REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.
202º Y 154º
EXPEDIENTE Nº 2340/2013
PARTE DEMANDANTE: La ciudadana ANA ELOISA RINCON CASANOVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-20.121.063 y domiciliada en el Municipio Independencia del Estado Táchira.
PARTE DEMANDADA: El ciudadano JUAN ENRIQUE DUARTE PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.872.836 y con domicilio en el Municipio Libertad del Estado Táchira.
MOTIVO: FIJACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN A FAVOR DEL NIÑO...
PARTE NARRATIVA
A los folios 1 y 2, corre inserto escrito de solicitud de obligación de manutención, presentado por la ciudadana ANA ELOISA RINCON CASANOVA, en fecha 08 de enero de 2013, mediante el cual demanda al ciudadano JUAN ENRIQUE DUARTE PÉREZ, manifestando que el prenombrado ciudadano nunca se ha hecho cargo del niño, se niega a verlo y a pasarle, desde que quedó embarazada ella es quien se ha hecho cargo de todo, que ella no tiene trabajo y necesita que el padre colabore con la manutención del bebe. Recaudos a los folios 3 y 4.
Al folio 5, corre agregado auto de fecha 11 de enero de 2013, mediante el cual se admite la solicitud de Obligación de Manutención presentada por la ciudadana ANA ELOISA RINCON CASANOVA, se acordó la citación del ciudadano JUAN ENRIQUE DUARTE PÉREZ, y la Notificación al Fiscal del Ministerio Público. Copias de boletas a los folios 6 y 7.
Al folio 8, corre inserta diligencia por el Alguacil de este Tribunal, ciudadano JOSÉ MIGUEL SANTOS, mediante la cual consigna Boleta de Notificación al Fiscal XIV del Ministerio Público, debidamente firmada (folio 9).
Al folio 10, corre inserta diligencia por el Alguacil de este Tribunal, ciudadano JOSÉ MIGUEL SANTOS, mediante la cual consigna Boleta de citación practicada al ciudadano JUAN ENRIQUE DUARTE PÉREZ, debidamente firmada (folio 11).
Al folio 35, corre inserta Acta de fecha 06 de febrero de 2013, mediante la cual siendo la oportunidad fijada por el Tribunal para llevar a cabo el acto conciliatorio en la presente causa, se hicieron presentes los ciudadanos y realizaron sus observaciones en los siguientes términos: el ciudadano JUAN ENRIQUE DUARTE PÉREZ, expuso: “No niego que mantuve una relación con la ciudadana Ana Eloisa, pero no tengo seguridad de que el niño sea mío, por consiguiente le pasaré la manutención una vez se tenga la prueba de ADN. Es todo”. Seguidamente tiene el derecho de palabra la ciudadana ANA ELOISA RINCON CASANOVA, quien expuso: “Me mantengo en la solicitud realizada en fecha 08/01/2013. Es todo”.
PARTE MOTIVA
ESTE TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:
La obligación de manutención en palabras del Dr. Raúl Sojo Bianco, es “… el derecho y correlativa obligación legal que tiene por objeto proporcionar a una persona necesitada, por parte de su pariente, los medios necesarios para su manutención y sobrevivencia…”, (Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones, página 58).
El propósito de la acción de manutención en beneficio de los hijos es obtener la satisfacción de sus necesidades, atendiendo a los principios orientadores del Derecho de Familia, que origina que los padres tengan el deber de mantener, asistir y educar a sus hijos.
Este derecho que está previsto en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, en los términos de la norma contenida en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, comprende:
“… todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño, niña y el adolescente”.
Ahora bien para que sea procedente la exigencia del derecho de alimentos, entre el beneficiario y el obligado debe existir el vínculo parental, habida cuenta que es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, así lo prevé el artículo 366 de la Ley bajo estudio, al señalar:
“La obligación de manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad...”. (Subrayado de este Tribunal)
La norma transcrita ha sido analizada por el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 23 de abril de 2003, con ponencia del magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, donde se señaló lo siguiente:
“… Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del adolescente, se estableció de manera expresa el carácter de orden público de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. Igualmente, se instituyó el interés superior del niño como principio interpretativo para su aplicación y como garantía del desarrollo integral de los mismos.
… En tal sentido el artículo 366 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente es concordante con el Código Civil Venezolano, cuando establece que la obligación alimentaria es una consecuencia de la filiación legal o judicialmente declarada…”. (Subrayado de este Tribunal; Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Oscar Pierre Tapia, Tomo 4, Abril de 2003, página 207 y siguientes)
Dentro de este orden de ideas, es oportuno destacar que en los casos en que nace una obligación de manutención, existe una relación parental entre una persona que tiene el deber legal de proporcionar a otra los recursos necesarios para su subsistencia; por lo cual, es a los padres a quienes les corresponde atender las necesidades de sus descendientes, traduciéndose la obligación como una carga de la procreación.
