REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO CUARTO DE JUICIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo
Penal en funciones de Juicio del Circuito
Judicial Penal del Estado Vargas
Macuto, 31 de Enero de 2013
202° y 153°
ASUNTO PRINCIPAL: WP01-P-2011-000247
ASUNTO : WP01-P-2011-000247
4J 1662-11
Corresponde a éste Tribunal emitir pronunciamiento judicial con ocasión a la solicitud interpuesta, por la Abg. JULIMIR VASQUEZ HERNANDEZ, en su condición de Fiscal Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, mediante la cual manifiesta y requiere “…acudo ante su competente autoridad, a fin de solicitar la PRORROGA, de conformidad con el articulo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, relacionada con la causa WP01-P-2011-000247, según nomenclatura de ese Honorable Tribunal, seguida al ciudadano MIGUEL ANTONIO RIVERA RAMOS, titular de la cedula de Identidad Nº V-18.461.844, sobre quien actualmente pesa una MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, por encontrarse incursos (sic) en la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FÚTILES E INNOBLES EN GRADO DE COAUTOR, previsto y sancionado en el articulo 406 ordinal 1º del Código Penal. Ahora bien, en virtud del delito imputado a los prenombrados ciudadanos la pena es de quince (15) a veinte (20) años de prisión y debido a que las circunstancias que dieron origen a la aprehensión no han variado, si no por el contrario se mantienen iguales y en razón a que la audiencia de Juicio Oral y Publico no se ha realizado por diferentes motivos no imputables al Ministerio Público o al Tribunal; toda vez los mismos han sido por falta de traslado del recinto penal donde se encuentra recluido el precitado imputado. En relación a lo anteriormente descrito, solicito muy respetuosamente, se otorgue la prorroga de dos (02) años a fin de poder realizar el Juicio Oral y Publico de la presente causa…”
A los fines de decidir, este tribunal previamente considera y observa:
Se evidencia que el presente proceso se inició en fecha 16/01/2011, en virtud de la detención de los acusados RIVERA RAMOS MIGUEL y JOSE ANTONIO LASCANO GARCIA, por funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía y Circulación del Estado Vargas, y puestos a la orden del Tribunal de Control correspondiente, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana quien en vida respondiera al nombre de María Placida Morillo; HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio de José Luís Ramírez Castillo; HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, en relación con el segundo aparte del articulo 80 en perjuicio del ciudadano Richard Gil; HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, en relación con el segundo aparte del articulo 80 en perjuicio del ciudadano Alirio José Guedez, todos en grado de coautores tal y como lo dispone el articulo 83 del Código Sustantivo Penal, decretándose la Medida de Privación preventiva Judicial de Libertad, de conformidad con lo establecido en los articulo 250 y 251 ambos del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la fecha.
En fecha 11 de Febrero de 2011, se recibe escrito interpuesto por el Abg. Shinding Escobar, en condición de Fiscal Auxiliar Tercero del Ministerio Publico, mediante el cual solicita un lapso de prorroga de conformidad con lo establecido en el quinto aparte del articulo 250 del Código Orgánico Procesal Penal vigente para la fecha.
En fecha 18 de Febrero de 2011, el Tribunal Cuarto de Control de este Circuito Judicial Penal, emite pronunciamiento en el cual Declara con lugar la solicitud interpuesta por el Abg. Shinding Escobar y en consecuencia otorga Prorroga de 15 días para la presentación del acta conclusivo que haya lugar.
En fecha 04/03/11 fue presentada acusación en contra de los imputados ciudadanos RIVERA RAMOS MIGUEL y JOSE ANTONIO LASCANO GARCIA, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana quien en vida respondiera al nombre de María Placida Morillo; HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio de José Luís Ramírez Castillo; HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, en relación con el segundo aparte del articulo 80 en perjuicio del ciudadano Richard Gil; HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, en relación con el segundo aparte del articulo 80 en perjuicio del ciudadano Alirio José Guedez, todos en grado de coautores tal y como lo dispone el articulo 83 del Código Sustantivo Penal.
En fecha 15 de Marzo de 2011 se dicto auto en el cual se acordó fijar el acto de Audiencia Preliminar para el día 06 de Abril de 2011.
En fecha 07-04-2011, se dicto auto en el cual se dejo constancia que el día 06-04-2011, no se llevo a cabo el acto de Audiencia Preliminar en virtud que no hubo despacho en el Tribunal Cuarto de Control, en razón que Juez encargado del Tribunal para ese momento se encontraba asistiendo a la entrega de Certificado de Culminación del Programa de Formación Inicial en la sede la Escuela de la Magistratura, por lo que se fijo el acto de audiencia preliminar para el día 29-04-2011.
