TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio
Maiquetía, veintitrés (23) de Octubre de 2014
204º y 155º

ASUNTO: WP21-V-2013-000058

PARTE ACTORA: RICARDO ADRIAN SARMIENTO DEL MORAL, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 10.827.851, debidamente asistido en la Audiencia de Juicio por la abogada LUISA CEDEÑO, en su carácter de Defensora Pública Tercera en materia de protección de niños, niñas y adolescentes del estado Vargas.

PARTES DEMANDADAS: EDMILY JANNE LANZON MOGOLLÓN y ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE, ambos de nacionalidad venezolana, mayores de edad y titulares de las Cédulas de Identidad Nºs. 13.373.887 y E.-82.201.747, respectivamente, asistidos en la Audiencia de Juicio el abogado ROGER ABREU, y por la abogada GLEYKA ZAMORA, en su carácter de Defensor Público Sexto (E) y Defensora Pública Segunda, en materia de protección de niños, niñas y adolescentes del estado Vargas.

ADOLESCENTE: (A tenor de la Sentencia con carácter vinculante, dictada por la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal, en fecha 12 de noviembre de 2013, bajo la ponencia de la Magistrada Dra. Carmen Zuleta de Merchán, en el expediente Nro. 13-0318, mediante la cual se establece que “en los casos donde la materia a ventilarse sea sobre la filiación, -impugnación, inquisición o adopción-, e instituciones familiares en los carteles, edictos y las boletas de notificación que se libren, se exprese el motivo de la causa de manera genérica “filiación” e “institución familiar”, se omita el nombre del niño, niña o adolescente sujeto de protección), asistida técnicamente por el abogado ADRIÁN CASTRO, en su carácter de Defensor Público Quinto en materia de protección de niños, niñas y adolescentes del estado Vargas.

