TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA ESTADAL EN FUNCIÓN
PRIMERO DE CONTROL

Macuto, 20 de marzo de 2014
203° y 154°

ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2014-002175
ASUNTO : WP01-P-2014-002175

Vista el acta correspondiente a la audiencia realizada en la guardia del día de hoy en el presente asunto, y a los efectos de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 254 del Código Orgánico Procesal Penal, el tribunal observa:
PRIMERO: Se realizó el acto de audiencia para considerar la solicitud del Ministerio Público, representado por la Fiscal de Flagrancia de esta Circunscripción Judicial Nayliz Guzmán, de decretar la privación judicial preventiva de libertad y aplicación del procedimiento ordinario, en contra de los ciudadanos, de nacionalidad venezolana, natural del estado Vargas, nacido en fecha 22/04/1985, de 29 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de Luzmila Blanco (V) y José Izaguirre (v), residenciado en el sector El Tanque, casa s/n, detrás de la escuela José María Villalobos, parroquia Caruao, La Sabana, estado Vargas, de nacionalidad venezolana, natural de La Guaira, estado Vargas, nacido en fecha 22/10/1995, de 18 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio moto taxista, hijo de Heryeli Sánchez (v), residenciado en el sector Las Gradillas, casa s/n de color marrón, cerca de la bodega del Sr. Pillillo, La Sabana, parroquia Caruao, estado Vargas, debidamente asistidos por la Defensora Pública 9ª Penal de esta circunscripción Judicial, ABG. MARIE BOLIVAR;
SEGUNDO: La representante fiscal presentó ante este despacho a los mencionados e identificados ciudadanos, imputándoles la comisión del delito de TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas. Al efecto expuso: “En mi carácter de Fiscal Auxiliar de la Sala de Flagrancia del Estado Vargas, presento y pongo a disposición de este Tribunal a los ciudadanos, respectivamente, quienes resultaron aprehendidos por funcionarios adscritos a la sub- delegación la Guaira del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, en fecha 19 de marzo de 2014. Es el caso que los funcionarios se encontraban en labores de patrullaje en cumplimiento de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela, y se trasladaron a la población de La Sabana, parroquia Caruao, estado Vargas, específicamente al sector El Tanque, y siendo las 06:00 horas de la mañana, lograron observar a dos masculinos a bordo de una moto color rojo, cuyo conductor vestía sweater blanco y el parrillero chemise roja, quienes al notar la presencia policial, mostraron una conducta nerviosa y evasiva, seguidamente procedieron a dictarles la voz de alto, y los mismos emprendieron la huida, estacionando el vehículo moto al lado de una calle y de manera inmediata ingresaron a una vivienda de color verde, seguidamente fueron en búsqueda de una persona que fungiera como testigo presencial, quien quedó identificada como: DIAZ LUIS EDUARDO titular de la cédula de identidad Nº 12.689.865, en tal sentido amparados en el artículo 196 numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal, logran ingresar al bien inmueble, logrando observar a dos masculinos, quienes quedaron identificados como: IZAGUIRRE BLANCO ROSWIN JOSE y CARDONA SANCHEZ VICTOR DAVID. Seguidamente procedieron a la revisión corporal del masculino, de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, no incautándole ningún elemento de interés criminalístico, asimismo observaron en una de las habitaciones a una femenina, quien quedó identificada como: GARCIA YOSIBEL, manifestando ser la pareja de IZAGUIRRE BLANCO ROSWIN JOSE, seguidamente en compañía del testigo antes mencionado procedieron a la revisión de la morada, logrando ubicar y fijar en el área de la cocina, específicamente en el interior de un horno, una bolsa elaborada en papel multicolor, contentivo de catorce (14) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana, cinco (05) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana, treinta y uno (31) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana, dos (02) envoltorios de colores verde y azul, contentivos de la presunta droga denominada cocaína, un (01) envoltorio de color verde, de presunta droga denominada crack y un arma de fuego tipo pistola calibre 3.80, en tal sentido ele dieron aprehensión definitiva, asimismo fue colectado un vehículo tipo moto placa AD0N08V, y en la parte externa de la residencia, se colectó un vehículo tipo moto AG4Y66A, conducida por los ciudadanos al momento de evadir la comisión policial. Dando inicio a las actas procesales K-14-0372-00063. posteriormente se trasladaron al despacho a los fines de realizar el pesaje de la sustancia, la cual arrojó