En fecha 29-04-2011, se difiere el acto de Audiencia Preliminar por la ausencia de los imputados por no haberse hecho efectivo el traslado de las victimas.
En fecha 13-05-2011, se difiere el acto de Audiencia Preliminar, en virtud de la ausencia de las victimas.
En fecha 27-05-2011, se difiere el acto de Audiencia Preliminar, en virtud de la ausencia del Representante del Ministerio Publico.
En fecha 17-06-2011, se difiere el acto de Audiencia Preliminar, en virtud de la ausencia de la Defensa Privada y los imputados por no haberse hecho efectivo el traslado.
En fecha 08-07-2011, se difiere el acto de Audiencia Preliminar, en virtud de la ausencia de la Defensa Privada y los imputados por no haberse hecho efectivo el traslado.
En fecha 22-07-2011, se difiere el acto de Audiencia Preliminar, en virtud de la ausencia de la Defensa Privada y los imputados por no haberse hecho efectivo el traslado.
En fecha 05-08-2011, se llevo a cabo el acto de Audiencia Preliminar, en la cual se admitió totalmente la acusación así como fueron admitidos todos los medios probatorios ofrecidos por la Representación Fiscal y la Defensa, dictándose el respectivo auto de Apertura a Juicio.
En fecha 05-10-2011, fueron recibidas las actuaciones en este Tribunal de Juicio, acordándose fijar sorteo de Escabinos para el día 17-10-2011.
En fecha 17-10-2011, se llevo a cabo el sorteo de Escabinos.
En fecha 07-11-2011, se difiere al acto de Depuración de Escabinos por ausencia de los posibles Escabinos y de la Defensa Publica.
En fecha 17-11-2011, se prescindió de los escabinos, y se constituyo el Tribunal en Unipersonal, acordándose fijar el acto de Juicio Oral y Publico para el día 07-12-2011.
En fecha 07-12-2011, se apertura el juicio oral y publico.
En fecha 16-12-2011, no se llevo a cabo la continuación del juicio oral y publico en virtud de la ausencia de los acusados.
En fecha 21-12-2011, no se llevo a cabo la continuación del juicio oral y publico en virtud de la ausencia de los acusados, quedo interrumpido el acto y se perdió continuidad del juicio.
En fecha 27-01-2012, se apertura el juicio oral y publico.
En fecha 03-02-2012, no se llevo a cabo la continuación del juicio oral y publico en virtud de la ausencia de los acusados.
En fecha 10-02-2012, no se llevo a cabo la continuación del juicio oral y publico en virtud de la ausencia de los acusados, quedo interrumpido el acto y se perdió continuidad del juicio.
En fecha 02-03-2012, se difiere al acto de Juicio Oral y Público en virtud de la ausencia del acusado MIGUEL RIVERA RAMOS, por no haberse hecho efectivo el traslado.
En fecha 16-03-2012, se difiere al acto de Juicio Oral y Público en virtud de la ausencia de la Representante del Ministerio Público.
En fecha 30-03-2012, se difiere al acto de Juicio Oral y Público en virtud de la ausencia de los acusados, por no haberse hecho efectivo el traslado.
En fecha 16 de Mayo de 2012, se recibe oficio Nro. D.T.R.III 0429, de fecha 04 de Mayo de 2012, mediante el cual remiten acta levantada en fecha 27 de Abril de 2012, en el que se deja constancia de lo siguiente: “…EN EL DÍA DE HOY VIERNES VEINTISIETE (27) DE ABRIL DE DOS MIL DOCE (2012), SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA QUE EL TRASLADAO PAUTADO PARA ESTA MISMA FECHA, DESTINADO AL: TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS NO SE EFECTUO MOTIVADO A QUE EL PRIVADO DE LIBERTAD RIVERA RAMOS MIGUEL ANTONIO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NºV-18.461.844. QUIEN CURSA CAUSA POR ESE TRIBUNAL BAJO EL Nº WP01-P-2011-000247---4U1662-11 “NO ACUDIO A LOS LLAMADOS DE LA COORDINADORA DE TRASLADOS (E)” ES TODO, SE LEYO Y CONFORME FIRMA…”
En fecha 18-05-2012, se difiere al acto de Juicio Oral y Público en virtud de la ausencia de los acusados, por no haberse hecho efectivo el traslado.
