REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CORTE DE APELACIONES EN PENAL ORDINARIO, RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS Macuto, 04 de junio de 2015 205º y 156° ASUNTO PRINCIPAL: WP02-P-2014-0000730 ASUNTO: WP02-R-2015-0000151 Corresponde a esta Sala emitir pronunciamiento en relación a la admisión o no del recurso de apelación interpuesto por la abogada FRANZULY MARIN APONTE, en su carácter de Defensora Pública Segunda en Fase de Proceso del Estado Vargas de los ciudadanos OSCAR ALEJANDRO QUIJADA FIGUERA y RICARDO JESUS GIL MORILLO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-25.574.175 y V-21.195.327 respectivamente, en contra de la decisión emitida en fecha 27/02/2015, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en lo Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual DECRETO LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD a los precitados ciudadanos, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COAUTORES, previsto y sancionado en el artículo 406 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano quien respondía en vida al nombre de ALFREDO ALEXANDER AVILES ODUBER. En tal sentido se observa: En fecha 11 de mayo de 2015 se recibió en este Órgano Colegiado, por vía de distribución la presente causa, la cual se identificó con el Nº WP02-R-2015-000151 y se designó como ponente a la Dra. ROSA CADIZ RONDON y siendo que en fecha 25-05-2015, se cumplió con el trámite administrativo ordenado en el auto que riela al folio 67 de la incidencia, esta Alzada pasa de seguida a resolver sobre la admisibilidad o no del recurso interpuesto, en tal sentido tenemos. DE LA ADMISIBILIDAD El Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, dictó la decisión impugnada el 27/02/2015, donde dictaminó lo siguiente: “...PRIMERO: Declara la nulidad absoluta de la aprehensión practicada por los funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Eje de Homicidios Vargas, en fecha 25/02/2015 de los ciudadanos CARLOS ALBERTO MARINO MALAVE, OSCAR ALEJANDRO QUIJADA FIGUERA y RICARDO JESUS GIL MORILLO, de conformidad con lo establecido en el artículo 174 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que no fueron aprehendidos mediante orden judicial ni en la comisión de un delito flagrante, en franca violación de la garantía prevista en el artículo 44.1 (sic) de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, se declara con lugar la nulidad de la aprehensión solicitada por la defensa…SEGUNDO: No obstante lo anterior, y tal y como lo establece la Sala Constitucional del tribunal (sic) Supremo de Justicia N° 525 de fecha 09/04/2001… Aunado a ello, en esta audiencia se le ha garantizado al imputado (sic) todos los derechos establecidos en la ley adjetiva penal y en la Constitución Nacional; y considerando que en el presente caso se encuentran llenos los extremos del artículo 236, numerales 1 y 2 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, se acredita la comisión de un hecho punible, cuya acción no se encuentra evidentemente prescrita, precalificado como HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COAUTORES, previsto y sancionado en el artículo 406 del Código Penal. Igualmente existen fundados elementos de convicción para estimar la participación de los hoy imputados en la perpetración del mismo, e igualmente tomando en cuenta el peligro de fuga determinado por la pena que pueda llegar a imponerse, considerada de elevada severidad, DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de los ciudadanos CARLOS ALBERTO MARINO MALAVE, OSCAR ALEJANDRO QUIJADA FIGUERA y RICARDO JESUS GIL MORILLO, designándole como Centro de Reclusión el Internado Judicial Región Capital Rodeo II. En consecuencia, se declara sin lugar la libertad sin restricciones solicitada por la defensa…” Cursante a los folios 43 al 49 de la incidencia. Verificadas las actas que integran la presente causa y tomando en cuenta que mediante escrito presentado por la abogada FRANZULY MARIN APONTE, en su carácter de Defensora Pública Segunda en Fase de Proceso del Estado Vargas de los ciudadanos OSCAR ALEJANDRO QUIJADA FIGUERA y RICARDO JESUS GIL MORILLO, impugna el pronunciamiento antes referido, compete a esta Corte verificar el cumplimiento de los requisitos legales que al efecto exige el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal referido a: “...CAUSALES DE INADMISIBILIDAD. La Corte de Apelaciones sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas: a) Cuando la parte que lo interponga carezca de legitimación para hacerlo, b) Cuando el recurso se interponga extemporáneamente por vencimiento del lapso establecido para su presentación. c) Cuando la decisión que se recurre sea inimpugnable o irrecurrible por expresa disposición de este Código o de la ley. Fuera de las anteriores causas, la corte de apelaciones, deberá entrar a conocer el fondo del recurso planteado y dictará motivadamente la decisión que corresponda.” Atendiendo al contenido de la norma antes señalada, tenemos que la Corte de Apelaciones, debe ceñirse a los supuestos legales contenidos en la misma, para resolver sobre la admisión o no de dicha impugnación y en tal sentido se advierte que en el presente caso: a.