TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

CORTE DE APELACIONES EN PENAL ORDINARIO, RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS
Macuto, 26 de Marzo de 2013
202º y 154°

Asunto Principal: WP01-P-2012-000985
Recurso: WP01-R-2012-000685

Corresponde a esta Alzada resolver sobre la admisibilidad o no del recurso de apelación interpuesto por el Abogado ANTONIO RAUL CONESA NUÑEZ, en su carácter de Apoderado del ciudadano ROCCO ANTONIO INFANTE DI MEDIOLA, titular de la cédula de identidad Nº 17.483.947, en contra del pronunciamiento emitido en fecha 04/10/2012, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante el cual con motivo a la sentencia condenatoria, que por ADMISIÓN DE LOS HECHOS se produjo en el proceso seguido, entre otros al ciudadano INFANTE JOSE ENRIQUE, titular de la cédula de identidad Nº V-17.153.265, se DECRETÓ LA CONFISCACIÓN del vehículo automotor CLASE AUTOMOVIL, MARCA TOYOTA, MODELO COROLLA, COLOR GRIS, TIPO SEDAN, PLACA MBF08U, SERIAL DE CARROCERIA 8XA53AEB1X2003273, SERIAL DEL MOTOR 4AM355247, aduciendo que su representado es el legitimo propietario del referido vehículo automotor.

En fecha 13 de diciembre de 2012 ingresó a este Órgano Colegiado la presente causa, la cual se identificó con el N° WP01-R-2012-000685 y designándose como ponente al Juez ERICKSON LAURENS ZAPATA, quien se encuentra de permiso razón por la cual suscribe ROSA CADIZ RONDON como Jueza Suplente.

En tal sentido esta Alzada observa y decide lo siguiente:

DE LA ADMISIBILIDAD

El Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, dictó la sentencia impugnada el 4 de Octubre de 2012, donde dictaminó entre otras cosas lo siguiente:

“…CONDENA al ciudadano JOSE ENRIQUE INFANTE, arriba identificado, a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRESIDIO, por la comisión de los delitos de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR AGRAVADO, PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE LIBERTAD, ROBO AGRAVADO, y ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR, presitos (sic) y sancionados en los artículos 5 en relación con las circunstancias agravantes, del artículo 6 numerales 1, 2, 3, 5 y 10 de la Ley Sobre El (sic) Hurto y Robo De (sic) Vehiculo Automotores, artículos 458 y 174 primer aparte todos del Código Penal, y el artículo 06 de la ley Contra La Delincuencia Organizada y a las Penas Accesorias contenida en el artículo 13 del Código Penal, igualmente a las penas accesorias establecidas en el artículo 19 de la ley Contra La Delincuencia Organizada, decretándose la confiscación del vehículo con las siguientes características: CLASE: AUTOMÓVIL, MARCA: TOYOTA, MODELO: COROLLA, AÑO: 2001 COLOR: GRIS, PLACAS: MBF-080, TIPO: SEDAN, USO: PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERÍA: 8XA53AEB1X2003273, SERIAL DE MOTOR: 4AM355247, la cual será realizada por el Juez de Ejecución que corresponda una vez definitivamente firme la presente decisió, en consecuencia se declara sin lugar la solicitud de devolución del vehículo en cuestión. Este Tribunal vista la condición física del acusado de autos, considerando que el fin del derecho es la justicia, y en virtud, de los principios establecidos en nuestra Constitución, así como el respecto (sic) a la vida, la salud y los derechos humanos, y aunado a ello los exámenes médicos cursantes en autos, de donde se desprende que el acusado de autos JOSE ENRIQUE INFANTE, tiene paraplejia de miembros inferiores, que el mismo se encuentra en sillas de rueda, y que se encuentra en tratamiento, motivo estos que hacen que este Tribunal estime que en virtud, de la antes expuesto pasa a imponer al ciudadano JOSE ENRIQUE INFANTE de la medida cautelar sustitutiva de la privación preventiva de libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 256 ordinal (sic) 3 del Código Orgánico procesal Penal, por lo cual deberá presentarse cada ocho (8) días…” (Folios 104 al 131 de la incidencia).

Verificadas las actas que integran la presente causa, se observa que mediante escrito presentado por el Abogado ANTONIO RAUL CONESA NUÑEZ, quien actúa como Apoderado Judicial del ciudadano ROCCO ANTONIO INFANTE DI MEDIOLA, carácter este que se evidencia del documento poder que riela al folio 14 de la incidencia; por otro lado se advierte, que el recurso de apelación se interpone contra la sentencia por admisión de los hechos emitida en la causa signada bajo el Nº WP01-P-2012-000985 (nomenclatura del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial), seguida entre otros al ciudadano JOSE ENRIQUE INFANTE, pero solo en lo que respecta a la confiscación del vehiculo, por cuanto dicho automotor fue utilizado en la comisión del delito que le fue imputado al precitado ciudadano, en tal sentido este Tribunal Colegiado estima pertinente efectuar las siguientes consideraciones:
Nuestro ordenamiento jurídico vigente, consagra el derecho a la doble instancia, que no es otra cosa que la facultad que tienen las partes impugnar las decisiones de los tribunales que le causen agravio, así se dispone en Libro Cuarto del Código Orgánico Procesal Penal. De los Recursos, indicando en el título I. Disposiciones Generales que rigen esta Garantía Constitucional, y Legal, señalándose en los artículos que se trascriben a continuación lo siguiente:
Articulo 423. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA: Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos.-
Articulo 424.- LEGITIMACION: Podrán recurrir en contra de las decisiones judiciales las partes a quienes la ley le reconozca expresamente este derecho.
Por el imputado podrá recurrir su defensor, pero en ningún caso en contra de su voluntad expresa en el artículo.-