En fecha 11 de Junio de 2012, se recibe oficio Nro. D.T.R.III 0562, de fecha 28 de Mayo de 2012, mediante el cual remiten acta levantada en fecha 18 de Mayo de 2012, en el que se deja constancia de lo siguiente: “…EN EL DÍA DE HOY VIERNES DIECIOCHO (18) DE MAYO DE DOS MIL DOCE (2012), SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA QUE EL TRASLADO PAUTADO PARA ESTA MISMA FECHA, DESTINADO AL: TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS NO SE EFECTUO MOTIVADO A QUE EL PRIVADO DE LIBERTAD RIVERA RAMOS MIGUEL ANTONIO TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD NºV-12.386.266. QUIEN CURSA CAUSA POR ESE TRIBUNAL BAJO EL Nº WP01-P-2011-000247. NO SE HIZO EFECTIVO MOTIVADO A LA FALTA DE TRANSPORTE, YA QUE POR LA CONTINGENCIA VIVIDA EN LA PLANTA (EL PARAISO), SE LES PRESTO APOYO CON LOS VEHICULOS PARA DESALOJAR LOS INTERNOS DE LA MISMA” ES TODO, SE LEYO Y CONFORME FIRMA:…”
En fecha 08-06-2012, no hubo despacho ni secretaria en este Tribunal de Juicio.
En fecha 29-06-2012, se difiere al acto de Juicio Oral y Público en virtud de la ausencia de los acusados, por no haberse hecho efectivo el traslado.
En fecha 03 de Julio de 2012, se recibe oficio Nro. D.T.R.III 0603, de fecha 08 de Junio de 2012, mediante el cual remiten acta levantada en fecha 08 de Junio de 2012, en el que se deja constancia de lo siguiente: “…EN EL DÍA DE HOY VIERNES DIECIOCHO (18) DE MAYO DE DOS MIL DOCE (2012), SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA, CON EL FIN DE DEJAR CONSTANCIA QUE EL TRASLADO PAUTADO PARA ESTA MISMA FECHA, DESTINADO AL: TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS NO SE EFECTUO MOTIVADO A QUE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD RIVERA RAMOS MIGUEL ANTONIO Y LASCANIO GARCIA JOSE ANTONIO TITULARES DE LA CEDULAS DE IDENTIDAD NºV-18.461.844 Y 24.802.667, QUIENES CURSA ASUNTO PRINCIPAL POR ESE TRIBUNAL BAJO Nº WP01-P-2011-000247. “NO ACUDIERON A LOS LLAMADOS DE LA COORDINADORA DE TRASLADO (E)” ES TODO, SE LEYO Y CONFORME FIRMA:…”
En fecha 18 de Julio de 2012 se recibe oficio Nro.2111, de fecha 06 de Julio de 2012, en el cual hacen del conocimiento al tribunal que el acusado RIVERA MUÑOZ MIGUEL ANGEL, desde el día 05 de julio de 2012, fue trasladado al INTERNADO JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR (VISTA HERMOSA), como medida disciplinaria en ocasión a los hechos de sangre acaecidos en el Internado Judicial Rodeo III.
En fecha 20-06-2012, no hubo despacho ni secretaria en este Tribunal de Juicio.
En fecha 15-08-2012, se difiere al acto de Juicio Oral y Público en virtud de la ausencia de los acusados, por no haberse hecho efectivo el traslado.
En fecha 31-08-2012, se acordó separar la causa seguida al acusado JOSE ANTONIO LASCANO, conforme a lo establecido en el artículo 76 en relación con el artículo 77 numeral 4º del Código Orgánico Procesal penal vigente para esa fecha, en razón a la admisión de hechos efectuada por el acusado antes mencionado y la ausencia reiterada del acusado RIVERA MUÑOZ MIGUEL ANGEL, a los actos de juicio por no hacerse efectivo el traslado.
En fecha 25-09-2012, se difiere al acto de Juicio Oral y Público en virtud de la ausencia del acusado RIVERA RAMOS MIGUEL ANGEL, por no haberse hecho efectivo el traslado desde el INTERNADO JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR (VISTA HERMOSA).
En fecha 19-10-2012, se difiere al acto de Juicio Oral y Público en virtud que el Tribunal se encontraba en la continuación de los Juicios Orales y Públicos en las causas signadas bajo los Nros. WP01-P-2011-00278 y WP01-P-2009-006163.
En fecha 17-01-2013, se difiere al acto de Juicio Oral y Público en virtud de la ausencia del acusado RIVERA RAMOS MIGUEL ANGEL, por no haberse hecho efectivo el traslado desde el CENTRO PENITENCIARIO DE ARAGUA (TOCORON).
