TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Estado Vargas
Maiquetía, doce (12) marzo del año dos mil catorce (2014)
203º y 154º

ASUNTO: WP11-L-2010-000144

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA.

PARTE ACCIONANTE: MIGUEL PARRA, JAVIER MORALES, RAUL HIDALGO, JOAQUIN PEREIRA, GISCARD ESCOBAR, ANGEL FLORES, ARTURO ALVARES, JULIO DIAZ, JUDITH ROMERO, LUIS PEREZ, JOSE ROMERO, CARLOS ESTEVEZ, ELOY RODRIGUEZ, DALBIS GONZALEZ, JHONATHAN FERRER, TIRSO GERONIMO, JEAN MANUEL MUÑOZ, ROMAN SUCRE Y JOSE HERNANDEZ titulares de la cédula de identidad números V-6.471.526, 16.519.808, 5.575.308, 4.560.201, 15.830.103, 4.252.972, 5.076.137, 15.267.621, 6.478.802, 12.165.623, 10.576.301, 15.168.707, 5.093.040, 16.726.773, 11.059.545, 19.123.439, 15.545.239, 20.007.493 y 7.154.331, respectivamente, representados judicialmente por la profesional del derecho SARAHEVELI MENDOZA AZZATO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: Nº 45.642.

PARTE DEMANDADA: ALMACENADORA ANDROMEDA, C.A., representada legalmente por el ciudadano ANGEL RODRIGUEZ, en su carácter de presidente, asistido judicialmente por la profesional del derecho GLORIMIR DIAZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 150.002

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA EN EL PAGO DE PASIVOS LABORALES.

Visto el escrito de transacción presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), de este Circuito Judicial Laboral, en fecha 06 de marzo del año en curso, suscrita por la profesional del derecho SARAHEVELI MENDOZA AZZATO, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número: Nº 45.642, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte actora en el presente procedimiento por Cobro de Diferencia en el pago de los Pasivos Laborales y el ciudadano ANGEL RODRÍGUEZ, actuando en su carácter de representante legal, específicamente Presidente de la entidad de Trabajo, asistido en este acto por la profesional del derecho GLORIMAR DIAZ CONTRERAS, mediante la cual presentan de mutuo acuerdo transacción Judicial, asimismo, revisada como ha sido la diligencia presentada en esta misma fecha, mediante la cual los ciudadanos JAVIER MORALES, JEAN MANUEL MUÑOZ Y JONATHAN FERRER, le dan cumplimiento al auto dictado por esta Juzgadora en fecha 11 de marzo de 2014, a tal efecto, este Tribunal expone lo siguiente:

SÍNTESIS

Correspondió por distribución a este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas. En fecha veintiocho (28) de abril del año dos mil diez (2010), se dio recibió el presente asunto signado bajo el número WP11-L-2010-000145, demanda interpuesta por Cobro de Diferencia de los Pasivos, por la profesional de derecho Saraheveli Mendoza Azzato, actuando en su carácter de apoderada judicial de los MIGUEL PARRA, JAVIER MORALES, RAUL HIDALGO, JOAQUIN PEREIRA, GISCARD ESCOBAR, ANGEL FLORES, ARTURO ALVARES, JULIO DIAZ, JUDITH ROMERO, LUIS PEREZ, JOSE ROMERO, CARLOS ESTEVEZ, ELOY RODRIGUEZ, DALBIS GONZALEZ, JHONATHAN FERRER, TIRSO GERONIMO, JEAN MANUEL MUÑOZ, ROMAN SUCRE Y JOSE HERNANDEZ, antes identificados.