Artículo 426. Interposición: Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación especifica de los puntos impugnados de la decisión.

Artículo 427. Agravio: Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que les sean desfavorables. El imputado podrá siempre impugnar una decisión judicial en los casos en que se lesionen disposiciones constitucionales o legales sobre su intervención, asistencia y representación, aunque hayan contribuido a provocar el vicio objeto del recurso.-

Las normas anteriormente señaladas, necesariamente deben vincularse con el contenido de la decisión, que con carácter vinculante fue publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.220, del 1 de julio de 2005, contentiva de la decisión de 22 de junio de dos mil cinco (2005), Sala Constitucional, caso ANA MERCEDES BERMÚDEZ, en cuyo texto no solo se ordenó esta publicación, sino la remisión de copia de la misma a todos los Jueces Rectores y Presidentes de Circuitos Judiciales Penales de la República y entre todos los Jueces de las Circunscripciones y Circuitos Judiciales, fallo este de gran importancia, pues entre otras cosas se dejo sentado que:
“…el recurso de apelación, el cual integra la garantía general y universal de impugnación que se reconoce a quienes han intervenido o están legitimados para la intervención en una causa para la obtención de tutela a favor de un interés jurídico propio, con el fin de que el juez de grado superior revise y corrija los defectos, vicios o errores jurídicos del procedimiento o de la sentencia, en que hubiere incurrido el a quo. El establecimiento del doble grado de jurisdicción tiene un vínculo estrecho con el debido proceso y el derecho de defensa, ya que busca una protección plena de los derechos de quienes acuden al aparato estatal, en busca de justicia, como forma de garantía de una recta administración de la misma…”

De todo lo anterior se concluye, que nuestro ordenamiento jurídico reconoce la Garantía Judicial denominada Doble Grado de la Jurisdicción, que no es otro que el Derecho que tienen las partes de recurrir en contra de las decisiones que les sean desfavorables, previo el cumplimiento de los requisitos que la ley exige; es decir, sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos. (Art. 423 y 424 del Código Adjetivo Penal), en tal sentido compete a esta Corte verificar el cumplimiento de los requisitos legales que al efecto exige el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal referido a:

“...CAUSALES DE INADMISIBILIDAD. La Corte de Apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:
a) Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo,
b) Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación.
c) Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la Ley.
Fuera de las anteriores causas, la Corte de Apelaciones deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará la decisión que corresponda.”

