REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO
DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
SAN CRISTÓBAL, 04 DE MARZO DE 2015
204º Y 156º


ASUNTO: SP01-R-2015-000007.

PARTE ACTORA: LISBETH IRAIMA SÁNCHEZ OCHOA, venezolana, mayor de edad, con cédula de identidad número: V- 9.246.883.

APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDANTE: Abogado CARLOS EDUARDO PEÑARANDA TORO, inscrito en el IPSA con el Nº 161.087.

PARTE DEMANDADA: INVERSIONES 5ta. AVENIDA SHOPPING CENTER C. A.

APODERADO JUDICIAL PARTE DEMANDADA: Abogado FIDEL SÁNCHEZ LÓPEZ, inscrito en el IPSA con el número 46.039.

Motivo: Cobro de prestaciones sociales.

Sentencia: Interlocutoria con fuerza de definitiva.

I

Han subido a esta Alzada por distribución las presentes actuaciones, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión de fecha 20 de enero de 2015, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial.

Mediante auto de fecha 12 de febrero de 2015, se da por recibido el presente asunto. En fecha 23 de febrero de 2015, se fijó la oportunidad de la celebración de la Audiencia para el día 03/03/2015, a las 09:00 a.m., de conformidad con el artículo 163 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, dictándose el dispositivo el mismo día.

Previo al inicio de la audiencia, las partes manifestaron su voluntad de arribar a un acuerdo transaccional, En tal sentido la parte accionada propone pagar la cantidad de CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 115.270,66), que es el monto condenado en la sentencia de primera instancia en la presente causa, el cual corresponde al pago de prestación de antigüedad (Bs. 34.460,65), intereses de la prestación de antigüedad (Bs. 7.943,27), vacaciones y bono vacacional (Bs. 16.333,66), utilidades (Bs. 10.832,93), indemnización por despido (Bs. 34.460,65), más beneficio de alimentación adeudado por la cantidad de Bs. 11.239,50. Dicha cantidad de dinero en su totalidad correspondiente a la relación laboral que mantuvo la demandante con la accionada, desde el 01 de enero de 2010 hasta el 16 de julio de 2013. Asimismo, ofrece en este acto pagar la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 64.729,34), por concepto de indexación más intereses de mora que se pudieron haber generado, para un monto total de CIENTO OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 180.000,oo), los cuales serán cancelados el día jueves cinco (05) de marzo de 2015, por ante la URDD de este Circuito Laboral

Estando dentro de la oportunidad procesal correspondiente para emitir pronunciamiento respecto al acuerdo transaccional propuesto, este Juzgado procede a pronunciarse en los siguientes términos:

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Si bien la Sentencia constituye el medio normal de terminación del proceso, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se ha dado mayor reconocimiento a la eficacia de modos de terminación no jurisdiccionales, cuya titularidad corresponde a las partes, mecanismos entre los cuales se distinguen aquellos producidos por actividad de las partes, como por ejemplo la transacción, el convenimiento, el arbitraje, el allanamiento y la satisfacción extraprocesal de la pretensión; y, aquellos producto de la inactividad de las mismas como el desistimiento, la perención, el decaimiento de la acción, la caducidad, la prescripción.

La Carta Fundamental, en su artículo 258, fomenta como medios eficaces de justicia, el arbitraje, la conciliación, la mediación y cualesquiera otros medios alternativos para solución de conflictos, y si bien la nueva Constitución propugna el derecho de los particulares a obtener una tutela judicial efectiva, lo cierto es que en la práctica se han dado circunstancias que conllevan a que aquellos acudan a mecanismos alternativos de solución de las controversias, con el fin de sustraerlas del ámbito jurisdiccional y lograr así una pronta resolución de las mismas.

Los modos de autocomposición procesal están íntimamente vinculados a la satisfacción del interés público y a la consecución de una administración de justicia rápida y eficaz, en virtud de que es un bien querido por la sociedad el hecho que los procesos de resolución de conflictos se agilicen y que la justicia sea rápida, efectiva y expedita.

Tal afirmación resulta en un todo acorde con los postulados de nuestra Constitución, que en su artículo 257, prevé la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y la adopción de un procedimiento breve, oral y público no sujeto a formalidades rigurosas y reposiciones inútiles; el artículo 258 que promueve el uso en los procesos del arbitraje, la conciliación, la mediación y demás medios alternativos de solución de conflictos.

Por otra parte, el artículo 19 de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a la vez que prevé la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, regula la manera como se puede llevar a término el litigio laboral o precaver el inicio de un proceso a través de transacciones y convenimientos, disponiendo que sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.

Dice el legislador, que no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador hubiese declarado su conformidad con lo pactado, obligando a los funcionarios del trabajo en sede administrativa o judicial a garantizar que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Ahora bien, visto que las partes lograron transigir el conflicto de intereses existente en el caso de marras, suscribiendo acta transaccional, esta alzada procede a realizar el análisis de la misma para determinar su conformidad con el derecho:

La parte patronal, ofrece en este acto pagar a la trabajadora pagar la cantidad de CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA BOLÍVARES CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 115.270,66), que es el monto condenado en la sentencia de primera instancia en la presente causa, el cual corresponde al pago de prestación de antigüedad (Bs. 34.460,65), intereses de la prestación de antigüedad (Bs. 7.943,27), vacaciones y bono vacacional (Bs. 16.333,66), utilidades (Bs. 10.832,93), indemnización por despido (Bs. 34.460,65), más beneficio de alimentación adeudado por la cantidad de Bs. 11.239,50. Dicha cantidad de dinero en su totalidad correspondiente a la relación laboral que mantuvo la demandante con la accionada desde el 01 de enero de 2010 hasta el 16 de julio de 2013. Asimismo, ofrece en este acto pagar la cantidad de SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE BOLÍVARES CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 64.729,34), por concepto de indexación más intereses de mora que se pudieron haber generado, para un monto total de CIENTO OCHENTA MIL BOLÍVARES (Bs. 180.000,oo), los cuales serán cancelados el día jueves cinco (05) de marzo de 2015, por ante la URDD de este Circuito Laboral.

Analizado el acuerdo de voluntades de las partes, verificada la suficiencia del acuerdo alcanzado, y la libertad con la cual obró la trabajadora en su suscripción, y por ende, cumplidos como han sido los requisitos de ley, este Juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, procede a impartirle la homologación solicitada a dicha Transacción, en los términos que fueron expuestos, otorgándole así efectos de cosa juzgada. Y así se decide.

II
DECISIÓN

Por los fundamentos jurídicos y legales antes señalados este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, obrando en nombre de la República y por autoridad de la ley, le imparte la HOMOLOGACIÓN a la Transacción celebrada entre la ciudadana Lisbeth Iraima Sánchez Ochoa y el ente de trabajo Inversiones 5 ta. Avenida Shopping Center C. A., y le imparte el carácter de cosa juzgada.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Bájese el expediente al Juzgado remitente en la oportunidad de ley.


El Juez

ABG. JOSÉ FÉLIX ESCALONA B.

La Secretaria,

ABG. MARTHA MUÑOZ


Nota: En este mismo día, siendo las tres de la tarde (03:00 pm), se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión.



ABG. MARTHA MUÑOZ
Secretaria




SP01-R-2015-07
JFE/eamm.