- El recurso de apelación fue presentado por la abogada FRANZULY MARIN APONTE, en su carácter de Defensora Pública Segunda en Fase de Proceso del Estado Vargas de los ciudadanos OSCAR ALEJANDRO QUIJADA FIGUERA y RICARDO JESUS GIL MORILLO, tal como consta en el acta de aceptación de defensa pública que cursa al folio 41 de la incidencia, por ende se encuentra legitimada para ejercer tal impugnación. b.- El recurso de apelación fue presentado en fecha 05 de marzo de 2015, por lo que conforme al cómputo cursante al folio 62 del presente cuaderno de incidencia, corresponde al cuarto día hábil después de publicado el fallo recurrido, por lo tanto se encuentra dentro del lapso previsto en el artículo 440 del Texto Adjetivo Penal, quedando determinado que el mismo fue interpuesto en tiempo hábil. c.- El recurso de apelación se interpone conforme lo establece el artículo 439 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en lo Penal en funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual decretó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los ciudadanos OSCAR ALEJANDRO QUIJADA FIGUERA y RICARDO JESUS GIL MORILLO, de lo que se desprende que es una decisión recurrible ante esta instancia, tal como lo dispone dicha norma: “Son recurribles ante la corte de apelaciones las siguientes decisiones: (…) 4. Las que declaren la procedencia de una Medida Cautelar Privativa de Libertad o Sustitutiva…” Quedando de esta manera establecido el cumplimiento de los requisitos que taxativamente exige la ley para la admisión de dicho recurso y con base en el contenido de los artículos 432 y 442 del Código Adjetivo Penal, este Tribunal Colegiado ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO y asume el conocimiento del mismo, en cuanto al punto que fue impugnado y sustentado en el articulo 439 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia se emitirá el pronunciamiento de ley, en el lapso correspondiente. Y ASÍ SE DECIDE. En tanto que la representación del Ministerio Público no contestó, conforme a lo previsto en el artículo 441 del Texto Adjetivo Penal, el recurso de apelación interpuesto por la Defensa. DECISION En base a los fundamentos antes expuestos, esta CORTE DE APELACIONES EN PENAL ORDINARIO, RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a lo previsto en el artículo 442 en relación con el artículo 428 del Código Orgánico Procesal Penal, emite el siguiente pronunciamiento: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la abogada FRANZULY MARIN APONTE, en su carácter de Defensora Pública Segunda en Fase de Proceso del Estado Vargas de los ciudadanos OSCAR ALEJANDRO QUIJADA FIGUERA y RICARDO JESUS GIL MORILLO, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-25.574.175 y V-21.195.327, respectivamente, en contra de la decisión emitida en fecha 27/02/2015, por el Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en lo Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial, mediante la cual DECRETO LA MEDIDA JUDICIAL PRIVATIVA DE LIBERTAD a los precitados ciudadanos, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE COAUTORES, previsto y sancionado en el artículo 406 del Código Penal, en perjuicio del ciudadano quien respondía en vida al nombre de ALFREDO ALEXANDER AVILES ODUBER. Regístrese y déjese copia. Líbrese oficio al Juzgado Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en lo Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial, a los fines de solicitar se sirva remitir a este Tribunal Colegiado el asunto original signado bajo el Nº WP02-P-2014-0000730, seguido a los ciudadanos OSCAR ALEJANDRO QUIJADA FIGUERA y RICARDO JESUS GIL MORILLO, quedando de esta manera suspendido el lapso previsto en el artículo 442 del Código Adjetivo Penal, hasta tanto se reciban dichas actuaciones. LA JUEZ PRESIDENTE (E) ROSA CADIZ RONDON PONENTE EL JUEZ, EL JUEZ, LUIS MONCADA IZQUIERDO JAIME VELASQUEZ MARTINEZ LA SECRETARIA, Abg. MARIA GIMENEZ En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado. LA SECRETARIA, Abg. MARIA GIMENEZ RECURSO: WP02-R-2015-0000151 RMG/RAB/RCR/yaneth