JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, a los tres (03) días del mes de Marzo de Dos Mil Quince (2015).
204° y 156°
JUEZ INHIBIDA:
Abogada ROSA MIREYA CASTILLO QUIROZ, Juez Titular del Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
MOTIVO:
I N H I B I C I O N
En fecha 27 de febrero de 2015 se recibió en esta Alzada, previa distribución, legajo de copias fotostáticas certificadas tomadas del expediente No. 068-15, procedentes del Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, con motivo de la inhibición planteada mediante acta de fecha 11 de febrero de 2015, por la abogada Rosa Mireya Castillo Quiroz, en su condición de Juez Titular de dicho Juzgado, fundamentada en la causal prevista en el artículo 82°, ordinal 13° del Código de Procedimiento Civil, en el juicio seguido por Richard Vicente Chacón Alviarez contra la Sociedad Mercantil Seguros Catatumbo por Cobro de Bolívares por Accidente de Tránsito.
En la misma fecha en que se recibieron las copias certificadas, se les dio entrada y el curso de Ley correspondiente.
Al efecto, se relacionan las actuaciones que conforman la presente incidencia, entre las que constan:
• De los folios 1-7, libelo de demanda presentado para distribución en fecha 23-10-2013, por el ciudadano Richard Vicente Chacón Alviarez, contra Fanny Anguile Araque Chacón y la Sociedad Mercantil Seguros Catatumbo C.A., por cobro de bolívares por accidente de Tránsito, en donde se evidencia que el vehículo involucrado en la colisión era conducido por el ciudadano ANDERSON STALIN CONTRERAS HENRÍQUEZ, titular de la cédula de identidad No. V- 13.939.631.
• Folio 08, oficio No. 24/2015 de fecha 07-01-2015, emanado del Juez Rector y Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en el que designan al ciudadano ANDERSON STALIN CONTRERAS HENRIQUEZ, a partir del 08-01-2015 para cumplir funciones inherentes a su cargo en el Juzgado Quinto Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial.
• Acta de inhibición de fecha 11 de febrero de 2015, en la que la Juez Titular del Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, se inhibió de conocer la causa por encontrarse incursa en la causal prevista en el artículo 82° ordinal 13 del Código de Procedimiento Civil.
• Auto de fecha 18 de febrero de 2015, en el que el a quo, vencido el lapso establecido en el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, ordenó remitir el expediente al Juzgado Distribuidor de Municipio y las copias certificadas referidas a la inhibición al Juzgado Superior en función de distribuidor.
Estando la presente incidencia en término para decidir, este Tribunal observa:
La presente causa subió al conocimiento de esta Superioridad con motivo de la inhibición planteada por la abogada ROSA MIREYA CASTILLO QUIROZ, en su condición de Juez Titular del Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante acta de fecha 11-02-2015, quien se inhibió de seguir conociendo la causa signada con el No. 068-15, fundamentándola en la causal prevista en el artículo 82 ordinal 13° del Código de Procedimiento Civil, en el juicio de Cobro de Bolívares por Accidente de Tránsito interpuesto por Richard Vicente Chacón Alviarez contra Fanny Anguile Araque Chacón y la Sociedad Mercantil Seguros Catatumbo C.A.
La figura jurídica de la inhibición es la abstención voluntaria del funcionario en el conocimiento de la causa.
En el presente caso, la administradora de justicia que se inhibe fundamenta la misma, en la norma contenida en el artículo 82, ordinal 13° del Código de Procedimiento Civil, que establece:
“Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:
…
13.- Por haber recibido el recusado, de alguno de ellos, servicios de importancia que empeñen su gratitud”.
El efecto legal de la recusación e inhibición es separar del litigio a un funcionario incapacitado legalmente. Esta incapacidad puede ser relativa a las partes (subjetiva), o al objeto de la controversia (objetiva).
El artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, establece:
“El Juez a quien corresponda conocer de la inhibición, la declarará con lugar si estuviere hecha en la forma legal y fundada en alguna de las causales establecida por la Ley. En caso contrario, la declarará sin lugar y el Juez inhibido continuará conociendo. Lo dispuesto en este artículo deja a salvo el derecho de recusación de que pueden usar las partes.”
Rengel Romberg A., en su tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, define la inhibición como “el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa completa, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ellas, previstas en la ley como causa de recusación”.
