REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación
Maiquetia, 12 de Diciembre de 2016
206º y 157º
ASUNTO: WP21-J-2016-000504
SOLICITANTE: JESUS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-6.404.686.-
CONYUGE: RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, titular de la cedula de identidad Nº V-6.511.447
ABOGADO ASISTENTE: RAFAEL JOSE SIVIRA VARGAS inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 118.541.
MOTIVO: DIVORCIO 185 “A” EN CONCORDANCIA CON LA SENTENCIA VINCULANTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA DISTINGUIDA CON EL Nº 446 DE FECHA QUINCE (15) DE MAYO DE 2.014.
Mediante escrito presentado en fecha 06 de Julio de 2016, por el ciudadano JESUS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-6.404.686, debidamente asistido por el profesional del derecho RAFAEL JOSE SIVIRA VARGAS inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 118.541, solicitó el divorcio fundamentado en el articulo 185-A del Código Civil, en concordancia con la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia distinguida con el Nº 446 de fecha quince (15) de mayo de 2.014, solicitando la notificación de su conyugue, la ciudadana RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, titular de la cedula de identidad Nº V-6.511.447, anexando Acta de Matrimonio y Actas de Nacimientos de sus tres (03) hijos el primero de los nombrados mayor de edad y los dos últimos (gemelos) mencionados de dieciséis (16) años de edad respectivamente, aunado a la manifestación hecha por el solicitante en cuanto a que su domicilio conyugal se encontraba ubicado en jurisdicción del Estado Vargas. De igual manera el solicitante, peticionó su divorcio alegando ruptura prolongada de la vida en común, ya que no era posible continuar con la relación matrimonial. Por lo que éste Tribunal resultó competente para conocer la presente solicitud. Y así se decide.
En consecuencia este Despacho Judicial de conformidad con el artículo 457 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ADMITIO la misma, ordenándose la apertura del procedimiento de Jurisdicción Voluntaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 511 ejusdem, ordenando la notificación a la otra parte, ciudadana RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, plenamente identificada, a objeto de que compareciera y manifestare lo que a bien tenga en relación a la presente solicitud, y una vez que constara en autos
dicha actuación, este Tribunal fijaría la oportunidad para celebrar la audiencia única de jurisdicción voluntaria, así como al Ministerio Publico de ésta Circunscripción Judicial.
En fecha 16/09/2016, compareció el alguacil adscrito a este Tribunal consignando boleta de notificación debidamente recibida y firmada por la ciudadana RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, titular de la cedula de identidad Nº V-6.511.447.
Mediante nota de secretaría de fecha 21 de septiembre de 2016, se dejó constancia mediante la cual que a partir de la fecha antes citada comenzaría a correr el lapso de los dos (02) días a que se contrae la boleta de notificación.
En fecha 23 de septiembre de 2016, mediante auto dictado por éste Tribunal se fijó la oportunidad para llevarse a cabo la audiencia única de Jurisdicción Voluntaria para el día 05 de octubre de 2016, a las once nueve y treinta horas de la mañana (09:30am).
En fecha 05/10/2016, se llevó a cabo la celebración de la Audiencia Única de Jurisdicción Voluntaria, en la cual se dejó expresa constancia de la comparecencia del ciudadano JESUS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-6.404.686 y de la comparecencia de la ciudadana RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, titular de la cedula de identidad Nº V-6.511.447, en la cual entre otros particulares la misma manifestó no estar de acuerdo en el divorcio planteado por su cónyuge en la cual, en tal sentido, se acordó aperturar la articulación probatoria que comenzaría a correr a partir de la presente fecha; de conformidad con lo señalado en la novísima jurisprudencia proferida por nuestro máximo Tribunal en Sala Constitucional, de fecha 15 mayo del 2014, expediente 14-0094, con ponencia del Magistrado Arcadio Delgado Rosales, se procedió a abrir la articulación probatoria a tenor de lo previsto en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza así:
“… Si el otro cónyuge no compareciere o si el comparecer negare el hecho…. El Juez abrirá una articulación probatorio, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil…”.
En fecha 27 de octubre de 2016, se recibió diligencia suscrita por el profesional del derecho JOSE DE JESUS HERRERA BOZZO, en la cual consignó escrito de promoción de pruebas.
