REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
Maiquetía, once (11) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
205º y 156º
ASUNTO: WP12-S-2015-0001061
SOLICITANTE: YOLY DIAZ HIDALGO, venezolana, mayor de edad, de éste domicilio y titular de la cédula de identidad N° V- 6.480.739.
ABOGADO ASISTENTE: DAVID FERNANDO BRAVO MARTINEZ, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 68.181
MOTIVO: JUSTIFICATIVO DE TESTIGOS
I
Por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Civil, Mercantil y del Transito del estado Vargas, fue presentada solicitud de JUSTIFICATIVO DE TESTIGOS, por la ciudadana YOLY DIAZ HIDALGO, venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cedula de identidad N° V- 6.480.739, siendo que por distribución correspondió a éste Tribunal en fecha 18 de junio de 2015, dándole entrada en esa misma fecha.
En fecha diecinueve (19) de junio de 2015 se admitió y se fijo la oportunidad para la declaración de los testigos, en fecha veinticinco (25) de junio de 2015, siendo declarada DESIERTO. Asimismo, por petición de la solicitante, el tribunal fijó nuevamente fecha para la declaración de los testigos, siendo 30 de julio de 2015.
En fecha tres (03) de agosto de 2015, se dicto auto mediante el cual la jueza provisoria de este tribunal Abg. Merly Villarroel se abocó al conocimiento de la presente solicitud, y se evidencio de la revisión de las actas que integran la presente solicitud que fue fijada para el día 30 de julio de ese mismo año, la nueva oportunidad para la declaración de testigos, y en virtud de que ese día no hubo despacho, esta se difirió.
En horas de despacho, del día dieciséis (16) de septiembre dos mil quince siendo la oportunidad fijada para la declaración de los testigos, se declaro desierto el acto nuevamente, el Tribunal observa lo siguiente:

II
MOTIVA
Este Tribunal conoce de la presente solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 936 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, la cual según el maestro Carnelutti se distingue de la Contenciosa ya que “mientras en la jurisdicción contenciosa el órgano jurisdiccional actúa para la composición del conflicto de intereses, en la voluntaria solo lo hace para mejor tutelar del interés en conflicto”.
En las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 936 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del Órgano Jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlo en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad, que importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo.
Por otra parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, en cuanto a la inactividad procesal estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quisiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso, y que considerando que el interés procesal subyace en la pretensión inicial de la parte interesada y debe subsistir en el curso del proceso; asimismo consideró que la inactividad que denotaba desinterés procesal, el cual se manifestaba por la falta de aspiración en que se le sentenciara, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin, y b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
Podemos concluir que, en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 936 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del órgano jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlos en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo.
Tal como se señaló anteriormente, el tribunal observa que se ha fijado la oportunidad de la declaración de los testigos en varias oportunidades, evidenciándose que la solicitante no ha tenido interés de traer los testigos para su declaración. En base a lo antes expuesto, concluye este sentenciador, que tal inactividad indefinida y absoluta por más de cuatro (04) meses, demuestra que la solicitante ha perdido el interés en la solicitud de Justificativo de testigo, y en consecuencia se ordena el archivo de la presente solicitud. Así establece.
III
DECISIÓN
En consecuencia, este TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la pérdida del interés de la peticionante en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud y su remisión a la División del Archivo Judicial. ASÍ SE DECIDE.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la anterior decisión en el copiador de sentencias de este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, a los once (11) días del mes de febrero del año dos mil dieciséis (2.016). Años 205º Años y 156º de la Federación.
LA JUEZA,

Abg. MERLY VILLARROEL
LA SECRETARIA,
ABG. MARY ANGIE MARIN

En esta misma fecha y siendo las 03:14 pm, se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA,
ABG. MARY ANGIE MARIN
MV/MAM/magl.-