REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA CORTE DE APELACIONES Jueza Ponente: Ledy Yorley Pérez Ramírez. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES SOLICITANTE JOSE DANIEL SANCHEZ NIÑO, de nacionalidad Venezolano, titular de la cédula de identidad N° V – 15.775.331, plenamente identificado en autos. FISCAL Abogado Leonardo Rodríguez Pérez, en su condición de Fiscal Trigésimo Tercero del Ministerio Público Subieron las presentes actuaciones a esta Corte de Apelaciones en virtud del recurso de apelación interpuesto por el abogado Leonardo Rodríguez Pérez, en su condición de Fiscal Trigésimo Tercero del Ministerio Público, contra la decisión dictada en fecha 07 de abril de 2016, por el Abogado Evert José Borrero Chacón, Juez Itinerante de Primera Instancia en Función de Control con Competencia en delitos Económicos y Fronterizos, extensión San Antonio del Táchira de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, declaró con lugar la solicitud de entrega del vehículo con las siguientes características: Marca: Ford, Clase: Camión; Año:2006; Modelo: Cargo; Color: Gris; Tipo : Furgón; Uso: Carga; Placa: A61BCOM; Serial de Carrocería: 8YTV2UHG068A36402; Serial de Motor: 30211547, en guarda y custodia al ciudadano JOSE DANIEL SANCHEZ NIÑO, de conformidad con el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal. Recibidas las actuaciones en esta Corte de Apelaciones, se les dio entrada en fecha 26 de Octubre de 2016, designándose como ponente a la Jueza Ledy Yorley Pérez Ramírez, quien con tal carácter suscribe el presente fallo. En fecha 31 de octubre de 2016, a los fines de la admisibilidad del recurso de apelación se acordó solicitar la causa signada con el número SP11-P-2016-001829, mediante oficio N° 1254-A. En fecha 17 de noviembre de 2016, se recibió oficio N° 1CITI-1122-2016 de fecha 11-11-2016, procedente del Tribunal Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencias en delitos Económicos, Extensión San Antonio del Táchira de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual remite el asunto principal signado con el numero SP11-P-2016-001829, acordándose pasar a la Jueza Ponente. Por cuanto el escrito de apelación fue interpuesto dentro de la oportunidad legal ante el Tribunal que dictó el fallo, conforme establece el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal, y no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inadmisibilidad determinadas en el artículo 428 eiusdem, esta Corte lo admitió en fecha 22 de noviembre de 2016, acordando resolver sobre el asunto planteado dentro de los diez días de audiencia siguientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 442 ibidem. CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA APELACION En decisión de fecha 07 de abril de 2016, por el Abogado Evert José Borrero Chacón, Juez Itinerante de Primera Instancia en Función de Control con Competencia en delitos Económicos y Fronterizos, extensión San Antonio del Táchira de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, declaró con lugar la solicitud de entrega del vehículo con las siguientes características: Marca: Ford, Clase: Camión; Año:2006; Modelo: Cargo; Color: Gris; Tipo : Furgón; Uso: Carga; Placa: A61BCOM; Serial de Carrocería: 8YTV2UHG068A36402; Serial de Motor: 30211547, en guarda y custodia al ciudadano JOSE DANIEL SANCHEZ NIÑO, de conformidad con el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes obligaciones: 1) presentarlo cada vez que sea requerido 2) conservarlo sin alteraciones, en buen estado 3) Prohibición de enajenarlo, gravarlo o disponer del mismo 4) prohibición de circular fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Mediante escrito de fecha 20 de abril de 2016, presentado ante la oficina de Alguacilazgo, el abogado Leonardo Rodríguez Pérez, en su condición de Fiscal Trigésimo Tercero del Ministerio Público, interpone recurso de apelación. En fecha 27 de enero de 2016, la ciudadana Violeta Adriana Ceron de Briceño, asistida por el abogado Jesús María Colmenares Valero, dio contestación al recurso interpuesto. FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO De seguida pasa esta Corte a analizar los fundamentos tanto de la decisión recurrida como de la apelación interpuesta y del escrito de contestación, y a tal efecto observa lo siguiente: PRIMERO: Mediante auto de fecha 07 de abril de 2016, el Juez Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delito Económicos, Extensión San Antonio del Táchira, de este Circuito Judicial Penal, dejó sentado lo siguiente; “(Omissis) CAPITULO III DE LAS ACTUACIONES QUE CONSTAN EN AUTOS Consta en las actuaciones que en fecha 26 de Noviembre de 2015, los funcionarios