En fecha 28/09/2016, compareció la representación Fiscal, emitiendo opinión favorable en cuanto a la presente solicitud.
En fecha 20 de octubre de 2016, compareció el ciudadano JESUS RAMIREZ, asistido del profesional del derecho RAFAEL SIVIRA, consignado escrito de Promoción de Pruebas.
En fecha 21 de octubre del año en curso, compareció la ciudadana RISBELL BELO, asistida de la profesional del derecho ROSALBA DA SILVA, consignando escrito de Pruebas.
En fecha 02/12/2016, se llevo a cabo la audiencia de evacuación de pruebas, dejándose constancia de la comparecencia del ciudadano JESUS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ, plenamente identificado en autos y de la comparecencia de la ciudadana RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, antes identificada, quien suscribe admitió las pruebas documentales presentadas en los escritos de promoción de pruebas, contentivas del acta de matrimonio, así como
de las actas de nacimientos de sus tres (03) hijos habidos en el matrimonio el primero de los nombrados mayor de edad y los dos últimos (gemelos) mencionados de dieciséis (16) años de edad respectivamente, así como también de las copias del acuerdo total relacionado a la Obligación de Manutención y el Régimen de Convivencia Familiar, de la misma manera, copia del acta de entrevista realizada a los adolescentes de autos, por último, las testimoniales de los ciudadanos YBER ERNESTO RIVAS MONZON y WILLIAM ALCIDES GONZALEZ CABRE, titulares de las cédulas de identidad números V-11.161.372 y V-6.301.714 respectivamente, quienes fueron interrogados en la referida audiencia.
M O T I V A –
Encontrándose dentro de la oportunidad para sentenciar, este Tribunal, pasa analizar este procedimiento y al respecto observa:
De los autos se constata que los ciudadanos JESUS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-6.404.686 y RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, titular de la cedula de identidad Nº V-6.511.447, contrajeron matrimonio civil, por ante la Unidad de Registro Civil de la Parroquia Maiquetía, Municipio Vargas del estado Vargas, en fecha veinte (20) de julio de 1995, cuya acta corre inserta al folio 14 del presente expediente.
Que procrearon tres (03) hijos que llevan por nombres el primero de los nombrados mayor de edad y los dos últimos (gemelos) mencionados de dieciséis (16) años de edad respectivamente; tal como se evidencia de las actas de nacimientos consignadas con la presente solicitud, por lo que éste Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud.
El Artículo 185-A del Código Civil establece lo siguiente:
Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (05) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
En caso de que la solicitud sea presentada por un extranjero que hubiere contraído matrimonio en el exterior, deberá acreditar constancia de residencia de diez (10) años en el país.
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviando además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.” Este último infine, era cumplido por el operador de justicia de la forma aquí indicada, hasta que surge por un Recurso de Revisión intentado por ante la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, en su potestad revisora y de máximo intérprete de la Constitución, contemplada en los artículos 334, 335 y 336, en concordancia con el artículo 25.11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, una interpretación constitucionalizante del artículo 185-A del Código Civil. Me refiero a la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 15 de mayo del 2014, bajo la luz de la misma, en acatamiento al orden constitucional pre-establecido y ordenamiento jurídico vigente, esta Juzgadora emite una decisión sobre el caso de marras.
El espíritu y razón de la norma establecida en el artículo 185-A del Código Civil, es facilitar a los cónyuges un procedimiento breve para obtener el divorcio, siendo este un procedimiento especial, pero que tiene las características y la calificación de un proceso de divorcio no contencioso, este artículo ha sido comprendido como un procedimiento sumario de jurisdicción voluntaria, establecido por el legislador en el Código Civil de 1982 para incorporar una nueva causal de divorcio, que tendría lugar por el mutuo consentimiento de los cónyuges, al no poder encuadrar su situación de hecho en alguna de las causales de divorcio taxativamente establecidas en el artículo 185 eiusdem.
Sin embargo, la discusión sobre la naturaleza contenciosa o no de este procedimiento ha sido amplia dentro de la doctrina venezolana. A modo de ejemplo, podemos señalar que el autor Juan José Bocaranda en su obra “Guía informática de Derecho de Familia”, opina que: “El procedimiento establecido en el artículo 185-A es en principio de jurisdicción voluntaria, pero no puede negarse que, en los hechos, puede devenir en algo litigioso, cuando uno de los cónyuges introduce algún elemento contencioso, como lo es el alegato de reconciliación, alegato litigioso que no debe dejarse en el aire, sin solución, por cuanto habría denegación de justicia. Además, la propia Corte Suprema de Justicia ha admitido el carácter dialéctico del procedimiento”.
