REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL EN SU NOMBRE TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS ACTUANDO EN SEDE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Maiquetía, veinticuatro (24) de mayo del 2016. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación ASUNTO PRINCIPAL: WP11-N-2016-000003 SENTENCIA INTERLOCUTORIA En el juicio con motivo de la demanda de Nulidad de Acto administrativo Nº 43/200 de fecha seis (06) de diciembre de 2000, emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Vargas, interpuesto por el profesional del derecho Acacio M. Terán en su carácter de Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil “BALNEARIO MARINA GRANDE” contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas, el profesional del derecho LEYDUIN EDUARDO MORALES CASTRILLO, en su carácter de Gerente General de Litigio de la Procuraduría General de la República, presentó escrito en fecha veintitres (23) de mayo de 2016 cursante al folio ciento ochenta y seis al ciento ochenta y siete (187) y su vuelto, del presente expediente solicitando se reponga la causa al estado de que se notifique nuevamente del presente caso al ciudadano Procurador General de la República, corrigiéndose la omisión involuntaria en la que incurrió este juzgado, al no remitir anexo al oficio Nº 0086/2016 de fecha ocho 27 de enero de 2016, la copia de la providencia administrativa Nº 43/200 de fecha de fecha seis (06) de diciembre de 2000, objeto de impugnación en la presente causa. Fundamenta su solicitud, con base a lo dispuesto en el artículo 112 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.210 de fecha 30 de diciembre de 2015, señalando que se le imposibilita formar criterio amplio y suficiente sobre las pretensiones del demandante y siendo que con ello se transgreden los principios del derecho a la defensa y el debido proceso garantizados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En este orden de ideas, observa este órgano jurisdiccional que cuando la República es parte en un juicio, le es aplicable los artículos 95 y 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicada en la Gaceta Oficial Nº 6.210 extraordinario del 31 de diciembre de 2015, los cuales establecen las condiciones bajo las cuales han de practicarse las citaciones al Procurador o Procuradora General de la República para la contestación de demandas y deben ser practicadas mediante oficio, acompañado del libelo y de los recaudos producidos por el actor. El referido oficio deber ser entregado personalmente al Procurador o Procuradora General de la República o a quien esté facultado por delegación, y una vez consignado por el alguacil el acuso del recibo de la citación en el expediente respectivo, comienza a transcurrir el lapso de quince (15) días hábiles, a cuya terminación se considera consumada la citación del Procurador, iniciándose el lapso correspondiente para la contestación de la demanda. Por su parte, el artículo 80 eiusdem prevé que las notificaciones y citaciones realizadas al Procurador o Procuradora General de la Republica, sin el cumplimiento de las formalidades y requisitos establecidos en el referido Decreto se consideran como no practicadas. En el caso bajo estudio, se observa que en el auto de admisión de fecha 21 de enero de 2016 se ordenó la notificación del Procurador General de la República en conformidad con lo establecido en el artículo 78 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, ordenando la emisión de copias certificadas de la demanda, de la documentación acompañada a ésta así como del auto de admisión, en conformidad con lo previsto en la Ley que lo regula. Ahora bien, librado el oficio Nº 0060/2016 en esa misma fecha en cuyo contenido se le informa al ciudadano Procurador General de la República que se le remite copia certificada de la solicitud, la providencia administrativa así como del auto de admisión, y verificada como ha sido la consignación de haberse practicado la notificación por parte del ciudadano alguacil adscrito a este Circuito Judicial del Trabajo según se desprende al folio ciento cincuenta y ocho (158) del expediente, manifestando lo siguiente: “POR CUANTO EL DIA CATORCE (14) DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS (2016) A LAS 08:00 AM, ME TRASLADE A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, INFORMO QUE HICE ENTREGA DEL RESPECTIVO OFICIO AL CIUDADANO LEYDUIN MORALES CASTRILLO, EN SU CONDICION DE GERENTE GENERAL DE LIGIGIO DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CORRESPONDIENTE AL EXPEDIENTE SIGNADO CON EL Nº WP11-N-2016-000003”. Al respecto, visto que tal como lo expresa el representante de la Procuraduría General de la República recibió el oficio antes aludido con los recaudos, obviándose la remisión de la providencia administrativa siendo necesaria para formarse criterio sobre lo solicitado por el demandante, considera este órgano jurisdiccional que la referida notificación ha de considerarse defectuosa y en consecuencia como no practicada, toda vez que no se cumplió totalmente con las formalidades y requisitos establecidos en las normas contenidas en los artículos 95 y 96 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Así se decide. Por los razonamientos expuestos, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley REPONE LA CAUSA AL ESTADO DE PRACTICAR LA NOTIFICACIÓN al Procurador General de la República, en tal sentido, se ordena remitir copia certificada de la demanda y sus anexos, los cuales rielan en el expediente desde el folio uno (01) al diez (10) del auto de admisión y una vez consignado por el alguacil el acuse del recibo en el expediente, comienza a transcurrir el lapso de quince (15) días hábiles, a cuya terminación se considera consumada la citación, pudiendo el Procurador General de la Republica darse por citado, sin que sea necesario dejar transcurrir el lapso indicado en el artículo 96 eiusdem. A los fines de dar cumplimiento al contenido de la norma prevista en el artículo 100 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República se ordena notificar al Procurador General de la República remitiéndole copia certificada de la presente decisión, y una vez transcurrido el lapso de ocho (08) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia, se tiene por notificado y se inician los lapsos para la interposición de los recursos a que haya lugar. Igualmente se le informa a las partes que transcurridos los lapsos anteriormente señalados, estos son, el de ocho (08) días hábiles para dar por notificado al Procurador General de la República y vencido este, el lapso para el ejercicio de los recursos, comenzará a transcurrir el lapso previsto en el artículo 96 ibidem y vencido este último el Tribunal por auto expreso fijará la oportunidad para celebrar la audiencia oral y pública, en conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Publíquese, Regístrese déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los veinticuatro (24) días del mes de mayo del año dos mil dieciseis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación. La Jueza Jasmín E. Rosario El Secretario Abg. Ramón Sandoval En esta misma fecha se certificó y publicó la anterior decisión. El Secretario Abg. Ramón Sandoval Exp. WP11-N-2016-000003 JER