Atendiendo al contenido de la norma antes señalada, tenemos que la Corte de Apelaciones, debe ceñirse a los supuestos legales contenidos en la misma, para resolver sobre la admisión o no de dicha impugnación y en tal sentido se advierte, que el literal “a” del artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, exige legitimación para el ejercicio de los recursos y de allí que en lo que respecta a la legitimación para que se recurra contra los pronunciamientos de las decisiones judiciales, tenemos que la Sala Constitucional, en la sentencia N° 880 de fecha 30 de Mayo de 2008. Caso: Marcos Salazar Palmares, dejo sentado que:
“…En este orden de ideas, la impugnabilidad puede ser vista a su vez desde dos ópticas, la primera de ellas referida a las decisiones que son susceptibles de ser atacadas y a los medios utilizables para ello, y la segunda, a los sujetos facultados por la ley para impugnar tales decisiones. Al primer aspecto se le denomina IMPUGNABILIDAD OBJETIVA, la cual, dentro del sistema de recursos de la ley adjetiva penal patria, se encuentra contemplada en el artículo 432 de ésta; mientras que el segundo se encuadra en el concepto de IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA, figura ésta recogida por el legislador, principalmente, en el artículo 433 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora bien, de la noción de impugnabilidad subjetiva se deriva la legitimación para el ejercicio del recurso correspondiente, la cual, de conformidad con el sistema de recursos establecido en la ley adjetiva penal, se encuentra circunscrita únicamente a las partes; dicho de otro modo, la facultad de recurrir de las decisiones judiciales le es conferida únicamente a las partes del proceso penal, desprendiéndose ello de la interpretación sistemática de los artículos 433, 436, 437.a) del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales constituyen disposiciones generales aplicables a todo el régimen de los recursos establecido en dicho código. La única excepción a esta regla se encuentra contemplada en el artículo 325 de la mencionada lev adjetiva penal, toda vez que dicha norma establece que la víctima, aun y cuando no tenga la cualidad de parte en el proceso penal -por no haberse querellado-, puede interponer recurso de apelación y de casación contra el auto que declare el sobreseimiento. (...)De lo anterior se desprende que el catálogo de sujetos procesales que podrán recurrir de una decisión judicial en el proceso penal, se encuentra integrado por el Ministerio Público (artículo 108.13), el imputado (artículos 433 único aparte, y 436 único aparte), y la víctima (artículo 120.8). Debe aclararse que el derecho al recurso encuentra su coto en el concepto de gravamen o agravio, en el sentido de que las partes únicamente podrán recurrir de las decisiones que les desfavorezcan, principio éste que se encuentra contenido en el encabezamiento del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal…Tales ciudadanos, a pesar de que se vieron afectados indirectamente por tal decisión, no tenían la legitimación para ejercer el mecanismo impugnativo ordinario contra aquélla, a saber, el recurso de apelación de autos. El fundamento de tal afirmación, estriba en que dichos ciudadanos no ostentaban la condición de parte en el proceso penal que originó la interposición de la presente acción de amparo constitucional, cualidad esta necesaria en el proceso penal venezolano —tal como se señaló supra- para recurrir de toda decisión judicial, en otras palabras, no podían ser catalogados ni como víctimas, ni como imputados, sino como terceros que colateralmente se vieron afectados por tal decisión judicial. Omisis. (Resaltado de la Sala)…”
De todo lo anterior se colige, que el ejercicio de los recursos consagrados por la Ley Adjetiva, para garantizar la Tutela Judicial Efectiva y el Derecho a la Defensa, contenidos en los artículos 26 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, deben ceñirse al cumplimiento de los requisitos que al efecto exige el LIBRO CUARTO DE LOS RECURSOS. TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES y CAPITULO II DE LA APELACION DE SENTENCIA DEFINITIVA del Código Orgánico Procesal Penal y que en atención a lo sustentado en la decisión ut supra, se encuadran en dos aspectos a saber: IMPUGNABILIDAD OBJETIVA, contenida en el artículo 423 del Código Adjetivo Penal y cuya esencia radica en la necesidad de someter a revisión una determinada decisión judicial, por una instancia superior, con el fin de corregirle los errores en que pudiera incurrir la misma, y por otro lado, en cuanto a la IMPUGNABILIDAD SUBJETIVA, prevista en el artículo 424 del mismo texto legal.

De allí que al adecuar lo antes expuesto a la situación jurídica planteada en el presente caso, queda establecido que la apelación interpuesta por el abogado ANTONIO RAUL CONESA NUÑEZ, actuando como Apoderado del ciudadano ROCCO ANTONIO INFANTE DI MEDIOLA, bajo el argumento que su poderdante es propietario de un vehiculo que fue confiscado previa solicitud del Ministerio Público, resulta INADMISIBLE al no satisfacerse el requisito exigido por el literal “a” del artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que el mismo no ostenta la cualidad de parte en la causa signada bajo el Nº WP01-P-2012-000985 (nomenclatura del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial) y por ende carece de legitimación para impugnar el precitado pronunciamiento emitido en sentencia definitiva. Y ASI DE DECIDE.

DECISIÓN

Por los fundamentos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones en Penal Ordinario, Responsabilidad Penal de Adolescentes y Violencia contra la Mujer del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo previsto en el artículo 442 en relación con el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, emite el siguiente pronunciamiento: DECLARA INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ANTONIO RAUL CONESA NUÑEZ, quien actúa como Apoderado del ciudadano ROCCO ANTONIO INFANTE DI MEDIOLA, titular de la cédula de identidad Nº 17.483.947, en contra del pronunciamiento dictado en fecha 4/10/2012, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual se decreto la confiscación de un vehiculo automotor, CLASE: AUTOMÓVIL, MARCA: TOYOTA, MODELO: COROLLA, AÑO: 2001 COLOR: GRIS, PLACAS: MBF-080, TIPO: SEDAN, USO: PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERÍA: 8XA53AEB1X2003273, SERIAL DE MOTOR: 4AM355247, propiedad supuestamente del ciudadano ROCCO ANTONIO INFANTE DI MEDIOLA, ello por no cumplir con el requisito exigido en el literal “a” del artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, tal como lo dejo sentado la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión N° 880 de fecha 30 de Mayo de 2008.

Publíquese, Regístrese, notifíquese, déjese copia y remítase en su oportunidad legal.

LA JUEZ PRESIDENTE,

RORAIMA MEDINA GARCIA

LA JUEZ (PONENTE), LA JUEZ,

ROSA CADIZ RONDON NORMA ELISA SANDOVAL

LA SECRETARIA,

HAIDELIZA DARIAS

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

LA SECRETARIA,

HAIDELIZA DARIAS

RM/NS/EL/hd/maria.-