En este sentido la novísima jurisprudencia de la Sala Constitucional, de fecha 15 de mayo del 2014, exp. 14-0094, en referencia a la calificación del procedimiento como contencioso o de jurisdicción voluntaria, estableció: “La calificación del procedimiento como contencioso o de jurisdicción voluntaria no está sujeta a la existencia o no de una articulación probatoria. Así, el artículo 11, aparte único, del Código de Procedimiento Civil, prevé que en los asuntos no contenciosos, en los cuales se pida alguna resolución, los jueces deben obrar con conocimiento de causa y, al efecto, pueden exigir que se amplíe la prueba sobre los puntos en que la encuentren deficiente y aún requerir otras pruebas que juzguen indispensables, todo sin necesidad de la tramitación de la causa por vía de procedimiento judicial ordinario. Para tal fin, el mecanismo idóneo deber ser la articulación probatoria prevista en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil”.
Sobre la base de las ideas expuestas, y retomando el caso de autos, nos encontramos con la solicitud del ciudadano JESUS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-6.404.686, elevada a este Órgano Jurisdiccional, en referencia a la solicitud de divorcio fundamentada en el artículo 185-A propuesta en contra de la ciudadana RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, titular de la cedula de identidad Nº V-6.511.447, petición que fue elevada en vigencia del criterio jurisprudencial
esbozado, el cual determinó con carácter vinculante el criterio sobre el articulo 185-A del Código Civil, cuyo sumario debe indicar: “Si el otro cónyuge no compareciere o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, el juez abrirá una articulación probatoria, de conformidad con lo establecido en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, y si de la misma no resultare negado el hecho de la separación se decretará el divorcio, en caso contrario, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente”.
Sobre esta incidencia, señala Emilio Calvo Baca en su Código de Procedimiento Civil comentado que “este procedimiento incidental supletorio, tiene por finalidad la sustanciación y decisión de todos aquellos asuntos que carecen de un procedimiento determinado, en el supuesto de la tercera hipótesis “por alguna necesidad del procedimiento”.
De igual modo, se pronunció la Sala de Casación Social, con ponencia del Magistrado Alfonso Valbuena Cordero, mediante sentencia del 17 de Octubre de 2002, en los siguientes términos: “Este artículo (607 CPC) se va a aplicar en todos aquellos casos en que haya que resolver alguna incidencia que vaya más allá de la simple sustanciación y que requiera la contención, incluso se prevé un lapso probatorio sin término de distancia”.
Dentro de este marco, observemos la definición que realizan de la prueba, los siguientes doctrinarios ilustres:
Para Carnelutti, por ejemplo: “la prueba en sentido amplio es un equivalente sensible del hecho que habrá de valorarse”
Para Goldschmidt, de la escuela alemana “la prueba es el conjunto de actos de las partes que tienen por fin, convencer al juez acerca de la verdad de la afirmación de un hecho”
Para Eduardo J. Couture: “la prueba es la acción y el efecto de probar es demostrar de algún modo la certeza de un hecho o la verdad de una afirmación”
En este mismo orden de ideas, observa esta Juzgadora que el fundamento del “onus probandi” radica en cierto aforismo jurídico que expresa “lo normal se presume, lo anormal se prueba”. Así las cosas, quien alega algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo (“affirmanti incumbit probatio”: a quien afirma, incumbe la prueba. ) En síntesis lo que persigue este aforismo jurídico, es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad (el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema).
Para Percy Chocano Nuñez, la carga de la prueba no puede ser predeterminada por la ley, sino que su distribución se debe basar en dos principios: el principio ontológico y el principio lógico.
El principio Ontológico determina la carga de la prueba sobre la base de la naturaleza de las cosas de modo tal que se presumen determinados hechos sobre la base de las cualidades que generalmente tienen las personas, cosas o fenómenos y en consecuencia debe probarse lo contrario.
