REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS Maiquetía, veintiuno de enero de dos mil quince 204º y 155º ASUNTO: WN11-S-2011-000196 SOLICITANTE: PABLO VICENTE LEÓN MANCILLA, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-13.977.171. ABOGADO ASISTENTE: HUMBERTO BLANCO HURTADO, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 156.907. MOTIVO: TÍTULO SUPLETORIO. I Por ante el Juzgado Distribuidor de Municipio fue presentada solicitud de TÍTULO SUPLETORIO. Efectuado el sorteo correspondiente fue asignada a este Tribunal, el cual le dio entrada en fecha 28 de noviembre de 2011. Mediante diligencia el ciudadano PABLO VICENTE LEÓN MANCILLA, mayor de edad, soltero, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. V-13.977.171, asistido de abogado consignó los recaudos requeridos por el Tribunal. En fecha 05 de diciembre de 2011, se dictó auto admitiendo la solicitud y se ordeno oficiar a la Dirección de Catastro Municipal del Estado Vargas, siendo librado el oficio N° 017-12, en fecha 16 de enero de 2012. Por auto de fecha 24 de enero de 2012, se designó correo especial al abogado HUMBERTO BLANCO HURTADO. En fecha 26 de enero de 2012, la secretaria del Tribunal, dejó constancia que el abogado HUMBERTO BLANCO HURTADO, consignó debidamente sellado y firmado el oficio remitido a la Dirección de Catastro Municipal. Mediante auto de fecha 07 de junio de 2012, se dio por recibido el Certificado de Existencia de Bienhechurías Nro. DCM-CEB-0116-2012, de fecha 05 de junio de 2012, y se instó al solicitante, a realizar contrato de arrendamiento con el Municipio y asimismo aceptó las medidas expresadas por la Dirección de Catastro Municipal Visto que la actividad judicial estuvo suspendida durante el período comprendido entre el 15 de abril de 2013 hasta el 25 de abril de 2014, y siendo que por Resolución N° 2014-04, de fecha 24 de abril de 2014, se acordó el inicio de las actividades judiciales a partir del día 28 de abril de 2014, sin que conste a los autos actividad alguna con posterioridad al 07 de junio de 2012, este Tribunal pasa a resolver sobre la misma en los siguientes términos: Este Tribunal conoce de la presente solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, la cual según el maestro Carnelutti se distingue de la Contenciosa ya que “Mientras en la jurisdicción contenciosa el órgano jurisdiccional actúa para la composición del conflicto de intereses, en la voluntaria solo lo hace para mejor tutelar del interés en conflicto”. Con dicha diferenciación, el maestro nos plantea el problema del interés, que siempre está vinculado a la acción. La doctrina Italiana dominante considera el interés desde el punto de vista de la tildad o provecho que el actor obtenga del ejercicio de la acción. Si mediante él no ha de lograr ninguna utilidad o ningún provecho legitimo, falta el interés y la acción no procede. Eduardo Pallares en su Diccionario Jurídico, expresa: “Desde otro punto de vista el interés procesal es la causa jurídica de los actos procesales es, la que mueve la voluntad de las partes para solicitar la actuación de los Tribunales. Si no es necesaria la intervención de estos para la protección de los intereses en litigio o si no hay litigio, falta el interés procesal”. Si estos conceptos, los analizamos conjuntamente con la definición más simple de interés, entendido como una posición del hombre o más exactamente la posición favorable a la satisfacción de una necesidad. Podemos concluir que, en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 936 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano jurisdiccional. Ahora bien, el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizara la justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles.” Ahora bien, el tiempo que disponen los Tribunales es bastante escaso, dada la cantidad de justiciables que ante él ocurren, por lo que no es dado al órgano Jurisdiccional esperar indefinidamente a que soliciten en Jurisdicción no contenciosa les confiere el impulso procesal necesario tendiente a la evacuación de lo por él solicitado, contraviniendo todo tal actitud omisiva el dispositivo constitucional de la justicia expedita, consagrado en la norma supra trascrita. En el caso de autos, dada la ocurrencia de la inactividad del solicitante, inactividad indefinida y absoluta por más de un (0) año, se evidencia la falta de interés en la evacuación de la presente solicitud, y como consecuencia de la pérdida del interés de la peticionante en la actuación, se da por terminada la presente solicitud, se ordena el archivo de la misma y su remisión a la División del Archivo Judicial. ASÍ SE DECIDE. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la anterior decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, a los veintiún (21) días del mes de enero del año dos mil quince (2.015). Años 204º Años y 155º de la Federación. LA JUEZA, NAHIROBY BOSCÁN PÉREZ LA SECRETARIA, ABG. ZAYDA MIRANDA En esta misma fecha y siendo las 10:56 de la mañana, se publicó y registró la anterior decisión. LA SECRETARIA, ABG. ZAYDA MIRANDA NBP/ZM/Jea