aquellos sujetos involucrados -de forma activa o pasiva- en la controversia judicial, dirigidos en todo momento, como carga procesal excepcionalmente establecida por el legislador en la materia, a instar al Juez a dictar decisión de forma expedita y oportuna en el marco de la implementación del nuevo sistema de justicia laboral consagrado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ello atendiendo a la ratio de esas normas (...).

El fallo en cuestión refiere a la perención suscitada en fase de sentencia, en la cual son las partes, indistintamente, las obligadas a realizar actos de impulso procesal a través de solicitudes o diligencias dirigidas al juez que demuestren la actualidad de su interés procesal en la resolución de la controversia. No se trata de cualquier acto, sino de actos suficientemente idóneos para obtener una respuesta por parte del juez tendente a darle continuidad al proceso o, en el supuesto especial previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, luego de vista la causa, decidir el asunto sometido a la jurisdicción…”
Del mismo modo, dispone la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 479 de fecha 26 de junio del año 2013, con ponencia de la Magistrada Dra. Sonia Coromoto Arias Palacios, que el lapso para computar la perención de la instancia será desde el último acto del procedimiento, es decir, al día hábil siguiente a la fecha del acto que da lugar al lapso.
Tomando en cuenta la disposiciones normativas aplicables al caso así como los criterios jurisprudenciales antes señalados, este Tribunal observa luego de un análisis realizado a las actas procesales, que en la presente causa la última actuación de la parte demandante, fue el día 01 de marzo del año 2012, siendo que hasta el día de hoy 19 de diciembre del año 2013, transcurrió 01 año, 09 meses y 18 días de inactividad, lo cual deja claro la falta de interés procesal por parte del demandante, en consecuencia, se declara la Perención de la Instancia de conformidad con lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; se ordena el cierre y archivo del expediente así como su remisión al archivo judicial. ASÍ SE DECIDE.
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, declara PERIMIDO el presente juicio incoado por el ciudadano Ramón Márquez Zambrano, en contra de la entidad de trabajo Transporte los Delfines A.R., C.A.
Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil trece (2013). Años: 203° de la Independencia y 154° de la Federación.
LA JUEZA.

Abg. NELLY MORENO
EL SECRETARIO

Abg. REYNALDO BASILE
En la misma fecha de hoy se publicó y registró la anterior decisión, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las doce y veintiuno horas de la tarde (12:21 m.)
EL SECRETARIO

Abg. REYNALDO BASILE