ASUNTO : SP21-S-2012-002052
RESOLUCION N°216-2016.
AUTO NEGANDO BENEFICIO DE LIBERTAD CONDICIONAL
I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
PENADO: JOSE ANTONIO ORTIZ, de nacionalidad Venezolana, natural de la Fría Municipio García de Hevia, de 51 años de edad, con cédula de identidad Nº V.-5.732.912, nacido en fecha [...]casado, oficio obrero, residenciado en [...]
TRIBUNAL QUE DICTO LA SENTENCIA: TRIBUNAL ACCIDENTAL EN FUNCIONES DE JUICIO CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE GÉNERO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA.
DELITOS: VIOLENCIA SEXUAL, AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA previstos y sancionados de los artículos 43, 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
VICTIMAS: adolescente F.A.P.T, ( se omite identidad por razones de ley) y SONIA MARGARITA TORRES BECERRA.
PENA IMPUESTA: DIEZ AÑOS, CINCO MESES Y DIEZ DIAS DE PRISIÓN.
II
OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO
Por cuanto se recibió en este Órgano Jurisdiccional INFORME PSICO-SOCIAL donde consta la evaluación realizada por los especialistas del Ministerio del Poder Popular Para los Servicios Penitenciarios, al penado: JOSE ANTONIO ORTIZ quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Agro productivo 26 de marzo de Guanare estado Portuguesa, inserto en los folios del doscientos ochenta y siete (287) al doscientos noventa (290) y su vuelto de la pieza III del expediente, previo estudio individualizado de las actuaciones y en cumplimiento de la obligación de decidir por parte de los Jueces y Juezas, según voces del artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal aunado a la competencia contenida en el artículo 471 ejusdem; es por lo cual se pasa a resolver sobre la procedencia o no del RÉGIMEN ABIERTO para el penado antes mencionado.
III
RESUMEN FÁCTICO
En fecha 11 de julio de 2014 el Juzgado Accidental en funciones de Juicio con Competencia en Materia de Delitos de Género del Circuito Judicial Penal del estado Táchira, condeno al ciudadano: JOSE ANTONIO ORTIZ a cumplir la pena de: DIEZ AÑOS, CINCO MESES Y DIEZ DIAS DE PRISIÓN, por la comisión de los delitos de: VIOLENCIA SEXUAL, AMENAZA Y VIOLENCIA FISICA previstos y sancionados en los artículos 43, 41 y 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde resultaron víctimas F.A.P.T, ( se omite identidad por razones de ley) y SONIA MARGARITA TORRES BECERRA.
IV
RECAUDO PROBATORIO
Hasta este momento el penado ha acompañado la prueba sumaria (sin contradicción) que a continuación se menciona:
INFORME TÉCNICO (PSICO-SOCIAL), el cual fue emitido por el Equipo Evaluador del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios del estado Portuguesa, en el que se expone UN GRADO DE CLASIFICACION: “MEDIA”, y un PRONÓSTICO DE CONDUCTA: “DESFAVORABLE”.
V
CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL PARA DECIDIR
Entre los mecanismos sustitutivos del cumplimiento de la pena privativa de libertad se resalta la importancia del denominado "DESTINO A ESTABLECIMIENTO ABIERTO" o comúnmente llamado "RÉGIMEN ABIERTO", siendo este el beneficio otorgado por la Ley como fórmula de cumplimiento de pena que consiste en la permanencia del condenado en un Centro de carácter especial, que no supone un régimen de celdas, fundamentado en el sentido de autodisciplina del penado, pues tiene la obligación de trabajar en la localidad y someterse a la normativa interna del Centro y bajo la vigilancia de un equipo multidisciplinario.
Ahora bien, según el contenido del artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, para otorgar el Beneficio de RÉGIMEN ABIERTO deben concurrir varias circunstancias, destacándose en el numeral “ (…) 2: que el interno o interna haya sido clasificado o clasificada previamente en el grado de mínima seguridad por la junta de clasificación designada por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria.” Dicha junta funciona en el establecimiento penitenciario, y estará presidida por el director o directora del centro e integrada por los y las profesionales que coordinen los equipos jurídicos, médicos, de tratamiento y de seguridad del mismo, así como por un funcionario designado o funcionaria designada, para supervisar periódicamente el cumplimiento del plan de actividades del interno o interna y un o una representante del equipo técnico que realice la evaluación progresiva a que se refiere el siguiente ordinal. Ahora bien, en este mismo orden de ideas, resulta oportuno resaltar que en el contenido del Informe PSICO-SOCIAL en cuestión se puede leer el Grado de Clasificación actual: “MEDIA” por lo cual no cumple el penado con este requisito.