Ahora bien, conforme con el contenido del artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal el cual establece lo siguiente:
Artículo 230. Proporcionalidad. No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años; si se tratare de varios delitos se tomará en cuenta la pena mínima del delito más grave. Excepcionalmente y cuando existan causas graves que así lo justifiquen para el mantenimiento de las medidas de coerción personal, que se encuentren próximas a su vencimiento, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar prórroga, que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito imputado, y cuando fueren varios los delitos imputados se tomará en cuenta la pena mínima prevista para el delito más grave. Igual prorroga se podrá solicitar cuando dicho vencimiento se deba a dilaciones indebidas atribuibles al imputado o imputada, acusado o acusada, o sus defensores. Estas circunstancias deberán ser motivadas por el Fiscal o el o la querellante .Si el caso se encuentra en la Corte de Apelaciones, se recibirá la solicitud y se remitirá de inmediato con los recaudos necesarios al Juzgado de Primera Instancia que conoce o conoció de la causa, quien decidirá sobre dicha solicitud”
En este sentido, el legislador ha establecido la mencionada disposición, con la finalidad de garantizarle al imputado que no estará sometido indefinidamente a Medida de Coerción Personal alguna, sin que en su contra pese condena definitivamente firme, siendo que el principio rector de la norma en comentario, es el decaimiento automático de las medidas de coerción personal, una vez transcurrido el lapso de dos (2) años, y en consecuencia deriva el derecho del interesado a solicitar la libertad, sin mediar sentencia definitiva y es obligación del juez de la causa decretar la libertad al verificar el cumplimiento de los extremos exigidos en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, excepcionalmente, el Ministerio Público o el o la querellante podrán solicitar al Juez de que este conociendo la causa, una prórroga que no podrá exceder de la pena mínima prevista para el delito, para el mantenimiento de las medidas de Coerción Personal que se encuentren próximas a vencerse, cuando existan causas graves que así lo justifiquen, las cuales deberán ser debidamente motivadas por el Fiscal o el o la Querellante.
Efectivamente en el presente caso, el Ministerio Público dio cumplimiento a tal extremo como se desprende del escrito consignado por la Abg. JULIMIR VASQUEZ, en su condición de Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en tiempo hábil, el cual fue parcialmente transcrito al inicio.
Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado el limite para la duración de la Medida de Coerción Personal, sin embargo, el mismo Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional ha establecido que la duración de dichas medidas pueden exceder del limite por dilaciones causadas por las partes, al respecto señala lo siguiente en sentencia 691 de fecha 30-03-2006, Magistrado Ponente Pedro Rondón Haaz en sintonía con el fallo n.o 1712, de 12 de septiembre de 2001, y que se ratifica:
“Pero la Sala debe advertir sobre otra situación que emana de los autos. La privación de la libertad por orden judicial, cesa cuando la autoridad judicial ordena la excarcelación (artículo 44.5 constitucional) la cual tendrá lugar por las causas previstas en las leyes.
Entre estas causas, y a nivel legal, se encuentran las del artículo 253 (ahora, 244. Nota de la Sala) del Código Orgánico Procesal Penal, que en su último aparte reza con relación a los medios de coerción personal, de los cuales algunos obran como la excepción al principio de juzgamiento en libertad, establecido en el artículo 44 constitucional y 252 del Código Orgánico Procesal Penal, que en ningún caso podrán sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años.
Se trata de una norma precisa, que no previene cumplimiento de requisitos de otra clase, distintos a los señalados, para poner fin a las medidas de coerción personal decretadas.
Etimológicamente, por medidas de coerción personal, debe entenderse no sólo la privación de libertad personal, sino cualquier tipo de sujeción a que es sometida cualquier persona, por lo que incluso las medidas cautelares sustitutivas, son de esa clase.
En consecuencia, cuando la medida (cualquiera que sea) sobrepasa el término del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente sin que dicho Código prevea para que se decrete la libertad, la aplicación de medida sustitutiva alguna, por lo que el cese de la coerción –en principio– obra automáticamente, y la orden de excarcelación, si de ella se trata, se hace imperativa, bajo pena de convertir la detención continuada en una privación ilegítima de la libertad, y en una violación del artículo 44 constitucional.
A juicio de esta Sala, el único aparte del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, cuando limita la medida de coerción personal a dos años, no toma en cuenta para nada la duración del proceso penal donde se decreta la medida, el cual puede alargarse por un período mayor a los dos años señalados, sin que exista sentencia firme, y ello –en principio- bastaría para que ocurra el supuesto del artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, debido a tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores, el proceso penal puede tardar más de dos años sin sentencia firme condenatoria que sustituye la medida y, en estos casos una interpretación literal, legalista, de la norma, no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. La torpeza en el actuar, dilatando el proceso, no puede favorecer a quien así actúa” (resaltado del tribunal).