El principio lógico, por su parte, considera que es más fácil probar las afirmaciones positivas que las afirmaciones negativas, de modo tal que quien hace una afirmación positiva tiene que probar frente al que hace una afirmación negativa.
Siendo el derecho a la prueba en el proceso, parte del derecho a la defensa consagrado en nuestro texto constitucional, el cual se patentiza en el
procedimiento con las actuaciones de las partes cuando promueven pruebas, se oponen a las de la parte contraria, las impugnan, contradicen, cuestionan, es decir, cuando realizan actividades de control y contradicción de la prueba.
Atendiendo a lo esgrimido anteriormente, la sala constitucional en la sentencia que interpretó con carácter vinculante el articulo 185-A, de fecha 15 de mayo del 2014, Expediente Nº 14-0094, estableció en relación a la incidencia probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: “Por ello, no encuentra esta Sala ninguna razón para que una articulación probatoria similar no sea ordenada, para probar la separación de hecho, si al aplicarse el artículo 185-A del Código Civil, el cónyuge demandado (quien no solicitó el divorcio) no compareciere, o se limite a negar los hechos, o el Ministerio Público objete la solicitud. La diferencia es que en el caso de la conversión de la separación de cuerpos en divorcio, la carga de la prueba de la reconciliación la tiene quien la invocó y en el caso del mencionado artículo 185-A, la carga de la prueba de la separación de hecho prolongada la tiene quien solicita el divorcio. Debe advertir la Sala, que la interpretación del artículo 185-A del Código Civil, en razón de la actual Constitución (artículo 77), del desarrollo de la personalidad, de la expresión del libre consentimiento, que se ha manifestado por aquel (cónyuge) quien suspendió la vida conyugal por un tiempo que el legislador lo consideró suficiente, no puede ser otra que ante la no comparecencia del otro cónyuge o la negativa por éste de los hechos, o la objeción del Ministerio Público, por tratarse de una negativa u objeción a los hechos (negativa que está involucrada en la no comparecencia del cónyuge de quien solicitó el divorcio), resulta absurdo interpretar que los hechos afirmados no los puede probar quien los alega. Es un principio de derecho que cuando se alegan hechos, ellos tienen que ser objeto de prueba, ya que ésta tiene como fin primordial y material constatarlos; y el artículo 185-A, plantea la negativa del hecho alegado por el solicitante del divorcio, quien, ante tal negativa, debe probar que no existe tal separación.”
Y para mayor abundamiento continua la Sala estableciendo lo siguiente: “ ahora bien, este carácter potencialmente contencioso del proceso de divorcio consagrado en la norma contenida en el artículo 185-A del Código Civil, se erige sobre la base según la cual, cada parte tiene la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, razón por la cual, adquieren importancia las manifestaciones del derecho constitucional a la prueba que informa a todo proceso judicial, cuyos alcances ha tenido oportunidad de ser desarrollados por esta Sala Constitucional, a través de una jurisprudencia prolífica y diuturna”
Sobre las ideas expuestas, esta Juzgadora observa, que la conducta desarrollada por los actores del proceso, una vez aperturada la articulación probatoria del artículo 607 del Código de Procedimiento Civil, en fiel acatamiento a la jurisprudencia con carácter vinculante comentada proferida por nuestra Máximo Tribunal en su Sala Constitucional, estuvo delimitada en lo siguiente: Se evidencia de autos, que los solicitantes JESUS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ y RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, en la oportunidad correspondiente, aportaron las pruebas necesarias al proceso (valor y merito de las documentales que corren insertas en el presente asunto), con el objeto de que fueran valoradas por este despacho judicial; mediante la comprobación de los hechos y alegaciones de ambas partes. Concluyendo esta Juzgadora que en atención a los criterios esbozados y a lo ordenado en la sentencia de la Sala Constitucional de fecha 15 de mayo del 2014, expediente 14-0094, en el caso de autos, se considera que sean cumplidos todos los extremos legales antes mencionados, es por lo que este Tribunal considera procedente la solicitud de Divorcio formulada por el referido ciudadano. Y así se decide.