Ahora bien, vista la transacción,celebrada entre los ex trabajadores y la entidad de trabajo, igualmente, identificada; ambas representadas por sus respectivos apoderados judiciales, al respecto, esta Sentenciadora, una vez verificada las actas procesales que conforman el presente expediente, pudo observar que las partes consignaron escritos de acuerdo de transacción, en fecha 06 de marzo del año 2014, mediante el cual solicitan a este despacho se homologue la citada transacción, este Juzgado, debe verificar que el referido acuerdo no vulnere derechos irrenunciables de los ex trabajadores, ni de las normas de orden público, de conformidad con las siguientes normas que se indican:

Establece el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:
1) “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios:
2) Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias.
3) Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.
4) Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad.
5) Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta Constitución es nulo y no genera efecto alguno.
6) Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad, raza, sexo, o credo o por cualquier otra condición.
7) Se prohíbe el trabajo de adolescentes en labores que puedan afectar su desarrollo integral. El Estado los protegerá contra cualquier explotación económica y social.
Asimismo, la Ley Orgánica del Trabajo en su artículo 3 consagra:
“En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores.
Parágrafo Único.- La irrenunciabilidad no excluye la posibilidad de conciliación o transacción siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. La transacción celebrada por ante el funcionario competente del trabajo tendrá efecto de cosa juzgada”.
Igualmente, el artículo 10 y 11 del Reglamento de Ley Orgánica del Trabajo, disponen lo siguiente:
Artículo 10: Principio de irrenunciabilidad (Transacción Laboral). “De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, contemplado en el numeral 2 del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo”.
Artículo 11: Efectos de la Transacción Laboral. “La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno.
Parágrafo Segundo: El Inspector o Inspectora del Trabajo procederá a homologar o rechazar la transacción que le fuere presentada, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes.
En el supuesto de negativa, deberá indicar los motivos de la decisión y, si fuere el caso, precisar los errores u omisiones en que hubieren incurrido los interesados, brindándosele a éstos el lapso de subsanación a que se refiere el artículo 50 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos”.
De lo anteriormente expuesto, se observa que en materia laboral, al ser los derechos debatidos de orden público, es irrenunciable el derecho por parte del trabajador a aquellas normas y disposiciones que lo favorezcan, según lo establece claramente el ya citado artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, pero dejando esta misma norma abierta la posibilidad de conciliación o transacción, siempre que se haga por escrito y contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ellas comprendidos; es decir que la transacción o conciliación en materia laboral es posible siempre y cuando se respeten aquellos derechos de orden público que protejan al trabajador y tutelados por la Constitución Nacional, Ley Orgánica del Trabajo y su Reglamento.
A tal fin, la Ley establece una serie de requisitos de estricto cumplimiento para la validez de toda transacción o conciliación laboral:
1) Debe versar sobre derechos litigiosos discutidos, 2) Que consten por escrito; 3) Que contengan una relación circunstanciada de los hechos; 4) Cerciorarse que el trabajador actúa libre de constreñimiento alguno.
Estos requisitos fueron concurrentes hasta hace poco, cuando la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 05 de Marzo de 2004, caso Cesar Augusto Villareal contra Panamco de Venezuela, S.A.; con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, dejo sentado lo siguiente:
“Debe señalar ésta Sala que, de conformidad con lo previsto en el artículo 3°, Parágrafo Único de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con los artículos 9° y 10° de su Reglamento, cuando se lleva a cabo una transacción laboral que es, homologada por la autoridad competente del trabajo, vale decir, Juez o Inspector del Trabajo, la misma adquiere la eficacia de cosa juzgada referida en el citado parágrafo único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, porque al ser presentada ante cualquiera de las autoridades del trabajo ya indicadas, éstas verificaran si la misma cumple o no con los requerimientos para que tenga validez y carácter de cosa juzgada.
Si bien es cierto, que en el parágrafo primero del artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, se establece que al serle presentada una transacción al Inspector del Trabajo, éste debe verificar si se cumplen con los requisitos de Ley y constatar que el trabajador actúa libre de constreñimiento, hay que precisar que dicha norma ni ninguna otra establece que, como formalidad esencial, que el auto de homologación impartido a la transacción debe contener la indicación expresa de haberse cumplido tal requisito, y el hecho que tal extremo no se indique expresamente en el auto de homologación no permite concluir que el funcionario del trabajo no cumplió con el mismo, menos aún, cuando ni siquiera la parte accionante alega tal circunstancia…”

