REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio Maiquetía, treinta (30) de Septiembre de 2016 206º y 157º ASUNTO: WH22-V-2010-000014 PARTE ACTORA: MILAGROS DEL VALLE MARTÍNEZ de MÉNDEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.486.618, debidamente asistida por el abogado NELSON YNAGAS, en su carácter de Defensor Público Quinto en materia de protección de niños, niñas y adolescentes del estado Vargas. PARTE DEMANDADA: CECILIA TATIANA PONTE PIÑERO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 25.234.752, quien no designó defensa técnica. NIÑO: nacido en fecha 19 de octubre de 2009 Versan las presentes actuaciones en la demanda de colocación familiar, presentada en fecha 09 de agosto de 2010 por la ciudadana MILAGROS DEL VALLE MARTÍNEZ de MÉNDEZ, en contra de la ciudadana CECILIA TATIANA PONTE PIÑERO, la cual fue admitida en fecha 11 de agosto de 2010 por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de este Circuito Judicial del estado Vargas, y luego de la celebración de la audiencia de sustanciación, se remitió el expediente a este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio, quien le dio entrada en fecha 16 de junio de 2011 y fijó la oportunidad para la celebración de la respectiva audiencia, pero en fecha 14 de julio de ese año la Defensora Pública de la solicitante solicitó se ratificara la solicitud de elaboración de los informes integrales al grupo familiar para la mejor decisión en la presente causa. Sin embargo, en fecha 24 de noviembre de 2011 se recibieron las resultas de la visita realizada por la trabajadora social del equipo multidisciplinario del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Área Metropolitana de Caracas, quien informó sobre la imposibilidad de ubicar la vivienda de la madre del niño de autos, y en fecha 29 de octubre de 2012 el Trabajador Social de este Circuito Judicial informó que la aquí demandante no ha comparecido ante esta sede, siendo que hasta el día de hoy ninguna de las dos partes ha indicado lo conducente, por lo que se evidencia que desde hace más de cuatro (4) años no han ocurrido manifestaciones de voluntad de alguna de las partes en la causa que nos ocupa. En este estado resulta pertinente traer a colación, el criterio esbozado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente en el expediente Nº 01-0935, mediante sentencia Nº 956, de fecha 01 de junio de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero, cuando entre otras cosas expresó lo siguiente: “Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde. (…) Se trata de una situación distinta a la de la perención, donde el proceso se paraliza y transcurre el término que extingue la instancia, lo que lleva al juez a que de oficio o a instancia de parte, se declare tal extinción del procedimiento, quedándole al actor la posibilidad de incoar de nuevo la acción. El término de un año (máximo lapso para ello) de paralización, lo consideró el legislador suficiente para que se extinga la instancia, sin que se perjudique la acción, ni el derecho objeto de la pretensión, que quedan vivos, ya que mientras duró la causa la prescripción quedó interrumpida”. (…) “La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. (…) Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?”. En este orden de ideas, se advierte en el caso que nos ocupa, que la parte actora ha tenido un comportamiento poco responsable, toda vez que no ha acudido al órgano jurisdiccional a impulsar la causa, ni a indicar sus motivos de incomparecencia ni a justificar sus razones acerca del por qué este expediente se ha mantenido inerte para la celebración de la audiencia de juicio. Así, pues, siguiendo la doctrina establecida en el fallo del máximo Tribunal de la República, se evidencia que nos encontramos en presencia del abandono del trámite por parte de la ciudadana MILAGORS DEL VALLE MARTÍNEZ de MÉNDEZ, supra identificado, desde el mismo momento cuando se hizo presente en la audiencia de sustanciación en fecha 03 de noviembre de 2010, sin que la misma haya asistido ante este órgano jurisdiccional a fin de instar la prosecución del proceso, ni para cumplir con las cargas procesales que le impone el procedimiento ordinario en materia de protección de niños, niñas y adolescentes previsto en nuestra ley especial, por lo que a todas luces se configuró el supuesto de pérdida de interés procesal en la resolución de la presente causa, por lo que se le hace forzoso a quien aquí suscribe declararla en la dispositiva de este fallo, como se dirá de seguidas. En merito de las consideraciones anteriores, este Juez Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara perecido por perdida de interés procesal, la demanda de cumplimiento de obligación de manutención, presentada por la ciudadana MILAGROS DEL VALLE MARTÍNEZ de MÉNDEZ, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 6.486.618, en contra de la ciudadana CECILIA TATIANA PONTE PIÑERO, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nº 25.234.752, ello conforme a la doctrina de la Sala Constitucional supra transcrita. En consecuencia, se acuerda el cierre del expediente, así como su remisión al archivo judicial. PUBLIQUESE Y REGISTRESE Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. En Maiquetía, a los treinta (30) días del mes de septiembre del año dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. EL JUEZ TITULAR, Abg. ÁNGEL PÉREZ BARRIENTOS LA SECRETARIA, Abg. NOHEMÍ ROSENDO REYES En esta misma fecha se dictó, publicó y registró la anterior decisión LA SECRETARIA, Abg. NOHEMÍ ROSENDO REYES