adscritos a la Fuerza Armada Nacional, dejan constancia de la siguiente Acta de Investigación Penal N° 009: “Siendo el día 26-11-2015, cuando se desplaza una patrulla por el sector Aguas Calientes de Ureña, cuando se recibió llamada del Barrio Araujo, parroquia Nueva Arcadia de Ureña, donde se encontraba mercancía acaparada, y que se extraía como contrabando para Colombia, se verifico subiéndose en el portón la presencia interna de un vehiculo tipo camión, se procedió a entrar inspeccionando el lugar, encontrándose el vehiculo tipo camión, encontrándose mercancía presuntamente acaparada, siendo el mismo y a ordenes del Ministerio Público. DENTRO DE LAS DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN QUE HAN SIDO PRACTICADAS, SE OBSERVA EN LAS ACTAS: 1.- ACTA DE INVESTIGACION PENAL N° 009, de fecha 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, suscrita por funcionarios adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 2.- A los folios 04 y 05 corre inserta RESEÑA FOTOGRAFICA. 3.- A los folios del 21 al 23, corre inserto experticia N° 710 de fecha 28-11-2016 suscrita por funcionarios adscritos al CICPC de Ureña, practicado a la mercancía retenida. 4.- A los folios 65 y 66 corre inserta solicitud de disposición de la mercancía retenida, realizada por la Fiscalía 33° del Ministerio Público. 5.- Al folio 78 corre inserta copia fotostática Certificado de Registro de Vehiculo N° 140100509662, emitido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre, a los 23 días del mes de julio 2014. 6.- Al folio 814, corre inserta negativa de la entrega del vehiculo realizada por la Fiscalía 33° del Ministerio Público. 7.- Al folio 76, corre inserta documento de compra venta donde TORBETT RAMOS EDWIN JOSE, titular de la cedula de identidad V- 14.073.606 da en venta pura y simple al ciudadano JOSE DANIEL SANCHEZ NIÑO, de nacionalidad venezolana titular de la cedula de identidad N° V-15.775.331 un vehículo con las siguientes características: MARCA: FORD, CLASE: CAMIÓN; AÑO:2006; MODELO: CARGO; COLOR: GRIS; TIPO : FURGÓN; USO: CARGA; PLACA: A61BCOM; SERIAL DE CARROCERÍA: 8YTV2UHG068A36402; SERIAL DE MOTOR: 30211547, ante la Notaria Pública Primera de Vargas, bajo el N° 07, Tomo 139 de los libros de autenticación, llevados en esa notaria. Ahora bien, antes de abordar el merito de lo solicitado, debe significarse que la propiedad de un vehículo automotor se acredita con el certificado de registro de vehículos, expedido por el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y que ha de figurar en el Registro Nacional de Vehículos y Conductores como Adquirentes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley de Transporte Terrestre, cuyo tenor es el siguiente: (Omissis) De manera que, para el caso de vehículos automotores, rige el principio de publicidad registral, según el cual, se tendrá como propietario a quien figure en el Registro Nacional creado para el efecto; debiendo advertirse, que no basta la simple existencia del certificado que acredite estar inscrito en el registro, pues es menester la plena identidad entre éste y el vehiculo amparado por el certificado. Ello, se traduce en un mecanismo de garantía y seguridad jurídica interpartes y frente a terceros, en cuanto a la titularidad del derecho real invocado sobre los vehículos automotores. Hechas las anteriores consideraciones, debe declararse con lugar la solicitud de entrega de vehiculo automotor descrito ut supra, con la expresa obligación de: 1) presentarlo cada vez que sea requerido 2) conservarlo sin alteraciones, en buen estado 3) Prohibición de enajenarlo, gravarlo o disponer del mismo 4) prohibición de circular fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela, dichas condiciones permanecerán hasta que finalice la investigación y el Tribunal dicte decisión definitivamente firme; de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y lo preceptuado en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal. Procédase a levantar el acta de entrega, debiendo presentar original del titulo y cedula de identidad original laminada para su vista devolución. En virtud que al folio 122, corre inserta original de certificado de registro de vehiculo signado con el N° 140100509662, se ordena el respectivo desglose y en su lugar déjese copia debidamente certificada por secretaria, y así se decide. (Omissis)”. DEL RECURSO INTERPUESTO En fecha 20 de abril de 2016, el abogado Leonardo Rodríguez Pérez, en su condición de Fiscal Trigésimo Tercero del Ministerio Público, interponer el recurso de apelación, alegando lo siguiente: “(Omissis) IV DEL DERECHO QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE APELACIÓN Con basamento en lo dispuesto