un peso bruto los CATORCE (14) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada Marihuana la cantidad de CINCUENTA Y DOS (52) GRAMOS, los CINCO (05) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana arrojó la cantidad de DIECINUEVE (19) GRAMOS, los TREINTA Y UNO (31) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana arrojó DIECIOCHO (18) GRAMOS y los DOS (02) envoltorios de colores verde y azul, contentivos de la presunta droga denominada cocaína arrojaron la cantidad de CICUENTA Y DOS (52) GRAMOS el último de los envoltorios arrojo un peso de VEINTIDÓS Y DOS (22) GRAMOS de crack. Ahora bien, cursa en las actuaciones acta de investigación penal policial donde dejan constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la aprehensión de dichos ciudadanos, Inspección técnica Nº 0070 elaborada en el lugar del hecho con su respectivo montaje fotográfico, Inspección Técnica Nº 0071 elaborada en el lugar de donde fue hallado el vehículo tipo moto, marca Bera, modelo 150, color roja, con su respectivo montaje fotográfico, Inspección Técnica Nº 0072 elaborada en el lugar de donde fue hallado el vehículo tipo moto, marca MD, modelo GAVILAN, color GRIS Y AZUL, con su respectivo montaje fotográfico. Asimismo constan registros de cadena de custodia de todas las evidencias físicas incautadas, con sus respectivas experticias de Ley practicadas a dichas evidencias. Asimismo consta acta de entrevista del testigo presencial del hecho identificado como TESTIGO 01, ciudadano DIAZ LUIS EDUARDO, V- 12.689.865, quien deja constancia el conocimiento que tiene de los hechos, presencio la revisión de los ciudadanos, así como del bien inmueble, acta de aseguramiento e identificación de la sustancia. En consecuencia considera esta Representación Fiscal, que la conducta desplegada por los ciudadanos, se subsume en el delito de 1) TRAFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO previsto y sancionado en el PRIMER APARTE artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas y OCULTAMIENTO DE ARMA DE GUERRA, previsto y sancionado en el artículo 111 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones, por lo que muy respetuosamente solicito: 1) Se acuerde la APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. 2) Que la presente causa continúe por la vía del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con lo establecido en los artículos 262 y 373 del código adjetivo, se acuerde MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, por considerar que efectivamente se encuentran llenos los extremos del artículo 236, numerales 1, 2 y 3; 237, numerales 2, 3, parágrafo primero, y articulo 238 numeral 2, todos del Código Orgánico Procesal Penal, es decir estamos en presencia de un hecho punible, que merece pena privativa de libertad, y cuya acción penal evidentemente no se encuentra prescrito, existen fundados y concordantes elementos de convicción procesal que permiten demostrar que los imputados son autores del delito que se les atribuye y dichos elementos de convicción fueron traídos a la presente audiencia; además el Tribunal debe tomar en cuenta la pena que podría llegar a imponerse en el presente caso, la cual supera los diez años, lo cual hace presumir el peligro de fuga de los ciudadanos, y la magnitud del daño causado por cuanto se trata de un delito de lesa humanidad…”;
TERCERO: Por su parte, la defensa expuso: “Esta defensa considera que no se encentran dados los supuestos contenidos en el artículo 236 de la norma adjetiva penal para el decreto de una medida de coerción personal tan grave como la requerida por la representante del Ministerio Público, por el contrario, observa esta defensa que el presente procedimiento se practicó en el interior de una vivienda sin la existencia de la correspondiente orden que debe emitir el tribunal de control, donde se identifique con nombre y apellido a las personas que se buscan y la dirección del lugar objeto del allanamiento, tanto como lo consagra el Código Orgánico Procesal Penal y no existió una averiguación previa. Circunstancia esta que constituye una violación al domicilio al ejecutarse al margen de la constitucionalidad y la legalidad, y conlleva a concluir que las pruebas obtenidas que sirvieron al Ministerio Público para solicitar la Medida Cautelar Judicial Privativa de Libertad son ilícitas, por lo que no se les puede dar valor alguno, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 13 y 182 del Texto Adjetivo Penal, los cuales expresan: que el proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídica, y que los elementos de convicción, sólo tendrán valor si han sido obtenidos por un medio lícito e incorporados al proceso, conforme las disposiciones del mencionado código. Ciudadano juez, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal señala en el ámbito penal, el derecho a la inviolabilidad del hogar doméstico admite excepciones, contenidas éstas en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal; es decir, la posibilidad de practicar un allanamiento sin orden judicial en los siguientes casos: 1.