En tal sentido, corresponde a quien juzga verificar si se cumplen los requisitos de procedencia, y al efecto, considera esta sentenciadora que de la copia de certificado de Nacimiento N° EV-25, emanada de la Cruz Roja, , inserta al folio 3 del expediente, se desprende la cualidad de madre de la ciudadana ANA ELOISA RINCON CASANOVA, pero no consta la filiación paterna del ciudadano JUAN ENRIQUE DUARTE PÉREZ, con el niño…, y no consignó la solicitante Partida de Nacimiento que contenga la debida nota de reconocimiento; razón por la cual, el documento bajo estudio, no es prueba suficiente para demostrar la filiación jurídica que une al obligado alimentario con el prenombrado niño. Y ASÍ SE DECIDE.
En este sentido el artículo 367 de la Ley bajo estudio, prevé los supuestos para establecer la filiación en casos especiales, al disponer:
“La obligación de manutención procede igualmente, cuando:
a) La filiación resulte indirectamente establecida, a través de sentencia firme dictada por una autoridad judicial;
b) La filiación resulte de declaración explícita y por escrito del respectivo padre o de una confesión de éste, que conste en documento auténtico;
c) A juicio del juez que conozca de la respectiva solicitud de alimentos, el vinculo filial resulte de un conjunto de circunstancias y elementos de prueba que, conjugados, constituyan indicios suficientes, precisos y, concordantes.”.
En atención a ello, considera quién aquí juzga, que la filiación jurídica del niño…, no quedó legalmente comprobada, respecto al progenitor a quién se le hace la solicitud de alimentos; es decir, que es impertinente la copia de certificado de nacimiento que produjo la solicitante, ya que no constituye indicio suficiente para valorarla como prueba de paternidad, así como tampoco se desprende de las actas procésales los supuestos previstos en el artículo 367 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, para que resulte procedente la acción. Y ASÍ SE DECIDE.
Finalmente y a título ilustrativo, es importante traer a colación el criterio plasmado por el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada por la Sala Constitucional, de fecha 23 de abril de 2003, al puntualizar lo siguiente:
“…Así, de las actas del expediente y de la exposición de las partes esta sala observa que para la obtención de una declaración de filiación, según lo que establece el Código Civil Venezolano, es necesario que exista una acción específica a ese fin, como sería la acción de inquisición de la paternidad, y una vez establecida ésta procedería la demanda por la obligación alimentaria. En tal sentido el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente es concordante con el Código Civil Venezolano, cuando establece que la obligación alimentaria es una consecuencia de la filiación legal o judicialmente declarada. Ello presupone un juicio previo a ese fin si el padre no hubiera realizado el reconocimiento debido…” (Subrayado del Tribunal, Sentencia N° 868 de la Sala Constitucional del 23 de abril de 2003, con ponencia del magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, expediente N° 02-0636)
A la luz de los criterios legales y jurisprudenciales expuestos, atendiéndose esta sentenciadora a lo alegado y probado en los autos y teniendo las normas que regulan el presente procedimiento el carácter de orden público, concluye que la obligación de manutención interpuesta contra el ciudadano JUAN ENRIQUE DUARTE PÉREZ, es improcedente, habida cuenta que no se demostró la filiación paterna que lo une al niño…, resultando forzoso concluir que la presente solicitud debe ser declarada sin lugar. Y ASÍ SE DECLARA.
PARTE DISPOSITIVA
Por los razonamientos expuestos, este Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA:
ÚNICO: SIN LUGAR la solicitud DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN presentada por la ciudadana ANA ELOISA RINCON CASANOVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-20.121.063 y domiciliada en el Municipio Independencia del Estado Táchira, contra el ciudadano JUAN ENRIQUE DUARTE PÉREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.872.836 y con domicilio en el Municipio LIbertad del Estado Táchira.
Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala de Despacho del Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en Independencia, a los veintisete días del mes de febrero de dos mil trece. AÑOS: 202º de la Independencia y 154º de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,
ABG. BETTY YAJAIRA VARELA MÁRQUEZ
LA SECRETARIA TEMPORAL,
ABG. LIDIA CONSUELO MENDOZA CH.
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo la (s) _______, quedando registrada bajo el N° _________ y se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal.
Abg. Lidia Mendoza /Secretaria Temporal
Exp. Nº 2340/2013
BYVM/lcm.
Va sin enmienda.
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