en el numeral 5to del artículo 439 en concordancia con el artículo 440, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, consideran estos representantes de la vindicta pública que se debe proceder como en efecto lo hacemos, a APELAR en contra de la decisión proferida por el Juzgado de Primero Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, Extensión San Antonio, de fecha 07 de abril del año 2016, notificada a esta Representación Fiscal el 13 de abril del año 2016, en la causa signada con la nomenclatura SP11-P-2016-001829, seguida contra los imputados POR IDENTIFICAR, en la cual se presume el delito de CONTRABANDO DE EXTRACCION, previsto y sancionado en el artículo 64 de la Ley Orgánica de Precios Justos en perjuicio del estado Venezolano, en la que el tribunal decidió: “CON LUGAR LA SOLICITUD DE ENTREGA DEL VEHICULO EN GUARDA Y CUSTODIA, con las siguientes características: MARCA: FORD, CLASE: CAMIÓN; AÑO:2006; MODELO: CARGO; COLOR: GRIS; TIPO : FURGÓN; USO: CARGA; PLACA: A61BCOM; SERIAL DE CARROCERÍA: 8YTV2UHG068A36402; SERIAL DE MOTOR: 30211547, de conformidad con el artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y conforme a lo establecido en el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal”, lo que en definitiva produce un GRAVAMEN IRREPARABLE AL ESTADO VENEZOLANO, esto en razón que al encontrarnos ante un hecho punible de carácter económico, el estado venezolano aunado a la sanción penal que establece, señala normas que indican sanciones accesorias sobre los bienes utilizados para ello, tal como se señala en el artículo 33 del Código Penal. V DE LOS VICIOS INFRINGIDOS POR LA RECURRIDA QUE CAUSAN GRAVAMEN IRREPARABLE AL ESTADO VENEZOLANO (Omissis) Considerando quien aquí ejerce el presente recurso, que el ciudadano Juez, no debió hacer entrega en guardia y custodia del vehiculo por cuanto aun este Despacho Fiscal no ha emitido acto conclusivo, aunado al hecho de que por encontrarnos en la fase preparatoria, es necesario indagar de manera efectiva, a los fines de determinar lo anteriormente expuestos, tal como se ha venido efectuando por parte del director de la acción penal, en este caso la fiscalía trigésima Tercera del Ministerio Público. Y de igual manera, dicho ciudadano incurre en un grave error, dado que resuelve una solicitud presentada por los abogados del presunto propietario del vehiculo, limitándose a verificar la propiedad del vehiculo, realizándolo de igual manera erróneamente dado que no solicito las actuaciones que se encuentran en la Fiscalía Trigésima Tercera del Ministerio Público, de los cuales se encuentra la respectiva experticia de seriales, recibida en la sede de esta fiscalía en fecha 30 de marzo de 2016, razón por la cual no consta en las actuaciones sobre las cuales decidió el juzgador, trayendo como consecuencia que el Juez Primero Itinerante de Primera Instancia En lo Penal en Funciones de Control, Extensión San Antonio, trasgrediera causando un gravamen irreparable, dado que permite que exista un alejamiento del objeto activo del delito, que pudiera tener una pena accesoria, aunado al hecho que el ciudadano juez no verifico la originalidad de los seriales del mismo, de igual manera no tomo en cuenta las solicitudes efectuadas por parte del Ministerio Público. En consecuencia, el Juzgador al incurrir de manera grave en el error anteriormente señalado, causó un gravamen irreparable, dado que dependiendo del resultado de la investigación pudiéramos estar en presencia o no de una pena accesoria, y en consecuencia el Tribunal A quo violento y trasgredió el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, por cuanto consideramos que el vehiculo es imprescindible para concluir la investigación, dado que se presume un hecho punible de los previstos en la Ley Orgánica de Precios Justos, los cuales traen consigo en caso de sentencias condenatorias la pena accesoria, de COMISO DEFINITIVO. SEGUNDO VICIO QUE CAUSA GRAVAMEN IRREPARABLE: El ciudadano Juez de Control al realizar la entrega del vehiculo amparada en la norma del artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, dejo en estado de indefensión al Ministerio Público en caso de que solicitemos una futura inspección al vehiculo o alguna otra experticia de carácter técnico que sea necesaria para la investigación siendo necesario de advertir que desde el mismo momento en que se proceda la entrega se pudiera alterar sus condiciones originales como fue retenido lo que puede influir en la búsquedas de la verdad. Consideramos que el Tribunal A QUO, incurrió en flagrante violación e infracción de ley a normas relativas a la tutela judicial efectiva, al ejercicio del ius puniendi, al carácter imprescriptible