REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL CIRCUITO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS 205° y 157° DEMANDANTE: DOUGLAS JOSE SALAZAR APODERADOS PARTE ACTORA EVELIO ESCOBAR y JULIAN SALAZAR. DEMANDADO: OMAR JOSE GOYO PEREZ MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES SENTENCIA: PERENCION ASUNTO: WNP12-V-2016-000036 I ANTECEDENTES Se da inicio al presente juicio, mediante Demanda de COBRO DE BOLIVARES, interpuesto por los abogados EVELIO ESCOBAR y JULIAN SALAZAR, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 25.226 y 32.675 respectivamente, apoderados judiciales del ciudadano DOUGLAS JOSE SALAZAR, titular de la cedula de identidad N° V-6.488.417 en contra del ciudadano OMAR JOSE GOYO PEREZ, titular de la cedula de identidad N° V-7.406.070.- Por auto de fecha 24 de febrero de 2016, se admitió la presente demanda, emplazando a la parte demandada ciudadano OMAR JOSE GOYO PEREZ, titular de la cedula de identidad N° V-7.406.070. En vista de la falta de impulso de la parte actora, al no comparecer para impulsar la citación de la parte demandada, desde el 24 de febrero de 2016, y por cuanto se evidencia del auto de admisión que desde la presente fecha ha transcurrido más de (30) días de despacho, el Tribunal observa: La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, expediente Nro. AA20-C-2001-000436, señaló lo siguiente: “…En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.… …Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece...” Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 1993, expediente Nro. 92-0439, afirmó: “…La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Art. 267 del C.P.C. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…” Y por su parte el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal primero, referente al momento de extinción de la instancia, señala lo siguiente: 1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” Igualmente, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente: “La Perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes y pueden declararse de oficio por el tribunal”.- Ahora bien, la presente causa fue admitida en este Tribunal en fecha 24 de febrero de 2016, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, y siendo que desde la misma fecha, ha transcurrido más de treinta (30) días de despacho, sin que la parte actora haya dado impulso la citación de la parte demandada, considera este sentenciador de acuerdo a la doctrina antes citada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que la presente causa se encuentra extinguida. Y así se decide. En razón de lo anterior este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA y en consecuencia PERIMIDO EL PRESENTE PROCESO.- PUBLIQUESE, REGISTRESE, NOTIFIQUESE Y DEJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN. Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Circuito Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los nueve (09) día del mes de mayo del 2016. A los 205° años de la Independencia y a los 157° años de La Federación.- EL JUEZ, Dr. PEDRO LUIS FERMIN LA SECRETARIA, Abg. ZAYDA MIRANDA En la misma fecha de hoy, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 12:03 p.m. LA SECRETARIA, Abg. ZAYDA MIRANDA. PLF/ZM/Gladysmar.