REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SUPERIOR PRIMERO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA SAN CRISTÓBAL, 23 DE ABRIL DE 2015 205º Y 156º ASUNTO: SP01-R-2014-000048. PARTE ACTORA: YUNEIRI CHIQUINQUIRÁ SEMPRÚN DE ZAMBRANO, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad N° V- 9.768.393. APODERADOS JUDICIALES PARTE DEMANDANTE: Abogadas THAIS GLORIA MOLINA CASANOVA y FANNY DUNLLIN LIMA GÁMEZ, inscritas en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 26.129 y N° 73.645, respectivamente. PARTE DEMANDADA: POSADA TURÍSTICA LOS NONOS C. A., Sociedad inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, bajo el N° 17, Tomo 12-A, con última modificación en fecha 19.11.2010, inserta bajo el número 13, Tomo 30-A RM, representada por los ciudadanos, José Alberto Umaña Bautista y Beatriz Amarilis Bautista Sánchez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V- 9.207.112 y V.- 3.196.779, en su ordden; y solidariamente a los ciudadanos Iris Fidella Bautista Sánchez y José Alfredo Bautista Sánchez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N° V.- 4.204.662 y V.- 13.127.400, respectivamente. APODERADOS JUDICIALES PARTE DEMANDADA: Abogados OTTONIEL AGELVIS MORALES, AURA MIREYA ROSALES ESCALANTE, MAHONY NATHALY AGELVIS MORALES y WILSON RUIZ PORRAS, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado con el N° 78.742, 78.091, 161.088 y 79.788, respectivamente. Motivo: Cobro de prestaciones sociales. Sentencia: Interlocutoria con fuerza de definitiva. I Han subido a esta Alzada por distribución las presentes actuaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la decisión de fecha 19 de marzo de 2015, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. Mediante auto de fecha 31 de marzo de 2015, se da por recibido el presente asunto. En fecha 10 de abril de 2015, se fijó la oportunidad de la celebración de la Audiencia, la cual tuvo lugar el día 22/04/2015, a las 09:00 a.m., de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dictándose el dispositivo el mismo día. Previo al inicio de la audiencia, las partes manifestaron su voluntad de arribar a un acuerdo transaccional, En tal sentido la parte accionada propuso pagar la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,oo), el cual corresponde al pago de prestación de antigüedad (Bs. 29.117,37), intereses de la prestación de antigüedad (Bs. 7.962,64), vacaciones (Bs. 7.189,29), bono vacacional (Bs. 7.066,21), utilidades (Bs. 10.367,05), salario dejado de percibir (Bs. 10.407,26), indemnización por despido (Bs. 38.713,44), más beneficio de alimentación adeudado, por la cantidad de Bs. 5.812,50; asimismo, la parte demandada ofrece en este acto pagar la cantidad de Bs. 33.367,24, por concepto de indexación, más intereses de mora, que se pudieron haber generado. Dicha cantidad de dinero en su totalidad, correspondiente a la relación laboral que mantuvo la demandante con la accionada, desde el 05 de febrero de 2009 hasta el 12 de junio de 2014, los cuales serán cancelados así: La cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,oo), que ya fueron cancelados el día de 21/04/2015, a través de cheque N° 47600095, del Banco Nacional de Crédito, según consta en autos; y el monto restante dividido en dos pagos de Bs. 50.000,oo cada uno, pagaderos el día 15 de mayo de 2015, el primero; y el 15 de junio de 2015, el último y definitivo, por ante la URDD de este Circuito Laboral. Estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente para emitir pronunciamiento respecto al acuerdo transaccional propuesto, este Juzgado procede a pronunciarse en los siguientes términos: MOTIVACIONES PARA DECIDIR Si bien la Sentencia constituye el medio normal de terminación del proceso, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ha dado mayor reconocimiento a la eficacia de modos de terminación no jurisdiccionales, cuya titularidad corresponde a las partes, mecanismos entre los cuales se distinguen aquellos producidos por actividad de las partes, como por ejemplo la transacción, el convenimiento, el arbitraje, el allanamiento y la satisfacción extraprocesal de la pretensión; y, aquellos producto de la inactividad de las mismas como el desistimiento, la perención, el decaimiento de la acción, la caducidad, la prescripción. La Carta Fundamental, en su artículo 258, fomenta como medios eficaces de justicia, el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para solución de conflictos, y si bien la nueva Constitución propugna el derecho de los particulares a obtener una tutela judicial efectiva, lo cierto es que en la práctica se han dado circunstancias que conllevan a que aquellos acudan a mecanismos alternativos de solución de las controversias, con el fin de sustraerlas del ámbito jurisdiccional y lograr así una pronta resolución de las mismas. Sin duda alguna, los