del ejercicio de la acción penal e inclusive al Derecho a la Propiedad otorgando beneficios que puedan conllevar a su impunidad. (Omissis)” MOTIVACIONES DE ESTA CORTE PARA DECIDIR Esta Sala, una vez analizados los fundamentos, tanto de la apelación interpuesta, como de la decisión recurrida y del escrito de contestación, para decidir previamente considera: Primero: Debe significarse que la propiedad de un vehículo automotor se acredita con el certificado de registro de vehículos, expedido por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el cual ha de figurar en el registro nacional de vehículos y conductores como adquirente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto con fuerza de Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, por lo que, es conveniente señalar que todo régimen de publicidad registral en principio, es inaplicable a los bienes muebles corporales, en virtud de que la posesión de buena fe equivale a título, pero sin embargo, el Legislador ha previsto en algunos casos que determinados bienes muebles deban cumplir con ese régimen de publicidad, dada la “…necesidad de dotar de certeza ciertos negocios jurídicos y de hacer posible a los terceros el conocimiento del contenido de esos negocios, en particular aquellos que condicionan la transferencia del dominio y la constitución de garantías y derechos reales limitados, ha alimentado la tendencia, en los ordenamientos jurídicos actuales, de hacer extensible a ciertos bienes muebles, los sistemas de publicidad registral, reservados en las legislaciones tradicionales a los bienes inmueble ”. Entre esos bienes muebles corporales sujetos al régimen de publicidad registral, encontramos a los vehículos automotores. Por ello, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre establece lo siguiente: “Artículo 48. A los fines de esta ley, se considerará como propietario a quien figure en el registro nacional de vehículos como adquirente, aun cuando haya adquirido con reserva de dominio” (El subrayado es de la Sala) “Artículo 26. El Registro Nacional de Vehículos y conductores será público, y permitirá el acceso a los interesados, con las limitaciones que establezca la ley”. Igualmente, el Reglamento de la Ley de Tránsito Terrestre, establece: “Artículo 78. El Registro Nacional de Vehículos será público y en él se incluirán el conjunto de datos relativos a la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos, así como todo acto o contrato, decisión o providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción de la propiedad, dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre los vehículos, para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros.” (Subrayado de esta Sala). De los artículos precedentemente citados, se observa que el legislador considera a un ciudadano propietario de un vehículo, frente a las autoridades y ante terceros, cuando aparezca como titular de ese derecho real en el Registro Nacional de Vehículos creado para el efecto; debiendo advertirse, que no basta la simple existencia del certificado que acredite estar inscrito en el registro, pues es menester la plena identidad entre éste y el vehículo amparado por el certificado. Ello, se traduce en un mecanismo de garantía y seguridad jurídica interpartes y frente a terceros, en cuanto a la titularidad del derecho real invocado sobre los vehículos automotores. En efecto, la identidad entre el certificado que acredite la inscripción en el Registro Nacional y el vehículo amparado por éste, además de tener base legal, tiene sustento lógico, toda vez que, de no exigirse tal identidad se institucionalizarían las diversas modalidades planificadas en la oscuridad tendentes a legalizar los vehículos objeto de hurto o robo, lo que permitiría su comercialización y fiel estímulo en la comisión de tales punibles, en abierta contradicción con los postulados de derecho y de justicia, establecidos en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No obstante a lo expuesto, la situación jurídica es totalmente diferente, para el caso de los vehículos automotores que han sido objeto material pasivo en la comisión de los delitos de hurto o robo, y simultáneamente hayan sufrido alteración o remoción de sus seriales de identificación por parte de los sujetos activos de tales punibles, pues en tales supuestos, ciertamente es deber del Estado propender la reparación del daño causado a tenor del articulo 30 Constitucional, para lo cual deberá procurar la identificación del vehículo a fin de ser entregado a su legítimo propietario, quien realmente es el titular del bien jurídico protegido por el ordenamiento jurídico, y por ende, víctima de la delincuencia de este género. En