MOTIVO: IMPUGNACION DE PATERNIDAD

Mediante escrito presentado por ante este Circuito Judicial, el ciudadano RICARDO ADRIAN SARMIENTO DEL MORAL, debidamente asistido de Defensora Pública, entre otros particulares afirmó que sostuvo una relación amorosa pública y notoria con la ciudadana EDMILY JANNE LANZON MOGOLLÓN, durante un año, en el cual nunca tuvieron una casa en común pero mantenían contacto, siendo que transcurrido el tiempo se enteró que estaba embarazada pero por temor no realizó contacto alguno con ella pues se encontraba casado para esos momentos, luego por razones de trabajo viajó al exterior, donde se mantuvo durante aproximadamente diez (10) años y tuvo contacto nuevamente con la prenombrada ciudadana y fue cuando se enteró que de aquella unión nació una niña que lleva por nombre MARIA ROSA PIOLA LANZON pero que al momento de nacer presentó su cédula de identidad donde aparecía como casada, por lo que se colocó al ciudadano ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE como progenitor de la niña, aún conociendo que el verdadero padre era el demandante, razón por la cual impugna el reconocimiento de paternidad realizado por la madre de la niña, y al respecto señala como fundamentos de derechos los artículos 56, 75, 76, 77 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 7, 8, 25 y 26 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el artículo 233 del Código Civil.
El Defensor Público designado a la adolescente entre otros particulares expresó que lo más ajustado a derecho es que se realicen las experticias heredo biológicas correspondientes para determinar el vínculo de consanguinidad entre la niña y el reclamante del derecho invocado en la presente causa, ya que constituye el instrumento fundamental para garantizar el logro de la verdad en el presente procedimiento.
El Defensor Público de la ciudadana EDMILY JANNE LANZON MOGOLLON, codemandada en esta causa, entre otros particulares expuso que es cierto que sostuvo una relación amorosa con el ciudadano RICARDO ADRIAN SARMIENTO DEL MORAL y de cuya relación nació su hija y convino que para el momento cuando la inscribió en el Registro Civil se encontraba casada con el ciudadano ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE, a quien se le atribuyó la paternidad de la adolescente de marras sin que éste objetara aquél acto, que ciertamente se ha generado una relación afectiva entre su hija y el aquí demandante, por lo que pide se valore la experticia heredo biológica.
La Defensora Pública del ciudadano ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE codemandado en la causa que nos ocupa, manifestó que el mismo había manifestado su conformidad con la demanda en la audiencia de sustanciación, por lo que se adhirió al principio de la comunidad de la prueba.
Se publicó el Edicto al que se refiere el artículo 506 del Código Civil, en fecha 21 de febrero de 2013, y la audiencia de sustanciación se celebró en fecha 30 de abril de 2013, con la presencia de la parte actora y la codemandada, y los defensores públicos de todos los involucrados, donde se anunciaron los medios probatorios.
El día de la Audiencia de Juicio se presentaron personalmente los ciudadanos RICARDO ADRIAN SARMIENTO DEL MORAL y EDMILY JANNE LANZON MOGOLLON, debidamente asistidos por Defensores Públicos, y el ciudadano ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE estuvo representado también por Defensora Pública. El primero de los nombrados entre otros particulares expuso que él era el padre biológico pero se enteró de ello cuando la adolescente ya estaba grande, que ya le han explicado a la misma la situación y que lo que busca es brindarle a su hija todo su bienestar y la codemandada entre otras cosas expuso que ciertamente el progenitor de su hija es el demandante, que tenía la cédula de casada cuando presentó a su hija, que luego le explicó la verdadera situación y la misma comprendió todo y lo aceptó, que quiere que la niña lleve su verdadero apellido.
Celebrada la audiencia oral, pública y contradictoria, se dictó oralmente el dispositivo del fallo, cuyo texto íntegro se transcribe a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 485 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Se plantea como tema central, entonces, la impugnación de una paternidad que realizara la ciudadana EDMILY JANNE LANZON MOGOLLON, en relación a la hoy adolescente, toda vez que para el momento de inscripción de la misma en los libros de registro civil, la prenombrada ciudadana se encontraba unida en vínculo matrimonial con el ciudadano ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE. La progenitora aceptó el hecho de que la persona a quien se le atribuyó la paternidad al momento de realizar la inscripción ante el Registro Civil de Nacimientos no es en realidad el verdadero progenitor, y el codemandado no compareció a rechazar o contradecir lo alegado por la parte actora, pero como se trata de una acción relativa al estado civil, donde se involucra el orden público, no está permitido los convenios entre las partes, por lo que se hace necesario el pronunciamiento judicial para verificar la situación planteada.
En este sentido, este Juzgador considera pertinente señalar que la doctrina y la jurisprudencia patria han sido contestes en afirmar -reiterada y pacíficamente- que la calificación adecuada de las acciones de estado relacionadas con la maternidad y la paternidad depende del elemento matrimonio, es decir, de si los hijos nacen dentro de una relación matrimonial o fuera de ésta, pues de ello estriba que pueda estarse en presencia de una filiación matrimonial o extra matrimonial.
A pesar de esta disquisición, es necesario aclarar que independientemente del hecho cierto de haber nacido dentro de una relación matrimonial o no matrimonial, no se permite discriminación alguna de los hijos e hijas como antes se hacía y se categorizaban, pues todos los niños, niñas y adolescentes gozan de igualdad jurídica como sujetos plenos de derecho (Vid. art. 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y la misma condición (Vid. art. 234 Código Civil); pero de esta diferencia deviene la calificación de las acciones de estado.
