REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA San Cristóbal, miércoles quince de octubre del año 2014 204º y 155º ASUNTO: SP01-L-2014-000486 -I- IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS Parte accionante: Sociedad mercantil Monto Seguridad, C. A. Apoderada judicial: Abogada Thais Gloria Molina Casanova, inscrito en el Inpreabogado bajo el n. º 26.129. Parte accionada: Inspectoría del Trabajo, “General Cipriano Castro” del estado Táchira. -II- SÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA Se inicia el presente proceso mediante escrito presentado en fecha 7.10.2014, con motivo del recurso contencioso administrativo de nulidad, conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos de la providencia demandada, incoado por la abogada Thais Gloria Molina Casanova, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el n. º 26.129, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Monto Seguridad C. A., en contra del acta de ejecución de reenganche o restitución, de fecha 10 de septiembre del 2014, emanada de la Inspectoría del Trabajo, General Cipriano Castro del estado Táchira, en el expediente n. º 056-2014-01-0630, nomenclatura llevada por ese órgano administrativo, en consecuencia, se recibió el presente expediente por ante este tribunal de juicio por auto de fecha 8.10.2014, siendo admitido mediante auto de fecha 10.10.2014, ordenando notificar al inspector del trabajo del estado Táchira, al fiscal superior del Ministerio Público del estado Táchira, al procurador general de la República Bolivariana de Venezuela y mediante boleta al tercero interviniente beneficiario del acto que se recurre por ante este Tribunal, ciudadano Yoldanny Ruedas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n. º V-16.541.262. -III- PARTE MOTIVA Vista la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos conjuntamente con recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Monto Seguridad C. A., por medio de su apoderada judicial abogada Thais Gloria Molina Casanova, inscrita en el Inpreabogado con el n. º 26.129, en contra del acta de ejecución de reenganche o restitución, a favor del ciudadano Yoldanny Ruedas Guerrero, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad n. º V.- 16.541.262, emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Táchira, de fecha 10 de septiembre del 2014, en el expediente administrativo n. º 056-2014-01-0630, nomenclatura llevada por ese órgano administrativo; procede este juzgador a pronunciarse sobre la procedibilidad de la medida cautelar solicitada, en los siguientes términos: En primer lugar, debe tenerse en cuenta que en materia de medidas cautelares instauradas en el procedimiento de nulidad de un acto administrativo de efectos particulares, constituye un medio accesorio y de carácter previo para el logro de la justicia, de donde se deriva su naturaleza instrumental y provisional, puesto que no ata al juez a la hora de decidir sobre el fondo del asunto, existiendo la posibilidad de revertir la situación provisional creada. El Tribunal Supremo de Justicia en jurisprudencia de vieja data, ha sostenido que las medidas cautelares son actos judiciales concebidos con el objeto de anticipar los efectos de un fallo mientras transcurre la tramitación del juicio principal, con el fin de salvaguardar el derecho que se atribuye el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable que coloque en peligro la satisfacción del derecho que se solicite, motivo por el cual, la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, puesto que en caso de que se decrete su procedencia, el juez dispondrá de actos de ejecución tendientes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces. En ese sentido, el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, concede al juez la facultad de ordenar las actuaciones que estime pertinentes para verificar la situación denunciada y dictar medidas cautelares, a instancia de parte. Por lo que, los artículos 585 y 586 del Código de Procedimiento Civil, establecen los requisitos de procedencia para decretar una medida cautelar, a saber:  Que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger fumus boni iuris.  Que haya riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo periculum in mora.  Específicamente para este caso de las medidas cautelares innominadas (requisito previsto en el Código de Procedimiento Civil), se exige que esté presente el temor fundado de que una de las partes pudiera causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra periculum in damni. Aunado a ello, la parte solicitante de la medida cautelar tiene la carga de acreditar las presunciones que alega, haciendo uso de los medios de prueba que confiere el ordenamiento jurídico a tales efectos. En el caso bajo análisis, la parte recurrente argumenta: «En vista (sic) que existe el fomus bonis iures (sic) y el periculum in mora (sic), es por lo que solicito se suspendan los efectos del acto administrativo de REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAÍDOS, hasta tanto este juzgado se pronuncie sobre el presente Recurso de Nulidad (sic)»…. Siendo así, los alegatos esgrimidos por la parte recurrente en el escrito de nulidad, no crean la convicción ni la certeza necesaria, puesto que no se desprende prima facie que los hechos alegados se encuadren dentro de los tres requisitos señalados anteriormente, dado que para poder determinar si se configuran o no, es necesario entrar al análisis de normas legales, lo cual no corresponde a este juzgador hacer en esta etapa del proceso, por cuanto el asunto principal pretende la nulidad del referido acto administrativo, y por ende se estaría resolviendo sobre el fondo del asunto en forma adelantada. Asimismo, de los recaudos consignados junto con el escrito de nulidad, no se desprende la presunción grave de la lesión irreparable a sus derechos, ni prueba del riesgo manifiesto de que la ejecución del fallo quede ilusoria. Así se decide. En definitiva, en el presente caso, no existen pruebas que sustenten la petición de la parte recurrente de donde puedan desprenderse al menos la existencia de uno de los requisitos necesarios para su procedencia, el cual constituye una carga de la parte recurrente que no puede ser suplida por este órgano jurisdiccional, resultando forzoso declarar IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos. Así se decide. -IV- PARTE DISPOSITIVA Con fundamento en los razonamientos antes señalados, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA: 1° IMPROCEDENTE la medida cautelar solicitada en el recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por la abogada Thais Gloria Molina Casanova, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n. º 26.129, en su carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Monto Seguridad C. A., en contra del acta de ejecución de reenganche o restitución, de fecha 10 de septiembre del 2014, emanada de la Inspectoría del Trabajo, General Cipriano Castro del estado Táchira, en el expediente n. º 056-2014-01-0630, nomenclatura llevada por ese órgano administrativo. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal, notifíquese a la Procuraduría General de la República Bolivariana de Venezuela, con copia certificada de la presente sentencia. Dada, firmada y sellada en el despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, en San Cristóbal, a los 15 días del mes de octubre del 2014. Años 204º de la Independencia y 155º de la Federación. El juez Abg. Miguel Ángel Colmenares Chacón La secretaria judicial Abg. ª Elizabeth Ramírez Carrillo En la misma fecha, siendo las 8.45 a. m., se publicó la anterior decisión y se agregó al expediente, dejándose copia certificada de la misma para el copiador del Tribunal. La secretaria judicial Abg. ª Elizabeth Ramírez Carrillo MÁCCh/ECRC Sentencia n. º 128 ASUNTO: SP01-L-2014-000486