REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio Maiquetía, veintiocho (28) de Febrero de 2013 202º y 154º ASUNTO: WH22-V-2004-000001 Por ante el extinto Tribunal de Protección de Niños y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial fue presentado escrito de privación de guarda, presentado por el ciudadano MIGUEL ENRIQUE OVALLES PRAGEDES, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad Nro. V-6.478.867, en beneficio de los niños SE OMITEN DATOS DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LOPNNA Tramitado el expediente bajo el régimen del procedimiento especial de alimentos y guarda, previsto en los artículos 511 y siguientes de la derogada Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente del año 2000, el referido Juzgado dictó un auto en fecha 20 de junio de 2003 aclarando que hasta tanto cursaran los oficios N°s 0051 y 0052, relativos a los informes requeridos al grupo familiar, se fijaría la oportunidad para dictar sentencia. En fecha 24 de septiembre del año 2003 la parte actora informó sobre su nuevo domicilio, con la finalidad de que el Trabajador Social realizara el informe ordenado. Sin embargo, desde esa fecha no consta en el expediente actividad alguna por parte del solicitante, por lo que este Tribunal pasa a resolver en los siguientes términos: Revisadas las actas que conforman el presente expediente, se pudo evidenciar que posterior a la última diligencia de la parte actora, es decir, desde hace nueve (09) años y cinco (05) meses el ciudadano MIGUEL ENRIQUE OVALLES PRAGEDES no ha comparecido al equipo multidisciplinario de este Circuito para realizarse el informe social solicitado, ni para impulsar el proceso ni tampoco ha efectuado actuación alguna de las partes que constituya impulso procesal. En relación a la situación como la de autos, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 03 de diciembre de dos mil ocho (2008), Exp.: 08-1058, ha expresado: “…Así las cosas, es pertinente que la Sala realice una serie de consideraciones, en torno a la acción y lo que se entiende por pérdida de interés con sus respectivas consecuencias jurídicas, dado que se evidencia una confusión por parte del tribunal de la causa. En decisión N° 1167/2001, caso: Felipe Bravo Amado, la Sala definió el concepto de acción de la siguiente forma: “La acción es el derecho de las personas a exigir de los órganos jurisdiccionales, mediante el proceso, la resolución de una controversia o de una petición, independientemente de que obtengan o no sentencia favorable. La acción pone en movimiento a la jurisdicción y una de las formas de su extinción es la sentencia que finaliza definitivamente el proceso. Con el ejercicio del derecho de acción se crea en el Estado, por intermedio del órgano jurisdiccional competente, la obligación de prestar la función jurisdiccional”. De allí que, cuando la parte hace uso de su derecho a accionar ante los órganos de administración de justicia debe mantener y demostrar el interés que tiene en la resolución de la causa, so pena de que sea declarado el decaimiento de la acción. En ese orden de ideas, la doctrina Italiana dominante considera el interés desde el punto de vista de la tildad o provecho que el actor obtenga del ejercicio de la acción. Si mediante él no ha de lograr ninguna utilidad o ningún provecho legítimo, falta el interés y la acción no procede. Eduardo Pallares en su Diccionario Jurídico, expresa: “Desde otro punto de vista el interés procesal es la causa jurídica de los actos procesales es, la que mueve la voluntad de las partes para solicitar la actuación de los Tribunales. Si no es necesaria la intervención de estos para la protección de los intereses en litigio o si no hay litigio, falta el interés procesal”. Si estos conceptos, los analizamos conjuntamente con la definición más simple de interés, entendido como una posición del hombre o mas exactamente la posición favorable a la satisfacción de una necesidad. Podemos concluir que, en las actuaciones judiciales, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en la norma antes mencionada, es que se solicita la actuación del órgano jurisdiccional. Ahora bien, en este caso resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan Justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del órgano jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlos en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo. En el caso de autos, la solicitante con su petición generó una actuación de este órgano jurisdiccional y con su inactividad indefinida y absoluta por más de nueve (09) años evidencia la falta de interés de la que hablamos anteriormente, y genera para los órganos encargados de administrar justicia una pérdida de tiempo innecesaria, manteniendo la pendencia indefinida de la petición; ello no se puede tolerar, no se puede dejar al parte solicitante en la libertad desmedida de prolongar a su antojo, la expectativa para el órgano jurisdiccional de practicar su actuación cuando lo requiera. En el caso que nos ocupa, se evidencia que posterior al día 24 de septiembre de 2003, no existe actuación alguna de las partes que constituya impulso procesal, motivo por el cual se entiende que ha perdido el interés en la instrucción de la demanda de custodia requerida. Como consecuencia de la pérdida del interés de la parte peticionante en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud. Remítase la misma al Archivo Judicial Regional. EL JUEZ TITULAR, Dr. ANGEL PEREZ BARRIENTOS LA SECRETARIA Abg. YIRA CEBALLOS VERA Seguidamente y en la misma fecha se cumplió lo ordenado. LA SECRETARIA, Abg. YIRA CEBALLOS VERA Hora de Emisión: 9:21 AM Asistente que realizo la actuación: WH22-V-2004-000001