Para la autora Isabel Grisanti Aveledo (2002, pág. 326) la filiación matrimonial “es el vínculo jurídico simultáneo entre el hijo, su padre y su madre porque estos últimos, los padres, están a su vez unidos entre ellos por el matrimonio o lo estuvieron en el período de la concepción del hijo o para la fecha de su nacimiento”; resultante de los siguientes elementos: el matrimonio de los padres, la maternidad, la paternidad y la concepción dentro del matrimonio, de cuya conjugación es resultado.
Esta filiación matrimonial puede ser atacada a través de diversas acciones judiciales, a saber: a) la ejercida en relación con el elemento matrimonio: acción de impugnación del carácter matrimonial de la filiación o acción de impugnación a la legitimidad; b) las ejercidas en relación con la maternidad: acción de reclamación de estado, acción de impugnación de estado, acción de impugnación del reconocimiento materno y la acción de nulidad del reconocimiento materno; y, c) la ejercida en relación con la paternidad: acción de desconocimiento.
Entretanto, para la citada autora, filiación extra matrimonial ‘es el vínculo jurídico que existe entre el hijo y su padre o entre el hijo y su madre cuando los progenitores no estaban casados ni para el periodo de la concepción del hijo ni para la fecha de su nacimiento” (2000, pág. 326); en donde el elemento determinante es la falta de matrimonio entre los padres, por lo que el parentesco del hijo con su padre es absolutamente independiente del que existe entre el hijo y su madre.
Por ello, la filiación paterna del hijo nacido o concebido entre padres no casados entre sí se demuestra por el reconocimiento voluntario del padre (o después de su muerte, de sus ascendientes) o por sentencia judicial que lo declare, siendo que en el caso sometido a consideración de quien suscribe, se pretende desconocer la paternidad establecida a la adolescente en virtud de que los ciudadanos EDMILY JANNE LANZON MOGOLLON y ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE se encontraban separados de cuerpos pero igualmente casados, alegando al efecto que el verdadero padre es el demandante.
El día de la Audiencia de Juicio, se incorporaron los siguientes medios probatorios: PRIMERO: Acta de nacimiento N° 107, emanada de los Libros de Registro Civil de Nacimientos llevados por la Coordinadora de Registro Civil de la Parroquia Caraballeda, municipio Vargas del estado Vargas, relativa a la adolescente, la cual es valorada en toda su extensión por este Juzgador por tratarse de un documento público que no fue impugnado por ninguna de las partes y sirve para demostrar la identidad y datos filiatorios de la misma con los ciudadanos EDMILY JANNE LANZON MOGOLLON y ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE, quedando suficientemente demostrado que estos dos últimos ciudadanos son quienes aparecen como progenitores de la adolescente de autos. SEGUNDO: Informe de la experticia sobre indagación de la filiación biológica practicada por el Laboratorio de Genética Humana del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, a los ciudadanos RICARDO ADRIAN SARMIENTO DEL MORAL, EDMILY JANNE LANZON MOGOLLON y ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE, así como a la adolescente, la cual es valorada en toda su extensión por quien suscribe el presente fallo, no solamente por haber sido practicada por un organismo oficial cuya especialidad en el área está suficientemente acreditada, sino también porque las partes en litigio tuvieron la oportunidad de controlar dicha prueba y se acogieron a sus resultados, por lo que el Juzgador fue suficientemente ilustrado en las conclusiones de dicha experticia en cuanto a que “El señor Alfredo Eduardo Piola Basile NO puede ser el padre biológico de la adolescente, según el resultado de los sistemas referidos (…) No se excluyó paternidad en doce (12) sistemas fenotípicos del Sr. Ricardo Adrián Sarmiento del Moral sobre la adolescente (…) Es decir una probabilidad de paternidad de 99,999996% del Sr. Ricardo Adrián Sarmiento del Moral sobre la adolescente (…)”
Esta experticia trae dos pronunciamientos importantes, pues por un lado afirma que al codemandado se le excluyó de paternidad, pero también hace referencia a que la persona del demandante es el padre de la adolescente de autos, lo cual no es motivo de este pronunciamiento por cuanto no se busca un establecimiento de paternidad sino desvirtuar la que legalmente está establecida, por lo que es lógico advertir que si el demandante es el padre biológico, mal puede serlo otra persona, en este caso, quien estaba unido en vínculo matrimonial con la progenitora de la adolescente de marras, de tal manera que estos aspectos son valorados en toda su extensión por el Juez que suscribe el presente pronunciamiento, siendo que resulta evidente que desde el punto de vista biológico no existe relación entre lo establecido en el acta de nacimiento y el aspecto genético, por lo que esta circunstancia convence plenamente al Tribunal a que la paternidad atribuida al ciudadano ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE no se corresponde a la realidad.
Ante esta situación, considera necesario advertir que si bien es cierto el articulo 201 del Código Civil Venezolano establece que “el marido se tiene como padre del hijo nacido durante el matrimonio o dentro de los trescientos (300) días siguientes a su disolución o anulación”, no es menos cierto que la Constitución del la República Bolivariana de Venezuela, norma de superior jerarquía y de data mas reciente, cónsona con las mas modernas corrientes de las generaciones avanzadas de derechos humanos, en su artículo 56 reza que:
“Artículo 56. Toda persona tiene derecho a un nombre propio, al apellido del padre y al de la madre, y a conocer la identidad de los mismos. El Estado garantizará el derecho a investigar la maternidad y la paternidad.
Toda persona tiene derecho a ser inscrita gratuitamente en el registro civil después de su nacimiento y a obtener documentos públicos que comprueben su identidad biológica, de conformidad con la ley. Éstos no contendrán mención alguna que califique la filiación.