este sentido, mediante sentencia número 1544, dictada el 13 de agosto de 2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sostuvo lo siguiente: “Ahora bien, observa esta Sala que, en atención a lo dispuesto en el artículo 319 del Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público debe devolver los objetos recogidos o que se incautaron y que no sean indispensables para la investigación, a quienes habiendo acudido ante el Juez de Control a solicitar su devolución, demuestren prima facie ser propietarios o poseedores legítimos de los mismos. En los casos de los vehículos automotores, resulta obligatoria su devolución a quienes exhiban la documentación expedida por las autoridades administrativas de tránsito o que puedan probar sus derechos por cualquier medio lícito y valorable conforme a las reglas del criterio racional”. En efecto, al acreditarse la titularidad del derecho real reclamado, por el medio de prueba idóneo, en plena identidad con el objeto material, y sin que exista duda alguna, necesariamente deberá ordenarse la entrega a quien resulte legitimado en virtud de la disposición legal citada ut supra. Posteriormente, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia número 338, de fecha 18 de julio de 2006 – empleando como fundamento lo señalado por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal, en la sentencia número 1412 de fecha 30 de junio de 2005, siendo criterio ratificado en sentencias números 1644 del 13 de julio de 2005 y número 744 del 27 de abril de 2007 – estableció lo siguiente: “(Omissis) Riela a los autos, documento de compra del vehículo Fiat, al ciudadano GUSTAVO JOSE HERNANDEZ GUEVARA, por parte del ciudadano FRANZ LEONARDO PIÑA SANCHEZ, emanado de la Notaría Pública Primera de Barquisimeto, Estado Lara. Además de certificado de origen N° 35339 a nombre del citado Gustavo José Hernández Guevara. Ahora bien, la Sala observa, que en el presente caso no existe sobre el vehículo retenido, denuncia o reclamo por parte de persona alguna, sino que el mismo fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional y puesto a la orden de la Fiscalía, cuando era conducido por el ciudadano FRANZ LEONARDO PIÑA SÁNCHEZ, al ver que éste no presentaba matrícula. A posteriori, al chequear los seriales de seguridad del vehículo en cuestión, se encontró que los seriales de carrocería y motor habían sido igualmente alterados. Consta en autos, acta de investigación penal practicada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de la Delegación del Estado Lara, folio 49, en la que se señala que el vehículo marca Fiat, modelo Palio, año 2001, color verde, tipo Sedán, sin placa, serial carrocería 9BD15573382476685, no aparece solicitado y no aparece registrado en el SETRA. (Omissis) El vehículo Fiat, no se encuentra solicitado por hurto o robo, por lo que mal podría abrirse de oficio una averiguación por alteración de seriales o carrocería del mismo. La Sala advierte la gravedad de un procedimiento como éste, el cual es usual, y en el que sin mediar denuncia alguna, “de oficio” los cuerpos policiales, Guardia Nacional o fiscales, retienen vehículos a sus propietarios o poseedores de buena fe, bajo el pretexto de averiguaciones. Tal actuación se pudiera prestar para realizar cobros indebidos por “rescates” o “adjudicaciones a dedo” de tales vehículos. En relación con la entrega de vehículos en el proceso penal por parte del Juzgado de Control o por la fiscalía, ha dicho la Sala Constitucional que: “…En casos como estos, en que pueda resultar imposible determinar la propiedad del vehículo, ya que los seriales u otras identificaciones en el motor, en la carrocería o en otro sector del vehículo, no pueden ser cotejados con datos de los legítimos documentos de propiedad, o tal cotejo funcione sólo parcialmente, impidiendo una plena prueba, el juez que conoce la reclamación o la tercería, debe aplicar como principio general el postulado del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, postulado general del derecho, el cual sostiene que en igualdad de circunstancias provenientes de la imposibilidad del cotejo entre los datos identificatorios que aún quedan en el vehículo –si es que existen- y los que reproducen los documentos presentados por quienes pretenden la propiedad sobre el mismo, favorecerán la condición del poseedor, lo que se ve apuntalado por el artículo 775 del Código Civil, el cual reza: ‘En igualdad de circunstancias es mejor la condición del que posee’, y el 794 eiusdem, que señala “Respecto de los bienes por su naturaleza y de los títulos al portador, la posesión produce, a favor de los terceros de buena fe, el mismo efecto que el título…’. A juicio de la Sala, la