Una vez incoada la demanda cuyo valor asciende a la cantidad total de ciento siete mil trescientos sesenta y dos bolívares con cincuenta y seis céntimos (Bs. 107.362,56) con motivo de Cobro de Diferencia en el pago de Pasivos Laborales, actuando libre de constreñimiento y sin coerción alguna, expresan su intención y voluntad de llegar a un acuerdo en el presente Juicio, por lo que, se procedió a verificar la misma, atendiendo a la solicitud de fecha seis (06) del año dos mil catorce (2014), de conformidad con las previsiones normativas previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo en concordancia con el artículo 10 del Reglamento de la misma Ley Orgánica del Trabajo y el artículo 1.718 del Código Civil, en los términos que a continuación se describen:

PRIMERO: Ambas partes manifestaron, que los accionantes prestaron servicio personal en la entidad de trabajo demandada, cuya relación laboral concluyo por cuanto el Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, mediante resolución Nº 192, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.231 de fecha 30 de julio de 2009, resuelve que la empresa Bolivariana de Puertos (BOLIPUERTOS, S.A), será el encargado de la gestión, administración y aprovechamiento y manejo de las operaciones portuarias concernientes a los almacenes, silos y patios, ubicados en el Área Primaria de los Puertos Públicos de uso de uso Público y ordenaron liquidar a los trabajadores.
SEGUNDO: Las entidad de trabajo accionada, manifiesta la existencia de derechos a favor de la demandante.
TERCERO: Asimismo, con el objeto de dar por terminado el presente Juicio, es ofrecida por la representación de la parte demandada, la cantidad total de CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 55.600,00), aceptando el ofrecimiento realizado, el cual fue cancelado mediante 19 cheques signados con los Nº 25630670, 35630667, 26630666, 10630671, 44630659, 186630662, 13630656, 35630658, 32630675, 11630672, 31630674, 24630660, 40630673, 40630664, 47630661, 29630663, 31630669, 39630676, 15630665, girados contra el Banco Banesco.
CUARTO: expone la representante judicial de los ciudadanos Miguel Parra, Javier Morales, Raúl Hidalgo, Joaquín Pereira, Giscard Escobar, Ángel Flores, Arturo Álvarez, Julio Díaz, Judith Romero, Luís Pérez, José Romero, Carlos Estévez, Eloy Rodríguez, Dalbis González, Jonathan Ferrer, Tirso Geronimo, Jean Manuel Muñoz, Román Sucre Y José Hernández, su total conformidad con los montos cancelados, según facultad que le confirieron los la ex trabajador mediante poder, y su conocimiento del Documento de Transacción realizado, en todas y cada una de sus partes, asimismo, los ex trabajadores manifestaron su total conformidad y que no le son adeudados ningún tipo de conceptos por parte de la entidade de trabajo, que se deriven de la relación laboral, hasta la fecha del presente acuerdo.
QUINTO: Solicitando la correspondiente homologación, pasándolo a cosa Juzgada y se ordene el archivo del expediente.

DISPOSITIVO

Por los fundamentos expuestos y con fuerza en los argumentos vertidos en la parte motiva de esta decisión, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, administrando justicia y por autoridad de la ley, en nombre de la República Bolivariana De Venezuela, declara:

PRIMERO: HOMOLOGA acuerdo transaccional celebrado entre los ciudadanos: Miguel Parra, Javier Morales, Raúl Hidalgo, Joaquín Pereira, Giscard Escobar, Ángel Flores, Arturo Álvarez, Julio Díaz, Judith Romero, Luís Pérez, Cose Romero, Carlos Estévez, Eloy Rodríguez, Dalbis González, Jonathan Ferrer, Tirso Geronimo, Jean Manuel Muñoz, Román Sucre Y José Hernández, antes identificados y la entidad de trabajo ALMACENADORA ANDROMEDA, C.A.
SEGUNDO: Se le otorga a la presente transacción carácter de COSA JUZGADA y se ordena la remisión del presente expediente al Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación Y Ejecución de este Circuito Judicial laboral para el archivo del presente asunto.
TERCERO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza del fallo.

Publíquese, regístrese y déjese copia fotostática certificada.

LA JUEZ

ABG. OMAIRA ALEJANDRA URANGA BOLIVAR

LA SECRETARIA

Abg. VIANNERYS VARGAS

OAUB/VV.-
WP11-L-2010-000145