REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO VARGAS


SOLICITANTE: HILDA YAMILETH DELCIS DE LOZANO, venezolana, mayor de edad, de éste domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.497.734.
ABOGADO ASISTENTE: ANDRY Y. PULIDO LABRADOR, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 110.391.
MOTIVO: TÍTULO SUPLETORIO
SOLICITUD Nº: WN11-S-2010-000124.

I
Presentada para su distribución la anterior solicitud de Titulo Supletorio en fecha 16 de Septiembre de 2010, por la ciudadana HILDA YAMILETH DELCIS DE LOZANO, venezolana, mayor de edad, de éste domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-6.497.734, debidamente asistida por el abogado ANDRY Y. PULIDO LABRADOR, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 110.391; siendo asignada a éste Tribunal, se le dio entrada por auto de fecha 21/09/10.
Por auto de fecha 23 de Septiembre de 2010, este Tribunal admite la solicitud de Titulo Supletorio, y ordena a oficiar a la Dirección de Catastro Municipal del estado Vargas, a fin de que sirva a informa a este Tribunal si el terreno donde encuentra ubicadas las bienhechurías sobre las cuales se pretende constituir el Titulo Supletorio, pertenece a el Municipio Vargas.
Por auto de fecha 25/10/10, se agregó el Oficio N° 0442-2010, emanado de la Dirección de Catastro Municipal, mediante el cual se informa que el terreno sobre el que se encuentran construidas las bienhechurías objeto de la solicitud pertenece al Municipio, razón por la cual se acordó oficiar a la Oficina Técnica para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana, a fin de que emitan el Certificado de Construcción.
En fecha 05/05/11, la parte solicitante consigno copia de una comunicación de la cual se desprende que la Oficina Técnica no llevara a cabo la certificación solicitada.
Por auto de fecha 14/11/12, este Tribunal ordena oficiar al Alcalde del Municipio Vargas, Profesor Alexis Toledo, a los fines de que fije las directrices a seguir para la verificación de la existencia o no de las mencionadas de la bienhechurías a que se refiere la presente solicitud, el cual consta fue entregado en el despacho en fecha 08/03/12, tal como se evidencia de la diligencia consignada en fecha 08/03/12, siendo ésta la ultima actuación realizada.

II
MOTIVA

Este Tribunal conoce de la presente solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, el cual según el maestro Carnelutti se distingue de la Contenciosa ya que “mientras en la jurisdicción contenciosa el órgano jurisdiccional actúa para la composición del conflicto de intereses, en la voluntaria solo lo hace para mejor tutelar del interés en conflicto”.
En las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del Órgano Jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlo en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad, que importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo.
Por otra parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, en cuanto a la inactividad procesal estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quisiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso, y que considerando que el interés procesal subyace en la pretensión inicial de la parte interesada y debe subsistir en el curso del proceso; asimismo consideró que la inactividad que denotaba desinterés procesal, el cual se manifestaba por la falta de aspiración en que se le sentenciara, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin, y b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
Podemos concluir que, en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
Conforme a lo señalado anteriormente, la última actuación verificada en el expediente es aquella mediante la que se consigna la constancia de haber sido recibido en el despacho del Alcalde el oficio libra, 2010, y de autos se desprende, que la parte solicitante no ha impulsado la continuación del trámite de la presente solicitud. En base a lo antes expuesto, concluye esta sentenciadora, que tal inactividad indefinida y absoluta por más de un (01) año, demuestra que la solicitante ha perdido el interés en la solicitud de Titulo Supletorio en que sea evacuada, y en consecuencia se ordena el archivo de la presente solicitud. Así establece.