REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
San Cristóbal, miércoles 19 de febrero del 2014
203 º y 154º
Asunto n. ° SP01-L-2014-000074
-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
Parte accionante: Sociedad mercantil Plastimet de Venezuela C. A..
Apoderada judicial: Abogada Audelina Valera Márquez, inscrita en el Inpreabogado bajo el n.º 19.356.
Parte accionada: Inspectoría del Trabajo, “General Cipriano Castro” del Estado Táchira.
-II-
SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA
Se inicia el presente proceso mediante escrito presentado en fecha 3.2.2014, con motivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con medida cautelar incoado por la sociedad mercantil Plastimet de Venezuela C. A., por medio de su apoderada judicial abogada Audelina Valera Márquez, inscrita en el Inpreabogado bajo el n.º 19.356, en contra del providencia administrativo n.º 3226-2013, de fecha 10.12.2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, en el procedimiento de reclamo por salarios retenidos correspondientes a la quincena comprendida entre el 1.9.2013 hasta el 15.10.2013, incoado por la ciudadana Eloisa del Carmen Roa Niño, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n.º V.- 5.666.809, en expediente administrativo n.º 056-2013-03-01949, nomenclatura llevada por ese órgano administrativo, en consecuencia, se recibió el presente expediente por ante este Tribunal de Juicio por auto de fecha 10.2.2014, siendo admitido mediante auto de fecha 17.2.2014, ordenando notificar al Procurador General de la República, al Fiscal Superior del estado Táchira, al Inspector del Trabajo del estado Táchira y a la ciudadana beneficiaria del acto administrativo impugnado, antes señalada.
- III-
PARTE MOTIVA
Vista la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos conjuntamente con recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por la sociedad mercantil Plastimet de Venezuela C. A., en contra del providencia administrativo n.º 3226-2013, de fecha 10.12.2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, en el procedimiento de reclamo por salarios retenidos y salarios generados hasta la materialización de su pago, incoado por la ciudadana Eloisa del Carmen Roa Niño, titular de la cédula de identidad n.º V.- 5.666.809, en expediente administrativo n.º 056-2013-03-01949, nomenclatura llevada por ese órgano administrativo; procede este juzgador a pronunciarse sobre la procedibilidad de la medida cautelar solicitada, en los siguientes términos:
En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en materia de medidas cautelares instauradas en el procedimiento de nulidad de un acto administrativo de efectos particulares, constituye un medio accesorio y de carácter previo para el logro de la justicia, de donde se deriva su naturaleza instrumental y provisional, puesto que no ata al juez a la hora de decidir sobre el fondo del asunto, existiendo la posibilidad de revertir la situación provisional creada.
El Tribunal Supremo de Justicia en jurisprudencia de vieja data ha sostenido que las medidas cautelares son actos judiciales concebidos con el objeto de anticipar los efectos de un fallo mientras transcurre la tramitación del juicio principal, con el fin de salvaguardar el derecho que se atribuye el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable que coloque en peligro la satisfacción del derecho que se solicite, motivo por el cual, la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, puesto que en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces.
En ese sentido, el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concede al juez la facultad de realizar las actuaciones que estime pertinentes para verificar la situación denunciada y dictar medidas cautelares, a instancia de parte.
Por lo que, los artículos 585 y 586 del Código de Procedimiento Civil, establecen los requisitos de procedencia para decretar una medida cautelar, a saber:
Que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger fumus boni iuris.
Que haya riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo periculum in mora.
Específicamente para este caso de las medidas cautelares innominadas (requisito previsto en el Código de Procedimiento Civil), se exige que esté presente el temor fundado de que una de las partes pudiera causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra periculum in damni.
Aunado a ello, la parte solicitante de la medida cautelar tiene la carga de acreditar las presunciones que alega, haciendo uso de los medios de prueba que confiere el ordenamiento jurídico a tales efectos.
En el caso bajo análisis, la parte recurrente solicita se suspendan los efectos del acto contenido en la providencia administrativo n.º 3226-2013, de fecha 10.12.2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, en el procedimiento de reclamo por salarios retenidos y salarios generados hasta la materialización de su pago, incoado por la ciudadana Eloisa del Carmen Roa Niño, titular de la cédula de identidad n.º V.- 5.666.809, en expediente administrativo n.º 056-2013-03-01949, nomenclatura llevada por ese órgano administrativo; argumentando que “Dada la terrible amenaza que persigue a mi representada por orden impartida por el Inspector del Trabajo, al segundo punto de la fase decisoria de la Providencia Administrativa recurrida, al pago de manera inmediata (…) además, de haber ordenado la apertura de un procedimiento de multa por presunto desacato y la apertura del procedimiento por rebeldía; es por lo que con el debido respecto y de conformidad con la previsión del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, solicito se decrete la suspensión de los efectos del acto administrativo aquí recurrido, mientras dure el procedimiento (…) a fin de hacer excepción al principio de ejecutoriedad del citado acto administrativo, para evitar lesiones irreparables o de difícil reparación a mi representada.”
Siendo así, los alegatos esgrimidos por la parte recurrente en el escrito de nulidad, no crean la convicción ni la certeza necesaria, puesto que no se desprende prima facie que los hechos alegados se encuadren dentro de los tres requisitos señalados anteriormente, dado que para poder determinar si se configuran o no, es necesario entrar al análisis de normas legales, lo cual no corresponde a este Juzgador hacer en esta etapa del proceso, por cuanto el asunto principal pretende la nulidad del referido acto administrativo, y por ende se estaría resolviendo sobre el fondo del asunto en forma adelantada. Asimismo, de los recaudos consignados junto con el escrito de nulidad, no se desprende la presunción grave de la lesión irreparable a sus derechos, ni prueba del riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria. Así se decide.
En definitiva, en el presente caso, no existen pruebas que sustenten la petición de la parte recurrente de donde puedan desprenderse al menos la existencia de uno de los requisitos necesarios para su procedencia, el cual constituye una carga de la parte recurrente que no puede ser suplida por este órgano jurisdiccional, resultando forzoso declarar IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos. Y así se decide.-
-IV-
PARTE DISPOSITIVA
Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA: 1° IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Plastimet de Venezuela C. A., en contra del providencia administrativo n.º 3226-2013, de fecha 10.12.2013, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, en el procedimiento de reclamo por salarios retenidos y salarios generados hasta la materialización de su pago, incoado por la ciudadana Eloisa del Carmen Roa Niño, titular de la cédula de identidad n.º V.- 5.666.809, en expediente administrativo n.º 056-2013-03-01949, nomenclatura llevada por ese órgano administrativo.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal, notifíquese a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, con copia certificada de la presente sentencia.
Dada, firmada y sellada en el despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los 19 días del mes de febrero del 2014. Años 203º de la Independencia y 153º de la Federación.
El juez
Abg. Miguel Ángel Colmenares Chacón
Secretario judicial
Abg. José Gregorio Guerrero Sánchez
En la misma fecha, siendo las 11:58 de la mañana, se publicó la anterior decisión y se agregó al expediente, dejándose copia certificada de la misma para el copiador del Tribunal.
Secretario judicial
Abg. José Gregorio Guerrero Sánchez
MÁCCh/JGGS
Sentencia interlocutoria n. º 21
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