REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO JUDICIAL CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO VARGAS
204º y 156º
SOLICITANTE: LUCRECIA MARGARITA RODRÍGUEZ DE ARRATIA, venezolana, mayor de edad, de éste domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.637.129.
ABOGADO ASISTENTE: GIOVANNY CARTAYA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 150.061.
MOTIVO: TÍTULO SUPLETORIO
SOLICITUD Nº: WN11-S-2012-000878.
I
Presentada para su distribución la anterior solicitud de Titulo Supletorio, en fecha 20 de Julio de 2012, por la ciudadana LUCRECIA MARGARITA RODRÍGUEZ DE ARRATIA, venezolana, mayor de edad, de éste domicilio y titular de la cédula de identidad Nº V-11.637.129, debidamente asistido por el abogado GIOVANNY CARTAYA, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 150.061; siendo asignada a éste Tribunal, se le dio entrada mediante auto de fecha 23/07/12. Folios 1 al 3.
Consignados los documentos fundamento de la solicitud, el Tribunal por auto de fecha 07 de Agosto de 2012, este Tribunal admite la solicitud de Titulo Supletorio, donde se ordeno oficiar a la Dirección de Catastro Municipal del Municipio Vargas del estado Vargas. Folio 08.
Por auto de fecha 26 de Octubre de 2012, fue agregado el oficio N° DCM 0384-2012, emitido por la Dirección de Catastro Municipal del estado Vargas, en el cual informa que el terreno no es propiedad Municipio Vargas del Estado Vargas. Asimismo se ordeno oficiar a la Oficina Técnica Municipal para La Regularización de la Tierra Urbana en el Municipio Vargas a fin de que se sirvan emitir el correspondiente certificado de construcción de bienhechurías. Folio 13.
Mediante auto de fecha 13 de Febrero de 2015, fue agregado el Oficio N° DCM-CEB 0044-2015, contentivo del Certificado de Existencia de Bienhechurías, emitido en fecha 27 de Enero de 2015, por la Dirección de Catastro Municipal. Asimismo, en virtud de observar disparidad entre la información suministrada por el solicitante en su escrito de solicitud en relación con la reflejada en el certificado de existencia de bienhechurías, se insto a la solicitante a realizar la aclaratoria correspondiente. Folios 18 al 19.
En fecha 16 de abril de 2015, la peticionante solicito copia simple de la solicitud. Folio 20.
II
MOTIVA
Este Tribunal conoce de la presente solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, el cual según el maestro Carnelutti se distingue de la Contenciosa ya que “mientras en la jurisdicción contenciosa el órgano jurisdiccional actúa para la composición del conflicto de intereses, en la voluntaria solo lo hace para mejor tutelar del interés en conflicto”.
En las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del Órgano Jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlo en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad, que importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo.
Por otra parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, en cuanto a la inactividad procesal estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quisiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso, y que considerando que el interés procesal subyace en la pretensión inicial de la parte interesada y debe subsistir en el curso del proceso; asimismo consideró que la inactividad que denotaba desinterés procesal, el cual se manifestaba por la falta de aspiración en que se le sentenciara, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin, y b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
Podemos concluir que, en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
Tal como se señaló anteriormente, el tribunal en fecha 13 de Febrero de 2015, dictó auto mediante el cual se instó a la solicitante a consignar aclaratoria sobre los metrajes de las Área de terreno, Área de construcción y de sus linderos, información fundamental para emitir el correspondiente pronunciamiento, y de los autos se desprende, que la parte solicitante no ha impulsado la continuación del trámite de la presente solicitud, pues a pesar de diligenciar en fecha 16/04/15, lo hizo para solicitar copias, y hasta la fecha no cumplido con el requerimiento solicitado por el tribunal. En base a lo antes expuesto, y por cuanto en el auto de fecha 13/02/15, se concedió a la solicitante un plazo de 30 días de despacho que para la presente fecha se encuentra expirado en exceso, concluye esta sentenciadora, que tal inactividad indefinida y absoluta demuestra que la solicitante ha perdido el interés en que sea evacuada su solicitud de Titulo Supletorio, y en consecuencia ordenar el archivo de la presente solicitud. Así establece.
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