Por otra parte, Marcano Rodríguez, en su obra “Apuntaciones Analíticas” señala lo siguiente:
“Llámese inhibición, a la abstención espontánea de un funcionario judicial para conocer de un asunto, por encontrarse comprendida en una de las causales determinadas expresamente por la Ley y recusación, en medio o el recurso concedido por la misma, a las partes en un juicio para obtener que se pronuncie la separación o conocimiento del litigio contra el funcionario que, habiendo debido abstenerse voluntariamente no lo a hecho, no obstante de estar comprendido en alguna causal legítima de inhibición. Tanto la una como la otra institución, tiene por único origen la falta de imparcialidad en el funcionario, ya sea que el mismo desconfíe de su espíritu de ecuanimidad y de justicia ante las imposiciones de la gratitud o de las prevenciones del odio, ante las tentaciones de las conveniencias personales y de tantas otras circunstancias que ponen en tortura y a veces corrompen la conciencia del hombre, ya sea que, guiado por una conducta opuesta y no obstante esos hechos, pretenda el funcionario el mejor atributo de un Juez, decidir la causa sin aquél espíritu. El primer caso es el de la inhibición, el segundo el de la recusación”.
En el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, se establece la forma de inhibirse el funcionario judicial la cual es mediante un acta, en la que exprese los fundamentos que son motivos de impedimento para seguir conociendo la causa, es decir, la incidencia de inhibición nace con la declaración escrita del funcionario judicial, en cualquier estado de la causa, de abstenerse voluntariamente de continuar conociendo del juicio.
Ahora bien, de lo transcrito en el acta de inhibición por la funcionaria declarante, se observa que la misma la fundamenta en la causal prevista en el ordinal 13° del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en virtud que el ciudadano Anderson Stalin Contreras Henríquez, en la actualidad se encuentra desempeñando funciones como “Archivista” en el Tribunal a su cargo y, que aún y cuando el mencionado ciudadano no es parte en forma directa, fue promovido como testigo, además de ser el conductor de uno de los vehículos involucrados en el accidente, por lo que a su decir, dicha circunstancia pudiera generar dudas y desconfianza a los justiciables sobre la imparcialidad que debe caracterizar a todo operador de justicia.
De la revisión del escrito liberar anexado a los autos en copia certificada, verifica este Sentenciador que, efectivamente, el ciudadano Anderson Stalin Contreras Henríquez, no es parte ni demandante ni demandado en la causa principal, pero de igual forma se observa que el mismo era el conductor del vehículo involucrado en el accidente de tránsito que generó la acción principal; se observa también del oficio emanado de la Rectoría del Estado Táchira, que es funcionario adscrito al Tribunal Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, siendo evidente que la funcionaria inhibida podría ver comprometida su imparcialidad de acuerdo a lo visto en las actas, la causal invocada por la funcionaria que se inhibe (13° del artículo 82) no se compagina con el hecho de que quien motiva la crisis subjetiva de conocimiento sea funcionario adscrito al despacho que encabeza, puesto que cuando se habla de “servicios de importancia que empeñen su gratitud”, en buena parte está referido a que ello provenga de cualquiera de las partes intervinientes o de los propios abogados apoderados o asistentes, pero no va cuando, como en la situación expuesta, esté de por medio algún funcionario adscrito a su despacho o que esté bajo su mando. En el caso concreto, estima este juzgador de alzada que la declarante de inhibición puede acoger e invocar lo que estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la decisión No. 2140 del 07 de agosto de 2003, que fijó la posibilidad que un juez pueda ser recusado o que se inhiba por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, de tal modo que, viendo la voluntad de inhibirse por estar de por medio un funcionario adscrito a su despacho, lo que corresponde es declarar con lugar la inhibición propuesta con sustento en la denominada causal genérica que prevé la sentencia mencionada de la Sala Constitucional, en pleno uso y aplicación del principio IURA NOVIT CURIA por lo que así se especificará en el dispositivo.
Por consiguiente, este Tribunal de Alzada, a objeto de garantizar el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa de las partes intervinientes, y en razón de ser conveniente para una sana administración de justicia y en aras de una justicia imparcial, se declara con lugar con motivación diferente la inhibición propuesta. Así se decide.
Consecuencia de lo expuesto, este JUZGADO SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR, la inhibición planteada por la abogada ROSA MIREYA CASTILLO QUIROZ, Juez Titular del Juzgado Quinto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de esta Circunscripción Judicial, en el expediente inventariado en ese Tribunal con el No. 068-15.
Notifíquese mediante oficio la Juez inhibida y a los demás Jueces de Municipio de esta Circunscripción Judicial, remitiendo copia certificada de la presente decisión. (Sentencia N° 1175 de fecha 23-11-2010, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia).
Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal y bájese el expediente en su oportunidad legal.
El Juez Titular,
Abg. Miguel José Belmonte Lozada
La Secretaria,
Abg. Blanca Rosa González Guerrero
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 3:15 de la tarde, se remitió copia certificada con oficios Nos. ____, _____, _____, ______ y ________a los Juzgados 1, 2, 3, 4 y 5 de Municipios Ordinarios y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Cristóbal y Torbes de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. Se dejó copia certifica para el archivo del Tribunal.
Exp. No. 15-4143
MJBL/Jenny
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