Respecto del numeral “ (…) 3. Pronóstico de conducta favorable del penado o penada, emitido de acuerdo a la evaluación realizada por un equipo evaluador designada por el Ministerio con competencia en materia Penitenciaria.” El equipo evaluador está conformado por un psicólogo o psicóloga, un criminólogo o criminóloga, un trabajador o trabajadora social y un médico o medica integral, la evaluación in comento arrojó un PRONOSTICO DE CONDUCTA “DESFAVORABLE”, lo que deja claro que tampoco cumple con este requerimiento, ya que el otorgamiento del beneficio de Régimen Abierto cuyo análisis provisional se busca, entra a repercutir aquí en la excarcelación del penado, implicando la coincidencia de una doble labor de diagnóstico y pronóstico del penado citado anteriormente, recayendo el DIAGNÓSTICO sobre la reunión de las exigencias de personalidad, buena conducta carcelaria, y antecedentes penales, y presuponiendo el PRONÓSTICO un juicio de valor sobre la readaptación social y buena conducta futura. A lo cual, al analizarse el Dictamen Psico-Social, el Juez o la Jueza están en el deber legal de sopesar y verificar, previo a decidir un beneficio a cualquier penado, si están llenas las dos exigencias legales (diagnóstico y pronóstico) correspondientes a una política criminal de tiempo atrás debidamente asentada en el sistema positivo venezolano, que en esta especifica materia no consagra un derecho de automático reconocimiento para el penado, sino el deber de realizar aquellas dos tareas de diagnóstico y pronóstico a fin de concluir en forma razonada sobre la vialidad o no de proseguir, cambiar o cesar el tratamiento penitenciario que para cada caso ha sido oportuna y debidamente dosificado.
El Informe Técnico del penado practicado en fecha 14 de octubre de 2016, arrojó entre otros resultados lo siguiente:
“(…) DIAGNÓSTICO INTEGRAL: los posibles factores asociados al hecho, dificultan para recibir presiones sociales.”
“(…) PRONÓSTICO: “Equipo técnico evaluador emite un pronóstico de conducta “DESFAVORABLE” al penado Ortiz…, debido a que presenta: poca autocrítica. Moderados factores de riesgo. Minimiza el daño causado y no tiene disposición al cambio.”
Dadas las circunstancias que anteceden, esta Juzgadora observa que por la naturaleza del beneficio de Régimen Abierto para el otorgamiento del mismo es requisito de primordial importancia el hecho que el penado se encuentre con una estabilidad emocional y social adecuada, lo cual se descarta en el informe practicado, toda vez que el penado no garantiza un pronóstico de conducta favorable extramuros, por lo cual no se cumple con este requisito, siendo en consecuencia forzoso negar el beneficio de “Régimen Abierto” y así se decide.
Ahora bien, dada la concurrencia de las exigencias para la procedencia del beneficio solicitado, al observar el incumplimiento de una de estas, se hace innecesario pasar a analizar los restantes requisitos.
VI
DISPOSITIVA
En mérito de lo expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓNES DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL CON COMPETENCIA EN MATERIA DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE:
ÚNICO: NEGAR la solicitud de fórmula alternativa de cumplimiento de la pena: de RÉGIMEN ABIERTO, al penado JOSE ANTONIO ORTIZ, actualmente recluido en el Centro Penitenciario Agro Productivo 26 de marzo de Guanare estado Portuguesa, pues NO se cumplen de manera concurrente las exigencias que la ley prescribe para su otorgamiento, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal.
En San Cristóbal, a los seis (06) días del mes de diciembre del año 2016, Notifíquese a las partes, regístrese, publíquese y CÚMPLASE,
ABG. ROSARIO DEL VALLE CHACON
JUEZA DE EJECUCION
ABG. JESUS PINZON
SECRETARIO
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