falta de diligencia del Ministerio Público o en su caso, del Juez de Control, o la adopción de un criterio muy restrictivo al respecto, quebranta los derechos de acceso a la justicia y a contar con un proceso debido, que integran el derecho a la tutela judicial efectiva enunciado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Establecida por la vía aquí señalada, a quien corresponde el vehículo, la copia certificada del fallo servirá para la inscripción en el Registro Automotor Permanente” (Exp. N° 04-2397, sentencia de fecha 30 de junio de 2005). En virtud de lo antes expuesto, considera la Sala que lo ajustado a derecho en el presente caso, es remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, a fin de que lo distribuya en un Tribunal de Control, para que éste recabe las actuaciones necesarias, y una vez constatado que el vehículo no está solicitado, y sea probada la propiedad o posesión legítima del mismo por el ciudadano solicitante FRANZ LEONARDO PIÑA SANCHEZ, ORDENE la inmediata entrega bajo custodia del auto en cuestión al referido ciudadano.”. Por consiguiente, al acreditarse la titularidad del derecho real reclamado, por medio de prueba idónea, como puede ser la certificación de correspondencia entre los datos del vehículo y los contenidos en el Registro (lo cual identifica al vehículo); y documento autenticado de compra del mismo, en plena identidad con el objeto material y los datos del anterior propietario o propietaria (lo cual demuestra la traslación de propiedad), necesariamente deberá ordenarse la entrega a quien resulte legitimado o legitimada en virtud de lo arriba señalado. Se desprende igualmente de lo anterior, que el Ministerio Público y el Juez o Jueza de Control, tienen la obligación de ordenar diligentemente la práctica de todas las actividades de investigación que sean necesarias a fin de establecer la identificación del vehículo que haya podido ser objeto de alteración de sus seriales, para lograr su individualización, lo cual permitirá demostrar el derecho de propiedad sobre el mismo, siendo viable su entrega al menos en depósito con la obligación de presentarlo a requerimiento. Segundo: Por otra parte, el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone lo siguiente: “Devolución de objetos. El Ministerio Público devolverá lo antes posible los objetos recogidos o que se incautaron y que no son imprescindibles para la investigación. No obstante, en caso de retraso injustificado del Ministerio Público, las partes o los terceros interesados podrán acudir ante el Juez o Jueza de Control solicitando su devolución, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y disciplinaria en que pueda incurrir el o la Fiscal, si la demora le es imputable. El Juez o Jueza y el Ministerio Público entregarán los objetos directamente o en depósito con la expresa obligación de presentarlos cada vez que sean requeridos. Las autoridades competentes deberán darle cumplimiento inmediato a la orden que en este sentido impartan el Juez o Jueza o el o la Fiscal, so pena de ser enjuiciados o enjuiciadas por desobediencia a la autoridad, conforme a lo dispuesto en el Código Penal”. En resumen, dicha norma está referida a la devolución o entrega de objetos a sus legítimos propietarios, en primer lugar por parte del Ministerio Público, quien es el director de la investigación y maneja la estrategia bajo la cual esta se desarrollará, por tanto, es quien sabe a ciencia cierta que objetos de los recogidos o incautados en fase preparatoria, son ó no imprescindibles para la investigación; y en segundo lugar, para el caso de que la representación fiscal presente retraso en la tramitación de las solicitudes de las partes, pueden éstas o los interesados acudir ante el Juez de Control solicitando la devolución de aquellos objetos recogidos o incautados con ocasión de la comisión de un hecho punible, es decir, a los objetos materiales pasivos del delito, que no sean imprescindibles para continuar con la investigación. El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone que: “A los jueces o juezas de esta fase les corresponde controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos y ratificados por al república, y en este Código; y practicar pruebas anticipadas, resolver excepciones, peticiones de las partes y otorgar autorizaciones”. Es claro que el Legislador adjetivo al establecer, que en la fase preparatoria corresponde al Juez o la Jueza controlar el cumplimiento de los principios y garantías establecidos en Código Orgánico Procesal Penal, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Tratados, Convenios o Acuerdos Internacionales que haya suscrito la República; ello se ha establecido en