Evidentemente se le confiere valor preponderante a la filiación biológica sobre la filiación legal, por considerar el derecho del hijo a conocer su filiación biológica como un derecho humano fundamental inalienable, imprescriptible, in diferible y obliga a los órganos del estado a garantizar los medios para la determinación de la filiación biológica de las personas.
Por otra parte, una norma perfectamente concordante con la disposición anterior, es la contenida en el artículo 8 de Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que textualmente establece lo siguiente:
Artículo 8. Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes.
El Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños, niñas y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías.
Parágrafo Primero. Para determinar el interés superior de niños, niñas y adolescentes en una situación concreta se debe apreciar:
…d) La necesidad de equilibrio entre los derechos de las demás personas y los derechos y garantías del niño, niña o adolescente…
…Parágrafo Segundo. En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.

En su segundo parágrafo ordena favorecer el interés superior del niño en caso de conflicto entre derechos iguales y en el caso de autos el interés superior de la adolescente impone su derecho a conocer su filiación paterna real, biológica y la obligación de sus padres a garantizarle ese derecho.
Respecto de la interpretación de los artículos 56 y 76 de la Constitución del la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 1443 del 14 de agosto de 2008, ha establecido lo siguiente:
“… El artículo 56 consagra el derecho a la identidad de los ciudadanos, derecho el cual se considera inherente a la persona humana y del cual no se puede prescindir, lo cual genera paralelamente una obligación al Estado, consistente en el deber de asegurar una identidad legal, la cual debería coincidir con la identidad biológica, todo ello con la finalidad de otorgar a todo ciudadano un elemento diferenciador con respecto a los integrantes de una sociedad, el cual se interrelaciona y se desarrolla con el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad … derecho éste, el cual no se agota en su relación con los demás ciudadanos, sino que aun se internaliza más en el desarrollo y conocimiento de cada hombre, constituyéndose en un presupuesto indispensable del aseguramiento del derecho a la vida, sin el cual no puede concebirse al hombre. Así pues, la identidad personal es ser uno mismo, representado con sus propios caracteres y sus propias acciones, constituyendo la misma verdad de la persona … Conviene destacar en tal sentido, que el hombre es el eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo, su persona y la consagración de sus derechos intrínsecos y personalísimos son inviolables. Ello así los derechos de la personalidad, dentro de los cuales debe incluirse el derecho a la identidad, son esenciales para ese respeto de la condición humana …
…El artículo 56 del Texto Constitucional tiene como finalidad de propender el conocimiento y certificación de la verdad biológica independientemente del estado civil de los ascendientes, por cuanto el enclaustramiento o reserva del origen es lo que se tiende a evitar y lo que se trata de dilucidar con esta prueba médica (ADN) …
Así pues, debe concluirse que por identidad biológica debe entenderse el patrimonio genético heredado de los progenitores biológicos, es decir, su genoma. El patrimonio genético heredado a través de los cromosomas, que son portadores de los miles de genes con que cuenta el ser humano, establece la identidad propia e irrepetible de la persona … Por otra parte, la identidad legal, es aquella establecida mediante presunciones legales en las leyes patrias, o la que reconoce ciertos efectos jurídicos al consentimiento expresado por los cónyuges sobre sus hijos, como ocurre en el caso de la adopción o el reconocimiento como suyo, por parte del marido, de un hijo de pareja extramatrimonial mediante el consentimiento tácito al no interponer el juicio de desconocimiento de paternidad. También debe incluirse dentro de dicha categoría a la filiación declarada por los órganos jurisdiccionales competentes…
… Establecida la primacía de la referida identidad biológica y no siendo necesario un examen de proporcionalidad por cuanto lo discutido se refiere únicamente a la identidad personal -legal o biológica- de las personas y no sobre la prevalencia de un determinado derecho constitucional sobre otro, en virtud de que, en el primer supuesto, estamos en presencia de un derecho constitucional pleno y efectivo como es el derecho de todo ciudadano de conocer su identidad biológica mientras que el otro supuesto se refiere a una presunción legal, como es la presunción de paternidad establecida en el artículo 201 del Código Civil, la cual debe ceder, siempre y cuando exista controversia entre ambos, conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Texto Constitucional, y en atención a lo dispuesto en el parágrafo segundo del artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual establece que “En aplicación del Interés Superior de Niños, Niñas y Adolescentes, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
… ha sido constante en sostener reiteradamente que el reconocimiento voluntario puede ser impugnado judicialmente en procedimiento contradictorio, por quien tenga interés en ello y le reconoce ese interés al propio reconocedor, cuando le filiación legal no se corresponda con la filiación biológica …

La sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 001, de fecha 29 de enero de 2008, sostuvo lo siguiente:
… Así pues, de la lectura del libelo se observa claramente, que lo perseguido por el accionante es la impugnación del reconocimiento voluntario realizado por éste, en favor de su menor hijo -nacido de una unión extra matrimonial-, ello toda vez que la declaración realizada, a su parecer, no coincide con la realidad.
…En esta fase del análisis, es necesario hacer referencia al objeto de la acción de impugnación de reconocimiento, el cual no es otro que el de enervar el reconocimiento voluntario del hijo extramatrimonial, por considerarse que éste no se corresponde con la realidad de los hechos, encontrándose regulada en el artículo 221 del Código Civil.
… Con relación a la acción de impugnación de reconocimiento, esta Sala de Casación Social ha sostenido, en virtud del análisis del artículo 221 del Código Civil, que ésta puede ser intentada por cualquier persona que tenga interés moral directo o simplemente interés económico, siendo titulares de dicha acción el mismo autor del reconocimiento, la persona reconocida, el verdadero padre, la madre del hijo, etc. (Ver sentencia de fecha 1° de noviembre de 2007, N° 2207)

Resulta evidente, pues, que la Sala le reconoce cualidad de actor al propio autor del reconocimiento para intentar las referidas acciones por lo que con ello amplia los sujetos activos señalados en el artículo 221 del Código Civil, confirmando la posibilidad de que ese acto sea reversible mediante sentencia producida en juicio contradictorio. Criterios jurisprudenciales que este juzgador acoge y aplica al presente procedimiento por resultar compatibles con el caso concreto, por haberse determinado que la filiación legal establecida no se corresponde con la filiación natural biológica de la adolescente respecto de su reconocedor.
En efecto, las pruebas evacuadas en la Audiencia de Juicio, y especialmente la experticia de filiación biológica practicada en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, demuestran que el demandante es el progenitor de la adolescente de marras, lo cual no era lo discutido, pero por argumento en contrario, siendo que el demandante desde el punto de vista biológico es el padre, mal puede serlo la persona quien aparece en la partida de nacimiento. Y ASI SE ESTABLECE.-
Valora igualmente el juzgador la opinión de la adolescente, quien se encuentra en conocimiento de la situación planteada por sus progenitores, por lo que en ejercicio de su derecho a opinar y ser oída, se le respetó esa garantía.
Para mayor abundancia, este Juez hace referencia a lo dispuesto por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia de fecha 01 de junio de 2000, con ponencia del magistrado Dr. Alberto Martini Urdaneta, quien señalo que:
“…omissis….Es importante resaltar que cuando se intenta una acción de inquisición de paternidad o una acción de desconocimiento de paternidad, los jueces encargados de tomar la decisión deben ser sumamente diligentes y prudentes, tratando, por todos los medios legales de escudriñar la verdad, debiendo apartarse de los meros formalismos que pueden hacer nugatoria la prueba heredo-biológica de tanta trascendencia, en éstos juicios, que por cierto no está limitada exclusivamente a la prueba sanguínea que tradicionalmente se realiza en estos casos, la cual, como se desprende de la información suministrada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, arroja como resultado una presunción de gran valor al establecer el porcentaje de posibilidad de paternidad del demandado, pero existiendo también la actualidad la prueba de ADN, con mayor grado de certitud. Ahora si bien el juez actúa en estos casos sin la debida diligencia y prudencia que los mismos ameritan, siendo materia de estricto orden público, puede suceder que se legalice una paternidad biológicamente que no existe, pero también puede suceder que a un niño se le niegue el derecho a conocer a su padre, derecho natural de rango constitucional que estaba consagrado en la Constitución Nacional abrogada en su artículo 75, vigente para la fecha de interposición de la presente acción. Igualmente, en la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita por Venezuela en la ciudad de Nueva York el 26 de enero de 1990, aprobada como Ley de la República por el Congreso Nacional el 20 de julio de 1990 y ratificada por la Presidencia de la República el 28 de agosto de 1990, en cuyo artículo 7 se establece el derecho que tienen los niños de conocer a sus padres y a ser cuidados por ellos. En el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece “Los niños, niñas y adolescente son sujetos plenos de derecho y estarían protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetaran, garantizarán y desarrollaran los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que le conciernan. El estado promoverá su incorporación progresiva a la ciudadanía activa, y un ente rector nacional dirigirá las políticas para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes”.