En el caso que nos ocupa, como se valora han sido muchos los actos que implican el normal desenvolvimiento del juicio seguido al acusado RIVERA RAMOS MIGUEL; ya que han sido un sinnúmero de diferimientos, lo cuales en su mayoría se deben a la ausencia del acusado RIVERA RAMOS MIGUEL, por no hacerse efectivo el traslado desde su lugar de reclusión, tal como consta en las actas levantadas con ocasión a la convocatoria de los distintos actos del proceso y las acta levantadas en Internado Judicial El Rodeo III, en razón al llamado efectuado por la Coordinadora del Traslados del centro de reclusión en cuestión y no atención por parte del acusado.
En este aspecto, las medidas cautelares tienen su finalidad en el aseguramiento de la persona del sometido a juicio con la simple idea de garantizar la consecución de la justicia, que en este estado sería la realización de juicio.
En este mismo orden de ideas, debe destacarse que la medida de coerción personal, sea esta privativa o restrictiva de la libertad, debe ser proporcional con los hechos objetos de la investigación y por ello el Juez que conoce de la solicitud de imposición de medidas cautelares sustitutivas, deberá analizar las circunstancias contenidas en el artículo 230 de la Ley Adjetiva Penal, esto es, la gravedad del delito, las circunstancias de comisión y la sanción probable. A saber:
De igual forma es necesario indicar lo que al respecto indican lo artículos 09 y 264 del Texto Adjetivo Penal cuando nos dice:
Artículo 9:
“Las disposiciones de éste Código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado o imputada, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta...”.(Resaltado del tribunal).
Artículo 250
“El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente. En todo caso el Juez o Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas. La negativa del Tribunal a revocar o sustituir la medida no tendrá apelación...” (resaltado del tribunal)
Establecido lo anterior, es importante analizar, a los efectos de considerar si en el caso de marras procede o no la sustitución de la medida de privación de libertad, los aspectos relacionados con la proporcionalidad de los hechos objeto de proceso. Así tenemos que al ciudadano RIVERA RAMOS MIGUEL, se encuentra sindicado por la presunta comisión de hechos graves, como lo son los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana quien en vida respondiera al nombre de María Placida Morillo; HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, del Código Penal, en perjuicio de José Luís Ramírez Castillo; HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, en relación con el segundo aparte del articulo 80 en perjuicio del ciudadano Richard Gil; HOMICIDIO CALIFICADO POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el artículo 406, numeral 1, en relación con el segundo aparte del articulo 80 en perjuicio del ciudadano Alirio José Guedez, todos en grado de coautor tal y como lo dispone el articulo 83 del Código Sustantivo Penal, que acarrean una pena que en su límite mínimo de quince (15) años de prisión.
En este orden de ideas se evidencia que se ha presentado la acusación concerniente dentro del lapso establecido para ello, se observa la realización de la audiencia preliminar, se aprecia la constitución del Tribunal Mixto, se valora igualmente la diligencia del Juzgado en prescindir del acto de Constitución del Tribunal Mixto después de dos convocatorias a un Tribunal Unipersonal, efectuándose tres aperturas del Juicio Oral y Publico, de igual forma el Ministerio Publico dio cumplimiento al extremo del articulo 230 del Código Orgánico Procesal Penal para solicitar prorrogar la medida de privación de libertad que pesa sobre el acusado de autos y así asegurar las resultas del proceso, por lo que, la dilación procesal que afecta la causa penal que se sigue al acusado, es imputable, en buena y decidida medida, a la incomparecencia del acusado por la falta del Traslado en razón a la negativa de acudir a los llamados efectuados por los Coordinadores de Traslados del penal en el cual se encontraba recluido, en consecuencia, se acuerda prorrogar por el lapso de UN (01) Y SEIS (06) MESES, la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada en contra del ciudadano RIVERA RAMOS MIGUEL, consideración de este Tribunal suficiente para la realización del Juicio Oral y Publico, contados a partir del día 16 de Enero de 2013. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por todos lo antes expuesto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, Declara con lugar la solicitud interpuesta por la Abg. JULIMIR VASQUEZ, en su condición de Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas y en consecuencia decreta, se acuerda prorrogar por el lapso de UN (01) Y SEIS (06) MESES, la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada en contra del ciudadano RIVERA RAMOS MIGUEL, contados a partir del 16-01-2013, de conformidad con lo establecido en el artículo 230 del Código Orgánico Procesal Penal.
Regístrese, diarícese y Notifíquese a las partes.
LA JUEZ CUARTA DE JUICIO
ABG. YOLEXSI K. URBINA MARTINEZ
LA SECRETARIA
ABG. MARVIC VELASQUEZ