-D I S P O S I T I V A –
Por las razones antes expuestas, esta Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección
de Niños, Niñas y Adolescentes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, Declara: CON LUGAR, la solicitud de Divorcio formulada por el ciudadano JESUS ARMANDO RAMIREZ MARTINEZ, venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nº V-6.404.686, en contra de la ciudadana RISBELL ELENA BELLO MONTEMAYOR, titular de la cedula de identidad Nº V-6.511.447, en consecuencia, declara DISUELTO el vínculo conyugal, contraído con la ciudadana DORIS DEL VALLE BERMUDEZ, por ante la Unidad de Registro Civil del Municipio Bolívar, estado Sucre, en fecha once (11) de enero de 1988.
Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el Articulo 351 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con relación a los adolescente ambos de dieciséis (16) años de edad respectivamente, la Patria Potestad y la Responsabilidad de Crianza, la ejercerán ambos progenitores.
En cuanto a la Custodia de los adolescentes antes identificados será ejercida por su progenitora. En relación al Régimen de Convivencia Familiar, se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERO: Los adolescentes compartirán con su progenitor los fines de semana, o los días sábados o domingo, siempre previa acuerdo entre ellos, pudiendo encontrarse en la ciudad de caracas para disfrutar el día o también pudiendo bajar el progenitor a la Guaira para pasar con ellos un día de playa, o almorzar o cenar juntos, debiendo retornarlos a su casa en un horario adecuado que garantice las horas de sueño para su actividad educativa. SEGUNDO: En las épocas vacacionales, semana santa carnaval, y festividades de navidad y año nuevo, los adolescentes podrán salir de viaje con el progenitor o pasar con él la mitad de la vacaciones. TERCERO: El padre se compromete con sus tres hijos a organizarse para que mensualmente puedan compartir para ir recuperando el afecto y la comunicación indispensables para retomar la relación paterno- filial y así garantizar a sus hijos el derecho a la estabilidad emocional y afectiva consagrada en la Ley. En lo relacionado a la Obligación de Manutención, de los adolescentes de dieciséis (16) años de edad y el joven JESUS ARMANDO se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERO: A partir del presente mes de octubre, el padre realizará un aporte mensual de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00) pagaderos en dos (02) cuotas quincenales de DOS MIL QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.500,00) que serán depositados por el padre en la cuenta del Banco Fondo Común Nro. 0151 0088 5160 10470118 aperturada a nombre de la progenitora. SEGUNDO: Adicional a este monto que será invertido por la progenitora para los gastos básicos de los tres (3) hijos de alimentación, pago de la cuota del colegio de los dos adolescentes, material de aseo personal, entre otros, el padre continuará apoyando a JESUS ARMANDO, en los gastos de copias, útiles y cualquier trabajo que le sea asignado en la carrera universitaria que cursa en la UCV. TERCERO: En los meses de agosto y septiembre el padre realizará conjuntamente con los adolescentes y el joven, las compras de los uniformes y útiles escolares, invirtiendo para ello un monto no menor a VEINTE MIL BOLIVARES (bs. 20.000,00) CUARTO: En el mes de diciembre el padre realizará un aporte adicional para los estrenos y regalos que los adolescentes puedan requerir, para lo cual saldrá con ellos a realizar las compras, en fecha previa a las celebraciones para resguardarles la ilusión de recibir sus obsequios, destinando para tal fin un monto mínimo de BOLIVARES QUINCE MIL (Bs. 15.000,00) por cada uno de los hijos, lo cual asciende a la cantidad de CUARENTA Y CINCO MIL BOLIVARES (Bs.45.000,00). QUINTO: Todos los gastos extras por atención médica, medicamentos, vestido, calzado, recreación y cualquier otra necesidad, serán cubiertos por ambos progenitores, siempre previo acuerdo entre ellos y tomando en cuenta los respectivos ingresos, para evitar nuevos desencuentros o discusiones que fracturen nuevamente la comunicación, en interés de sus hijos. SEXTO: Estos montos serán incrementados proporcionalmente dependiendo de las necesidades de los adolescentes y la capacidad económica de cada progenitor, sin necesidad de recurrir nuevamente a la vía judicial. En caso de que
las condiciones laborales del progenitor mejoren y le brinden seguridad social, se compromete a incluir a los hijos en los beneficios que pudieran corresponderles.
-REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE-
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. En Maiquetía, a los doce (12) días del mes de Diciembre de 2016. Años 206 de la Independencia y 157º de la Federación.
La Juez
Abg. María Eugenia Bedoya González
La Secretaria
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