evidente protección a los intereses y derechos de los justiciables para evitar que esta fase sea conducida por el titular de la acción penal de manera caprichosa y arbitraria, todo en aras de propiciar que las partes obtengan la garantía de la tutela judicial eficaz a través de los medios legalmente establecidos. Evidentemente que para el caso de producirse un retardo injustificado en la tramitación de la solicitudes elevadas al Ministerio Público por las partes, con ocasión de la retensión o incautación de objetos, el juez o jueza de control en uso de sus atribuciones judiciales establecidas en la norma citada ut supra, podrá entregar a sus solicitantes mediante auto motivado los objetos recogidos o incautados que no sean imprescindibles para la investigación, bien directamente, o bien en depósito, con la expresa obligación de presentarlos ante el tribunal cada vez que sean requeridos. Tercero: El presente caso, se inicia en virtud de un procedimiento realizado por funcionarios del Comando Estratégico Operacional, Zona Operativa De Defensa Integral Barinas, 933 Batallón de Caribe “Cnel. Miguel Palacios Fajardo”; dejan constancia de lo siguiente: “el día: 261030NOV15, cuando se desplazaba un patrulla en el Vehiculo Chasis marca Toyota modelo Land Cruiser en el sector de Aguas Calientes, Municipio Pedro María Ureña del Edo Táchira el CAP. JOSÉ LUIS TOVAR TITULAR DE LA CEDULA DE IDENTIDAD: 13.938.669, EL SM/3RA MOLLEJA SILVA JAVIER C.I.: 15.341.912, EL C/2DO. ALIZA RIVERO LUIS MIGUEL C.I: 25.798.128 Y EL C/2DO CASSIANI PERES JEISSON JOSE C.I: 25.248.588, cuando se recibió la llamada del Tcnel Pedro José Valera Comandante del Grupo de Tarea Conjunta N° 9, el cual informa sobre un galpón que se encuentra en el sector de Barrio Ajuro Parroquia Nueva Arcadia donde se encontraba mercancía acaparada y que seria extraída como contrabando, para la República de Colombia, se procedió a dirigirse a el Barrio Ajuro al pasar revista, durante el patrullaje se percató que en la calle4, entre carrera 1 y 2 se encontraba un inmueble tipo galpón de porto gris de pares blancas con rodapiés azul, se procedió a inspeccionar dicho inmueble notando que el portón tenia candado, se toco y se percató que no se encontraba ninguna persona, se verifico subiéndose en el portón la presencia interna de un vehiculo tipo camión, se procedió a entrar se inspecciono el lugar encontrándose el vehiculo tipo camión cava marca: FORD, color GRIS, modelo: CARGO, placa: A61BC0M, posteriormente se realizó la revista del mocionado vehiculo abriendo la cava de carga y encontrando mercancía presuntamente acaparada, se procedió a verificar dicho material contabilizando de la siguiente manera: (…), seguidamente efectué llamada telefónica al Abg. LEONARDO RODRIGUEZ, fiscal TRIGESIMO TERCERO del Ministerio Público con competencia en los delitos de contrabando, a quien le notifique sobre el procedimiento efectuado, además que las actuaciones serian enviadas a ese Representante Fiscal a la mayor brevedad posible, indicando las diligencias a practicar en el presente caso”. En fecha 11 de marzo de 2016, previa solicitud de entrega del vehiculo realizada por el ciudadano JOSE DANIEL SANCHEZ NIÑO, la Fiscalía Trigésima Tercera (33) del Ministerio Publico niega la entrega del vehiculo, por cuanto no consta experticia de seriales y no ha concluido la fase de investigación. En fecha 05 de abril de 2016, mediante oficio N° 1445-2016, la Fiscalía Trigésima Tercera del Ministerio Público devuelve la causa original por cuanto fue solicitado por el Tribunal Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Control Extensión San Antonio del Táchira, de este Circuito Judicial Penal, mediante oficio 1CI-352/2016 a los fines de resolver la solicitud de entrega de vehiculo. En fecha 07 de abril de 2016, el Tribunal Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Control Extensión San Antonio del Táchira, de este Circuito Judicial Penal, mediante auto ordena la entrega del vehiculo con las siguientes características: Marca: Ford, Clase: Camión; Año: 2006; Modelo: Cargo; Color: Gris; Tipo : Furgón; Uso: Carga; Placa: A61BCOM; Serial de Carrocería: 8YTV2UHG068A36402; Serial de Motor: 30211547 al ciudadano JOSE DANIEL SANCHEZ NIÑO. Ahora bien, observa esta sala, al revisar las actuaciones no se verifican experticia alguna de seriales del vehiculo Marca: Ford, Clase: Camión; Año:2006; Modelo: Cargo; Color: Gris; Tipo : Furgón; Uso: Carga; Placa: A61BCOM; Serial de Carrocería: 8YTV2UHG068A36402; Serial de Motor: 30211547, retenido en el procedimiento llevado a cabo en fecha 26 de noviembre del 2015, por funcionarios adscritos al Comando Estratégico Operacional, Zona Operativa De Defensa Integral