- Para impedir la perpetración de un delito y 2.- Cuando se trate del imputado a quien se persigue para su aprehensión, aclarando además que las actuaciones realizadas por funcionarios policiales en un domicilio determinado, previa autorización de su propietario, no acarrea vicios de ilegalidad, ni mucho menos contrarían lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el presente caso no se dan ninguna de las circunstancias antes mencionadas, y es por ello que estima esta defensa que avalar el procedimiento practicado en las circunstancias anotadas, equivaldría a permitir la actuación discrecional de los funcionarios policiales, pues bastaría que en el acta policial dejaran plasmado, como en el caso de autos, que las personas salieron corriendo, sin existir la comisión de delito flagrante o la investigación previa que permita precisar quién o quiénes son los que se dedican a la actividad ilícita, lo que representaría a todo evento subvertir el orden procesal, convirtiendo en letra muerta el mandato constitucional que consagra la inviolabilidad del ara el decreto de una medida de coerción personal como la requerida por la representación del Ministerio Público, así inclusive lo señala como criterio la honorable Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, y es en base a estos razonamientos por los que solicito se acuerde decretar la nulidad del procedimiento y por consiguiente libertad sin restricciones de mis patrocinados, sin embargo en el supuesto negado en el que el tribunal no estime así lo alegado por esta defensa en cuanto a la nulidad del procedimiento, debo indicar que no es cierto que existan fundados y plurales elementos de convicción, ello por cuanto ni siquiera se evidencia en las actas la identificación del supuesto testigo del procedimiento, es decir, solo se indica como testigo 1, asimismo en dicha acta no se hace mención al hecho de haber observado la persecución a la que hace referencia el acta policial, lo cual debió en todo caso ser apreciado por el mismo toda vez que según su dicho este se encontraba frente a dicho inmueble, por otra parte no se determina la propiedad de la vivienda, es decir, sin que se considere como que la defensa esta afirmando hechos, cómo puede saberse a quién le pertenece lo incautado, ciudadano juez, asimismo se evidencian incongruencias entre lo narrado por el acta de entrevista al testigo y el acta policial, ello por cuanto el primero indica que se localizó en un porche una moto y en el acta se indica que la misma localizó en el interior de la vivienda, tal como se puede apreciar de la fijación fotográfica que se anexa a la causa, ciudadano juez considera esta defensa que bajo ninguna circunstancias hay lugar al decreto de una medida tan grave como la requerida por el representante del Ministerio publico sin embargo de ser el caso, solicito entonces se aparte totalmente del requerimiento fiscal en cuanto a la imposición de la medida Privativa de Libertad, ello en función a que no es cierto que se encuentra presente un peligro de fuga u obstaculización del proceso, por cuanto para determinar esto no basta con establecer el quantum de la pena, sino que debe estudiarse cada caso en particular, el arraigo en el país, la condición económica del imputado o el poder que represente para interferir con el cumplimiento de la finalidad del proceso, y en el presente caso se trata de un ciudadano que tiene arraigo en el país específicamente en la dirección que aportaron al inicio de la presente audiencia, sin recursos económicos algunos con lo cual pudiera presumirse que evadirá el proceso, asimismo en razón del artículo 44 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y conforme al principio de presunción de inocencia, solicito de ser el caso de no considerar lo antes expuesto se le imponga una de las medidas contenidas en el artículo 242 de la norma adjetiva pena, ya que cualquiera de ellas es suficiente para garantizar dar cumplimiento a la finalidad del proceso la cual es otra sino la búsqueda de la verdad, es todo.”;