mecanismos alternativos de resolución de controversias o conflictos de intereses, constituyen la solución fundamental para que las partes logren ese objetivo de eficacia en la resolución de las causas, con lo cual se da mayor cumplimiento a la tutela judicial efectiva y la celeridad. Por ello, debemos concluir que los medios alternativos de resolución de conflictos de intereses particulares, pueden ser definidos como aquellos mecanismos que sustituyen la decisión del órgano jurisdiccional por una decisión que puede ser producto de la voluntad concertada de las partes en conflicto o de una sola de ellas; se trata, en definitiva, de métodos de resolución convenidos e igualitarios. Los modos de autocomposición procesal están íntimamente vinculados a la satisfacción del interés público y a la consecución de una administración de justicia rápida y eficaz, en virtud de que es un bien querido por la sociedad el hecho que los procesos de resolución de conflictos se agilicen y que la justicia sea rápida, efectiva y expedita. Tal afirmación resulta en un todo acorde con los postulados de nuestra Constitución, que en su artículo 257, prevé la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y la adopción de un procedimiento breve, oral y público no sujeto a formalidades rigurosas y reposiciones inútiles; el artículo 258 que promueve el uso en los procesos del arbitraje, la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos. Por otra parte, el artículo 19 de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a la vez que prevé la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, regula la manera como se puede llevar a término el litigio laboral o precaver el inicio de un proceso a través de transacciones y convenimientos, disponiendo que sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos. Dice el legislador, que no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador hubiese declarado su conformidad con lo pactado, obligando a los funcionarios del trabajo en sede administrativa o judicial a garantizar que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales. Ahora bien, visto que las partes lograron transigir el conflicto de intereses existente en el caso de marras, suscribiendo acta transaccional, esta alzada procede a realizar el análisis de la misma para determinar su conformidad con el derecho: La parte patronal, ofreció en ese acto pagar la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 150.000,oo), el cual corresponde al pago de prestación de antigüedad (Bs. 29.117,37), intereses de la prestación de antigüedad (Bs. 7.962,64), vacaciones (Bs. 7.189,29), bono vacacional (Bs. 7.066,21), utilidades (Bs. 10.367,05), salario dejado de percibir (Bs. 10.407,26), indemnización por despido (Bs. 38.713,44), más beneficio de alimentación adeudado, por la cantidad de Bs. 5.812,50; asimismo, la parte demandada ofrece en este acto pagar la cantidad de Bs. 33.367,24, por concepto de indexación, más intereses de mora, que se pudieron haber generado. Dicha cantidad de dinero en su totalidad, correspondiente a la relación laboral que mantuvo la demandante con la accionada, desde el 05 de febrero de 2009 hasta el 12 de junio de 2014, los cuales serán cancelados así: La cantidad de CINCUENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 50.000,oo), cancelados el día de ayer 21/04/2015, a través de cheque N° 47600095, del Banco Nacional de Crédito; y el monto restante dividido en dos pagos de Bs. 50.000,oo cada uno, pagaderos el día 15 de mayo de 2015, el primero; y el 15 de junio de 2015, el último y definitivo, por ante la URDD de este Circuito Laboral. Analizado el acuerdo de voluntades de las partes, verificada la suficiencia del acuerdo alcanzado, y la libertad con la cual obró el trabajador en su suscripción, y por ende, cumplidos como han sido los requisitos de ley, este Juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, procede a impartirle la homologación solicitada a dicha Transacción, en los términos que fueron expuestos, otorgándole así efectos de cosa juzgada. Y así se decide. II DECISIÓN Por los fundamentos jurídicos y legales antes señalados este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, obrando en nombre de la República y por autoridad de la ley, le imparte la HOMOLOGACIÓN a la Transacción celebrada entre la ciudadana Yuneiri Chiquinquirá Semprún de Zambrano y la sociedad mercantil Posada Turística los Nonos, C.A., y le imparte el carácter de cosa juzgada. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Bájese el expediente al Juzgado remitente en la oportunidad de ley. El Juez ABG. JOSÉ FÉLIX ESCALONA B. La Secretaria, ABG. MARTHA MUÑOZ Nota: En este mismo día, siendo las once y treinta de la mañana (11:30 am), se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión. ABG. MARTHA MUÑOZ Secretaria SP01-R-2015-48 JFE/eamm.