REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS 204° y 156° ASUNTO: DEMANDANTE: WH13-V-2013-000016 MAIRY FADAIS QUIJADA ÁLVAREZ DEMANDADO: VÍCTOR MANUEL MONSALVE RIVAS MOTIVO: DIVORCIO CONTENCIOSO SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA I ANTECEDENTES Se da inicio al presente juicio, mediante Demanda por DIVORCIO CONTENCIOSO, interpuesto por la ciudadana MAIRY FADAIS QUIJADA ÁLVAREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-16.508.913, abogada, actuando en su propio y representación e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 128.541, en contra del ciudadano VÍCTOR MANUEL MONSALVE RIVAS, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-14.934.224, el cual correspondió conocer a este Tribunal previa distribución. En fecha 25 de enero de 2013, se le dio entrada a la presente causa. En fecha 05 de febrero de 2013, se admitió la presente demanda, emplazando al ciudadano VÍCTOR MANUEL MONSALVE RIVAS. En fecha 12 de abril de 2013, el Tribunal ordenó el desglose de la compulsa de citación de la parte demandada. En fecha 13 de mayo de 2014, en virtud de la suspensión de la actividad judicial y de su reanudación mediante Resolución N° 2014-14, de fecha 24 de abril de 2014, se acuerda nuevamente el desglose de la boleta de citación de la parte demandada para su práctica. En fecha 22 de julio de 2014, el Alguacil de este Circuito Judicial consigna en autos compulsa de citación sin practicar en cabeza del demandado. En fecha 24 de marzo de 2015, la abogada LISETH C. MORA VILLAFAÑE, se abocó a la causa en su carácter de Jueza Provisoria de este Tribunal. En vista de la falta de impulso de la parte actora, al no comparecer para impulsar la citación de la parte demandada desde el 22 de julio del 2014, fecha desde la cual han transcurrido, con creces, más de (30) días de despacho, el Tribunal observa: Una sentencia de vieja data emanada de la extinta Corte Suprema de Justicia en fecha 8 de febrero de 1966, dejó sentado lo siguiente: “Aunque el estado de las personas es MATERIA VINCULADA AL ORDEN PUBLICO, el impulso procesal en los juicios de divorcio corresponde no obstante, a las partes; pues no aparece en la Ley que esa clase de procesos los jueces están facultados para suplantar el papel de los litigantes.” (Negritas del Tribunal). En efecto, la Corte Suprema define la materia de divorcio como de orden público; esto es, hasta donde pueda alcanzar ese orden dentro del respectivo proceso, lo cual, a juicio del suscrito no significa que los efectos de la inactividad procesal de las partes no alcance los procesos de divorcio, resultando en consecuencia, viable la perención en esta materia. La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, expediente Nro. AA20-C-2001-000436, señaló lo siguiente: “…En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.… …Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece...” Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 1993, expediente Nro. 92-0439, afirmó: “…La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Art. 267 del C.P.C. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…” Y por su parte el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal primero, referente al momento de extinción de la instancia, señala lo siguiente: 1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” Igualmente, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente: “La Perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes y pueden declararse de oficio por el tribunal”. Ahora bien, se le dio entrada a la presente causa en fecha 23 de enero de 2013, y fue admitida en fecha 05 de febrero de 2013, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada y consignándose en autos la compulsa de citación ante la imposibilidad de su práctica, siendo que desde la fecha antes señalada ha transcurrido más de siete (07) meses, lo cual supera el lapso de treinta (30) días de despacho señalados en la disposición en marras transcrita, sin que la parte actora haya impulsado la citación de la parte demandada, por cuanto no consta en autos que hubiese cumplido con las obligaciones que impone la Ley a tales efectos, considera esta sentenciadora, de acuerdo a la doctrina antes citada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que la presente causa se encuentra extinguida. Y así se decide. En razón de lo anterior este Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA, POR PÉRDIDA DE INTERÉS PROCESAL. ASÍ SE ESTABLECE.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN. Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia del Circuito Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los Treinta (30) días del mes de marzo del 2015. A los 204 años de la Independencia y a los 156 años de La Federación.- LA JUEZA, Abg. LISETH C. MORA VILLAFAÑE LA SECRETARIA, Abg. MERLY VILLARROEL. En la misma fecha de hoy, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 02:40 de la tarde. LA SECRETARIA, Abg. MERLY VILLARROEL. LCMV/MV/YG.-