CUARTO: En la referida audiencia oral de presentación, fue decretada la privación preventiva de libertad de los ciudadanos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que este operador encontró llenos los requisitos exigidos en el referido artículo, esto es, la circunstancia de que el imputado fuera aprehendido por funcionarios adscritos al Instituto Autónomo de Policía y Circulación del Estado Vargas el 19-03-2014, en una vivienda de color verde en la población de La Sabana, parroquia Caruao, estado Vargas, específicamente al sector El Tanque, cuando siendo las 06:00 horas de la mañana, lograron observar a dos ciudadanos a bordo de una moto de color rojo, cuyo conductor vestía sweater blanco y el parrillero chemise roja, quienes al notar la presencia policial, mostraron una conducta nerviosa y evasiva, seguidamente procedieron a dictarles la voz de alto, y los mismos emprendieron la huida, estacionando el vehículo moto al lado de una calle y de manera inmediata ingresaron a una vivienda de color verde, seguidamente fueron en búsqueda de una persona que fungiera como testigo presencial, quien quedó identificada como: DIAZ LUIS EDUARDO titular de la cédula de identidad Nº 12.689.865, en tal sentido amparados en el artículo 196 numeral segundo del Código Orgánico Procesal Penal, logran ingresar al bien inmueble, logrando observar a los ciudadanos, quienes quedaron identificados como: Seguidamente procedieron a su revisión corporal de conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, no incautándo ningún elemento de interés criminalístico, seguidamente en compañía del testigo procedieron a la revisión de la morada, logrando ubicar y fijar en el área de la cocina, específicamente en el interior de un horno, una bolsa elaborada en papel multicolor, contentivo de catorce (14) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana, cinco (05) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana, treinta y uno (31) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana, dos (02) envoltorios de colores verde y azul, contentivos de la presunta droga denominada cocaína, un (01) envoltorio de color verde, de presunta droga denominada crack y un arma de fuego tipo pistola calibre 3.80, en tal sentido ele dieron aprehensión definitiva, asimismo fue colectado un vehículo tipo moto placa AD0N08V, y en la parte externa de la residencia, se colectó un vehículo tipo moto AG4Y66A, conducida por los ciudadanos al momento de evadir la comisión policial. Dando inicio a las actas procesales K-14-0372-00063. posteriormente se trasladaron al despacho a los fines de realizar el pesaje de la sustancia, la cual arrojó un peso bruto los CATORCE (14) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada Marihuana la cantidad de CINCUENTA Y DOS (52) GRAMOS, los CINCO (05) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana arrojó la cantidad de DIECINUEVE (19) GRAMOS, los TREINTA Y UNO (31) envoltorios de restos y semillas de vegetales de la presunta droga de la denominada marihuana arrojó DIECIOCHO (18) GRAMOS y los DOS (02) envoltorios de colores verde y azul, contentivos de la presunta droga denominada cocaína arrojaron la cantidad de CICUENTA Y DOS (52) GRAMOS el último de los envoltorios arrojo un peso de VEINTIDÓS Y DOS (22) GRAMOS de crack, según se evidencia de las actas policiales, de aseguramiento e identificación de sustancia incautada, de registro de cadena de custodia y de entrevista que corren a los folios 3 al 10 del presente expediente. Por lo que respecta a la existencia de fundados elementos de convicción que permitan estimar razonablemente que el procesado ha sido autor en la comisión del hecho delictivo atribuido por la fiscal, este administrador judicial considera suficiente para satisfacer este requisito material, las referidas actas que cursan a los folios 2 al 38 del presente asunto, en virtud de que el procedimiento en cuestión fue presenciado por un testigo instrumental, quien dio fe de lo que observó al suscribirlas. Por otra parte, la pena que pudiera llegar a imponerse en el presente caso, podría ser de considerable severidad, circunstancia que hace presumir su incomparecencia a los subsiguientes actos del proceso, en caso de imponérseles una medida menos gravosa, es decir, se encuentran satisfechos los extremos del artículo 237, numeral 2 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal;
QUINTO: En este orden de ideas, considera pertinente este administrador de justicia traer a colación al compartirlo, el criterio sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 1.712 (caso Rita Coy y otras), cuando consideró como de lesa humanidad el delito de narcotráfico, excluyéndolos a su vez de beneficios que puedan llevar a su impunidad. A tal efecto la Sala expresó:
(Omissis…)
El artículo 29 constitucional, para determinados delitos, niega los beneficios que puedan llevar a su impunidad; por lo que con relación a dichos delitos, el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal no es apreciable ante el mandato expreso de la Constitución de 1999.