Aunado a lo anterior, advierte el juzgador que la Convención Sobre los Derechos del Niño, en su artículo 8, establece lo siguiente:
Los Estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares, de conformidad con la Ley sin injerencias ilícitas. 2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.

En este mismo orden de ideas Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en su artículo 25 establece:
Todos los niños, niñas y adolescentes, independientemente de cuál fuere su filiación, tienen derecho a conocer a su padre y madre, así como a ser cuidados por ellos, salvo cuando sea contrario a su interés superior.

En consecuencia este Tribunal evidencia el interés que tiene el Estado a través de los órganos de administración de justicia de salvaguardar el derecho de la adolescente y en determinar su verdadera filiación; y de esta forma atender a su interés superior, con el fin de atribuirle la paternidad que le corresponda. Y ASÍ SE DECLARA.
Por tanto, considera este Juzgador que la presente demanda debe prosperar, en virtud que la parte actora probó que el demandado no es el padre biológico, así que la paternidad atribuida al ciudadano ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE no se corresponde con la realidad biológica, tal como fue comprobado por la experticia realizada. Y ASÍ SE DECLARA.
DISPOSITIVA
En mérito de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: CON LUGAR la demanda de IMPUGNACION DE DE PATERNIDAD incoado por el ciudadano RICARDO ADRIÁN SARMIENTO DEL MORAL, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad N° 10.827.851, en contra de los ciudadanos EDMILY JANNE LANZON MOGOLLÓN y ALFREDO EDUARDO PIOLA BASILE, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las Cédulas de Identidad N°s V.-13.373.887 y E.-82.201.747, respectivamente, en relación con la adolescente, actualmente de trece (13) años de edad. En consecuencia, una vez firme la presente decisión, se ordena librar oficio al Coordinador del Registro Civil de la Parroquia Caraballeda, para que se distinga la debida nota marginal en el acta de nacimiento N° 107, que cursa al folio 54 de los libros correspondientes al año 2001, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil e igualmente se ordena la publicación en un diario de circulación local parte del dispositivo del fallo, según lo previsto en el artículo 507 del Código Civil, en concordancia con el contenido del artículo 65 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Publíquese y Regístrese

Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. En Maiquetía, a los veintitrés (23) días del mes de octubre del año dos mil catorce (2014). Años 204 de la Independencia y 155 de la Federación.-
EL JUEZ TITULAR,

ABG. ANGEL PEREZ BARRIENTOS
LA SECRETARIA,

ABG. AIMARA RAMIREZ AMESTY
En esta misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior decisión.-
LA SECRETARIA,

ABG. AIMARA RAMIREZ AMESTY