Barinas, 933 Batallón de Caribe “Cnel. Miguel Palacios Fajardo”, ni mucho menos se observa experticia alguna realizada al titulo de propiedad y a los documentos de compra venta. De igual forma, observa esta Superior Instancia que no se a concluido la fase de investigación como lo señala el Ministerio Público, pues no se ha establecido la responsabilidad penal de alguna persona, con la cual podría acarrear pena accesoria del vehiculo en cuestión, menos aun cuando no se comprobó la veracidad de los documentos presentados dejando en indefensión con esto a la representación Fiscal quien es el encargado de la investigación. En tal sentido, si bien es cierto que para el caso de que la representación fiscal presente retraso en la tramitación de las solicitudes de las partes, pueden éstas o los interesados acudir ante el Juez de Control solicitando la devolución de aquellos objetos recogidos o incautados con ocasión de la comisión de un hecho punible, es decir, a los objetos materiales pasivos del delito, que no sean imprescindibles para continuar con la investigación, no es menos cierto que para que se de dicha entrega por parte del Tribunal de Control deben ser previamente verificadas una serie de condiciones a través de una tercería, con la cual se demuestre tanto la propiedad de dicho bien como la autenticidad de los documentos presentados. En este orden de ideas, dicho lo anterior no observa esta Alzada diligencia alguna por parte del Tribunal Itinerante de Primera Instancia en Funciones de Control Extensión San Antonio del Táchira, de este Circuito Judicial Penal que conllevara a demostrar la certeza de la propiedad del bien en cuestión, acarreando con esto una violación al debido proceso y al derecho a la defensa, pues queda en indefensión la representación del Ministerio Público quien es el órgano encargado de llevar la investigación. En virtud de las anteriores consideraciones, es por lo que esta Corte de Apelaciones, considera declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto, por el abogado Leonardo Rodríguez Pérez, en su condición de Fiscal Trigésimo Tercero del Ministerio Público, contra la decisión dictada en fecha 07 de abril de 2016, por el Abogado Evert José Borrero Chacón, Juez Itinerante de Primera Instancia en Función de Control con Competencia en delitos Económicos y Fronterizos, extensión San Antonio del Táchira de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, declaró con lugar la solicitud de entrega del vehículo con las siguientes características: Marca: Ford, Clase: Camión; Año:2006; Modelo: Cargo; Color: Gris; Tipo : Furgón; Uso: Carga; Placa: A61BCOM; Serial de Carrocería: 8YTV2UHG068A36402; Serial de Motor: 30211547, en guarda y custodia al ciudadano JOSE DANIEL SANCHEZ NIÑO, de conformidad con el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal. DECISION Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, impartiendo justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECIDE: PRIMERO: Declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el por el abogado Leonardo Rodríguez Pérez, en su condición de Fiscal Trigésimo Tercero del Ministerio Público. SEGUNDO: REVOCA la decisión dictada en fecha 07 de abril de 2016, por el Abogado Evert José Borrero Chacón, Juez Itinerante de Primera Instancia en Función de Control con Competencia en delitos Económicos y Fronterizos, extensión San Antonio del Táchira de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual, declaró con lugar la solicitud de entrega del vehículo con las siguientes características: Marca: Ford, Clase: Camión; Año:2006; Modelo: Cargo; Color: Gris; Tipo : Furgón; Uso: Carga; Placa: A61BCOM; Serial de Carrocería: 8YTV2UHG068A36402; Serial de Motor: 30211547, en guarda y custodia al ciudadano JOSE DANIEL SANCHEZ NIÑO, de conformidad con el artículo 293 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: SE ORDENA a los fines de restablecer la situación jurídica infringida, se emita una nueva decisión, por parte de un Juez o Jueza de la misma categoría y con la misma competencia de este Circuito Judicial Penal, distinto del que la pronunció, prescindiendo del vicio que originaron la nulidad del fallo recurrido. Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal. Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los ocho (08) días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación. Las Juezas de la Corte de Apelaciones, Abogada NÉLIDA IRIS CORREDOR Jueza Presidenta Abogada LADYSABEL PÉREZ RON Abogada LEDY YORLEY PÉREZ RAMÍREZ Jueza de Corte Jueza Ponente Abogada ROSA YULIANA CEGARRA HERNÁNDEZ Secretaria En la misma fecha se cumplió lo ordenado. La Secretaria.- 1-Aa-SP21-R-2016-501/LYRP/mamp.