En efecto, el artículo 29 constitucional, reza:

«El Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades.
Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía».

Los delitos de lesa humanidad, las violaciones punibles de los derechos humanos y los delitos por crímenes de guerra, quedan excluidos de beneficios como lo serían las medidas cautelares sustitutivas, en caso que el juez considerare que procede la privación de la libertad del imputado.

Al comparar el artículo 271 constitucional con el transcrito 29, donde el primero se refiere a acciones penales imprescriptibles y que, al igual que la última norma mencionada, reconoce como imprescriptible a los delitos contra los derechos humanos, la Sala debe concluir que el delito de tráfico de estupefacientes, cuya acción también es imprescriptible, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 constitucional, como un delito de lesa humanidad, y así se declara.

Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que, al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes expresaron:

“...Profundamente preocupadas por la magnitud y la tendencia creciente de la producción, la demanda y el tráfico ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, que representan una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaban las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad...”.

Por otra parte, en el Preámbulo de la Convención de Viena de 1961, las partes señalaron, sobre el mal de la narcodependencia:

“...Considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal,
Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes...”.

En consecuencia, los delitos relativos al tráfico de estupefacientes los considera la Sala de lesa humanidad.

A título de ejemplo, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, no suscrito por Venezuela, en su artículo 7 se enumeran los crímenes de lesa humanidad; y en el literal K de dicha norma, se tipificaron las conductas que a juicio de esta Sala engloban el tráfico ilícito de estupefacientes. Dicho artículo reza:

Artículo 7
Crímenes de lesa humanidad
1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por "crimen de lesa humanidad" cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.
(Omissis…)
Se observa en la citada decisión de la Sala Constitucional, -no obstante no expresar carácter vinculante-, que el Supremo Tribunal de la República considera como de lesa humanidad, los delitos de narcotráfico, incluyéndolos en el literal “K” del Estatuto de Roma, y a su vez excluye este tipo de delitos de los beneficios que puedan llevar a su impunidad, como lo sería en este caso la imposición de una medida cautelar sustitutiva de la privación de libertad.
Sobre la base de los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Primera Instancia Estadal y Municipal en Función Primero de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, considerando que en el presente caso se encuentran llenos los extremos de los artículos 236, numerales 1, 2 y 3 y 237, numeral 2 y parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, con las actas policiales y de entrevistas se encuentra acreditada la presunta participación del ciudadano imputado en el hecho punible precalificado por el Ministerio Publico como lo es el delito de TRÁFICO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS EN LA MODALIDAD DE OCULTAMIENTO previsto y sancionado en primer aparte del artículo 149 de la Ley Orgánica de Drogas, se decreta LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de los ciudadanos, y en consecuencia declara sin lugar la libertad sin restricciones solicitada por la defensa.
Publíquese, regístrese y diarícese el presente auto fundado.
El Juez,

Juan Fernando Contreras
La Secretaria,

Abg. Odalis Marín Maitán

En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado.
La secretaria,

Abg. Odalis Marín Maitán